Centrales nucleares
ONG piden el cierre de las centrales nucleares españolas para “evitar más víctimas”
Las organizaciones ecologistas volvieron a pedir el cierre de las centrales nucleares españolas con motivo del 30 aniversario del accidente en la planta ucraniana de Chernóbil para evitar "más víctimas" como las "incontables" que se produjeron en este accidente nuclear.
Así, el portavoz de energía nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, explicó que el accidente en Chernóbil, el 26 de abril de 1986, puso de manifiesto el riesgo de la energía nuclear porque mostró unos efectos que la gente no esperaba e incluso, recuerda que cuando se supo que la nube radiactiva había viajado kilómetros, "en el Consejo de Seguridad Nuclear no terminaban de creerlo".
Así, advirtió de que los efectos de la tragedia "aún son imperecederos, igual que el área de exclusión, que se mantendrá "para siempre".
Además, lamentó que todavía es "imposible" contar con una estadística de víctimas real pues va desde 26.000 a 200.000 víctimas. Por ello, Castejón cree que "estaría bien hacer una investigación independiente sobre las víctimas", informa Europa Press.
Por otro lado, subrayó el elevado coste de la energía nuclear y de las medidas para paliar los accidentes, como por ejemplo el sarcófago de Chernóbil, que debía haber estado listo en 2010 y que desde 2003 tiene desprendimientos, pero además de haberse terminado con un retraso de cuatro años, el coste final fue de más de un 50% por encima de lo esperado, de 1.500 euros a 2.400 millones.
Castejón defendió la postura de Ecologistas en Acción de ir cerrando las centrales nucleares según vayan cumpliendo 40 años, especialmente en España, donde es "fácil por la sobre potencia instalada".
En su opinión, también Francia "debería empezar ya a caminar en ese sentido" y cumplir las promesas del Gobierno que anunció una reducción paulatina de la aportación nuclear al mix energético pero "tampoco lo ha hecho". Castejón reconoce que en Francia y en otros países la transición "no es tan fácil" como en España pero se deben ir dando pasos.
Por su parte, la responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, Raquel Montón, se centró en denunciar el abandono de las víctimas del accidente y de las personas que viven allí y advierte de que "a día de hoy las cosas están casi peor que entonces".
Montón agregó que el problema "no se ha solucionado y está lejos de encontrarse una solución definitiva", ya que de momento no hay un plan de desmantelamiento para el reactor. Así, precisó que el sarcófago construido para taparlo y detener la salida de radiactividad al exterior está pensado para los próximos 100 años y ha añadido que a partir de 2017 el mantenimiento de la situación dependerá exclusivamente de Ucrania.
"La contaminación continúa allí, hay cantidad de incendios que reavivan y recontaminan la zona", denunció.
Montón recordó que Grenpeace publicó en 2006 un informe elaborado por más de 70 científicos que cifraba las víctimas en 200.000 y añadía que en los siguientes 30 años se sumarían otras 93.000.
"Eso es lo más cercano", lamentó, al tiempo que advirtió de que se seguirán produciendo víctimas pero muchas de ellas, no se atribuirán al accidente de Chernóbil, porque hay una "falta de información flagrante".
En concreto, se refirió además de a los muertos y víctimas directas a la alta incidencia de cáncer, a la menor natalidad y mayor mortalidad, la elevada cifra de problemas cardiovasculares o a los niños que nacen con sus sistemas inmunes muy debilitados.
Tres décadas después de la catástrofe, la víctima del accidente Svitlana Shmagailo pidió junto a la ONG a las empresas eléctricas de España, donde se encuentra de visita, que miren a los ojos de las víctimas y menos a sus cuentas de resultados porque no quiere que los niños españoles "sufran tanto" como los de Chernóbil.
Shmagailo, una maestra de 42 años que vive en una aldea cercana al reactor accidentado, está dando a conocer la situación de las víctimas y pide el cierre de las centrales nucleares.
La mujer contará este miércoles en el Congreso de los Diputados como la contaminación está "en cada cosa que comen o beben", en la madera que usan para la construcción o para calentarse. Greenpeace recuerda que en la actualidad, más de cinco millones de personas viven en áreas consideradas oficialmente contaminadas, y un millón vive en asentamientos donde se exceden las dosis de 1 mSv por año.
Por ello, las ONG insisten en que tres décadas después el reactor aún sigue siendo un peligro y que la solución real es "improbable".
Antinucleares también piden el cierre
El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) presentó un informe en el que solicita el cierre "escalonado, ordenado y urgente" de las centrales nucleares en España antes de 2024, para que "no se repita un nuevo Chernóbil".
De esta forma, pide que las centrales cierren según vayan expirando sus permisos vigentes de explotación de 30 años. Así, Trillo I (Guadalajara) sería la última central en cerrar en 2024.
El documento expresa que el riesgo nuclear resulta "inaceptable desde el punto de vista ético y democrático" y que "la obtención de beneficios por unos pocos somete a una gran cantidad de personas y al medio ambiente a un riesgo inaceptable".
En este sentido, el portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear, Francisco Castejón, afirmó que con el plan de cierre que plantean deja "tiempo para reorganizar la red eléctrica; tiempo para llegar a un consenso sobre la gestión de residuos radioactivos, un asunto clave; y tiempo para que los inversores recuperen la inversión".
Asimismo, señaló que estas plantas "nunca" deberían haberse puesto en funcionamiento, dados los problemas como la falta de seguridad, la generación de residuos de muy baja, baja, media y alta actividad; la contaminación radiactiva que supone la minería de uranio y la fabricación del combustible nuclear, ya que se han de remover rocas y emitir residuos radiactivos en ingentes cantidades; las emisiones radiactivas en el funcionamiento cotidiano de las centrales.
21.585 millones de euros en subvenciones
Castejón también denunció que, desde principios de los años ochenta, España ha subvencionado con 21.585 millones de euros a esta industria con una tecnología "obsoleta, peligrosa y cara". Por esto, considera "imprescindible" una auditoría de las subvenciones.
Por otro lado, explicó que el caso de Garoña como "un pulso político" y que un proceso de desmantelamiento "limpio" duraría ente 10 y 15 años, mientras que uno "sucio" costaría hasta 25 años.
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Otros de los problemas que subraya el informe son: la escasez del uranio, que supone un límite para la extensión nuclear, y de los graves impactos ambientales asociados a la minería; o el uso de la tecnología nuclear para fines militares.
Igualmente, el movimiento también subraya que el cierre de las centrales nucleares contribuiría a la cultura de la paz, ya que se reduciría el volumen de material radiactivo de uso militar disponible; así como a la reducción del inventario de radiactividad ambiental.
Finalmente, en el texto se insiten en que con el cierre se liberaría la amenaza de un accidente. "Las consecuencias mínimas son graves, y pueden evolucionar rápidamente hacia una catástrofe irreversible", apunta.