El Gobierno y la Generalitat tratan de imponer fuera de España su relato sobre Cataluña

El pulso entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, el primero exigiendo la vuelta de la Generalitat a la legalidad y el segundo pidiendo al Gobierno una negociación a partir de los resultados del referéndum del 1 de octubre, tiene como telón de fondo la disputa por imponer fuera de las fronteras españolas el relato de lo que está pasando en Cataluña. Es en el terreno internacional, en la opinión que los gobiernos extranjeros y las instituciones transnacionales acaben formándose sobre del conflicto, donde se está jugando buena parte de la batalla política entre los partidos que defienden la aplicación de la Constitución y las formaciones catalanas que promueven la independencia.

De hecho, el Gobierno cree que la respuesta que este lunes envió el president a Rajoy tiene como destinarnos a los líderes y a la opinión pública internacional en vez de a los ciudadanos españoles y catalanes. “Cuando uno lee la carta", explicó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en su breve comparecencia desde La Moncloa, “da la impresión de que el señor Puigdemont se la dirige mucho más a los de afuera que las propios ciudadanos de Cataluña”. Parece, abundó, “que esté escrita más para ver si convence a alguien fuera” y “eso dice mucho de lo que está en la mente del señor Puigdemont y de sus asesores”.

Aunque la vicepresidenta parece también tener claro cómo combatir los mensajes de Pugidemont. “Mal puede convencer a los ciudadanos del resto del mundo si no les puede explicar porqué no va ni tan siquiera al Congreso de los Diputados a explicar qué es lo que quiere”. subrayó.

Efectivamente, el president salpicó su respuesta al requerimiento de Rajoy con numerosas referencias internacionales, algo que ya había hecho en su comparecencia ante el Parlament del pasado 10 de octubre, cuando asumió "el mandato" de los ciudadanos de proclamar la independencia, para inmediatamente después, suspender esa decisión. Europa espera “respuestas y soluciones políticas que estén a la altura” de este conflicto, argumentó Puigdemont en la carta, porque el continente “no entiende otra forma de resolver los conflictos que no pase por el diálogo, la negociación y el acuerdo”.

El president reitera su “oferta sincera de diálogo”, vuelve a subrayar que la traslada “atendiendo a la petición de numerosas personalidades e instituciones internaciones, españolas y catalanas”, y alude a “los más prestigiosos organismos internacionales” para apoyar su denuncia de la “violenta actuación policial” del 1 de octubre.

La propuesta del Govern sigue pasando por internacionalizar la solución del conflicto. “Durante los próximos dos meses, nuestro principal objetivo es emplazar [a Mariano Rajoy] a dialogar y que todas aquellas instituciones y personalidades internacionales, españolas y catalanas que han expresado su voluntad” de mediar en el conflicto “tengan la oportunidad de explorarlo”. Una mediación destinada a comprobar, añade, “el compromiso, de cada una de las partes en hallar una solución acordada”.

Un escenario que Mariano Rajoy, en su replica epistolar, ni siquiera considera. “Tanto las instituciones comunitarias como los gobiernos de los distintos Estados miembros han expresado con rotundidad su posición contraria a la independencia y a la ruptura del principio de legalidad”, subraya el presidente español.

La lectura que el resto del mundo haga acerca de quién ha hecho imposible el diálogo será clave en los próximos días. Por eso Sáenz de Santamaría se mostró una vez más a favor del diálogo, pero dentro de la legalidad y en el seno del Congreso de los Diputados. Y Rajoy, en su respuesta, recordó a Puigdemont que ese marco, el de la Cámara baja, “es el mejor y el más eficaz para el diálogo que usted reclama”, hasta el punto de asegurar que “en él pueden abordarse las demandas que usted ha venido planteando”.

De la importancia que tanto el Gobierno español como el Govern catalán conceden a la disputa por la opinión pública internacional da idea la frecuencia con la que ambos llevan a cabo contactos más o menos discretos con los corresponsales y los enviados especiales de los medios internacionales, muchos de los cuales han empezado a tomar partido en el conflicto y ya presionan a sus gobiernos, sobre todo después de que las imágenes de las cargas policiales del 1 de octubre diesen la vuelta al mundo.

La respuesta de Bélgica

El independentismo catalán, muy atento a cualquier gesto procedente del extranjero, destacaba en las últimas horas las palabras del primer ministro belga, Charles Michel, recogidas este domingo por el diario Le Soir, en las que realizó un nuevo llamamiento al diálogo para resolver el problema y, en caso de que no llegue a buen puerto, volvió a defender una mediación internacional.

Para Michel, la situación catalana “pone a Europa a prueba” porque se trata de “una crisis institucional y política que implica preguntas fundamentales, como la expresión mediante los votos, las opiniones” e incluso sobre “el uso de la fuerza”, informa Europa Press.

El primer ministro belga cree que el diálogo tiene que realizarse exclusivamente entre los gobiernos de España y Cataluña y que sólo si este fracasa tiene sentido plantear una mediación “internacional o europea”. En cuanto a la pregunta de si reconocería a una Cataluña independiente, Michel fue tajante: “Hay cero posibilidades de que responda a una cuestión que no se ha planteado. No voy a hacer las cosas más complicadas”.

Michel reveló en la misma entrevista que la cuestión de Cataluña será una de las que se traten en el Consejo de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se celebrará el jueves y el viernes, en el que también se abordará el método y el calendario para "reavivar" el proyecto europeo.

El primer ministro belga fue el primer dirigente internacional que condenó expresamente la actuación policial durante el referéndum de independencia del 1 de octubre.

De ese combate por el relato forma parte también un cambio sustancial en el uso de las palabras puesto en práctica este lunes, de forma simultánea, por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y por Óscar Puente, el portavoz del PSOE. Ambos han dejado de hablar de la inminente invocación del artículo 155 de la Constitución en términos de “suspensión” del autogobierno para referirse a este instrumento legal como un mecanismo para “restaurar la legalidad de la autonomía”.