Segregación escolar por lengua o sistema bilingüe: dos alternativas con riesgos a la inmersión catalana

El sistema de inmersión lingüística en Cataluña ha vuelto a la trinchera política tras el anuncio del Gobierno central de que aplicará el artículo 155 para "garantizar" la posibilidad de estudiar en castellano en los centros educativos de esa comunidad autónoma. Además, el PP abrió la puerta a la creación de una doble red educativa al proponer que en cada municipio o zona de escolarización hubiera al menos un colegio y un instituto público o concertado en el que la docencia se impartiera también en español. 

Actualmente, en el 86% de las escuelas públicas y concertadas el catalán es la única lengua vehicular y se reserva al castellano la asignatura de lengua y literatura española. Sólo en el 14% de esos centros educativos –490 de los 3.503 existentes, según datos de la Generalitat– se imparte alguna materia más en español aunque la lengua principal es el catalán, tal y como avalan tanto la normativa autonómica, como varias sentencias judiciales. 

La inmersión lingüística cuenta con el respaldo de la mayoría de fuerzas políticas con representación parlamentaria: Junts per Catalunya, ERC, PSC, Catalunya En Comú-Podem y la CUP. Se muestran críticos Ciudadanos, que fue el partido más votado en las últimas autonómicas con el 25% de los apoyos, y el PP. El modelo, vigente desde principios de los noventa, tampoco ha sido cuestionado por los sucesivos Gobiernos socialistas y conservadores, que a menudo han necesitado del apoyo de sus máximos defensores (nacionalistas vascos y catalanes) para aprobar investiduras e importantes proyectos normativos. 

De hecho, a pesar de la mayoría absoluta que obtuvo en 2011 y que le permitió aprobar en solitario la reforma educativa de 2013, el PP no cuestionó en esa ley la inmersión lingüística. En realidad la avaló, al permitirla siempre que la Generalitat pagara la escolarización en centros privados a los alumnos que solicitaran estudiar en castellano. Precisamente ese mecanismo fue declarado ilegal este martes por el Tribunal Constitucional al entender que invade las competencias autonómicas. El fallo supone la eliminación del único recurso legal que tenían las familias, al margen de la vía judicial, para exigir una oferta docente con más horas de castellano con fondos públicos. 

En todo caso, las cifras evidencian que la demanda de más horas de castellano no es mayoritaria. Desde la entrada en vigor de la LOMCE sólo se han registrado 154 solicitudes para estudiar con el castellano como lengua vehicular en centros privados, de las que se aceptaron alrededor de medio centenar, según datos de la Generalitat. Además, desde 2010 se han presentado ante la Alta Inspección Educativa de Cataluña un total de 258 denuncias de familias que reclamaban más horas de español en los centros educativos, tal y como desveló infoLibre. El número de alumnos matriculados en centros públicos y concertados supera el millón.

Doble red

Sí es cierto que, en los últimos meses, la reciente crisis institucional motivada por el procés independentista ha dado altavoz a la parte de la población que reclama un sistema más equilibrado. Y también es verdad que el modelo catalán supone una "rareza" en el entorno bilingüe europeo, según explica la lingüista Mercè Vilarrubias. Sólo en Groenlandia, que es parte de Dinamarca pero sólo se enseña en groenlandés, y en las regiones belgas de Flandes (flamenco) y Valonia (francés) existen sistemas similares. 

Ante casuísticas similares, el modelo mayoritario en Europa es una doble red en la que las familias eligen en qué lengua de las oficiales quieren educar a sus hijos. Así ocurre en Finlandia (finlandés-sueco), Eslovaquia (eslovaco-húngaro), Irlanda (irlandés-inglés), Gales (galés-inglés) o la ciudad de Bruselas (flamenco-francés). También en el País Vasco, donde hay un sistema basado en tres líneas: una en la que predomina el castellano (A), otra bilingüe (B) y otra principalmente en euskera (D), que es la elegida por la mayoría. Según los últimos datos oficiales el 63% de los alumnos vascos siguen el modelo D, el 19% el A y el 18% el B. 

En Cataluña, la cuestión de la separación de los alumnos en función de la lengua ya estuvo muy presente en la redacción de la Ley de Normalización Lingüística, de 1983, que estableció que la lengua catalana debía ser usada "progresivamente" en los centros educativos; y de sus desarrollos normativos, que apuntaron hacia una generalización de la docencia en catalán. Se impusieron entonces las tesis de los partidos de izquierda, que entendían que una de las claves de la cohesión social era la creación de una única red escolar con el catalán como lengua vehicular, pues en un primer momento Convergència apostó por establecer dos líneas paralelas, una en español y otra en catalán.

A la segregación se oponen todos los partidos que defienden la inmersión lingüística, los sindicatos CCOO y USTEC STEs y la Fapac, la federación que agrupa al 76% de las asociaciones de padres de alumnos catalanes. También Ciudadanos calificó de "chapuza" la propuesta del PP, aunque en el Parlament había votado a favor de una propuesta que contenía esta medida cuando se tramitó en marzo del año pasado. Su portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, dijo este martes que esos centros se convertirían en "un gueto para los raritos que quieren que se les enseñe en español". La formación naranja defiende un modelo que avance hacia el trilingüismo, con más peso de una tercera lengua extranjera, además del catalán y el castellano. 

