Profesionales y usuarios piden que la mejora de la economía se traslade a sanidad y educación

El Gobierno anunció este martes que su previsión es que el PIB crezca este año alrededor de un 2,7%, un porcentaje que supone un aumento de cuatro décimas respecto a los pronósticos del pasado octubre, cuando el Ejecutivo empeoró sus cálculos como consecuencia de la inestabilidad en Cataluña. Con el respaldo de esa mejora en las proyecciones económicas, el Gobierno ha armado un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 que, entre otras medidas, incluye una mejora de las pensiones mínimas y no contributivas, una rebaja del IRPF para las rentas más bajas y una subida de salario para los funcionarios, especialmente, para policías nacionales y guardias civiles. 

El favorable entorno macroeconómico ha servido al Gobierno para tirar chequera y aprobar medidas que pueden satisfacer a grupos de población muy relevantes para el PP ante la oleada de citas electorales de 2019, cuando coinciden comicios autonómicos, municipales y europeos. Cosa diferente será ver si esta mejora de la economía también servirá para empezar a reparar las grietas que los años de recortes e incertidumbre han dejado sobre los pilares del Estado del bienestar. 

No deja demasiado espacio al optimismo el Plan Presupuestario que el Gobierno envió a Bruselas en octubre y en el que informó a la Comisión Europea –que seguirá sometiendo a España a su proceso correctivo del déficit hasta 2019– de las principales líneas de su política económica durante 2018. En ese documento, el Ejecutivo dejó bien claro que su previsión era que la inversión en educación y sanidad del conjunto de las administraciones públicas siguiera perdiendo peso en porcentaje de PIB durante el actual ejercicio. Por tanto, el dinero dedicado a estas políticas, aunque pueda incrementarse en términos absolutos, cada vez representará menos en la riqueza de España. La inmensa mayoría del gasto lo realizan las comunidades autónomas, ya que son competencias transferidas. Pero también es cierto que las normas sobre estabilidad presupuestaria impuestas por el Gobierno central constriñen la capacidad de gasto de los Gobiernos autonómicos.

Lo cierto es que las partidas del gasto social no han dejado de caer durante toda la crisis y continúan a la baja con la recuperación económica, empujadas por las exigencias del objetivo de déficit de Bruselas. El gasto público en sanidad se ha recortado un punto desde 2009, cuando alcanzó su máximo respecto al PIB, un 6,8%, según las cifras de Eurostat, la oficina estadística de la UE. Para 2018 el Gobierno lo fija en el 5,8% del PIB, dos décimas por debajo del porcentaje del año pasado (6%). En educación también se ha reducido, en este caso ocho décimas: del 5% de 2009 al 4,2% de 2016 (últimos datos disponibles). Además, el Gobierno prevé que caiga al 3,8% en 2018. 

Los recortes sanitarios

Esta "disonancia" entre las optimistas cifras de crecimiento del conjunto de la economía y la pérdida de peso de la inversión global en sanidad y educación respecto al conjunto de la riqueza preocupa a profesionales y usuarios de ambos servicios. El doctor Francisco Miralles, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), cree que tras apretarse el cinturón "cuando tocaba" ya es momento de que la mejora de la economía tenga repercusión sobre el sistema sanitario público.

"El Gobierno asegura que las comunidades autónomas –que realizan alrededor del 90% del gasto público en sanidad– tendrán más dinero para invertir en sanidad, pero no nos salen las cuentas con sus propios números. Creemos que deberían darnos información de verdad", señala Miralles. Las organizaciones sindicales agrupadas en la CESM creen "insuficientes" las partidas presupuestarias que reciben las comunidades autónomas para financiar los respectivos sistemas de salud, precisamente en un contexto de creciente demanda de cuidados por, entre otras razones, el progresivo envejecimiento de la población.

