El aniversario de los atentados del 17A reactiva al independentismo y pone a prueba el diálogo con el Gobierno

El clima de enfrentamiento social, alimentado por la guerra de los símbolos políticos en los espacios públicos,guerra de los símbolos políticos no deja de crecer en Cataluña. Y todo apunta a que seguirá aumentando a medida que se acerca el 17 de agosto, el primer aniversario de los atentados que se saldaron con 16 personas asesinadas y ocho terroristas muertos y en los que volverán a coincidir en un acto público las principales autoridades de Cataluña y España.

Estarán Felipe de Borbón y el presidente Pedro Sánchez, encabezando la representación del Estado, así como el president de la Generalitat, Quim Torra, y los miembros del Govern independentista, integrado por consellers de Junts per Catalunya y Esquerra. La CUP ya ha anunciado que no acudirá, en protesta por la presencia del monarca, y aunque no ha confirmado su respaldo a posibles protestas organizadas por los Comités de Defensa de la República (CDR) contra el actual jefe del Estado, los anticapitalistas admiten que “es probable que vuelva a pasar”. Se produzcan o no, una asociación autodenominada Unión Monárquica de España, ya ha convocado una concentración en apoyo de Felipe VI, informa Europa Press.

El aniversario de los atentados será el punto de partida del calendario de movilizaciones con las que el independentismo planea volver a trasladar a las calles sus demandas. Ese día la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, las dos organizaciones que controlan la movilización social del soberanismo, quieren poner en valor a dos de los protagonistas de la respuesta policial a los atentados: Josep Lluís Trapero, que entonces era el máximo responsable de los Mossos d’Esquadra y hoy está imputado por sedición, y Joaquim Forn, en aquel momento conseller de Interior del Govern y hoy encarcelado bajo la acusación de rebelión.

Ambas organizaciones, sin embargo, actuarán de manera separada. La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha anunciado que no interferirán en los actos de homenaje a las víctimas y que se limitarán a convocar una concentración ante la prisión de Lledoners en defensa de Forn y de Trapero. En cambio, el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, pidió este jueves que el primer aniversario del atentado en Barcelona y Cambrils (Tarragona) sirva no sólo para homenajear a las víctimas y sus familias sino también para “agradecer la tarea de los servidores públicos que se dejaron la piel por la seguridad de todo el mundo, ejemplificados en el mayor Trapero y el conseller Forn”.

Mientras llega la fecha, la tensión va en aumento. A veces sin incidentes, como ha ocurrido estos días en la respuesta al despliegue de cruces amarillas soberanistas protagonizado por diversos grupos contrarios a la independencia de Cataluña, entre ellos el autodenominado Grupo de Acción y Resistencia de Ciudadanos Españoles (Garce), que han empezado a desplegar sombrillas con los símbolos de la bandera de España en varias playas de la comarca barcelonesa del Maresme, primero en la de Montgat y este mismo viernes en la de Arenys de Mar.

En otros casos no. Este mismo viernes los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de Verges (Girona) por amenazar con un cuchillo a dos personas el pasado 1 de agosto en un enfrentamiento entre vecinos del pueblo y un grupo de encapuchados que estaban arrancando esteladas y lazos amarillos. Según la policía se trata de un hombre de 51 años que actuó con cuatro personas más que ya han sido identificadas.

Los hechos tuvieron lugar cuando varias personas les estaban recriminando la retirada de los símbolos independentistas. Fue entones cuando el detenido propinó un golpe a otro para seguir con su actividad e inmediatamente después mostró un cuchillo de 15 centímetros de hoja y lo colocó cerca de su abdomen.

Precisamente en Verges la diputada de la CUP Natàlia Sànchez acusó a la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, de ser la “responsable ideológica” de las agresiones que se han producido contra el soberanismo por los llamamientos que ha hecho su formación a quitar lazos amarillos y la simbología colocada en las calles por los independentistas. “Tendría que rectificar y no instigar a que haya estos comandos de extrema derecha campando por las calles”, reclamó en una rueda de prensa en la que también pidió a la Generalitat que tome medidas para frenar las agresiones.

