Los fiascos empresariales por los que Florentino Pérez reclama cientos de millones al Estado

Como algo más que un déjà vu debe de haber recibido el Ministerio de Fomento la noticia de que Florentino Pérez, a través de una de sus muchas sociedades, le reclama cientos de millones de euros de compensación por otra obra fallida. El cheque no es tan abultado como el que el Gobierno firmó para indemnizarle por el fiasco de la plataforma Castor –1.350 millones de euros– y al presidente del Real Madrid esta vez le va a resultar más difícil cobrarlo.

Este jueves la junta de acreedores de TP Ferro, la empresa que construyó y explota el AVE entre Figueres (Girona) y Perpiñán (Francia), rechazará la última propuesta de Pérez y su socio, la francesa Eiffage, para evitar la liquidación. Así que ACS, la constructora de Florentino Pérez, y la firma gala ya han redactado una demanda ante un tribunal de arbitraje internacional por la que piden una indemnización de 485 millones de euros a los estados español y francés, según informa El Confidencial.

No es la primera demanda que ambas empresas han presentado para resarcirse de las pérdidas del negocio. Y es que TP Ferro entró en concurso de acreedores en marzo de 2015, cuatro años después de haber sido inaugurada la línea del AVE. Su escaso tráfico le impide cubrir una deuda que asciende a 460 millones de euros. Por lo que ACS y Eiffage quieren activar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, como ya hiciera Florentino Pérez con el proyecto Castor: el Estado debe indemnizarles por los daños e incluso hacerse cargo de la infraestructura.

Pues bien, ya en 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero inyectó 128 millones de euros en TP Ferro y amplió tres años el periodo de la concesión para compensarle por los retrasos en la puesta en marcha de la línea. La firma hispano-gala había conseguido la adjudicación en 2003, con el Ejecutivo de José María Aznar. La inversión inicial para construir los 44,4 kilómetros del tramo del AVE ascendía a 1.000 millones de euros, de los cuales 636 millones procedían de fondos públicos comunitarios. El resto lo pusieron con sus créditos BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, ING, Royal Bank of Scotland y hasta una veintena de entidades. La línea incluía 8,3 kilómetros de túnel bajo los Pirineos, una obra puntera de ingeniería. El coste inicial terminó disparándose hasta los 1.200 millones de euros.

Después, con los ingresos en caída libre, TP Ferro no dudó en reclamar ante un tribunal de arbitraje 93 millones de euros de compensación y 350 millones de sobrecostes, que el laudo le negó. También exigió 100 millones de euros en ayudas a fondo perdido, que Fomento no le concedió.

Ahora, sin embargo, y para mantener activo el servicio, el ministerio y su equivalente francés se ven abocados a hacerse cargo de la línea y el magnífico túnel por su carácter “estratégico y único”. Es decir, el Estado –por tanto, los contribuyentes– tendrá que asumir la gestión de una infraestructura deficitaria.

Entre los acreedores de Florentino Pérez no sólo se encuentran los bancos citados, sino también los fondos de Avenue Capital, Bluemountain Capital, Bank of America y Neuberger Berman que, a la búsqueda de negocio,compraron a los prestamistas parte de la deuda.

Un contrato de 111 millones sin concurso público

Otro tanto ocurrirá con la desaladora de Escombreras (Murcia). Fue construida por Hydro Management en 2006 y explotada por Tedagua, ambas pertenecientes al grupo ACS, sin que mediara concurso público alguno. El contrato estipula una duración de 25 años. La planta costó 111 millones de euros. Estaba destinada a suministrar agua potable a 26 municipios, pero en 2013 sólo abastecía a tres: Cartagena, Torre Pacheco y Murcia. También iba a ser la fuente de la que iba a beber Novo Carthago, un complejo urbanístico de 10.000 viviendas, dos campos de golf y hoteles que a día de hoy no sólo no existe sino que, además, llevó a los tribunales por corrupción a la exalcaldesa de Cartagena y senadora del PP Pilar Barreiro.

Como la desaladora nunca ha superado el 20% de su capacidad de producción y el Gobierno murciano, además, ha incumplido reiteradamente los compromisos de pago con las sociedades de Florentino Pérez, éste le ha reclamado en los tribunales no sólo las facturas sino también 600 millones de euros, de los cuales 200 millones corresponden al “lucro cesante”, por el dinero que la empresa ha sido incapaz de ganar.

Según el informe de fiscalización de las cuentas autonómicas elaborado por el Tribunal de Cuentas, en 2013 la planta sólo produjo 4,07 hectómetros cúbicos. En 2015 ha alcanzado los 7,84 hectómetros cúbicos, muy lejos aún del mínimo de 10,06 necesarios para que la empresa abandone las pérdidas. En el último ejercicio cuyas cuentas el órgano ha podido fiscalizar, 2013, la desaladora cerró con unos números rojos de 13,24 millones de euros. Y, según el Tribunal de Cuentas, esos resultados no van a mejorar “en tanto no se alteren las condiciones sobre las que se desarrolla el actual modelo de gestión de la planta”, puesto que “las obligaciones de pago y compromisos asumidos por Desaladora de Escombreras [la empresa pública creada para amparar el proyecto] en los contratos de arrendamiento, operación y mantenimiento […] son muy superiores a la cifra de negocio alcanzada por la sociedad”. Esos compromisos de pago, que Florentino Pérez exige al Gobierno murciano, ascienden hasta 2034 a 445,56 millones de euros, calcula el Tribunal de Cuentas.