Lo cierto es que la recuperación sigue sin llegar a los presupuestos sanitarios de todas las comunidades autónomas. El último informe Recursos Económicos del Sistema Nacional de Salud, publicado recientemente por el Ministerio de Sanidad, acredita que 11 de las 17 autonomías no han recuperado la inversión sanitaria de antes de la crisis. Es decir, que los fondos consignados a esta partida en sus presupuestos para 2017 continúan siendo inferiores a los asignados en 2010, cuando las cuentas de la sanidad pública española alcanzaron, de media, sus cotas más altas. Murcia, Cataluña y Castilla-La Mancha son las comunidades que más han recortado desde 2010.

Miralles señala que esta falta de financiación se hace visible en cuestiones como la presión asistencial, la falta de tecnología o el aumento de las listas de espera. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad los ciudadanos residentes en España tienen que aguardar, de media, 104 días para operarse en la sanidad pública, 21 días más que un año antes. Además, 1,9 millones de pacientes esperan por una primera visita, con oftalmología y traumatología como las especialidades con más atasco.

Marciano Sánchez Bayle, médico jubilado y portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), cree que con estas previsiones el Ejecutivo manda a toda la ciudadanía el mensaje de que la sanidad pública va a seguir "deteriorándose". "El objetivo es favorecer la provisión y el aseguramiento privado, que es muy equitativo", añade. Sánchez Bayle contrapone estas proyecciones a acuerdos como al que llegó el Gobierno con Farmaindustria, la patronal que agrupa a 167 laboratorios farmacéuticos, en 2015 y que fue prorrogado el pasado diciembre y que prevé que el gasto en medicamentos crezca en España al mismo ritmo que el PIB. Si la factura farmacéutica aumenta más que el conjunto de la riqueza, los laboratorios se comprometen a financiar programas que puedan ahorrar dinero al sistema. 

Educación 

España es el cuarto país de la UE que más ha recortado en educación desde el inicio de la crisis solo por detrás de Grecia, Chipre y Portugal. En números absolutos son 2.113 millones de euros menos (de 49.692 a 47.579, entre 2009 y 2016). Esta cifra evidencia que aunque los presupuestos autonómicos hayan empezado a subir en los últimos años, estos aumentos no han sido suficientes para mitigar los recortes de los primeros años de la crisis. Además, en el Plan Presupuestario el Gobierno asume un gasto prácticamente constante en un contexto de crecimiento del PIB y de los precios lo que, según los expertos, dejará a España a la cola de la UE en los principales indicadores educativos. 

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Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, señala que retrotraer la inversión en educación al 3,8% del PIB como prevé del Gobierno hará que, en términos relativos, se asemeje a la existente en 1987. "Con esta previsión el Gobierno confirma que la educación no va salir de la crisis e intenta hacernos ver que hay esperanza en revertir los recortes en becas, en las políticas de atención a la diversidad que son tan necesarias para atender a los alumnos que tienen más dificultades por su extracción sociocultural o sus circunstancias personales...", señala. 

"El hecho de que el crecimiento no se traslade a las personas, a la educación, que es un pilar básico del Estado del bienestar, manda el mensaje de que la recomposición de la economía se va a hacer a costa de los derechos sociales de los más débiles. Pero nos tendrán enfrente con movilizaciones en las que vamos a exigir todo lo perdido", asegura García. En estas protestas también estará la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa), mayoritaria en la escuela pública, cuya portavoz, Leticia Cardenal, afea al Gobierno los recortes y, especialmente, el "abandono" al que ha sometido a la escuela pública. 

Cardenal recuerda que la enseñanza concertada ha sufrido de manera menos pronunciada los estragos de la crisis, pues aunque sus fondos se redujeron durante los años centrales de la recesión, lo hicieron a un ritmo menor que el total del gasto educativo público. Y cuando se empezaron a revertir los recortes, la inversión en estos centros también se recuperó mejor. Explica que, en este contexto, se ha incrementado el gasto de las familias, lo que ha tenido efectos negativos sobre la igualdad de oportunidades, pues las peor posicionadas económica y socialmente han podido dedicar menos recursos al refuerzo de la educación de sus hijos.