El Gobierno del PP solo concedió asilo a 20 de los 15.418 venezolanos que lo pidieron entre 2015 y 2017

La durísima y constante condena del PP al régimen de Nicolás Maduro y su utilización durante años como tema de debate nacional y herramienta de desgaste de adversarios, especialmente de Podemos, no tuvo el menor efecto en su política de concesión de asilo. Solo entre 2015 –cuando comenzó el gran éxodo que desde entonces ha restado 1,6 millones de habitantes a Venezuela –  y 2017 España recibió 15.418 solicitudes de asilo de ciudadanos de ese país. Pero el Ministerio del Interior, sucesivamente dirigido en ese bienio por Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido, solo otorgó la condición de refugiado a 20 de ellos.

A día de hoy y según fuentes de Interior, más de 20.000 peticiones de asilo formuladas por venezolanos siguen en lista de espera. Representan –asegura el equipo de Fernando Grande-Marlaska– "el 50% de las resoluciones pendientes" de tramitación en la Oficina de Asilo, cuya situación definió hace un mes como "lamentable" el nuevo ministro.

La paradoja de los números

Paradójicamente y a tenor de las memorias anuales publicadas por Interior, en sus seis años completos de mandato gubernamental –2012-2017–, el Ejecutivo del PP reconoció la condición de refugiado al mismo número de venezolanos –22– que el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero en su segunda y última legislatura, la que acabó el 21 de diciembre de 2011 con la toma de posesión de Mariano Rajoy.

En el cuatrienio 2008-2011, el número de solicitantes de asilo que procedían de Venezuela ascendió a 148; en el sexenio 2012-2017, el cómputo global de venezolanos que aspiraban a obtener protección internacional de España se disparó hasta 15.605.

Los números demuestran así que el énfasis creciente con que la formación conservadora fue arremetiendo contra el "totalitarismo" venezolano –"pseudodictadura", dijo hace tres semanas Pablo Casado– nunca tuvo una traslación práctica que le llevase a aplicar una política de mano abierta para con los solicitantes de asilo.

La ley que, basada en la Convención de Ginebra, regula en España el derecho de asilo era la misma en 2008 que en 2017. La situación interna en Venezuela se había ido agravando en cambio de manera drástica a lo largo del periodo.

A medida que empeoraba la crisis política y económica desatada en lo que durante décadas había sido un Estado receptor de emigrantes,  las cifras de solicitantes de asilo en España aumentaban de modo exponencial: de las 48 peticiones registradas en 2008 se ha llegado a las 13.215 presentadas entre el 1 de enero y el pasado 27 de agosto.  Eso significa que solo en los ocho primeros meses del año las solicitudes superan ya las de 2017 (10.627), que hasta ahora marcaba el punto álgido de la serie. Desde el 1 de enero, y según los datos facilitados a infoLibre por Interior, solo a cinco venezolanos se les ha reconocido el rango de refugiado.

Freno a las devoluciones

En mayo de 2017 el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) lanzó una serie de recomendaciones a las autoridades españolas en relación a Venezuela y que la Audiencia Nacional ha invocado desde entonces en distintas resoluciones para frenar en seco la devolución de venezolanos que habían visto denegada su solicitud de asilo. Esas recomendaciones se resumen en un entrecomillado reproducido por la Audiencia una y otra vez en sucesivos autos: que España debe dar "algún tipo de protección internacional" a los nacionales de ese país que pidan acogerse al estatuto de refugiado y garantizar "la no devolución a Venezuela".

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"Es fundamental –recalca ahora María Jesús Vega, portavoz del comité español de Acnur– que se estudien las peticiones de asilo de venezolanos como las de cualquier otro país pero es urgente que se tengan en cuenta las recomendaciones del Alto Comisionado y que no se devuelva a quienes no se considere refugiados". Por razones idiomáticas, culturales y familiares, España se ha convertido en el país europeo que más solicitudes de asilo recibe de venezolanos. "Mientras que se contabilizan entre 1.500 y 2.000 peticiones por mes, en Italia se reciben en torno a 80 y en Francia o Bélgica, 20 o 30", explica Vega.

La legislación en materia de asilo preceptúa que el reconocimiento de la condición de refugiado se regirá por una serie de criterios. El artículo 3 de la ley los enuncia así: "La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país".

Pero la norma incorpora además lo que se denomina el derecho a la protección subsidiaria. Y lo define como "el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen (...) se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley". Y entre los riesgos que enumera el artículo 10 consta uno que explica por qué los expertos se oponen a la devolución forzosa de venezolanos: "las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".