El fiscal Anticorrupción se opuso a que la Guardia Civil buscara documentos de Inassa en la sede del Canal

Manuel Moix, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, se opuso a que la Guardia Civil registrara las dependencias del Canal de Isabel II donde se encuentran los documentos de Inassa, la filial que centra la investigación de la llamada Operación Lezo y cuya sede se localiza en Colombia. Así lo han confirmado a infoLibre fuentes fiscales aunque ni Moix ni su equipo han accedido a confirmar ni desmentir ese dato bajo el argumento de que las diligencias están bajo secreto de sumario.

El fiscal jefe anticorrupción intentó evitar que la Guardia Civil requisara papeles relativos a la compra de Inassa por parte del Canal en 2001, durante la etapa de Alberto Ruiz Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid. Los fiscales que investigan los supuestos delitos perpetrados a la sombra del Canal de Isabel II, Carmen García y Carlos Yáñez, mantuvieron su posición. Y pidieron la convocatoria de una junta a la que asistieron una veintena larga de fiscales de los que obtuvieron un respaldo mayoritario. Moix dio entonces vía libra al registro. Fuentes de la Fiscalía ajenas a Moix han enfatizado que la junta abordó el debate desde una perspectiva estrictamente jurídica y subrayaron como un dato positivo que el jefe de Anticorrupción modificase sus postulados tras esa reunión.

En el año 2000, los socios colombianos de Inassa, que hasta ese momento poseían el 49% de la compañía, compraron el 51% restante a Aguas de Barcelona. La operación les costó unos ocho millones de euros. Al año siguiente, vendieron al Canal el 75% de Inassa y se reservaron el 25% restante. En este caso, el precio fue de 80 millones de euros al cambio, y así consta en la respuesta que el Gobierno de Cifuentes dio hace meses a la parlamentaria socialista Mercedes Gallizo cuando preguntó por aquella operación. Los números indican que el negocio fue, por tanto, redondo para los socios locales de Inassa y muy caro para la empresa pública madrileña.

Inassa es la cabeza de puente del Canal de Isabel II para Latinoamérica. Hasta su destitución en 2016 por decisión del Gobierno de Cristina Cifuentes, Inassa tuvo como presidente a Edmundo Rodríguez Sobrino, uno de los principales implicados en la operación que este miércoles se saldó con la detención del expresidente de Madrid, Ignacio González.

La 'Operación Lezo' dispara el malestar entre los fiscales por el deterioro en Anticorrupción desde el nombramiento de Moix

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El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, intentó este martes que no se practicara uno de los registros en la operación contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que investiga las gestiones de la empresa pública Canal de Isabel II. Según ha confesado el propio Moix a la cadena Ser, que se hace eco de esta circunstancia, al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, le pareció "muy bien" la decisión, por lo que Moix ordenó a los fiscales del caso que no ejecutaran el operativo previsto y ya preparado con sus correspondientes efectivos policiales.

Los fiscales discreparon, explica la emisora, y apelaron al artículo 27 del Estatuto de la Fiscalía, por el cual se debe convocar la junta de fiscales Anticorrupción. Sus componentes votaron en contra de la postura de su jefe, y Moix acató la decisión del órgano. Fuentes jurídicas consultadas por la cadena aseguran que dicho artículo pocas veces se invoca y que la reunión estuvo marcada por la "tensión", a diferencia de las declaraciones del propio fiscal jefe, que asegura que se aplicaron los "mecanismos de disenso normales".

El verano pasado, la Guardia Civil grabó una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana que ahora aparece en el sumario de la operación hecha pública este miércoles. González se refiere al nombramiento de Moix como una buena noticia, ya que es una persona próxima al PP y asegura que les iría mejor si era el elegido, según fuentes conocedoras de la charla recogidas por la cadena Ser. En febrero pasado, el Fiscal General del Estado nombró a Moix pese a que la Unión Progresista de Fiscales le advirtió de que circulaba un rumor que le implicaba: un sumario abierto en la Audiencia Nacional incluía conversaciones grabadas que le señalaban por ejercer un supuesto trato de favor al PP.