Los Botín y la ley: una historia en cuatro actos

Si hay una familia de banqueros conocida en España, esa es la familia Botín. Fundadores de Bankinter y vinculados históricamente al Santander, están a punto de alcanzar la barrera de un siglo al frente del grupo de origen cántabro. Desde que en 1920 Emilio Botín y López –bisabuelo de la actual presidenta, Ana Patricia Botín– fuera nombrado primer presidente de la entidad, cuatro generaciones de Botín han pasado por el que hoy es primer banco de la eurozona por capitalización bursátil.

Para el gran público los Botín se hicieron especialmente conocidos en la etapa del tercero de los emilios, Emilio Botín, fallecido el pasado septiembre. Presidente del Santander entre 1986 y 2014, era un habitual de la prensa que no tenía reparos en fotografiarse con políticos, deportistas o empresarios. De Aznar a Zapatero, de Fernando Alonso a Pelé, de Juan Carlos I y Felipe VI a Dilma Rousseff, el catálogo de instantáneas es casi interminable.

Mucho más desapercibidos suelen pasar los problemas que han tenido diversos miembros del clan Botín con las leyes: la imputación por el hallazgo de su millonaria fortuna en Suiza, la multa a Jaime Botín por ocultar participaciones de Bankinter durante más de una década o el indulto de un Gobierno en funciones al número dos del Santander son sólo algunos ejemplos.

El último capítulo de esta saga es el hallazgo en Córcega de un Picasso, propiedad de Jaime Botín, cuya salida de España estaba prohibida por el Ministerio de Cultura y la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha abierto un expediente gubernativo para determinar si hubo o no delito en ese traslado, pero ha evitado llamar "diligencias penales" a dicha investigación.

En todos los episodios anteriores del clan de banqueros frente a la ley hay un elemento que se repite: los Botín sortearon siempre con éxito cualquier posible consecuencia penal de sus actos. La responsabilidad la solventaron con el pago de multas más o menos importantes o gracias a la actuación de las autoridades.

1. Las cuentas millonarias de la familia en Suiza

Más de 200 millones de euros en declaraciones complementarias tuvo que pagar la familia Botín al completo por regularizar su multimillonario patrimonio acumulado en Suiza. En el caso, que investigó la Audiencia Nacional, doce miembros de la estirpe de banqueros –Emilio Botín, su hermano Jaime, cinco hijos del primero y otros tantos del segundo– fueron acusados de no presentar las liquidaciones del IPRF entre 2005 y 2009. El asunto se destapó cuando Hervé Falciani entregó la lista de clientes del HSBC a autoridades fiscales francesas y estas informaran a la Agencia Tributaria de los fondos de los Botín en Suiza.

¿Qué hizo entonces el fisco español? Avisó a los Botín de esa circunstancia y les pidió que regularizan la situación presentando las citadas complementarias correspondientes a "trust, fundaciones y otras figuras fiduciarias" de las que eran titulares. Aunque la Fiscalía Anticorrupción denunció los hechos, lo hizo desde el primer momento con el compromiso expreso de que, si las regularizaciones se hacían de forma "completa y veraz", archivaría las actuaciones.

Así sucedió: en mayo de 2011, Hacienda informó a la Fiscalía de la existencia de indicios de delito. Un mes después, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitió a trámite la querella de Anticorrupción contra los Botín por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y de falsedad documental. Apenas un año más tarde, en mayo de 2012, el propio Andreu archivó la querella al considerar que la regularización de los Botín era "correcta" y que se realizó antes de que la Agencia Tributaria comenzara a investigar a la familia.

2. el indulto a la mano derecha de Emilio Botín

Más sonado fue el indulto de Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander y mano derecha del entonces presidente Emilio Botín. Se lo concedió el 25 de noviembre de 2011 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando estaba ya en funciones, con Franciso Caamaño al frente del Ministerio de Justicia y a apenas 20 días del último Consejo de Ministros de ese Ejecutivo. La decisión fue polémica, entre otras cosas, porque el perdón gubernativo se otorgó en contra del criterio del Tribunal Supremo.

El indulto anuló una condena de ese mismo tribunal a tres meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones en banca. El origen de la causa se remonta a 1994 cuando Sáenz, que presidía entonces Banesto, presentó una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes –"a sabiendas de su falsedad" según el Alto Tribunal–. Lo hizo contra cuatro empresarios a los que reclamaba 3,6 millones de euros y que ingresaron en prisión de forma preventiva. Después el proceso se archivó y los afectados se querellaron contra Sáenz por denuncia falsa. Y ganaron: en 2009 la Audiencia Provincial de Barcelona condenó al banquero a medio año de cárcel e inhabilitación, pena que dos años después del Supremo rebajó a la mitad.

El fallo, en cualquier caso, forzaba al vicepresidente y consejero delegado del Santander –y hombre de confianza de Emilio Botín– a abandonar el cargo que ocupaba en la entidad. El indulto, por contra, le permitió continuar en el Santander. La decisión del Gobierno socialista contó con el apoyo de la Fiscalía, pero se adoptó con el rechazo frontal del tribunal que había impuesto la condena al financiero. 

