La Fiscalía pide dos años de cárcel para los autores de un documental sobre una cripta que usa en Navarra una asociación fascista

Dos años de prisión y una multa de 10.500 euros. Esa es la pena que la Fiscalía de Pamplona pide para Carolina Martínez y para Clemente Bernad, autores del documental A sus muertos, grabado en la cripta del Monumento a los Caídos de la ciudad. La organización fascista que les denunció, no obstante, pedía una pena más estricta: dos años y seis meses de cárcel y una multa de 12.000 euros. Fue la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz, creada a finales del año 1939, tras terminar la Guerra Civil. Este miércoles comienza el juicio. "Estamos un poco fríos, no sabemos por dónde puede salir esto porque además pensábamos que el caso se iba a archivar", explica Bernad en conversación con infoLibre.

Están acusados de un delito de revelación de secretos, contenido en el artículo 197.1 del Código Penal: "El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses".

Así lo explica el escrito de acusación de la Fiscalía de Pamplona, al que ha tenido acceso infoLibre. Según relata la institución, Martínez y Bernad entraron en el interior de la cripta del Monumento a los Caídos, "y con ánimo de atentar contra la intimidad de la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz y con ánimo de comprobar el tipo de actos de culto que por parte de la misma se realizan en la cripta", colocaron cámaras de vídeo. "Este sistema de grabación de imagen y sonido fue encontrado por [...] un miembro" de la organización, "que denunció los hechos". Los acusados regresaron a retirar el material, "pero alegaron que había desaparecido". 

Martínez y Bernad pertenecen al colectivo ZER. Dilemas urbanos, derivas ciudadanas. Él, además, es propietario de la Editorial Alkibla, en la que colabora con ella. "Nos empezamos a preocupar hace tiempo por cosas que pasan en la ciudad", explica Bernad. En ese contexto, se fijaron en el Monumento a los Caídos, el segundo mausoleo franquista más grande de España, por detrás del Valle de los Caídos. Allí estuvieron enterrados, hasta noviembre de 2016, los generales golpistas Mola y Sanjurjo. Desde 1998, además, el panteón es propiedad del Ayuntamiento de Pamplona. 

"Es un lugar muy controvertido porque está en un entorno urbano y en la ciudad siempre ha habido un debate bastante importante sobre el asunto", recuerda. Hace ahora dos años, quisieron participar de esa discusión, y propusieron organizar unas jornadas. ¿Qué hacemos con el Monumento a los Caídos?, las llamaron. "Carolina y yo quisimos aportar nuestro saber profesional y hacer un documental totalmente informativo para ver qué opinaba la gente", afirma. Así, plantearon a los ciudadanos algunas preguntas: ¿Sabe qué es ese monumento? ¿Sabe qué significa? "Muchos no tenían ni idea", lamenta. 

De este modo, continúa Bernad, pretendían reflejar cómo ese mausoleo había funcionado "como una máquina del olvido casi perfecta". "No somos demolicionistas como ha dicho la derecha, nuestro debate no iba por ahí", aclara. 

Misas mensuales en un edificio municipal

"Nos acusan de que intentamos grabar unas misas", explica Bernad. Pero lo cierto es que estas se producen no como una excepción, sino como una norma. Los días 19 de cada mes –en honor al golpe de Estado–, los miembros de la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz –excombatientes requetés– celebran un acto litúrgico en honor a los caídos franquistas. Hasta noviembre de 2016 lo hacían en presencia de Mola, Sanjurjo y otros seis golpistas. "Ahora lo hacen sin ellos, pero el paisaje sigue siendo el mismo". 

Lo hacen porque su objetivo es "mantener íntegro el espíritu de la cruzada", según critica Bernad, que denuncia que esto pueda llevarse a cabo en un espacio municipal. El Arzobispado donó el edificio al Ayuntamiento, pero se reservó el uso de la cripta donde estuvieron enterrados los dos autores intelectuales del golpe que provocó la Guerra Civil. La parte superior, pública; la inferior, para que la organización celebre sus actos.

Actos que, según denunció la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, no son más que apología y enaltecimiento del franquismo. Lo denunciaron ante la Fiscalía Superior de Navarra el pasado mes de octubre, cuando alertaron de la "posible ilegalidad de las misas", según publicó El Español.

La hermandad, censuraron, "realiza mediante un acto religioso, una labor de enaltecimiento del golpe militar de julio de 1936 que causó en el Estado español más de 114.226 desapariciones forzadas y en el caso de Navarra, donde nunca existió un frente de guerra, el asesinato sistemático de 3.300 personas". Además, eligen el día 19, cuando Mola "hizo públicas sus instrucciones que amparaban el asesinato de civiles, la detención ilegal de miles de personas y la incautación de bienes". 

Apoyo civil y parlamentario

Martínez y Bernad se enfrentan mañana al inicio del juicio, pero no les faltan apoyos. Por un lado, del ámbito civil. Más de 1.600 personas ya han firmado un manifiesto que lleva por título La libertad no es un delito y en el que aseguran que el proceso judicial al que se enfrentan los autores de A sus muertos "supone una manifiesta tergiversación de la legislación penal y un nuevo y flagrante atentado contra la libertad de investigación y expresión que son la base del código deontológico del ejercicio del periodismo documental, y una gravísima restricción de las libertades públicas y democráticas de nuestro país". 

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"No puede considerarse un delito investigar con fines de documentación artística el uso que de un espacio público, el ominoso Monumento a los Caídos de Pamplona, hace una organización de tan dudosa cualidad democrática como es la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, en cuyos estatutos fundacionales, a los que no han renunciado, declara entre sus cometidos el de 'mantener íntegramente y con agresividad si fuera preciso, el espíritu que llevó a Navarra a la Cruzada por Dios y por España", añaden. Solicitan a la Fiscalía, así, que retire la apreciación de delito alguno "en lo que no es más que una digna e impostergable tarea humanista". 

Pero también han recibido apoyo parlamentario. La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó este mismo lunes una declaración institucional en la que manifiestan su "solidaridad" con los autores del documental. El texto fue presentado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra. 

La Cámara considera, tras la aprobación de la declaración, que "la labor de investigación" de Martínez y Bernad "se ha visto criminalizada, anteponiendo la protección de la intimidad de los verdugos al derecho de la ciudadanía a conocer la verdad". Además, el texto incidía en la necesidad de ilegalizar la organización. En la votación de estos dos puntos, el PSN se abstuvo y el PPN y UPN votaron en contra. En lo que sí estuvieron de acuerdo todos, incluidos estos tres, fue en la reiteración del "compromiso con el cumplimiento de las leyes de memoria histórica que garanticen la verdad, justicia y reparación de la ciudadanía navarra".