Reunión del pacto antiyihadista: primer examen para comprobar si los partidos renuncian a politizar los atentados

Este lunes, cuatro días después de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils (Tarragona), se reunirá en Madrid la comisión de seguimiento del pacto antiyihadista por quinta vez desde que fue suscrito por el PP y el PSOE en febrero de 2015. Al encuentro acudirán, además de los dos grandes partidos, Ciudadanos, Foro Asturias, el PAR y UPN como firmantes del acuerdo, y también lo harán representantes de Podemos, en calidad de observador. Asimismo, PNV, ERC y PDeCAT se sumarán por primera vez a la mesa, aunque sin suscribir un acuerdo que, en buena parte, ya se ha aplicado en medidas como la modificación del Código Penal para implantar la prisión permanente revisable.

La reunión de este lunes estará presidida por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y tiene como primer objetivo informar a los principales partidos políticos sobre los últimos datos relativos a los atentados de hace unos días. Por el momento, las fuerzas políticas no han mostrado muchas discrepancias al respecto, y la polémica más relevante ha sido la que tuvo como protagonista al propio Zoido, que debió ser corregido por los Mososs d'Esquadra cuando aseguró que la célula yihadista autora del atentado está ya desmantelada. Las conclusiones que ofrezcan los partidos tras el encuentro serán claves para averiguar si este clima se mantendrá o comienza a haber discrepancias de calado con respecto a las medidas antiterroristas.

Pese a que no se ha hecho público un orden del día concreto, fuerzas como Unidos Podemos han anunciado que pretenden abrir la discusión sobre cómo combatir las vías de financiación del Estado Islámico y plantear la necesidad de aumentar el control de las vías de radicalización de los terroristas, mientras ERC ha anunciado que pedirá "que el cuerpo de los Mossos d'Esquadra tenga acceso a toda la red internacional de información de la policía". Ambas fuerzas acudirán como observadoras a una reunión que será la quinta desde que se constituyó el pacto: las cuatro anteriores tuvieron lugar en noviembre de 2015 (tras los atentados de París y Saint-Denis), diciembre del mismo año (después del atentado a la embajada de España en Kabul), marzo de 2016 (tras los atentados de Bruselas) y julio de ese año (días después del atentado de Niza).

La gran novedad de la reunión del pacto es la presencia de los partidos nacionalistas catalanes y del PNV –EH Bildu ha rechazado sumarse– en una mesa a la que nunca habían accedido a sentarse. ERC sostiene que su presencia es "puntual" y viene causada por "la situación excepcional" generada por los atentados, mientras que los nacionalistas vascos aseguran haberse decidido por acudir tras "mantener contactos" con ERC y PDeCAT y señalan que "también ha pesado en este gesto el hecho de que la Ertzaintza ya disfruta de acceso a datos e información antiterrorista", una concesión que arrancó el PNV al Gobierno en la negociación de los últimos presupuestos.

No obstante, el PNV ya ha criticado en otras ocasiones que las reuniones del acuerdo sólo sirven para "sacarse unas cuantas fotos", y lo cierto es que las reuniones de seguimiento del pacto tienen un carácter más informativo y de debate que decisorio, dado que no ha salido ninguna decisión de calado de ellas. Las medidas concretas que incluía el acuerdo en el momento de su firma, que fundamentalmente pasaban por modificaciones legislativas, han sido ya aplicadas, pese a la reticencia del PSOE a algunas de ellas, como la prisión permanente revisable.

El endurecimiento del Código Penal

El pacto fue suscrito en febrero de 2015 únicamente entre los socialistas y el PP, días después del atentado contra la revista satírica Charlie Hebdó en París. El acuerdo se compone de ocho puntos para los que no existía fecha de aplicación: tres de ellos planteaban modificaciones normativas para luchar contra el terrorismo que ya se han puesto en marcha, mientras que los otros cinco señalaban la necesidad de "mantener vigente el recuerdo a las víctimas del terrorismo", "garantizar los recursos humanos y materiales necesarios" para combatirlo o iniciar programas contra la "radicalización violenta, incluidas las expresiones de racismo, xenofobia o discriminación".

