Justicia se confunde en la comisión rogatoria a Panamá que busca confirmar la vinculación del ático con 'Gürtel'

Un nuevo error en la comisión rogatoria reclamada por la jueza Isabel Conejo a Panamá ha provocado un retraso que ya supera el año y que impide conocer, pese a que los hechos se denunciaron hace cinco años, si el dúplex de lujo que desde 2008 ocupan en Estepona el expresidente madrileño Ignacio González y su familia forma parte de la comisión de dos millones de euros que el político madrileño, en la cárcel desde el pasado 19 de abril, habría recibido presuntamente por su participación en la adjudicación a Martinsa de varias fincas del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), cuyo alcalde en el momento del concurso era el imputado en Gürtel Ginés López (PP).

Según el sumario de Gürtel, el presunto cabecilla, Francisco Correa, pudo haber recibido hasta 25 millones de euros en Suiza por su intermediación en el caso Arganda, considerado el mayor pelotazo de la trama. Las investigaciones policiales del comisario José Manuel Villarejo apuntan que uno de los imputados en el procedimiento acusó a González de recibir dos millones de euros.

Según ha informado a infoLibre un portavoz oficial del Ministerio de Rafael Catalá, la comisión rogatoria procedente del juzgado de Estepona y dirigida a las autoridades de Panamá, que trata de determinar si la empresa de EEUU con la que compró el testaferro mexicano Rudy Valner el ático de lujo, Coast Investors, está vinculada con el caso Gürtel, llegó del Juzgado al Ministerio de Justicia el 5 de mayo de 2016. Y el departamento dirigido por Catalá remitió la petición al Ministerio de Gobierno de Panamá 25 días después.

Once meses después

Y once meses después, el 15 de marzo de 2017, el Ministerio de Justicia recibió un escrito de las autoridades panameñas que ponía de manifiesto que la institución designada por el país centroamericano para recibir las comisiones rogatorias no es el Ministerio de Gobierno, sino la Procuraduría (Fiscalía) General de la Nación. Tras este nuevo revés en el auxilio judicial reclamado a Panamá, el Ministerio de Justicia volvió a remitir el 22 de marzo la solicitud a la Procuraduría panameña, sin que por el momento España haya recibido contestación alguna.

La pareja formada por el jefe del Goberno regional y su mujer mantuvo arrendado el lujoso piso entre junio de 2008 y diciembre de 2012, cuando lo adquirieron de Coast Investors Llc por 770.000 euros. Y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció los hechos en octubre de 2012. Y en la misma querella el sindicato policial reclamó a la jueza de Estepona que solicitara a las autoridades panameñas información sobre la empresa que adquirió el ático de lujo en 2008.

 

El ministro de Justicia Rafael Catalá en un partido de la Champions junto a Enrique Cerezo.

El Ministerio de Justicia español, con Alberto Ruiz-Gallardón a la cabeza, tramitó la reclamación. Sin embargo, Panamá se negó a colaborar con las autoridades españolas. Según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre, la secretaria general de la Procuradoría, Martha I. Gómez Solís, firmó su negativa a colaborar con España.

La Fiscalía panameña argumentó su negativa al considerar que en su legislación contra los delitos contra la Hacienda Pública "no se encuentran tipificados como delito, y por ende constituyen una conducta atípica dentro de la jurisdicción penal de la República de Panamá". Sin embargo, la jueza Isabel Conejo incluyó en su última petición de información a Panamá el delito de cohecho, por lo que las autoridades del país centroamericano ya no tenían ninguna razón para no colaborar con España.

El Banco Popular

Hace dos semanas la policía confirmó a la jueza que investiga el caso que la Justicia española no va a poder entregar al Reino Unido la información que piden las autoridades británicas para investigar el pago de la comunidad de propietarios del inmueble. El motivo es que el Banco Popular –la entidad que recibía estos pagos– asegura no disponer de los datos que requiere Reino Unido para reunir la información que la jueza solicitó a través de una comisión rogatoria en 2015. Los datos que les faltan a las autoridades británicas son el número de la cuenta bancaria que emitía las transferencias, el IBAN y el número de sucursal de la misma.

Pero estos dos errores no son los únicos detectados en el caso del ático. El primer problema se produjo en marzo de 2013, cuando la Justicia española reclamó por primera vez a las autoridades del Reino Unido su colaboración para determinar el destino del dinero del supuesto alquiler del dúplex.

La rogatoria a Londres se solicitó de forma claramente errónea, ya que se pidió vía Interpol, cuando estas reclamaciones siempre se hacen entre los Gobiernos de los países involucrados, y en concreto entre los Ministerios de Justicia. 

Gracias a las conversaciones grabadas en el seno del caso Lezo se conoce que el ministro Rafael Catalá envió el 3 de noviembre un mensaje al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González con el siguiente contenido: "Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos".

 

El presunto testaferro Rudy Valner (con gafas y los ojos cerrados) en la final de la Champions en presencia de Ignacio Aguado de Ciudadanos (en primer plano a la derecha).

Una inspectora de Hacienda afirma que Correa no presentaba la declaración de la Renta desde 1999

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Un día antes del mensaje, el 2 de noviembre de 2016, el letrado de Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, presentaron un escrito en el Juzgado de Estepona en el que reclamaban a la jueza el sobreseimiento libre de la causa, "a falta del resultado de las comisiones rogatorias a Estados Unidos y Panamá".

En las conversaciones también aparecen los presuntos vínculos de Catalá con Enrique Cerezo. El presidente del Atlético de Madrid llega incluso a arrogarse la intención del PP de eliminar la acusación popular. Incluso en una conversación entre Cerezo y González ambos hablan de que los cambios perjudicarían a la independencia de la jueza y del fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero. 

El 17 de marzo de 2015 el ministro Catalá, seguidor del Atlético de Madrid, fue fotografiado en el palco del Vicente Calderón junto al presidente del club madrileño, Enrique Cerezo, en un partido de la Champions League contra el Bayern Leverkusen. Cerezo todavía no había sido imputado en el caso del ático, aunque las investigaciones ya apuntaban a que el comprador del dúplex de lujo, Rudy Valner, un testaferro profesional, era empleado de Cerezo en la sociedad Vídeo Mercury, con vínculos con Telemadrid.