Rescates ciudadanos: ¿renta básica o garantía de empleo?

Al acercarse la fecha de las elecciones a Cortes los partidos políticos han empezado a difundir sus propuestas. En el variado espectro situado a la izquierda han surgido varias propuestas dirigidas a atender al numeroso colectivo de damnificados por la crisis que, pese a la recuperación, aun languidecen en situaciones de paro y pobreza.

Es de sobra conocido que nuestro estado de bienestar es de los más ineficaces de Europa. El estudio Social Expenditure Update publicado por la OCDE revela que, en las sociedades mediterráneas, las ayudas públicas pagadas en efectivo benefician a las rentas más altas. La razón es que muchas de estas ayudas están vinculadas a un historial laboral y a cotizaciones sociales excluyendo de su cobertura a personas marginadas que, con suerte, solo han podido trabajar en el sector informal. Además, no llegan a 1,2 millones los parados que reciben una prestación de desempleo cuando el total se acerca a los 5 millones. Por este motivo las situaciones de paro prolongado están teniendo un impacto tremendo en el aumento de la pobreza y la marginación. Es desgarrador reconocer que, aunque la economía se recuperara y volviéramos a los niveles de producción de 2007, probablemente muchos parados de larga duración ya no encontrarán empleo.

Dos propuestas que atienden a los que no tienen recursos están compitiendo en el mercado electoral. Por una parte, la renta mínima, también llamada renta básica; por otra, el plan de empleo garantizado. La primera parte con ventaja pues ha suscitado un cierto debate y existen propuestas competidoras. Sus adalides han sido Podemos, partido que ha mostrado algún titubeo cuando se empezó a cuestionar su viabilidad económica desde los medios de comunicación y los partidos “respetables”. Sin embargo recientemente el PSOE ha presentado una propuesta modesta y, quizás por ello, Podemos se siente más cómodo recuperándola con mayor decisión. La segunda ha pasado más desapercibida, quizás porque solo ha sido defendida por Izquierda Unida, para ser más precisos, por el candidato Alberto Garzón.

La renta mínima asegura a todos los ciudadanos un ingreso mínimo que garantice sus necesidades más elementales. La propuesta es muy antigua pues, ya en el siglo XVIII, el inglés Thomas Paine proponía un impuesto sobre la tierra y los patrimonios para destinar esos recursos a los más pobres; porque "la tierra, en su estado natural, era propiedad de toda la raza humana". Una propuesta limitada podría consistir en asegurar que todos dispongamos de esa renta mínima que nos asegure una vida digna sean cuales sean nuestras circunstancias.

Podemos propone una renta básica de 600 euros mensuales con un 35% adicional si el perceptor convive con otra persona adicional en lo que llaman una “unidad de convivencia” y otro 20% por cada miembro adicional de la unidad familiar. En el caso de que la beneficiaria encontrara un empleo, la renta básica se iría reduciendo gradualmente. El PSOE propone una renta mínima que ha llamado “ingreso mínimo vital” que se reconocería como derecho en la Constitución “ante situaciones de carencia efectiva para el mantenimiento de una vida digna”. Su propuesta parece un poco más limitada pues sería una ayuda destinada a personas que se encuentran en situación de pobreza y el importe alcanza los 426 euros.

La garantía de empleo consiste en que el estado ofrece a todo aquél que esté dispuesto y sea apto para el trabajo un puesto remunerado en condiciones comparables a las de cualquier otro trabajador con un contrato indefinido. El empleo se desarrollaría en organismos públicos, agencias estatales y podría ampliarse a ONG. La idea fue planteada por Hyman Minsky hace varias décadas y la describí con cierto detalle en un artículo publicado en esta misma columna hace unos meses. La garantía de empleo pretende conseguir varios objetivos. El primero es, obviamente, remediar situaciones de desempleo, pobreza y exclusión social. Además tiene la ventaja de actuar como una especie de stock de reserva que estabiliza los salarios y evita que, durante las crisis económicas, el ajuste se haga siempre a costa del empleo. El pool de contratados aumentaría en épocas de recesión mientras que, en épocas de bonanza, se reduciría por el aumento en la demanda de trabajadores por parte del sector privado. El programa estabilizaría los salarios y evitaría que los empresarios ofrecieran condiciones de explotación pues el trabajador siempre tendría la opción de recurrir al plan de empleo garantizado si sintiera que le están ofreciendo condiciones indignas en el sector privado.

Quizás el aspecto más interesante es el de evitar que la gente se “descapitalice” al pasar períodos de desempleo prolongado. La evidencia empírica demuestra que, en las épocas que suceden a las crisis económicas, las empresas prefieren contratar en primer lugar a aquéllas personas que llevan menos tiempo en el paro. También es conocido que las personas jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo en épocas de alto desempleo suelen tener carreras profesionales menos fructíferas. La garantía de empleo permite a personas, que no podrían obtenerlo de otra manera, hacerse con un historial profesional. Por este motivo Warren Mosler lo llama también “empleo de transición”.

El objetivo no es quitarle trabajadores al sector privado sino facilitar que aquellos que no tienen empleo sean atractivos para el mercado. Tampoco plantea una competencia desleal a los empleados del sector público. Muchos de los puestos creados lo serían en el cuarto sector y no sustituirían a los funcionarios públicos.

Alberto Garzón ha propuesto un programa de garantía de empleo que contrataría a un millón de personas, sobre todo en áreas de servicios sociales, medio ambiente, cuidado de espacios urbanos y actividades recreativas, culturales y de ocio. Ofrecería un contrato indefinido retribuido con un sueldo 900 a 1.200 euros brutos mensuales con una duración de 25 horas semanales.

