La nueva fiscalidad 'verde' del Gobierno elevará el precio del diésel

El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 0,3% en junio en relación al mes anterior y elevó dos décimas su tasa interanual, hasta el 2,3%, su nivel más alto desde abril de 2017 (2,6%), según el indicador adelantado publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto implica que los precios son hoy un 2,3% superiores a los de hace un año.

El INE señala que, en el repunte de la tasa interanual del IPC de junio, ha influido principalmente el encarecimiento de los carburantes, frente al descenso de precios que experimentaron en el mismo mes del año pasado.

Tras haber registrado en enero una tasa interanual del 0,6%, la más baja en 16 meses, el IPC interanual volvió en febrero a superar el 1%, tendencia que se mantuvo en marzo y abril. En mayo ya se alcanzó la barrera del 2%, a la que no se llegaba desde abril de 2017 (2,6%).

En el sexto mes de 2018, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 2,3%, dos décimas por encima de la registrada en mayo, mientras que la variación mensual fue del 0,2%.

Equiparación del diésel a la gasolina

El Gobierno de Pedro Sánchez está estudiando acometer cambios en materia de fiscalidad medioambiental que podrían afectar al gasóleo, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Hacienda. En el plan alternativo del PSOE se recoge, como propuesta hacia la reforma medioambiental, la equiparación entre los tipos de gravamen que soporta el gasóleo de automoción y la gasolina, eximiendo del gasóleo bonificado a transportistas y agricultores.

De momento, la propuesta del PSOE, publicada este martes en 'Expansión', pretende revertir una medida que se adoptó hace años en la creencia de que el diésel era menos contaminante que la gasolina, al entender que emitía menos CO2, ya que posteriormente se ha descubierto que los actuales motores diésel son más contaminantes que los de gasolina, al emitir más óxido nitroso.

Esta medida proporcionaría una recaudación adicional de 2.140 millones de euros si se pasase de un día para otro de los 30,70 céntimos de impuesto por litro del gasóleo a los 40,25 céntimos por litro con los que se grava la gasolina. Aplicada de forma escalonada, permitiría obtener al año una cifra aproximada de 600 millones de euros.

La subida de la fiscalidad del diésel ya venía recogida en los presupuestos alternativos presentados por el PSOE y también figuraba en una enmienda de los socialistas presentada a los Presupuestos Generales del Estado para 2018 del Gobierno de Mariano Rajoy, que finalmente el nuevo Ejecutivo socialista ha decidido mantener.

8.000 millones por impuestos

La propuesta presupuestaria alternativa del PSOE contemplaba un aumento de los ingresos de 6.420 millones de euros, provenientes de cambios impositivos para que las grandes corporaciones paguen un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades y de una subida de hasta el 52% en el IRPF de las rentas superiores a los 150.000 euros.

A estos 6.400 millones se sumarían otros 1.500 millones de recaudación por la lucha contra el fraude, lo que totalizaría los 8.000 millones de ingresos complementarios fiscales previstos.

Precisamente este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado en el Congreso que su departamento estudia esa "fiscalidad medioambiental" que, en línea con las propuestas que se realizan desde la Comisión Europea, buscaría evitar "comportamientos agresivos con el medio ambiente".

Según Montero, el Gobierno estará "en sintonía con la nueva fiscalidad que se plantea desde Europa y dando respuesta a una fiscalidad propia del siglo XXI, en materia tecnológica, medioambiental o de aquellas cuestiones que, hoy por hoy, la fiscalidad no recoge o grava esos servicios".

Rechazo a la nueva fiscalidad

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha rechazado el aumento de gasto anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez y las posibles subidas de impuestos porque afectarían a la confianza de los agentes económicos y "antes o después" debilitarán "mucho" la economía y el crecimiento económico, además de desviar aún más el cumplimiento de los objetivos de déficit.

Así lo ha señalado el presidente del IEE, José Luis Feito, durante la presentación del informe de coyuntura económica, en la que ha pedido, tal y como reza el título del documento, "no perder la confianza que tanto costó recuperar", algo que a su juicio dependerá de las reformas y la política fiscal de los dos próximos años.

Feito considera que España lleva ya un tiempo instalada en un periodo "preelectoral" en el que las expectativas de que se puedan acometer reformas significativas son "nulas", por lo que pide que al menos "no se deshagan más reformas".

En cuanto al aumento de gasto anunciado por el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, Feito advierte de que podría producir desviaciones "significativas" del déficit público si esos aumentos se incorporan a los Presupuestos y poner en riesgo la confianza de la economía para seguir creciendo y creando empleo.

Según cálculos del IEE, la vuelta a la indiciación de las pensiones con el IPC supondrá un crecimiento del gasto de 1.500 millones de euros este año y 2.000 millones el próximo año, una situación "preocupante" que "hace más urgente la necesidad de reformar el sistema de pensiones".

Aboga por medidas como las iniciadas con las últimas reformas encaminadas a aumentar la edad de jubilación, la contributividad o compatibilizar pensiones con la vida laboral, ya que "no hay otra forma", puesto que ve un "sinsentido" financiar las pensiones con impuestos específicos.

Autopistas de peaje públicas

De igual forma, Feito ha advertido de que otras medidas anunciadas por el nuevo Gobierno socialista, como la posibilidad de suprimir el copago farmacéutico a los pensionistas o la finalización de las concesiones de las autopistas de peajes, conllevarían un impacto negativo en las arcas públicas.

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En el caso de las autopistas, el coste presupuestario ascendería a 437,5 millones de euros anuales, ya que el Estado se haría cargo del gasto estimado en 85 millones anuales en concepto de conservación y mantenimiento con cargo al Presupuestos y dejaría de recaudar 352 millones anuales en concepto de retorno fiscal de las empresas concesionarias.

El coste de oportunidad de no continuar con el sistema de peaje se situaría en torno a 10340 millones de euros, ha apuntado Feito, quien ha explicado que es la cantidad que el Estado percibiría si volviese a sacar a concurso las autopistas de peaje vencidas y que la no relicitación de las autopistas de peaje tendría un impacto "inmediato" en el déficit público.