Un año desde el 27-O: fractura en el independentismo, el antiguo Govern a la espera de juicio y las elecciones en el aire

"Constituimos la República Catalana como un Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social". Así rezaba la declaración de independencia que aprobó la mayoría independentista del Parlament de Cataluña el 27 de septiembre de 2017, una fecha de la que este sábado se cumple un año en el que la secesión, pese a los alardes dialécticos, no se ha hecho realidad, pero en el que la crisis territorial tampoco se ha solucionado. Con buena parte de la cúpula independentista en la cárcel o huida de la justicia, la alianza entre Junts per Catalunya y ERC es cada vez más frágil y el fantasma de las elecciones anticipadas está presente cuando no hace ni un año que se celebraron los comicios convocados tras la aplicación, por primera vez en la democracia, del artículo 155 de la Constitución.

El mes de octubre de 2017 fue especialmente ajetreado en el ya de por sí intenso procéscatalán. La celebración del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre y la respuesta policial del Estado para evitarlo fueron el pistoletazo de salida a unos días que culminarían con la declaración simbólica de la independencia y su automática suspensión por parte del entonces president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el día 10 de octubre, y con una votación en la que solo participaron los separatistas y los comuns y en la que el Parlament proclamó de manera formal la secesión, el día 27. El acto finalizó con los diputados independentistas, todos ellos con rostros muy serios, cantando Els Segadors, el himno de Cataluña.

La resolución aprobada ese 27 de octubre del año pasado era muy clara: Cataluña quedaba establecida como un "Estado independiente y soberano" y eran responsabilidad del Gobierno de Puigdemont tareas como "establecer la regulación del procedimiento para la adquisición de la nacionalidad catalana", "dictar las disposiciones necesarias para la adaptación, modificación e inaplicación del derecho" español, expedir un DNI catalán, crear un banco central y "promover, ante todos los Estados e instituciones, el reconocimiento de la República Catalana".

Pero, de todos estos encargos, ninguno se terminó llevando a cabo. El mismo viernes 27 de octubre por la tarde, el Gobierno español –con el apoyo del Senado, que apenas 45 minutos después de la declaración de independencia había autorizado la aplicación del artículo 155 de la Constitución con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos– decidió destituir a todo el Ejecutivo catalán, disolver el Parlament y convocar elecciones. El entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, justificó su decisión en el "proceso continuado de decisiones antidemocráticas, contrarias a la ley y a los valores españoles y europeos" impulsado por la Generalitat y parte del Parlament.

Aunque el Govern hizo un amago de desobedecer la orden e incluso el exconseller de Territorio, Josep Rull, acudió a su despacho al día siguiente, los independentistas terminaron asumiendo el fracaso de su declaración y aceptando concurrir a unos comicios que fueron de todo menos habituales. La excepcionalidad no había hecho más que comenzar: Puigdemont, como máximo líder del independentismo, huyó a Bruselas apenas tres días después de la declaración de independencia junto a varios miembros de su cesado Ejecutivo, y desde allí aseguró no reconocer su destitución y seguir siendo líder del "Govern legítimo". Posteriormente, otras dirigentes como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, o la diputada de la CUP Anna Gabriel también decidieron marcharse de España, en su caso a Suiza.

La mayor parte de los huidos con Puigdemont regresaron a Cataluña pocas semanas después, pero el expresident fijó allí su residencia, algo que le ha permitido esquivar la cárcel, a diferencia de lo que ha ocurrido con el resto de sus compañeros. Al encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuxart unos días después del 1-O se sumó a principios de noviembre el envío a prisión del líder de ERC, Oriol Junqueras, y ocho exconsellers acusados de delitos de rebelión, sedición y malversación. Con la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez, los dirigentes independentistas fueron trasladados a cárceles catalanas, pero el único que ha salido de prisión a día de hoy es el exresponsable de Empresa, Santi Vila, que dimitió la víspera de que el Parlament votara la independencia y se ha desmarcado públicamente del resto de exmiembros del Govern.

Puigdemont también se ha enfrentado a la persecución judicial. En su huida belga, el expresident fue llamado a declarar ante los tribunales para que decidieran sobre su extradición, e incluso pisó brevemente la cárcel en Alemania, cuya justicia rechazó extraditarle por el delito de rebelión. Puigdemont fue finalmente liberado y se estableció de nuevo en Bélgica, pero antes de todo ese periplo, el expresident tuvo tiempo para presentarse a las eleccionesexpresident encabezando la candidatura de Junts per Catalunya.

Su presencia sirvió al PDeCAT para revertir los malos augurios de las encuestas y mantenerse como primera fuerza del independentismo, aunque no para ganar las elecciones. La primera fuerza en esos comicios fue, por primera vez desde la reinstauración de la democracia, un partido no catalanista: Ciudadanos. La victoria de Inés Arrimadas, no obstante, no impidió que los independentistas mantuvieran la mayoría absoluta del Parlament pese a no haber superado el 50% de los votos.

