Cs camufló pagos a su tesorero durante la precampaña de 2015 a través de su empresa de maquinaria textil

El tesorero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, recibió pagos del partido durante la precampaña de las elecciones generales de 2015 a través de una sociedad limitada que llevaba 15 años dedicándose a la fabricación y comercialización de máquinas para el sector textil, según documentos a los que ha tenido acceso infoLibre. El propio Cuadrado, a preguntas de este periódico, admite que su empresa facturó “durante cinco meses” de 2015 a Ciudadanos, pero insiste en que esos pagos se hicieron de forma “legal”.

Carlos Cuadrado, persona de la máxima confianza de Albert Rivera, es el secretario de Finanzas de Ciudadanos desde la fundación del partido en 2006.

La empresa de Carlos Cuadrado se llama Damei Europe Square Group SL, tiene su sede en Mataró y fue fundada en octubre del año 2000. En las últimas cuentas presentadas ante el Registro Mercantil, correspondientes a 2016, declaró un importe neto de su cifra de negocios de 1.629.208 euros. En sus inicios se dedicaba a “la confección, representación, importación y comercialización de máquinas de coser, bordar, hacer punto y tricotar”, y en 2011 amplió su objeto social para incluir “la fabricación, comercialización y exportación de máquinas, equipos y sistemas de corte y grabación por láser en cualquier tipo de material, controladas por ordenador y software informático específico”.

El 30 de julio de 2015, Carlos Cuadrado registró ante notario una nueva ampliación del objeto social de Damei Europe, esta vez para prestar “servicios de consultoría y asesoramiento económico”. Según los datos declarados por la compañía ante el Registro Mercantil de Barcelona, aquel año tuvo de media 10 empleados, ninguno de ellos experto en la consultoría económica. ¿A qué empresas o partidos le prestó asesoramiento Damei Europe? La respuesta de Cuadrado es que desde aquel 30 de julio de 2015 hasta hoy sólo ha tenido un cliente: Ciudadanos.

La explicación que ofrece Cuadrado a infoLibre es la siguiente: “Durante nueve años presté mis servicios como miembro de la Ejecutiva y responsable de Finanzas de Ciudadanos de forma totalmente altruista, sin cobrar ni un solo euro. A mediados de 2015, como se acercaban varias elecciones, pensamos que era bueno contratar a mi empresa para poder ayudar al partido a afrontar esos nuevos proyectos en la parte de la gestión de las finanzas. Para hacer todo de forma legal, antes yo amplié el objeto social de la empresa y añadí la asesoría. Hasta que no estuvo cambiado el objeto social, no emitimos ninguna factura a Ciudadanos”.

Hay que señalar que, pese a la explicación de Cuadrado, en el verano de 2015 no se acercaban "varias elecciones", sino únicamente las generales de diciembre. Lógicamente, en aquel momento nadie podía anticipar que habría una repetición electoral en junio de 2016, algo que nunca antes había ocurrido en España. Lo que realmente había ocurrido en aquel verano es que se acababan de celebrar varias elecciones: en marzo de 2015 en Andalucía y dos meses después los comicios municipales y autonómicos en toda España. El tesorero de Cs, siempre según su versión, trabajó gratis durante esas campañas electorales de la primavera de 2015.

¿Por qué no le contrató directamente Ciudadanos? El tesorero explica que el partido no le hizo un contrato porque no tenía medios: “En el partido no había espacio, vehículos ni personal capaz de poder atender ese trabajo en aquellos meses. Así que decidimos que lo mejor era que mi empresa facturase los trabajos que realizó para Ciudadanos”.

Carlos Cuadrado insiste en destacar que los cobros que recibió del partido no eran en realidad un sueldo. “Eso no tiene nada que ver con mi sueldo. Yo no tenía ni cobré sueldo alguno hasta enero de 2016. Puse diversos medios materiales de la empresa para prestar el servicio que Ciudadanos necesitaba. Utilicé  el despacho de mi empresa, el coche de mi empresa para  viajes por toda España, gastos de teléfono, internet, etc. También preparábamos  las presentaciones de presupuestos de las precampañas  usando recursos de mi empresa. Mi empresa facturaba por horas a Ciudadanos”. A preguntas de infoLibre, el tesorero se niega a desvelar cuál fue el importe de esas facturas.

Siempre según la versión que facilitó a este periódico, esos pagos de Ciudadanos a una empresa que llevaba 15 años dedicada a la fabricación de máquinas para el sector textil se produjeron únicamente durante cinco meses. “Cuando empezó la campaña de las generales, en diciembre de 2015, la empresa dejó de facturar al partido. La última factura emitida fue en noviembre. En total, mi empresa facturó durante cinco meses. En enero de 2016 el partido me hizo un contrato de plantilla, de 40 horas semanales”, explica Cuadrado.

“La empresa no ha vuelto a realizar ningún trabajo de asesoría porque después de las elecciones de diciembre de 2015 el partido ya contaba con recursos y contratamos personal suficiente para no tener que contratar servicios externos”, afirma el tesorero de Ciudadanos. En definitiva, según su versión, en cuatro años Damei Europe sólo ha prestado sus servicios de asesoría a un cliente: Ciudadanos.

Lo que fiscaliza el Tribunal de Cuentas

“La facturación de mi empresa está en las cuentas presentadas, fiscalizadas y aprobadas por el Tribunal de Cuentas”, destaca también Cuadrado.