Además, el Ejecutivo autonómico ha pagado ya a la empresa 72 millones en transferencias corrientes y de capital, y 18 millones más en acciones y para restituir desequilibrios patrimoniales.

Mientras tanto, la desaladora es objeto de una comisión de investigación en el Parlamento de Murcia, y la Fiscalía Superior de la Comunidad ha abierto un procedimiento que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 5 por los delitos de prevaricación, malversación y fraude. En mayo, la Policía Nacional y la Guardia Civil registraron las oficinas de la planta, el Ayuntamiento de Cartagena y la Consejería de Agricultura.

Según explicaron los directivos de ACS que comparecieron en la comisión de investigación el pasado mes de julio, el grupo de Florentino Pérez negocia con el Gobierno murciano el pago de casi 180 millones de euros, 91 millones por la planta y 87 por los créditos que pidió para construirla.

Tres autopistas radiales sin tráfico y en quiebra

Parte de una tercera reclamación de Florentino Pérez se dilucidará el próximo 1 de octubre. Para entonces el Ministerio de Fomento deberá asumir dos de las 10 autopistas radiales que se encuentran en quiebra o en liquidación. ACS participa en los tres grupos de empresas que construyeron la R2, R3 y R5. El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid fijó en el primer día de octubre la fecha para liquidar la R3 –Madrid-Arganda del Rey–y la R5 –Madrid-Navalcarnero–, si el Gobierno no se hace cargo de su gestión. La R2 –Madrid-Guadalajara– se encuentra aún a la espera.

Pero todas tienen en común con el AVE a Francia y el proyecto Castor que ACS ha recurrido a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración para que el Estado pague el fracaso empresarial. Fomento se resiste y ha procurado demorar al máximo el momento en que deba adoptar una resolución. Propuso a los acreedores de las concesionarias asumir la deuda, superior a los 4.000 millones de euros, pero con una quita del 50%pero con una quita del 50% y pagando el resto en 30 años. Los bancos rechazaron la oferta. El Gobierno incluso proyectaba crear una empresa pública que nacionalizaría no sólo las radiales en quiebra sino también otras rentables cuyas concesiones no renovaría.

Las radiales fueron otra adjudicación del Gobierno de José María Aznar. Inauguradas en 2004, su tráfico nunca alcanzó las previsiones: 70.000 vehículos diarios sólo la R3 y R5, que se han quedado en 19.000, y gracias a que el volumen ha aumentado en los dos últimos años de recuperación económica. Si a la anemia de ingresos se les suman los sobrecostes de las expropiaciones y las ampliaciones de obra que llevaron a cabo algunas de ellas, el resultado ha sido el concurso de acreedores y la amenaza de liquidación.

En cualquier caso, el Tribunal Supremo ya ha dejado claro en varias sentencias que el Estado no debe rescatar las autopistas. Resolvía así las demandas presentadas tanto por Accesos de Madrid –sociedad participada por ACS, Abertis y Sacyr para construir y gestionar las R3 y R5– como por Henarsa –ACS, Abertis y Bankia, que explota la R2–. Las concesionarias alegaban que la falta de tráfico debido a la crisis económica es un “riesgo imprevisible”. El Supremo, en cambio, considera que la empresa debe asumir ese riesgo al hacer su plan económico-financiero, por lo que no puede imputarle el error a la Administración. Las previsiones de tráfico, abunda el Alto Tribunal, no forman parte del contrato de concesión.

Castor, en la factura del gas durante 30 años

Pero la madre de todas las responsabilidades patrimoniales asumidas por el Estado por negocios fracasados de Florentino Pérez es sin duda el proyecto Castor: 1.350 millones pagados en tiempo récord a ACS por el cierre del almacén de gas submarino que se intentó situar a 21 kilómetros de la costa de Vinaròs (Castellón).

El proyecto lo firmaba Escal UGS SL, propiedad en un 66,7% de ACS y el resto en manos de la canadiense Dundee Energy. Fue aprobado en 2006 por el Gobierno del PSOE, que en 2009 le concedió la declaración favorable de impacto ambiental. Un año más tarde, Castor fue considerado de utilidad pública. Pero cuando se inyectó gas en 2013, comenzaron a producirse movimientos sísmicos en la costa de hasta magnitud 3 en la escala de Richter. Hasta 33 diarios. Así que el Gobierno terminó cerrando el almacén y Escal UGS devolvió la concesión.

Eso sí, a cambio de activar una cláusula que le permitía reclamar una compensación si tenía que renunciar al contrato antes de los 25 años estipulados. El Gobierno intentó anularla en el Tribunal Supremo, pero éste, a diferencia de lo ocurrido con las radiales, le dio la razón a Florentino Pérez. Como la instalación no se va a desmantelar, sentenció, debe compensarse a Escal UGS puesto que el Estado “presumiblemente obtendrá un beneficio futuro con su explotación”.

Así que en octubre de 2014 la compañía pública Enagás comenzó la “hibernación” de Castor –su sellado–, que concluyó el pasado mes de marzo, y desde entonces también se ocupa de su mantenimiento. También será Enagás la encargada de cobrar en las facturas de gas de los consumidores durante los próximos 30 años los 1.350 millones pagados a ACS por su “lucro cesante”. Como a esa cifra se le va a aplicar un interés anual del 4,27%, la factura final que abonará el contribuyente alcanzará los 4.731 millones de euros a lo largo de tres décadas.