Los magistrados de la Sala de lo Penal afirmaron que no concurrían razones de "justicia o equidad" para el indulto, ni tampoco cuestiones de "conveniencia pública" para otorgar la medida de gracia. También rechazaron otro de los argumentos que Sáenz incluyó en su petición de perdón: que su abandono del cargo podría poner en riesgo la "estabilidad" del sistema financiero español. Pese a todo, el indulto se concedió. "Se entendió que era razonable y punto", afirmó Zapatero.

En febrero de 2013, el Supremo estimó que el Ejecutivo del PSOE se extralimitó en sus funciones al afirmar que gracias al indulto a Sáenz no le afectaba ningún "impedimiento" para ejercer la actividad bancaria y anuló el indulto de forma parcial. El Alto Tribunal estableció que, aunque el Gobierno podía eliminar la parte de la condena referida al arresto de tres meses, no tenía la capacidad de evitar la inhabilitación, por lo que devolvió al Banco de España la decisión de si Sáenz debe ser o no inhabilitado.

Esa decisión nunca llegó. El Banco de España mantuvo el silencio hasta que, en abril de 2013, Sáenz anunció su salida "voluntaria" del Santander. Con esa operación, cobró la segunda mayor pensión de la historia de España hasta la fecha: 88,5 millones de euros, y los cobró de una sola vez, según figura en el informe de retribuciones de la entidad.

3. Una multa que se desvanece por la lentitud de economía y la cnmv

Otro episodio de largo recorrido y sin consecuencias, al menos por ahora, es el que afecta a Jaime Botín, expresidente de Bankinter y su principal accionista a través de una sociedad que atesora el 23% de las participaciones de la entidad. Sin embargo, hasta 2010, Botín se reconocía como dueño únicamente del 16,3%. La diferencia entre ambas cifras se correspondía con los títulos que el hermano del entonces presidente del Santander tenía ocultos en cuentas suizas y resulta clave porque implicaba que Botín tenía poder para controlar la entidad. La ocultación se prolongó durante más de una década, hasta que fue descubierta gracias también a la lista Falciani.

La CNMV calificó estos hechos de "infracción muy grave" y propuso al Ministerio de Economía que le impusiera una sanción de 500.000 euros –el máximo es de 600.000 en estos casos–, tal como finalmente ocurrió. Sin embargo, la multa fue anulada en diciembre de 2014 por la Audiencia Nacional a instancia de un recurso del banquero, al entender que se había superado el plazo legal máximo de 18 meses. Según el fallo, desde que comenzó la investigación hasta que se impuso la multa transcurrieron 1 año, 11 meses y 1 día, por lo que "aun por poco", el expediente sancionador estaba "caducado" cuando se resolvió.

Un día después de esa resolución judicial, la CNMV anunció que podría abrir un nuevo expediente sancionador contra Botín porque los hechos no han prescrito. La pasada semana, informó Expansión, el secretario de Estado de Economía firmó la sanción propuesta por el supervisor, que es de nuevo de 500.000 euros. La multa ya ha sido comunicada a Botín, quien previsiblemente recurrirá. Además, y al igual que ocurrió en el primer caso, una fundación que tiene al propio banquero como único beneficiario ha sido igualmente sancionada al pago de 200.000 euros por este expediente.

4. Un Picasso inexportable a la deriva

Un nuevo conflicto entre los Botín y la ley se desató el pasado 31 de julio, cuando agentes de la Aduana francesa abordaron el velero Adix, de 67 metros de eslora y propiedad de una sociedad radicada en la isla británica de Guernsey –considerada por España paraíso fiscal hasta el año pasado–. A bordo encontraron al capitán del barco, al actual vicepresidente ejecutivo de Bankinter, Alfonso Botín, y descubrieron un Picasso valorado en más de 26 millones de euros: Cabeza de mujer joven, propiedad de Jaime Botín, padre de Alfonso y hermano del fallecido Emilio.

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Sobre el lienzo pesan dos órdenes que prohiben de forma expresa su salida de España: la primera data de 2012 y fue emitida por el Ministerio de Cultura. Ante un primer intento de Jaime Botín de trasladar la obra de España a Londres con la intermediación de la casa de subastas Christie's, la Administración la declaró "inexportable" por su gran valor. Botín recurrió y, ya en mayo de 2015, la Audiencia Nacional ratificó la prohibición y negó al banquero la posibilidad de exportar la pintura. Botín ha recurrido ese fallo en casación al Supremo, que por ahora no ha rectificado la decisión de la Audiencia.

Pese a esa doble prohibición, lo cierto es que el cuadro estaba muy lejos de territorio español. Además, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades galas, Jaime Botín tenía previsto embarcar días después en el Adix y el destino final de la pintura era Suiza. Aunque por ahora no se han iniciado diligencias penales contra el banquero, la Fiscalía ha abierto un expediente para determinar si se cometió algún delito. La Ley de Contrabando establece que exportar pinturas de este tipo sin autorización puede acarrear penas de prisión menor y multas millonarias.

La defensa de Botín sostiene, en cambio, que el cuadro siempre ha tenido "su domicilio permanente" en el extranjero, por lo que "no ha podido ser exportado ni licita ni ilícitamente". Los abogados del banquero añaden, en un comunicado remitido a este diario, que "la declaración de inexportabilidad provisionalmente dictada por el Ministerio carece de objeto" y que "la sentencia de la Audiencia Nacional (...) no es firme, ya que está recurrida en casación ante el Tribunal Supremo".