  El bloque secesionista se resquebraja

No obstante, pese a haber mantenido la mayoría, la legislatura no está siendo un camino de rosas para los secesionistas. Pese a que presionó durante meses para evitarlo, Puigdemont finalmente tuvo que aceptar que no podría votarse su investidura como president president si no se trasladaba al Parlament para ello, lo que hubiera supuesto su detención. Los independentistas trataron sin éxito de investir a Jordi Turull y Jordi Sànchez, pero su encarcelamiento acabó provocando que, el pasado mes de mayo, Puigdemont escogiera como sucesor a un entonces desconocido Quim Torra, un dirigente del ala dura del independentismo pero sin cuentas pendientes con la justicia.

Torra se vio envuelto en su primera polémica antes incluso de ser elegido al descubrirse algunos tuits suyos de años atrás en los que insultaba y menospreciaba a los "españoles". Él mismo, durante su discurso de investidura, se autoproclamó como "presidente vicario" de Cataluña, y de hecho ha viajado varias veces a Waterloo para reunirse con Puigdemont, que sigue manteniendo un papel protagonista en el escenario político catalán. Su Govern, no obstante, ha estado más centrado en reivindicar simbólicamente la liberación de los dirigentes independentistas presos que en la acción legislativa, y de hecho apenas se han tramitado un puñado de iniciativas legislativas desde que comenzó la legislatura.

Pese a lo reivindicativo de su discurso, Torra se ha cuidado bien de no llevar a cabo ninguna acción que pudiera dar lugar a una nueva intervención de la autonomía catalana, y eso le ha valido la ruptura con la CUP, que apuesta sin ambages por la vía unilateral para conseguir la independencia de Cataluña y se niega a apoyar cualquier acción de sus socios secesionistas que consideren "autonomista". Y la fractura no solo ha afectado al sector más minoritario del independentismo: también ERC ha tenido sus más y sus menos en los últimos meses con Junts per Catalunya, aunque no por los mismos motivos.

Las discrepancias entre ambos vienen de lejos, pero estallaron el pasado mes de julio, cuando las dos principales formaciones del secesionismo fueron incapaces de ponerse de acuerdo sobre el modo de aplicar la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de suspender en sus funciones a los seis parlamentarios de Junts per Catalunya y ERC procesados por rebelión que aún mantienen su acta. La formación de Puigdemont exigía garantizar que el expresident mantuviera su escaño, ya que éste se niega a ser sustituido por otro miembro de la lista nacionalista. Y su negativa condujo a que los independentistas decidieran, con su mayoría, cerrar de facto el Parlament durante dos meses.

  Los presupuestos, en el aire

La cámara legislativa retomó los plenos a principios de octubre con ocasión del debate de política general, el equivalente autonómico al debate sobre el estado de la nación en el Congreso. Y en ese debate quedó patente que la división entre los independentistas, lejos de haberse atajado, es más profunda que nunca y que está afectando ya a su mayoría parlamentaria. El bloque secesionista no pudo sacar adelante una moción sin efectos jurídicos para reivindicar la autodeterminación de Cataluña simplemente porque no le llegaron los votos: ERC se negó en la mesa a que los diputados de Junts per Catalunya suspendidos por la justicia pudieran delegar su voto en lugar de ser sustituidos en sus actas, y eso dejó a los independentistas con cuatro votos menos y empatados a 65 votos con la suma de Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú Podem y el PP.

Así las cosas, los independentistas se enfrentan a un panorama complicado en los próximos meses. El reto más importante a corto plazo para el secesionismo es el de aprobar los presupuestos para el año que viene, unas cuentas que no están ni mucho menos encarriladas dado lo precario de la mayoría independentista. Si Junts per Catalunya y ERC no solventan sus diferencias antes, el independentismo contará con cuatro votos menos y podría enfrentarse a que la suma del voto contrario de la oposición tumbara sus cuentas. Aunque ni siquiera así el secesionismo tendría la seguridad de que va a sacar los presupuestos adelante: la llave quedaría en manos de los cuatro parlamentarios de la CUP, que como mínimo tendrían que abstenerse para que las cuentas fueran aprobadas.

El problema para los independentistas es que su ala anticapitalista no comparte en absoluto la estrategia que están manteniendo Junts per Catalunya y ERC. Hace unas semanas, el portavoz de la CUP en el Parlament, Carles Riera, aseguraba que su formación "no volverá a caer en la misma trampa del chantaje" con respecto a los presupuestos, e insistió en que lo necesario es acometer unilateralmente la ruptura tantas veces anunciada por la Generalitat de manera retórica y no hacer "un presupuesto autonómico".

