Italia, primer país de la UE en rescatar bancos sin echar mano de dinero público

El pasado 23 de noviembre un Consejo de Ministros extraordinario aprobaba en Italia un decreto para rescatar a cuatro bancos de pequeño y mediano tamaño: Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara y Cassa di Risparmio di Chieti. Lo novedoso de esta operación, cifrada en 3.600 millones de euros, es que no se han utilizado fondos públicos, anticipando el nuevo marco normativo europeo en materia de rescates bancarios. Con el llamado bail-in (rescate interno), aplicable desde el 1 de enero de 2016, ya no serán los contribuyentes los que paguen en caso de insolvencia de los bancos (bail-out), sino que corresponderá a los accionistas o acreedores de las entidades afectadas asumir las perdidas.

El plan de rescate del Gobierno italiano se ha diseñado de modo compatible con las normas europeas sobre “ayudas de Estado”. La solución adoptada pasa por la creación de cuatro nuevos bancos (Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria, Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara y Nuova Cassa di Risparmio di Chieti) en los que se han depositado los activos “buenos”, mientras que los activos tóxicos de las cuatro entidades han sido trasladados a un único banco malo. Según la Banca d'Italia, el saneamiento de los cuatro bancos en crisis “tutela plenamente los ahorros de las familias y empresas contenidos en forma de depósitos, cuentas corrientes y obligaciones ordinarias; protege todos los puestos de trabajo y no utiliza fondos públicos”.

Por contra, establece quiénes responden a esta crisis bancaria: “Las pérdidas acumuladas en el tiempo por parte de estos cuatro bancos han sido absorbidas en primer lugar por los instrumentos de inversión de mayor riesgo: acciones y obligaciones subordinadas”. El banco central italiano recuerda que esto “ha sido expresamente pedido como precondición para una solución ordenada de las crisis bancarias en las normas europeas”, concretamente en la Directiva Europea de Resolución y Crisis Bancarias (BRRD, 2014/59/UE).

Paralelamente, se creó el llamado Fondo de Resolución, alimentado por otros bancos italianos y financiado en un primer momento por las tres entidades más grandes del país: Bancha Intesa Sanpaolo, Unicredit y UBI Banca. Este fondo ha aportado al rescate 1.7o0 millones de euros para cubrir las perdidas de los bancos originarios, cerca de 1.800 millones para recapitalizar los bancos buenos y unos 140 millones para dotar al banco malo del capital mínimo necesario para operar, de acuerdo con las cifras de Banca d'Italia.

Según el ex senador italiano y presidente de Abusbef, Asociación en Defensa de Clientes de Servicios Bancarios, Financieros, Postales y Seguros, Elio Lannutti, con el llamado decreto salva-bancos se ha producido un “'bail-in' enmascarado y anticipado” y sostiene que el Ejecutivo “cometió un error acatando los dictados del BCE y de Bankitalia”.

No más rescates bancarios con fondos públicos

Los años de crisis han dejado en la Unión Europea experiencias de rescates en los sistemas bancarios de diferentes Estados miembros (España, Portugal, Grecia o Irlanda son algunos ejemplos) donde los ciudadanos, los contribuyentes, han asumido el coste principal de los problemas de solidez de los bancos. Por ello, las nuevas reglas europeas sobre rescates bancarios, contenidas en la Directiva 2014/59, establecen que sean los tenedores de bonos de los bancos en quiebra quienes paguen el rescate. Con este instrumento de recapitalización interna, el llamado 'bail-in', cuando un banco entra en crisis, los primeros en asumir los costes serán los accionistas, acreedores y aquellas personas y empresas que tengan depósitos superiores a 100.000 euros. Por debajo de esta cifra, los depositantes están exentos de pérdidas y protegidos por el sistema de garantía de depósitos.