La traducción legislativa del pacto se produjo menos de dos meses después de su firma, cuando las Cortes aprobaron un paquete de medidas rechazadas por todos los grupos menos por los dos mayoritarios. Eran fundamentalmente tres las medidas recogidas en el pacto que se pusieron en práctica: la modificación del Código Penal para redefinir el delito de terrorismo y enfrentar sus "nuevas amenazas", la aplicación a las acciones terroristas que causaran muertos de la "máxima pena privativa de libertad" recogida en el Código Penal y el impulso de nuevas leyes que mejoraran la capacidad de investigación del yihadismo por parte de la justicia y la policía.

En este sentido, en marzo de 2015 el Congreso modificó el Código Penal para tipificar como delitos la captación y el adiestramiento de terroristas a través de herramientas como las redes sociales, así como el mero acceso a páginas web o foros yihadistas de manera habitual con la finalidad de colaborar con grupos terroristas o recibir adoctrinamiento. De igual forma, se penalizó el desplazamiento a zonas de conflicto con la intención de combatir, y se contempla expresamente la posibilidad de que los terroristas actúen sólos para hacer frente al fenómeno de los lobos solitarios.

No obstante, la modificación legislativa más polémica fue la que introducía la prisión permanente revisable, un extremo que, para los partidos que entonces se opusieron a la norma, suponía la reimplantación de la cadena perpetua. Esta última medida fue incluida en la modificación del Código Penal aún con el rechazo explícito del PSOE, cuyo líder, Pedro Sánchez, prometió derogar la prisión permanente revisable en cuanto tuviera mayoría para hacerlo. En el pacto antiyihadista, el PSOE únicamente pudo conseguir a este respecto que el texto incluyera una cláusula en la que se establece que el acuerdo "no se verá afectado por los posibles cambios en el sistema de penas que puedan producirse en el futuro en función de las posiciones mantenidas por las partes".

Además, a expensas del pacto antiyihadista se introdujeron varias modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), una reforma que ya preparaba el Gobierno en el momento de firmar el acuerdo y que se aprobó en octubre de 2015. En el pacto se planteaba la necesidad de "reforzar el marco jurídico que permita a jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ser más eficaces en la investigación criminal de los delitos de terrorismo", y eso se tradujo en una modificación de la Lecrim por la cual los jueces tienen ahora la capacidad de ordenar la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas de un sospechoso o de inspeccionar sus dispositivos electrónicos sin su consentimiento.

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Tanto Pedro Sánchez como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, justificaron la firma del pacto antiyihadista en la necesidad de contar con instrumentos para garantizar la seguridad. "Consensos como el que ahora forjamos contribuyen a hacer de España un país más seguro y una sociedad más libre", aseguró entonces Rajoy, mientras Sánchez calificó el acuerdo de "imprescindible" y sostuvo que "concede más eficacia a la lucha contra el terrorismo sin limitar la libertad de los españoles".

Pero quienes lo criticaron en su día y aún no lo han suscrito –fundamentalmente, los nacionalistas vascos y catalanes y Unidos Podemos– no están de acuerdo con ese último extremo, y así lo han expresado cada vez que las fuerzas firmantes del pacto les han invitado a unirse al mismo. "Supone renunciar a elementos garantistas del derecho penal español, como si eso fuera a servir para que un desalmado no se coloque un cinturón de explosivos", criticaba en noviembre de 2015 el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Las críticas del PNV van en la misma dirección, ya que los nacionalistas vascos denuncian "la consagración de la cadena perpetua, encubierta bajo el eufemismo de 'prisión permanente revisable". Por su parte, ERC denunció durante la aprobación del texto en febrero de 2015 que el pacto "apunta a los independentistas vascos, catalanes y gallegos"; el portavoz republicano en el Congreso, Joan Tardá, criticó además lo "ambiguo" de la modificación de algunos artículos del Código Penal, como los relativos al enaltecimiento del terrorismo, y sostuvo que "hay que castigar la incitación a la violencia, pero no puede ser considerado como terrorismo".