  Las elecciones, no antes de que haya sentencia

Habida cuenta de lo inestable de la mayoría independentista, el fantasma de las elecciones anticipadas lleva sobrevolando Cataluña varios meses. Quien primero abrió la puerta a esta convocatoria extraordinaria fue el propio president Torra, que en agosto insinuó que podría adelantar los comicios si no lograba aprobar los presupuestos. "Los gobiernos acostumbran a dimitir si sus presupuestos no se aprueban, y me parece que eso es un mandato democrático de autoexigencia", afirmó entonces el dirigente catalán.

No obstante, la estrategia mayoritaria en el independentismo pasa por aguantar la legislatura, como mínimo, hasta que la justicia dicte sentencia para los los políticos catalanes acusados de rebelión. Las cabezas pensantes del secesionismo están convencidas de que unas elecciones ahora mismo arrojarían resultados muy similares a las de diciembre y, además, son conscientes de que no podrían contar con el tirón de tener a Puigdemont como candidato. Por ello, el secesionismo opina que el momento preciso para convocar unas elecciones en las que sacar muchos más réditos tendrá lugar cuando se celebre el juicio contra los líderes independentistas del 1-O.

Esta estrategia ha sido defendida públicamente por el Govern, cuyo vicepresidente Pere Aragonès, afirmó a principios de octubre que Junts per Catalunya y ERC seguirán aliadas "como mínimo hasta el día de las sentencias". Aun no hay una fecha fijada para que se celebre el juicio, si bien este mismo jueves el Tribunal Supremo cerró el sumario contra los dirigentes acusados y ordenó la apertura de juicio oral para que Junqueras y otros 17 líderes independentistas sean juzgados por aprobar leyes para romper con España, organizar y celebrar el referéndum prohibido y declarar unilateralmente la secesión.

  La relación con otras fuerzas

Mientras llega esa fecha, los independentistas tendrán encima de la mesa otro asunto que solucionar: su posición ante los próximos Presupuestos Generales del Estado. Por el momento, Junts per Catalunya y especialmente ERC –cuyo voto a favor es imprescindible para que las cuentas estatales salgan adelante– han asegurado que no tienen pensado sentarse a negociar con el Gobierno si éste no pide a la Fiscalía que plantee el archivo de la causa contra los dirigentes secesionistas encarcelados.

No obstante, pese a que el Ejecutivo se ha negado tajantemente a dar órdenes a la Fiscalía, tanto el equipo de Pedro Sánchez como Unidos Podemos están confiados en que terminarán llegando a un acuerdo con los independentistas. Pese al eventual desgaste que podrían sufrir entre sus bases por el apoyo a las cuentas, Junts per Catalunya y ERC se verían beneficiadas si los Presupuestos salieran adelante, ya que el acuerdo permitiría a la Generalitat de Cataluña respirar financieramente y sanear sus maltrechas arcas, y además los independentistas podría apuntarse un tanto con las medidas sociales incluidas en las cuentas.

Esto último no es baladí a medio plazo, teniendo en cuenta que en mayo del año que viene se celebrarán elecciones municipales. Desde hace meses, las estrategias de ERC y el sector del PDeCAT más próximo a Puigdemont difieren sustancialmente, y la crisis abierta entre ambos a raíz de la suspensión de varios diputados del Parlament no es sino el reflejo de ello. Los republicanos, de hecho, han abierto la puerta a llegar a acuerdos con otras formaciones no independentistas con el objetivo de ampliar la base social del independentismo atrayendo hacia posiciones soberanistas a todos los catalanes que, sin ser partidarios de la secesión, sí están a favor de solucionar el conflicto con un referéndum, una estrategia que apela directamente a los comuns y que podría comenzar a ponerse en práctica tras las próximas municipales.

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  Puigdemont juega sus cartas este sábado

Pero eso será a medio plazo. Por lo pronto, este sábado colectivos como la Assemblea Nacional Catalana (ANC) han convocado movilizaciones para conmemorar el 27O, y Puidemont tiene pensado presentar oficialmente su Crida Nacional per la República, una plataforma que el expresident no renuncia a convertir en partido si las tensiones con el ala moderada del PDeCAT van a más. El acto tendrá lugar en Manresa, y en él intervendrán tanto Puigdemont como Torra y Jordi Sànchez, aunque no se celebrarán votaciones, ya que la idea es que el congreso fundacional de la Crida tenga lugar entre mediados y finales de enero.

Aún se desconoce el encaje que el PDeCAT puede tener dentro de la plataforma de Puigdemont, pero los moderados del partido –que suelen guardarse mucho de criticar al expresident, por mucho que no compartan algunos de sus movimientos– ya han avisado de que sería contraproducente que la Crida se convirtiera en un partido ya que dividiría el voto de la derecha independentista. "Dos partidos con la misma ideología y con la misma gente no tendrían sentido", sostuvo hace unos días el presidente del PDeCAT, David Bonvehí. Está por ver si Puigdemont opina lo mismo.