En opinión del diputado del Movimiento 5 Estrellas Daniele Pesco, “el 'bail-in' parece “un instrumento hecho aposta para asustar a las personas, obligarlas a cambiar sus ahorros y meterlos en los bancos más seguros, fomentando así el centralismo bancario querido desde el Banco Central Europeo” y sentencia: “En Italia hay una norma constitucional que protege el ahorro. El bail-in significa totalmente lo opuesto”. bail-in

A estas nuevas reglas comunitarias se anticipó Italia con el rescate de Banca Marche, Etruria, CariChietti y CariFerrara sin utilizar dinero público. Un antipasto que nos permite observar algunas consecuencias de las nuevas reglas de la unión bancaria europea.

“He perdido todos mis ahorros de una vida”

El 28 de noviembre, Luigi D'Angelo, un pensionista de 68 años del municipio romano de Civitavecchia se quitaba la vida después de haber perdido 110.000 euros, sus ahorros de toda una vida. D'Angelo había invertido su dinero en obligaciones subordinadas de Banca Etruria, entidad de la que era cliente desde hacía 50 años. (Ver aquí análisis publicado en 'Luces Rojas' de infoLibre).

Este trágico desenlace ha acentuado todavía más la rabia del resto de afectados que han perdido sus ahorros tras el saneamiento de estos cuatro bancos. Las asociaciones de consumidores italianas calculan que los afectados son unos 130.000 pequeños ahorradores y cerca de 20.000 tenedores de bonos que han perdido 1.200 millones de euros tras el decreto del Gobierno. Según el presidente de Abusbef, Elio Lannutti, “los 20.000 obligacionistas subordinados de los cuatro bancos han perdido casi 800 millones de euros, contribuyendo así al 30 por ciento de la cobertura de los 2.600 millones de perdidas totales” mientras que “los 130.000 accionistas (60 mil de Banca Etruria, 44 mil Banca Marche, 22 mil CariFerrara y 6 mil de CariChieti) sufrieron un duro despertar al ver que sus títulos se convertían en papel mojado”.

Historias que recuerdan a lo ocurrido en España con las preferentes. Los afectados denuncian que en muchos casos no fueron informados debidamente por los empleados o el director de las sucursales bancarias de los productos que estaban comprando. Durante estos meses no han dejado de organizar protestas frente a las instituciones italianas, Banca d'Italia o la autoridad de vigilancia de los mercados financieros (Consob). En diciembre crearon una asociación llamada 'Vittime del Salva-Banche' (Víctimas del (Decreto) Salva-Bancos). Letizia Giorginanni, su portavoz, asegura que se deberá analizar “caso por caso” dónde se ha producido “este comportamiento poco correcto” por parte de los empleados bancarios y dice que “será la magistratura quien deberá actuar” para determinar si han sido estafados. Ella ha perdido 100.000 euros. Compró títulos de Banca Etruria en el 2007 con un rendimiento bruto del 4%, “ni siquiera, por tanto, especulativo”, sostiene.

La portavoz de las víctimas considera además que “el 'bail-in', no es solo un mecanismo injusto, sino también inconstitucional en Italia, ya que viola el artículo 47 de la Constitución que protege el ahorro en todas sus formas”. Giorginanni, nieta de abuela española, señala también que a partir de ahora “cambiará la relación entre el cliente y el banquero” y añade: “Antes se basaba especialmente en la relación directa y en la confianza personal. Desde hoy, el consumidor estará obligado a adquirir una mayor conciencia sobre producto financiero que compre”. El texto de la directiva europea añade que el instrumento de recapitalización interna incentivará a los accionistas y acreedores a “controlar la salud de una entidad en circunstancias normales”.

Un fondo de resarcimiento “insuficiente”

Las movilizaciones de los afectados han empujado al Gobierno italiano a crear un fondo de compensación para restituir parte del dinero a aquellos accionistas más afectados. El fondo del Ejecutivo italiano prevé 100 millones de euros para resarcir a las víctimas que podría empezar a funcionar a finales de enero, tal y como aseguró este miércoles el presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción, Raffaele Cantone. Pero las personas que han perdido sus ahorros consideran que se trata de una cantidad insuficiente y piden que sea devuelva todo el dinero a cada una de las víctimas.