“Los totalitarios siempre se han dedicado a señalar a los que defienden la libertad y la igualdad. Que la CUP me señale es un honor”, respondió Arrimadas a través de Twitter antes de reprochar al presidente Pedro Sánchez que “siga mirando hacia otro lado y siga diciendo que lo que pasa en Cataluña es normal”.

Ciudadanos se moviliza

Ciudadanos lleva varios días alentando la retirada de símbolos. Este viernes dos concejales del partido de Albert Rivera retiraron con ayuda de una escalera una pancarta colgada del balcón del Ayuntamiento de Reus (Tarragona) que reclamaba libertad para los políticos independentistas presos. El alcalde, Carles Pellicer (PDeCAT), anunció inmediatamente que denunciará a las personas que participaron en los hechos así como las amenazas que asegura haber recibido, informa Europa Press.

Pellicer acusó a Cs de provocar una fractura social y enfrentamientos entre la ciudadanía e hizo un llamamiento a las autoridades y a la policía para velar por la convivencia. “Es el partido de la fractura social, y como no la hay, son ellos los que la provocan”, denunció antes de hacer un llamamiento a la ciudadanía a no responder e ignorar sus provocaciones.

Ciudadanos justificó su actuación asegurando que así daba cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que insta a garantizar la neutralidad y el respeto a la pluralidad ideológica.

El propio Rivera, en declaraciones realizadas desde Mallorca, acusó al nacionalismo catalán de estar “rearmándose políticamente” y dio por hecho que “en otoño la va a volver a liar”. “Es un error”, advirtió, “decir que la situación en Cataluña se ha normalizado”, porque “el Estado no existe en muchas zonas de Cataluña, el Rey de España no puede pisar algunos lugares”. Algo que, en su opinión, es motivo más que suficiente para volver a intervenir la autonomía catalana a través del artículo 155 de la Constitución.

“Estamos asistiendo a un acoso y derribo a los constitucionalistas, estamos viendo cómo se ocupa el espacio público con lazos y pancartas que hablan de presos políticos, cuando no existen en nuestro país, tenemos que soportar ataques a nuestras sedes e incluso ver como señalan a nuestros familiares”, aseguró.

En Lleida, el secretario de la agrupación territorial de la organización unionista Societat Civil Catalana (SCC), Oriol Casanovas, denunció ante los Mossos d'Esquadra una agresión física. Según su versión, cuando se encontraba en la calle Major repartiendo panfletos de un restaurante, una persona le cogió por el cuello desde atrás y le dio “una bofetada con la mano abierta en la cara” para, a continuación, amenazarle diciéndole que vaya con cuidado porque hay más gente que sabe quién es y lo que hace.

Con la movilización independentista en marcha y la respuesta unionista, capitaneada por Ciudadanos, también activa, todo el mundo da por hecho que la tensión política y social seguirá incrementándose. Y poniendo en aprietos al Gobierno de Pedro Sánchez, que no sólo trata de normalizar la situación política catalana para que entre en una fase de negociación dentro de la Constitución sino que necesita conseguir que los diputados de PDeCAT y Esquerra en el Congreso respalden algunas iniciativas vitales para su supervivencia, como la nueva senda presupuestaria, imprescindible para poder presentar el proyecto de presupuestos que los socialistas quieren aplicar en 2019.

El independentismo, a su vez, sigue a la espera de avances por parte del Gobierno en relación con el derecho a decidir. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se mostró esta semana dispuesto a aparcar la via unilateral si Sánchez acepta celebrar una referéndum pactado sobre la independencia de Cataluña, algo que el presidente español siempre ha rechazado.