Manel Pulido, profesor de Secundaria y secretario general de la federación de Educación de CCOO en Cataluña, explica que su organización está en contra de cualquier tipo de segregación del alumnado, también por motivos lingüísticos. A su juicio, la propuesta denota la falta de experiencia de gestión del PP de Cataluña, pues cree que su puesta en marcha entrañaría un gran conflicto organizativo.

"Cualquier propuesta que venga a acabar con un modelo consensuado que ha estado en vigor durante más de 30 años está contraindicado desde el punto de vista de la cohesión social", señala Miquel Strubell, que fue jefe de los servicios de normalización de la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat de Calaluña. Señala que el sistema actual ya ofrece cierta "flexibilidad", pues la ley educativa catalana prevé que cada centro pueda elegir su proyecto lingüístico a partir de la realidad sociolingüística del entorno. No obstante, sólo en el 14% de centros educativos sostenidos con fondos públicos se imparten al menos dos materias en castellano.

Vilarrubias, que procede del entorno del PSC y que ahora forma parte de la entidad antisoberanista Societat Civil Catalana, no cree que haya que demonizar el modelo de doble red escolar, aunque no considera que sea lo óptimo para Cataluña. "La existencia de dos vías no llevaría a la creación de dos comunidades como dicen algunos, pero sí lanzaría un mensaje de separación que no es apropiado. No queremos nada que pueda pensarse como una fractura", subraya.

Bilingüismo  

Entre la inmersión y la segregación emerge la posibilidad de abrir la puerta al bilingüismo. Es lo que proponen entidades como Societat Civil Catalana o la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que apuestan por introducir alguna materia más en castellano para que los alumnos terminen sus estudios con un dominio del registro formal de ambas lenguas. En este sentido, Vilarrubias recuerda la existencia de sentencias tanto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como del Supremo que han instado a la Generalitat a "adoptar cuantas medidas sean necesarias" para garantizar un 25% del horario lectivo en español, incluyendo otra asignatura troncal además del castellano. 

Un sistema bilingüe, aunque en este caso al 50%, es el que está vigente en Galicia desde que el actual Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP) acabara con la discriminación positiva para el gallego que había puesto en marcha el Ejecutivo de coalición PSOE-BNG (2005-2009) en cumplimiento con el Plan de Normalización Lingüística aprobado en 2004, cuando Manuel Fraga todavía era presidente de la Xunta.

A falta de determinar la influencia exacta del cambio de modelo, lo cierto es que el idioma propio de Galicia no pasa por un gran momento. Los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), correspondientes a 2013, revelaron que el porcentaje de niños que nunca habla en la lengua cooficial había pasado del 29,59% al 47,09% en un lustro. También el Consejo de Europa ha reprobado de manera reciente la pérdida de peso del gallego en la enseñanza por infringir los principios de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias.

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El exalto cargo de la Generalitat en cuestiones lingüísticas Miquel Strubell recuerda el caso de Estonia, donde los centros educativos fueron incluyendo de forma progresiva el estonio al constatar que con sólo una asignatura en esa lengua y el resto en ruso –que es la lengua mayoritaria– los alumnos no alcanzaban la competencia deseada de la lengua minorizada. A su juicio, cualquier decisión de este tipo debería basarse en criterios pedagógicos. Respecto al porcentaje del 25% fijado por los tribunales, Strubell insiste en que la competencia en materia legislativa la tienen los parlamentos, no los jueces. 

Pulido, de CCOO, señala que cualquier modificación, de hacerse, tendría que tener una base científica y no política y no realizarse, bajo ningún concepto, en una situación de tensión como la actual y bajo el paraguas del 155. Pero el problema es que la ausencia de estudios cuantitativos sobre la competencia alcanzada en cada lengua dificulta hacer un diagnóstico, tal y como reconoce la lingüista Mercè Vilarrubias. "En selectividad los exámenes son distintos en las diferentes comunidades, en los informes de PISA la prueba de lengua se hace en catalán y, por tanto, no mide la comprensión lectora en castellano...", explica.

Sí existen algunos estudios sobre cuestiones relacionadas. Por ejemplo, están los análisis que la asociación antinacionalista Convivencia Cívica Catalana viene realizando sobre los informes de competencias en alumnos de 15 años que realiza la OCDE. El más reciente, que analiza los resultados en Cataluña del último informe PISA publicado, de 2015, concluye que mientras el porcentaje de alumnos catalanohablantes que no superan el nivel mínimo de competencias es del 8,8%, entre los castellanohablantes este porcentaje se eleva al 18,9%, diez puntos por encima. En informes anteriores, la Fundación Jaume Bofill también ha sostenido que el fracaso escolar es mayor entre los castellanohablantes, aunque lo ha atribuido a su nivel socioeconómico, que suele ser inferior.