Andrea, ciudadano de Siena, es familiar de algunos afectados que habían comprado obligaciones subordinadas de Banca Etruria. “Este decreto, o lo han hecho de manera inconsciente, sin valorar las consecuencias graves que podían pasar, o, si lo han hecho conscientemente, quiere decir que son realmente unos criminales”, sentenciaba el pasado martes en una protesta a las puertas del Consob. “Con la misma prisa que han robado el dinero, ahora lo deben devolver. Pero no solo 100 millones, eso es una limosna, sino todo el dinero. Porque quien ha comprado 10 o 100 o quien tenía un porcentaje del 20, del 30 o del 50, da igual, han sido todos estafados, porque estas obligaciones nunca tenían que haber sido vendidas”, afirmaba.

Según un comunicado conjunto de las cuatro cuatro nuevas entidades saneadas, emitido el pasado 13 de diciembre, los casos más expuestos han sido estimados en 1.010 pequeños ahorradores (personas con menos de 100.000 euros de ahorros) con una concentración de obligaciones subordinadas superior a la mitad de su propio patrimonio. Se trata, aseguran, del 0,1% de los clientes de los cuatro bancos. El contravalor de tales obligaciones, prosigue el comunicado, es de alrededor 27 millones de euros. Este dato ofrece el perímetro de las situaciones personales más delicadas, a las que dar una atención prioritaria. Para 8.020 clientes, la concentración en sus carteras de obligaciones subordinadas es inferior al 30 por ciento de sus inversiones y más de la mitad de las obligaciones pertenecen a 2.450 clientes con un patrimonio en estas entidades superior a 250.000 euros.

El presidente de Adusbef señala que “Bankitalia y el Gobierno han afirmado y garantizado siempre la solidez de un sistema bancario vejatorio e ineficiente, con los costes más altos de gestión de cuentas corrientes (318 euros al año frente a la media europea de 114) y con los intereses más elevados sobre hipotecas y prestamos”. “Ningún banco podía quebrar, según la propaganda”, sostiene Lannutti, que prosigue: “La mayor parte de los ahorradores se ha fiado de los consejos de los empleados para adquirir las obligaciones bancarias, sólidas”. El ex senador sostiene que hay recursos para reparar a todos los afectados utilizando por una parte los dividendos que el Banco de Italia concede cada año a los bancos miembros (380 millones de euros) y por otra las ganancias de capital obtenidas de la venta de los activos tóxicos de los cuatro antiguos bancos.

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La ministra de Reformas Constitucionales y Relaciones con el Parlamento, Maria Elena Boschi, aseguraba esta misma semana en un programa del canal 'La7' que “se han puesto a disposición recursos que podrán ser utilizados para resarcir a aquellos ciudadanos que han realizado inversiones y que han perdido parte de su dinero”, pero matizaba y distinguía dos tipos de situaciones: “Obviamente, si se ha tratado de una simple inversión equivocada, es decir, allá donde no ha habido estafa, sino simplemente un riesgo de inversión, esto recae desgraciadamente en el normal riesgo de una inversión”.

Precisamente Boschi ha sido protagonista en esta polémica. Su padre, Pier Luigi Boschi, fue durante los últimos ocho meses vicepresidente de Banca Etruria, por lo que han llovido críticas desde la oposición y acusaciones de incurrir en conflictos de intereses a la hora de rescatar dicha entidad. Bajo esta denuncia, a mediados de diciembre el partido de Beppe Grillo, el Movimiento 5 Estrellas, anunció una moción de censura contra la ministra, que superó con 373 votos en contra y 129 a favor.

Este martes 19 de enero será el primer ministro, Matteo Renzi, quien se defienda ante la Cámara de los Diputados, ya que los partidos del centroderecha italiano (Forza Italia, Hermanos de Italia y Liga Norte) presentaron también una moción contra el Gobierno por su actuación en el caso del rescate a los cuatro bancos. Aunque el partido Renzi (Partido Democrático) cuenta con una mayoría de apoyos en la Cámara que, al igual que sucedió con la ministra Boschi, vaticina la superación de la moción de censura.