El Tribunal de Cuentas acredita el despilfarro en el Bicentenario de la Constitución de 1812

El Tribunal de Cuentas ha sometido al consorcio que se encargó de impulsar y coordinar las actividades de conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 a una auditoría que ha arrojado unas conclusiones devastadoras sobre la gestión pública de estos actos. En un extenso informe, el organismo fiscalizador del Estado acredita el despilfarro y descontrol con el que los responsables públicos manejaron un presupuesto de alrededor de veinte millones de euros, el 47% de ellos procedentes de Administraciones públicas. 

El principal órgano de dirección y gestión del evento estaba capitaneado por representantes del Gobierno central, de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando y de la Diputación gaditana. A lo largo su seis años de vida la entidad estuvo presidida por los socialistas Gaspar Zarrías (2007-2009) y Luis Pizarro (2009-2012) y por el conservador José Luis Ayllón (2012-2013).

En su informe, el Tribunal de Cuentas denuncia numerosas irregularidades, deficiencias e incumplimientos en materia de contratación, subvenciones y gastos, así como falta de control interno y descoordinación. También subraya que no se facilitaron las memorias anuales de las actividades realizadas que, según los estatutos, debía elaborar la Comisión Ejecutiva. Y que al margen del consorcio varias Administraciones públicas realizaron actuaciones propias de conmemoración. Esta circunstancia provocó que no hubiera una "adecuada coordinación" y ha "dificultado" verificar si los gastos realizados se adecuaban a la finalidad para la que se constituyó.

El informe cita, por ejemplo, el caso de uno de los actos centrales de la conmemoración del bicentenario de La Pepa, un concierto organizado por la cadena de televisión MTV que se celebró el 16 de octubre de 2010 –es decir, dos años antes del bicentenario– y que contó con la participación de Juan Luis Guerra, Miguel Bosé, el grupo malagueño Efecto Mariposa y los puertorriqueños Calle 13.

El evento tuvo un coste de 1.198.600 euros y fue adjudicado a la empresa publicitaria Carat España –que no fue la organizadora– a través de un procedimiento negociado sin publicidad que el consorcio justificó por "razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva". El tribunal señala que el consorcio no contrató directamente con la empresa organizadora la celebración del concierto porque esa contratación requería condiciones incompatibles con la legislación de contratos públicos, como la exigencia de cuantiosos adelantos sin garantía y de avales para asegurar el pago total. La opción que siguió, entonces, fue la de celebrar un contrato privado con otra empresa (Carat España). 

El organismo fiscalizador denuncia que "no hay información sobre los costes reales del concierto, ni sobre las cantidades que la empresa organizadora exigió a la adjudicataria y esta le abonó". También se desconoce si la organizadora recibió además los ingresos resultantes de otros patrocinios contratados para ella por la adjudicataria, que era una posibilidad expresamente prevista en el pliego del contrato. 

El Tribunal de Cuentas subraya, además, que los 1,2 millones de euros que abonó el consorcio para la celebración del concierto representaron el 6% del total de las obligaciones reconocidas entre 2007 y 2012 por todos los conceptos por lo que, a su juicio, "no está acreditada la justificación de un gasto tan elevado" a pesar de que la entidad lo justificara en la supuesta promoción publicitaria que lleva aparejada la posibilidad de ofrecer un espectáculo "de primer nivel". En este sentido, el organismo fiscalizador cuestiona la capacidad de promoción del Bicentenario que pudo tener este concierto teniendo en cuenta que se celebró dos años antes del evento que se pretendía conmemorar. 

Comisiones por captar patrocinadores 

El informe detalla, además, que Carat España –la adjudicataria del concierto de MTV– también fue contratada por el consorcio para que captara patrocinadores privados a cambio de quedarse con una comisión de hasta el 10% del importe de cada contrato de patrocinio de hasta tres millones de euros que lograra firmar. Por este concepto el consorcio abonó a esta empresa un total de 663.500 euros tras firmar un contrato que también fue adjudicado por un proceso negociado sin publicidad. 

El tribunal denuncia que no hay memoria justificativa de la necesidad de esa contratación y que tampoco hay "certificados de recepción que acrediten la correcta prestación de los servicios contratados". En sus alegaciones, José Luis Ayllón –que fue nombrado presidente del consorcio en enero de 2012– señala que, en relación a este contrato, la gestión a partir de 2012 "se limitó a negociar una quita para liquidarlo, lo que supuso un ahorro para el Consorcio superior a 300.000 euros". 

Hay que tener en cuenta que, en 2008, la celebración de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 fue catalogada como un "acontecimiento de excepcional interés público", lo que favoreció que en el periodo 2009-2012 el consorcio contara con aportaciones realizadas por patrocinadores privados, que podían acogerse al sistema de beneficios fiscales establecido en la ley de mecenazgo.

Otro de los contratos que han llamado la atención al Tribunal de Cuentas es el que suscribió el consorcio –ya con José Luis Ayllón (PP) como presidente– con el cantante brasileño Carlinhos Brown, que recibió 295.024 euros por organizar un desfile carnavalesco por la avenida principal de Cádiz. El organismo detalla que "no consta" ninguna documentación que acredite la ejecución del contrato conforme a lo previsto y tampoco fiscalización alguna sobre este gasto. 

