41 años de exaltación franquista en el Valle de los Caídos

Eran las 10 de la mañana del 20 de noviembre de 1975. El entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, aparece en TVE y comunica, visiblemente afectado, el fallecimiento del dictador. "Españoles, Franco ha muerto", arranca. El anuncio ponía fin a décadas de represión y abría un periodo de gran incertidumbre política. Tres días más tarde, en presencia del rey Juan Carlos I y de altos cargos gubernamentales, institucionales y militares –así como de otros dictadores, entre los que destacó el chileno Augusto Pinochet–, el cadáver se trasladó a la Basílica del Valle de los Caídos –un mausoleo que levantaron presos políticos y que esconde en sus criptas los restos de miles de personas asesinadas durante la dictadura– y se le dio sepultura. El verdugo descansaba junto a sus víctimas.

Más de cuatro décadas después, todavía resuenan en los oídos de los represaliados durante la dictadura una de las frases que Arias Navarro pronunció aquella mañana de noviembre: "[Franco] Nos deja su obra. Nos queda su ejemplo". El dictador y el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, siguen descansando 41 años después en su faraónica tumba, lugar de culto de la extrema derecha española. Algo impensable en países como Alemania, tal y como recuerdan reiteradamente las asociaciones memorialistas. Colectivos como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) o el Foro por la Memoria, entre otras, llevan años exigiendo que Cuelgamuros deje de ser un lugar de exaltación de la dictadura.

ERC lleva el tema al Congreso y el PNV al Senado

Estas reivindicaciones también han sido recogidas en los últimos años por diferentes formaciones políticas. La última en reclamar que se actúe de una vez por todas en el Valle de los Caídos fue ERC. La formación catalana registró el pasado martes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) en la que piden la exhumación de los restos de Franco y Primo de Rivera y de todas aquellas víctimas de la dictadura que se encuentran en el mausoleo, la resignificación integral del lugar y la retirada de subvenciones o recursos públicos a las organizaciones e instituciones vinculadas al Valle de los Caídos mientras no colaboren para dar cumplimiento a las recomendaciones que en 2011 puso sobre la mesa el Grupo de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos.

"Lo que pedimos en la PNL es que, como ya indicaba el informe de estos expertos, sea reconvertido en una especie de monumento o, incluso, distinción de reparación real de la memoria histórica", explica en conversación con infoLibre el diputado de ERC Gabriel Rufián. Junto a esto, añade, solicitan otras dos cosas que son "de sentido común": que se saquen de allí los restos "del verdugo" y que los familiares de las víctimas que se encuentran en Cuelgamuros "puedan recuperar y enterrar con dignidad" los de sus seres queridos. "Tal y como está ideado, es una anomalía en toda Europa al ser el único monumento en honor al fascismo", sentencia Rufián.

Pero no ha sido la única formación que ha puesto sobre la palestra en los últimos días el tema. El PNV registró una moción en el Senado a comienzos de noviembre en la que pedía la "resignificación" del emplazamiento con la intención de que "pase a ser un exponente de la verdad" de lo sucedido en la Guerra Civil y dictadura y que perpetúe "la memoria de todas las personas allí enterradas en clave de respeto e igualdad". El tema está pendiente de que se reúna la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, donde será debatida. 

Este diario se puso en contacto con el resto de partidos para conocer si tenían pensado impulsar iniciativas estos días en este sentido. Ninguno lo hará. "En principio no", responden desde el PSOE –los socialistas ya se han posicionado en multitud de ocasiones a favor de resignificar el mausoleo y exhumar al dictador–. Desde Ciudadanos, por su parte, aseguran que la formación siempre estará "con las iniciativas destinadas a recuperar la memoria y dignidad de las víctimas del franquismo, así como de otros episodios de represión o terrorismo en nuestra historia". Pero el partido presidido por Albert Rivera añade que es "un tema bastante serio y trágico como para no hacer política de bandos ni tratar de sacar rédito partidista con él".

Unidos Podemos tampoco presentará ninguna iniciativa estos días. Y explican los motivos. Para el partido liderado por Pablo Iglesias el 20N es una fecha "que se articula en torno al dictador, no a la memoria de las víctimas", por lo que están completamente "en contra de santificarla" y de que "se perpetúe". Pero también se entiende, explican, como el día en el que se marcó un antes y un después en la democracia española. "Como si no hubiera habido democracia o gente que luchó por ella antes del 20N", sostienen fuentes del partido morado. Por todo ello, añaden, prefieren "desarrollar las actuaciones" a su "ritmo", "sin presiones de fechas concretas".

Una petición histórica de las asociaciones

La reconversión del Valle de los Caídos ha sido, sobre todo, una de las exigencias de las asociaciones de memoria histórica durante los últimos años. Así, en octubre de 2015, más de 70 colectivos de todo el Estado consensuaron una carta con 17 puntos que entregaron a todos los partidos con la vista puesta en las elecciones generales de finales de año. En el documento se pedía la exhumación de verdugos y víctimas, el desmantelamiento de la cruz que preside el mausoleo y la reconversión del lugar "en un memorial de la represión". "Fundamentalmente dedicado a las víctimas y a los presos esclavos que construyeron el Valle", sostiene Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), considera que tendría que convertirse, al igual que se ha hecho con los campos de concentración nazis, en "un museo que cuente la historia" de forma pedagógica. "Que explique quiénes eran los que estaban allí, quién construyó el Valle, cómo lo hicieron... En definitiva, incluir en el relato a todos aquellos que han sido excluidos", asevera. En este sentido, además, propone la construcción de un muro donde aparezca el nombre de las miles de personas que se encuentran enterradas en el mausoleo.