Un mes de aniversarios

Los soberanistas planean aprovechar el calendario que se avecina para reivindicar la república y el derecho a decidir. Y no les van a faltar aniversarios. El 6 y el 7 de septiembre se cumplirá un año de la decisión del Parlament de desafiar la legalidad constitucional y estatutaria al aprobar las leyes del referéndum y de desconexión del Estado. Ocurrió con el apoyo de Junts pel Sí y la CUP y en ausencia de Ciudadanos, PSC y PP, que prefirieron abandonar el hemiciclo.

El 11 de septiembre será el turno de la Diada Nacional de Cataluña, tradicionalmente —en especial los últimos años— la fecha en la que el soberanismo se moviliza masivamente en defensa de la independencia. La ANC ya está convocando bajo el lema “Hagamos la república catalana”. Este 11S, sostiene esta organización en su llamamiento a la participación, “encaramos una Diada trascendental” en la que es necesario “recuperar la fuerza popular” para “dar forma al mandato que votamos masivamente el 1 de octubre de 2017. Nunca antes habíamos estado tan cerca de la cima. Sólo con la fuerza de la gente conseguiremos hacer este último tramo para conquistar, de una vez por todas, la independencia”.

Después de la Diada llegará el aniversario del 20 de septiembre, un día clave porque en los hechos ocurridos esa jornada se basan buena parte de las acusaciones de rebelión y sedición que amenazan a los protagonistas del procés. Ese día miles de manifestantes rodearon la Consellería de Economía mientras se efectuaba un registro ordenado por un juez de Barcelona que buscaba pruebas de la preparación del referéndum.

Luego vendrá el 1 de octubre, el día del referéndum, en el que las imágenes de la represión policial de centenares de personas que trataban de votar dieron la vuelta al mundo. Y después los aniversarios del encarcelamiento de los líderes de ANC y Òmnium en aquellos momentos —Jordi Sánchez y Jordi Cuixart—, que tuvo lugar el 16 de octubre, y de la declaración de independencia en el Parlament —el Gobierno de Rajoy destituyó ese mismo día, 27 de octubre, al entonces president, Carles Puigdemont y a su Govern y convocó elecciones autonómicas anticipadas—.

El 30 de septiembre Puigdemont cumplirá un año huido de la justicia española y el 2 de noviembre el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, habrá completado doce meses de prisión provisional incondicional.

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Y por si fueran pocos los ingredientes para que la situación en Cataluña vuelva a protagonizar la agenda nacional, será en septiembre cuando con toda probabilidad Carles Puigdemont ponga en marcha su Consell de la República, el organismo con el que aspira a defender la causa independentista en todo el mundo y desde el que planea tutelar al Govern catalán. Si mantiene sus planes, será una asamblea de cargos electos catalanes desplazados probablemente a Bruselas la que investirá de legitimidad, de acuerdo con la estrategia independentista, al nuevo Consell, convertido así, de hecho, en una especie de gobierno en el exilio.

Será también en esos meses cuando el Supremo fije fecha para juzgar a los dirigentes independentistas acusados de rebelión, malversación, sedición y desobediencia, muchos de los cuales se enfrentarán con toda probabilidad a peticiones de condena de decenas de años. El independentismo no pierde de vista este juicio, que quiere convertir en un asunto de trascendencia más allá de las fronteras españolas, sobre todo después de que la Justicia alemana descartase la existencia de violencia en la conducta de Puigdemont y por tanto denegase la entrega del expresident a España para ser juzgado por rebelión.

A partir del 27 de septiembre, además, el president Torra contará con un nuevo as en la manga: tendrá capacidad para convocar elecciones anticipadas, una posibilidad que debate estos días intensamente el independentismo. Esquerra Republicana se opone, pero el PDeCAT, y especialmente Puigdemont, no lo descartan, sobre todo si la coyuntura dentro y fuera de España, en el contexto de las movilizaciones de septiembre, de las negociaciones con el Gobierno de Sánchez y de la evolución del proceso judicial contra los máximos responsables del procés les otorgan una ventaja electoral, también en el seno del propio independentismo, que el expresident aspira a dominar a medio plazo bajo una sola organización.