Señala, además, que en el expediente no se hizo constar formalmente la relación de este acto con los fines institucionales del consorcio, mientras sí se remarcó "la repercusión nacional del evento", así como su cobertura por numerosos medios de comunicación y la gran participación ciudadana, lo que, según los organizadores de los actos del bicentenario, "convertirían a la ciudad de Cádiz en referente nacional". 

El consorció también firmó un contrato de patrocinio publicitario por valor de 290.000 euros con el Cádiz Club de Fútbol del que, según argumenta el tribunal, no consta el acto de conformidad con los trabajos realizados que debía realizarse al término del contrato.

Además, el ente público también suscribió otro contrato publicitario de 106.200 euros con la empresa Centenario de Cádiz, cuyo cuyo objeto social estaba limitado a la organización, fomento y realización de actos relacionados con la celebración del centenario del equipo de fútbol de la ciudad. Esta sociedad pidió al consorcio el patrocinio para la organización de un museo-exposición de la historia del club cuyo presupuesto coincidía con el del contrato. La empresa se limitó a colocar el logotipo de los actos de La Pepa y reservar un sitio para el consorcio en la exposición, por lo que el tribunal entiende que su participación en la colaboración en la publicidad del bicentenario "no tuvo entidad suficiente para constituir una contraprestación".

Irregularidades en las subvenciones 

El capítulo de subvenciones también es llamativo. En este punto, el Tribunal de Cuentas alude directamente al que fuera presidente del consorcio entre 2007 y 2009, Gaspar Zarrías (PSOE), por haber convocado subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en los ejercicios 2008 y 2009 pese a que "no está acreditado" que tuviera competencia para ello. Los estatutos del consorcio señalan que esa competencia correspondía a la Junta de Gobierno y que "no hay constancia de la delegación a favor del presidente".

En 2008 se concedieron 14 subvenciones de concurrencia competitiva a 13 beneficiarios por importe total de 186.000 euros. El Tribunal de Cuentas determina que no consta por qué se desestimó al resto ni el detalle de las actividades subvencionadas. Tampoco hay documentación sobre la constitución de la comisión que debía valorar las solicitudes presentadas –cuyo número también se desconoce– al igual que los criterios aplicados para la valoración de las beneficiarias.

El organismo analizó cuatro de esas 14 subvenciones y detectó irregularidades en todas. A una de las beneficiarias, el centro de día de mayores de San Fernando, se le adjudicaron 6.000 euros para realizar un taller de ropa de época a pesar de que no reunía "los requisitos exigidos". A otra, la Asociación Qultura, se le otorgaron 32.000 euros, cantidad que el organismo considera que "no está justificada" y de la que "debió exigirse su reintegro". Por otro lado, ante el "desorden del expediente, duplicidades de documentos, mezcla de originales y fotocopias y ausencia de relaciones completas y clasificadas de los gastos", al tribunal le fue imposible "verificar" la justificación de otra subvención de 80.000 euros que recibió la Asociación de Empresas de Publicidad y Diseño para promover un mercadillo de artesanía. 

En 2009 el consorcio modificó las bases reguladoras de las subvenciones con el objetivo de que las actividades subvencionadas guardaran relación con la la época y valores de los actos que se estaban conmemorando. Pero las irregularidades no cesaron. El Tribunal de Cuentas también señala que "no está justificado" utilizar el procedimiento de subvención directa como el que utilizó para, por ejemplo, otorgar 108.230 euros para la formación de una orquesta de músicos jóvenes y concluye que "los gastos no debieron ser subvencionables" al tiempo que no descarta "exceso de financiación".

2,1 millones en convenios con "deficiencias"

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El Tribunal de Cuentas también examinó una muestra de cinco convenios, que supusieron en conjunto un gasto de 2.122.412 euros. En todos se encontraron "deficiencias". Entre ellas, que no constara justificación acerca de la contribución de las actividades previstas a la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de Cádiz, requisito que los estatutos exigen en relación con los proyectos realizados por el consorcio; la falta de aprobación previa del gasto por el órgano competente; la omisión de los informes de la Intervención o de la Abogacía del Estado; y la falta de indicación del presupuesto o del coste de las actividades programadas. 

Entre los convenios está el firmado con el Ayuntamiento de Cádiz y por el que el consorcio se comprometía a financiar con 1.010.000 euros diversas acciones relacionadas con el bicentenario de La Pepa. Pues bien, el Tribunal de Cuentas denuncia que ese gasto no se aprobó por la Junta de Gobierno; que no hay constancia documental de la realización de las actividades; y que hubo pagos a empresas con las que no consta vinculación jurídica con el consorcio.

Además, el organismo fiscalizador señala que el hecho de que el convenio no especificara el presupuesto asignado a cada una de las actividades previstas ha impedido verificar la corrección de los gastos finalmente abonados. Por otro lado, señala que se encontró el abono duplicado de un justificante por importe de 7.623 euros.