Las ‘armas’ de la enseñanza concertada para abaratar el coste de sus plazas

El giro hacia la escuela pública en la Comunitat Valenciana –la Generalitat ha aprobado redistribuir los alumnos con necesidades especiales y prohibir las cuotas voluntarias– ha soliviantado a las patronales de la concertada, que han vuelto a sacar la bandera del supuesto ahorro que la educación privada subvencionada genera en las arcas públicas. Los defensores de la escuela pública, por su parte, mantienen que este menor coste de se explica porque sus titulares seleccionan las zonas y el alumnado que les interesa atender y porque su profesorado tiene peores salarios.   

Una de las patronales de la concertada, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), cifró ese ahorro en 6.684.133.142 euros en 2011. Según su informe Educación y libertad de educación en España [ver en PDF, aquí] el coste anual de escolarizar a un alumno en la concertada es de 2.868 euros de media, mientras que en la pública es de 5.960 euros. El ahorro sería, por tanto, de 3.092 euros por alumno. No obstante, los autores se limitan a señalar que los datos utilizados provienen "de la página web del Ministerio de Educación" y no ofrecen información alguna sobre la metodología utilizada. 

¿Son reales estas cifras? La realidad es que no hay ningún informe oficial que haya abordado este asunto con un control riguroso de las variables implicadas. Sí existe un documento, elaborado por profesores universitarios y de secundaria por encargo del Observatorio de la Educación Pública de Izquierda Unida, en el que también se certifica el menor coste que, a priori, tiene para el Estado la educación concertada. En 2011, los autores de este documento cifraron en 4.185 euros el coste de escolarizar a un alumno en la escuela pública y en 2.944 el de hacerlo en la concertada. La diferencia sería, por tanto, de 1.241 euros. 

Las cifras divergen de las de la patronal CECE porque, entre otras variables, los autores de este segundo informe al calcular la cuantía total de fondos destinada a la educación pública tuvieron en cuenta únicamente las partidas económicas que tienen correlato en la enseñanza concertada (infantil, primaria, secundaria, especial y FP). La etapa postobligatoria del bachillerato, que es una de las que necesita más inversión por su mayor variedad y opcionalidad –lo que implica más dotación de profesores– no está concertada. Este documento lleva por título El coste de la plaza escolar en la pública y en la concertada y se puede consultar en PDF aquí. 

Coste por plaza 

En cualquier caso, los autores de este último informe alertan de que el análisis sobre el coste de una plaza educativa puede desvirtuarse si se hace teniendo en cuenta únicamente la inversión media por alumno que resulta de dividir la cuantía total de los fondos utilizados para cada tipo de enseñanza entre el número de alumnos que asisten a cada una de ellas. En este sentido, señalan que el número de escolares y de docentes por grupo repercute muy significativamente en el coste medio de la plaza escolar, dado que conjuntamente proporcionan la cantidad de profesorado que se pone a disposición del alumnado, cuyo peso ponderado en la inversión educativa total supera el 60%.

Así, aseguran que el ahorro por plaza escolar en la concertada está relacionado con un mayor número de escolares por aula y con menos docentes por grupo, como consecuencia de su "escasa implicación" a la hora de acoger al alumnado que requiere mayor atención educativa y, por tanto, mayores recursos; y de su "total desinterés" por ubicarse en áreas poco rentables, como son las zonas rurales o los municipios de menor población, donde el coste medio por alumno es mayor, tal y como viene constatando el Consejo Escolar del Estado en sus informes anuales.

Lo cierto es que las cifras oficiales del Ministerio de Educación confirman este análisis. Por ejemplo, el 90% de los colegios que hay que los municipios de hasta 10.000 habitantes son públicos (7.660 de un total de 8.471), cuando en el conjunto del territorio el porcentaje de públicos es del 70%. Hay que tener en cuenta, además, que los colegios de estos municipios acogen al 28% del profesorado y al 24,4% del alumnado de la enseñanza pública, es decir, más de un millón de escolares. 

Los datos oficiales evidencian, además, que la diferencia entre el número de centros públicos y privados disminuye a medida que aumenta la población y llega a invertirse en las ciudades de más de 500.000 habitantes, donde el número de centros públicos apenas llega al 39% y la concertada copa el 61%. La conclusión de los analistas es que el comportamiento de ambas ratios en zonas rurales eleva el coste medio por escolar en la educación pública y lo rebaja en la concertada por su escasa implantación esas zonas. 

Refuerzo en las aulas

Otro factor que influye en las ratios y, por tanto, en el número de docentes necesarios el número de programas destinados a alumnos que necesitan refuerzo. En este sentido, los autores destacan la diferente presencia de los los programas PCPI –sustituidos por la FP Básica–, que son los destinados a los alumnos con dificultades para completar la ESO y con los que empezaban a aprender un oficio al tiempo que seguían progresando en competencias básicas. Pues bien, el 13,4% de los alumnos de la pública estaba en 2011 en este programa, por el 6,1% de la concertada. 

Asimismo, las cifras oficiales evidencian que el 82% del alumnado inmigrante está escolarizado en la escuela pública y apenas el 14% en la concertada. Por otro lado, otra circunstancia que influye para determinar el coste medio por alumno es el salario del profesorado. Así, los investigadores cifraron en 36.784 euros el salario medio de los docentes de la educación pública y en 30.976 el de los de la privada subvencionada.

Analizando y cuantificando todas estas variables, los autores del informe El coste de la plaza escolar en la pública y en la concertada concluyen que, si las condiciones de implantación, recursos, salarios... fueran similares, también lo sería el coste de las plazas en uno y otro sistema. En este sentido, sentencian que el aparente ahorro del que presumen las patronales concertadas se explica, sobre todo, porque los titulares de los colegios seleccionan las zonas y el alumnado que les interesa atender, además de tener un profesorado con peores condiciones laborales.