En realidad, una cosa es que Ciudadanos haya incluido los pagos a Damei Europe en su contabilidad y otra diferente que el Tribunal de Cuentas haya fiscalizado esas facturas concretas. ¿Cómo funciona realmente el Tribunal de Cuentas? Para empezar, hay que distinguir entre la fiscalización de la contabilidad anual de las formaciones políticas y la que se produce de los gastos de la campaña electoral, que comienza de forma oficial 16 días antes de la fecha de la votación. Un portavoz del Tribunal de Cuentas explica que “la fiscalización de la contabilidad anual de las formaciones políticas se lleva a cabo mediante técnicas de muestreo, que determinan la documentación justificativa que se selecciona para su análisis de acuerdo con lo regulado en el Manual de Fiscalización de Regularidad aprobado por el Pleno del Tribunal el 30 de junio de 2015. Las formaciones están obligadas a facilitar los justificantes que le sean solicitados por el Tribunal de Cuentas en el curso de la fiscalización, en aplicación del deber de colaboración al que se refiere el artículo 19.1 de la Ley Orgánica 8/2007, sobre Financiación de los Partidos Políticos”.

Sin embargo, durante la campaña electoral, el Tribunal de Cuentas fiscaliza todas las facturas y no solo una muestra, ya que tiene que determinar el importe de los gastos subvencionables.

La versión de Carlos Cuadrado es que su empresa dejó de facturar justo antes de que comenzase la campaña, en diciembre de 2015. Si llega a cobrar también ese mes, tendría que haber enviado obligatoriamente al Tribunal de Cuentas la factura de diciembre, y sería más fácil que se descubriese que Ciudadanos estaba pagando a su tesorero a través de una empresa textil de su propiedad. En cambio, al ser la fiscalización de la contabilidad anual por muestreo, se reducían enormemente las posibilidades de que el Tribunal pidiera las facturas emitidas por Damei Europe.

La contabilidad de Ciudadanos del año 2015 fue duramente censurada por el Tribunal de Cuentas, hasta el punto de que concluyó que no reflejaba “adecuadamente la situación financiera y patrimonial de la formación al cierre del ejercicio”. El órgano fiscalizador detectó múltiples irregularidades: omisiones de movimientos de tesorería, errores en los seguimientos de saldos y pagos a acreedores, duplicidades en la contabilización de gastos...

En ese informe, el Tribunal de Cuentas no hace referencia a la contratación de Cs con la empresa de su tesorero. En principio hay tres posibilidades: las facturas que Damei Europe emitió a Ciudadanos no estaban incluidas en el muestreo que el tribunal realizó ese año; estaban incluidas en el muestreo, pero el tribunal no detectó la relación entre Damei Europe y Cuadrado, o llegó a analizarlas pero no consideró relevante destacarlo en su informe de fiscalización.

infoLibre también preguntó al Tribunal de Cuentas si los partidos que contratan con empresas que son propiedad de sus dirigentes tienen obligación de informar de ello al órgano fiscalizador. La respuesta fue negativa: “La legislación vigente no recoge obligación alguna de informar al Tribunal de Cuentas sobre circunstancias particulares que afecten a los dirigentes de las formaciones políticas”.

Los problemas de Cuadrado en Brasil

La empresa que Carlos Cuadrado utilizó para facturar a Ciudadanos en la precampaña de 2015, Damei Europe, tiene una filial en Brasil y sus actividades ya han generado problemas al tesorero de Cs después de varias informaciones desveladas por infoLibre el pasado mes de mayo.

El 13 de julio de 2017, Cuadrado compareció ante la comisión de investigación sobre la financiación de partidos del Senado. Al ser preguntado por el senador del PP Luis Aznar si tenía procedimientos judiciales pendientes “en España o fuera de España", Carlos Cuadrado fue tajante: “No tengo ninguno”, aseguró. Pero no era verdad. En aquella fecha, de acuerdo con los documentos oficiales a los que tuvo acceso este periódico, Cuadrado figuraba como parte demandada en al menos tres procedimientos judiciales en el Estado de São Paulo (Brasil). Dos procesos judiciales se dirigían directamente contra Cuadrado y el tercero contra la compañía Square Brasil Comércio Importação e Exportação de Máquinas Ltda., que es la filial brasileña de Damei Europe.

Mentir en una comisión de investigación parlamentaria está castigado como delito en el Código Penal español. En concreto, el artículo 502.3 señala lo siguiente: “El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.

"Lo que yo quería decir es que no tenía ninguna causa penal que me impidiese declarar ante la comisión", declaró Cuadrado, para explicar por qué ocultó la información sobre sus procesos en Brasil.

infoLibre también desveló que, en otro pleito judicial que Cuadrado tiene en Brasil, el Juzgado Laboral de Itápolis ordenó el embargo de dinero de las cuentas del tesorero de Ciudadanos. Se trata de un cuarto procedimiento judicial, a mayores de los tres reseñados, en el que Cuadrado no figuraba demandado cuando compareció ante la comisión del Senado el 13 de julio de 2017. "Ha habido un bloqueo preventivo, por valor de unos 400 euros, por un litigio laboral de una empresa que Cuadrado abandonó en 2009", indicaron fuentes oficiales de Cs, que definieron el tema como un asunto "de su actividad privada".

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No consideraron lo mismo el Partido Popular y Podemos. El PP anunció su intención de trasladar a la Justicia el informe de conclusiones que se redacte al término de la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos que se celebra en el Senado, para que analice si Cuadrado cometió delito al faltar a la verdad en sede parlamentaria cuando aseguró que no tenía ninguna causa judicial pendiente ni en España ni fuera de España.

Además, el senador del PP Luis Aznar aseguró que el tesorero de Ciudadanos "no debería seguir ni un minuto" en su responsabilidad por haber mentido a la comisión de investigación.

"Mentir en una comisión parlamentaria cuando eres el máximo responsable de las finanzas de tu partido es muy grave”, indicó por su parte el líder de Podemos. Pablo Iglesias también reclamó la dimisión inmediata de Cuadrado.