La pregunta que surge inevitablemente es: ¿cómo se financiarían estos programas? Con unos niveles descomunales de pobreza y desempleo, estos programas de rescate ciudadano tendrían un coste elevado para el Estado. La pregunta sobre la financiación es, por tanto, pertinente. La propuesta de IU presupone un aumento del gasto público de 15.000 millones de euros. Pero hay que tener en cuenta que esos salarios cotizan a la seguridad social y están sometidos a tributación por lo que parte del desembolso retornaría al Estado. Por tanto sus proponentes aducen que costaría unos 9.000 millones, menos del 1% del PIB (recordemos que el rescate de las cajas llegó a costar el 4% del PIB español). Los cálculos que ha presentado Podemos a la opinión pública aseguran que su programa de renta básica, que beneficiaría a un colectivo mayor de personas que estiman en 7,8 millones de personas, tendría un coste inicial de 15.000 millones de euros gracias a una introducción gradual.

Los partidos que postulan la renta básica o el empleo garantizado arguyen que se podrían financiar con una más eficaz lucha contra el fraude fiscal, mejoras de los sistemas tributarios y una senda de reducción del déficit público más gradual. También alegan que sus propuestas serían sustitutivas de otras ayudas públicas, tales como la prestación de desempleo o la renta de inserción, y, por tanto, se reasignarían partidas presupuestarias ya existentes.

Al realizar este tipo de argumentos quizás la izquierda haya caído inadvertidamente en las trampas dialécticas del neoliberalismo con su fobia al gasto público y sus advertencias de que ya viene la inflación feroz. La izquierda tiene que enfrentarse a la tarea hercúlea de defender sus propuestas y además explicar por qué son viables ante una opinión pública escéptica. Debería empezar con un esfuerzo didáctico para recordar la extraordinaria eficacia que demostraron las políticas keynesianas aplicadas en el mundo occidental hasta los años 70. Habría de defender el potente efecto multiplicador que tendrían estos programas de gasto público. También se le podría pedir más coraje a la hora de exigir a la Unión Europea un cambio de políticas. Por ejemplo, en vista de la catastrófica situación social de nuestro país y otros de la periferia, sería exigible una política de transferencia de rentas desde los países con superávit comercial. También debería demandar una reforma del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que permitiera al Banco Central Europeo financiar a los estados para que estos puedan superar los arbitrarios y contraproducentes límites impuestos por el Tratado de Maastricht sin ser reducidos a la disciplina presupuestaria por “los mercados”. Sabiendo que estas exigencias no serán atendidas, la izquierda debería estar dispuesta a apretar ese botón nuclear que es proponer la salida del euro.

La otra pregunta inevitable es si ambos programas son compatibles. En principio la respuesta, más allá de las limitaciones presupuestarias, es que lo son. De hecho, la propuesta de rescate ciudadano presentada por IU contempla combinarlos. La renta básica es más sencilla de aplicar. En cambio un programa de trabajo garantizado exige a la administración pública un esfuerzo de organización e imaginación. Por este motivo un gobierno se vería tentado de implantar un programa de renta básica antes que uno de garantía de empleo. Pero, ¿qué pasa si un ciudadano puede elegir entre cobrar la renta mínima o pedir un empleo? ¿Debe el estado ofrecerle ambas opciones?

El estado cuenta con la ventaja de que muchas personas no querrán participar en un programa de empleo garantizado; sobre todo aquéllas con mayor nivel formativo, probablemente preferirían seguir buscando un empleo en el sector privado. El programa de empleo garantizado será siempre voluntario, no se obligará a nadie a trabajar si no lo desea. ¿Eso quiere decir que tendrían derecho a una renta mínima mientras buscan empleo?

Pienso que, a pesar del reto organizativo, el Estado debería favorecer los programas de empleo garantizado sobre los de renta mínima. En primer lugar, un programa de renta mínima muy generoso tendría el efecto de retirar a personas aptas del mercado de trabajo. En una recuperación económica las empresas podrían encontrarse con dificultades para contratar empleados si un programa de renta básica ha retirado a parte de la fuerza de trabajo. Esto podría limitar la capacidad productiva e incluso generar tensiones inflacionistas.

Por otra parte la picaresca puede aprovecharse fácilmente de un programa de renta mínima. Algunas personas podrían verse tentadas a completar sus ingresos con un trabajo en el sector informal. Empresarios poco escrupulosos podrían aprovecharlo para pagar menos a sus trabajadores clandestinos convirtiendo la renta mínima en una subvención encubierta a las empresas. Finalmente, reconozcamos que determinadas tareas menos agradables dejarían de hacerse. Entre atender a ancianos severamente impedidos o trabajar como basurero, ¿quién no preferiría quedarse en casa cobrando una renta?

Un programa de garantía de empleo permite mantener a una fuerza laboral formada y preparada y además genera servicios que tienen valor para la sociedad. Reconozcamos que el ser humano necesita el reconocimiento de sus semejantes implícito en percibir una retribución salarial. Creo que los programas de renta mínima deberían reservarse a colectivos que no tienen capacidad de trabajar como consecuencia de situaciones de invalidez, cargas familiares y otras que imposibilitan a una persona a ofrecer su trabajo.

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Stuart Medina es economista y MBA por la Darden School de la Unversidad de Virginia. Acumula más de 30 años de experiencia profesional en los sectores de material eléctrico, TIC y biotecnología. Fundó en 2003 la consultora MetasBio desde la que ha asesorado a numerosas empresas de diversos sectores.