Tanto Silva como Peinado, además, coinciden en la necesidad de "desacralizar" el lugar. "Al tratarse de un lugar de culto, el Estado no puede intervenir salvo que llegue a un acuerdo con la Iglesia", sostiene el presidente de la ARMH. En este sentido, su homólogo en la Federación Estatal de Foros por la Memoria considera que "no puede seguir siendo un monumento católico que recuerde la connivencia entre el catolicismo y el régimen dictatorial". Por eso, desde su colectivo memorialista proponen eliminar la colosal cruz: "Es un insulto hacia la sociedad", sentencia en conversación telefónica con este diario.  

El camino judicial

Pero durante los últimos años la batalla también se ha librado en los tribunales. El pasado mes de julio el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz interpusieron una demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Supremo en la que solicitaban la anulación de los decretos de creación de la Basílica y de la Fundación de la Santa Cruz –"contradicen la letra y el espíritu de la Constitución y de la Ley de Memoria Histórica", recoge el texto–, exigían "un nuevo marco jurídico" para el Valle de los Caídos y la institución que lo dirige, pedían la reconversión en un espacio de memoria –de la misma manera que se hizo con Auschwitz en Alemania o la Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina– y solicitaban el traslado de los cuerpos de Franco y Primo de Rivera. 

"Actualmente nos encontramos a la espera de que se dicte sentencia", explica Ranz a este diario. El abogado sostiene que ellos no pretenden "derribar nada", sino "reconvertirlo en un museo". Durante el pasado año, el joven letrado se ha convertido en uno de los máximos defensores en los tribunales de la memoria histórica. Sin ir más lejos, el pasado mes de mayo saltó a los periódicos tras conseguir que el juzgado de primera instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial ordenase la exhumación de los hermanos Lapeña del Valle de los Caídos. Sólo exisye un antecedente: la recuperación en 1980 de los restos de 133 navarros.

Sin embargo, meses después de la sentencia, el equipo encabezado por el forense Francisco Etxeberria, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y propuesto por la familia para desarrollar la exhumación, todavía no ha podido comenzar el trabajo. "Patrimonio Nacional sigue sin darnos respuesta. En junio acudimos al Tribunal Supremo, que nos ha remitido a la Audiencia Nacional, donde nos hemos personado", sostiene Ranz.

Sin embargo, Etxeberria sí que ha podido hacer que se cumpla en Pamplona la decisión del Ayuntamiento de retirar los restos de los generales Emilio Mola y José Sanjurjo de la cripta del Monumento a los Caídos –el primero se exhumó el pasado 24 de octubre y el segundo esta misma semana–. Todo ello fue posible gracias al acuerdo del Consistorio, en manos de EH Bildu, con el arzobispado. El pasado jueves, el forense fue entrevistado en el programa Carne Cruda y, al ser preguntado por la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, dijo que lo veía "muy complicado".

Primer y último intento del Gobierno

La primera, y última, vez que un Ejecutivo puso sobre el tapete el delicado tema de la memoria histórica fue durante las dos legislaturas del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En los primeros cuatro años impulsó la Ley 52/2007, una norma que con la llegada del PP al Gobierno ha sido desmantelada con la retirada de las ayudas públicas. En la segunda etapa de su mandato, se puso el foco sobre la megalómana construcción que se alza sobre la Sierra de Guadarrama. Para esto último, configuró una Comisión de Expertos. Una decisión por la que el Ejecutivo socialista recibió sonadas críticas.

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El 28 de noviembre de 2011, ocho días después de las elecciones generales que dieron la mayoría absoluta al PP de Mariano Rajoy, el grupo de expertos, que se constituyó en mayo de ese mismo año, publicó un informe con las recomendaciones y conclusiones que extraían tras varios meses de trabajo. Así, en el documento se considera necesario resignificar el Valle de los Caídos –no abogaban por el cambio de nombre del conjunto monumental– y cumplir con las reclamaciones de los familiares de recuperar los restos de sus seres queridos allí enterrados –33.847, según las cifras que dio Patrimonio Nacional–. Aunque, en este último punto, alertaban de que el deterioro de las criptas y columbarios hace "prácticamente posible la identificación individualizada"–.

Pero esa resignificación, añadían, sólo es posible "si los enterramientos se reservan únicamente, como estaba previsto, para los restos de las víctimas y los muertos de la Guerra Civil". Por eso, el grupo de expertos recomendaba la retirada de la Basílica de los restos de Franco y Primo de Rivera y su traslado "al lugar que designe la familia o, en su caso, al lugar considerado digno y más adecuado". Sin embargo, en este sentido, la Comisión recalcaba la dificultad de cumplir con este punto si el Gobierno no llegaba a un acuerdo con la Iglesia, "que es a quien se ha confiado la custodia y que es quien dada la calificación legal de la Basílica como lugar de culto, debe dar la preceptiva autorización". 

Antes de que se conformase el grupo de expertos y se elaborase el informe oficial, Moncloa encargó a otros especialistas una primera toma de contacto. Estos propusieron, entre otras medidas, cerrar el Valle de los Caídos, ir sacando las cajas que contenían los restos de las víctimas y ver en qué medida se podían ir haciendo pruebas de ADN para su identificación. "Les pareció en su momento un poco atrevido y tuvieron un poco de prudencia", sostienen fuentes que participaron en ese primer proceso. Preguntadas por el informe oficial, consideran que fue "más atemperado, moderado y difícilmente aplicable". Lo definen como "un gesto" que se hizo durante los últimos compases de la legislatura "sabiendo que no tendría recorrido". "No hubo fuerza y voluntad política suficiente", concluyen en conversación con este diario.