PP y Ciudadanos bloquean 53 veces en el Congreso una reforma que los fiscales creen clave para investigar la corrupción

El PP y Ciudadanos llevan año y medio bloqueando en el Congreso de los Diputados el cambio normativo que permitiría investigar más exhaustivamente los casos complejos de corrupción. La formación presidida por Pablo Casado y el partido dirigido por Albert Rivera han impedido desde mayo de 2017 que continúe en la Cámara Baja la tramitación de la proposición de ley de Unidos Podemos que busca derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), acabando así con los plazos máximos de instrucción de las causas penales que quedaron fijados tras la reforma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy. La iniciativa, que cuenta con el respaldo del resto del arco parlamentario, permanece atascada en la Comisión de Justicia como consecuencia de las sucesivas ampliaciones de enmiendas aprobadas por la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos. En total, se han producido 53 prórrogas para una proposición compuesta por un solo artículo.

En junio de 2015, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el entonces Ejecutivo conservador con los votos a favor del PP, la abstención de CiU y el PNV y el rechazo del resto de grupos. Entre sus novedades, la nueva norma fijó unos plazos máximos de instrucción de causas penales para obligar a los jueces a resolver las pesquisas en un tiempo “razonable”, en palabras del entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá. En concreto, el artículo 324 de la Lecrim estableció que “las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas”. No obstante, contemplaba para los casos en los que la instrucción fuera declarada compleja un tope de dieciocho meses, prorrogables por el instructor de la causa “por igual plazo o uno inferior” a instancia del Ministerio Fiscal. En resumen, el tiempo máximo puede oscilar entre los 18 y los 36 meses.

La reforma de la Lecrim fue duramente criticada por la oposición, que advirtió que la imposición de límites temporales favorecería “la impunidad” en el caso de los delitos más complejos, como los de corrupción. También cargaron contra el artículo 324 casi todas las asociaciones de jueces y fiscales. “Es por lo tanto, una auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados y, por ello, las asociaciones firmantes, solicitan la suspensión de la entrada en vigor de la reforma hasta que, al menos, no se cuente en todo el territorio nacional con los medios personales, materiales e informáticos que posibiliten el cumplimiento de la norma”, aseveraron en un comunicado conjunto, firmado por Jueces para la Democracia, Asociación de Fiscales, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales.

Año y medio bloqueando la eliminación de plazos

Las reclamaciones de jueces y fiscales, que situaron la eliminación de estos plazos como una de sus principales reivindicaciones en la huelga celebrada hace cinco meses, llegaron en abril de 2017 al Congreso de los Diputados de la mano de Unidos Podemos. El grupo confederal registró una proposición de ley con un artículo único: “Queda derogado el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. “La reforma demostró legislar de espaldas a la realidad”, recoge la iniciativa parlamentaria en su exposición de motivos, en la que se asevera que “acortar los plazos de investigación sin incrementar los medios, en la situación real de la administración de justicia, en la práctica equivale a introducir serias dificultades para que la investigación de delitos se complete en los plazos previstos”. “Ello tendrá especial incidencia en las instrucciones más complejas, como suelen ser las de los grandes delitos patrimoniales, de defraudación y de corrupción, y la criminalidad organizada”, completaba.

Un mes después, el Pleno de la Cámara Baja aprobó con 204 votos a favor, 132 votos en contra –del Grupo Parlamentario Popular– y 2 abstenciones del Grupo Mixto la toma en consideración de la proposición. Durante el debate, el diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral, que fue el encargado de presentar la iniciativa, calificó la reforma del Gobierno Rajoy como Ley Berlusconi: “Berlusconi planteó en su día en el Parlamento italiano una modificación muy similar, (…) en un ambiente similar al que se encontraba nuestro país en el momento de la aprobación, (…) un ambiente trufado de corrupción”. “Le aseguro que la instauración de los plazos en la instrucción penal era algo necesario. Como ustedes mismos advierten en su texto, el objetivo era loable y la puesta en marcha también lo ha sido con cientos de miles de procedimientos revisados y puestos al día”, respondió a Mayoral el diputado del PP Carlos Rojas.

Con el visto bueno del Pleno, la proposición de ley de Unidos Podemos fue remitida a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja y se abrió el plazo de enmiendas, procedimiento previo al debate y votación definitiva en el hemiciclo. Y, en ese órgano, se ha quedado atascado el asunto. La Mesa del Congreso, dominada por PP y Ciudadanos, ha ido ampliando semana a semana la posibilidad de que los grupos parlamentarios introduzcan cambios en el texto original. En total, se han producido 53 prórrogas. La última, el pasado martes. Esta situación de bloqueo ha irritado a la Unión Progresista de Fiscales. “Apelamos a la responsabilidad en aras a disponer de una legislación que permita y no impida a jueces y fiscales perseguir los delitos, con medios adecuados y sin medidas legales que puedan favorecer la impunidad de los delincuentes”, han apuntado este miércoles a través de un comunicado.

Esta fórmula está resultando tremendamente eficaz a PP y Ciudadanos a la hora de paralizar en la Cámara Baja la tramitación de todas aquellas iniciativas legislativas que con sus 169 escaños no pueden frenar en el hemiciclo. Hasta el pasado 30 de octubre, ambas formaciones mantenían atascadas por esta vía más de cuarenta iniciativas diferentes. Ante esta situación, el PSOE ha llevado al Congreso una proposición de Ley para reformar el reglamento de la Cámara y poner fin al “bloqueo” por ampliación “abusiva” de los plazos de enmienda. Así, la iniciativa socialista, que ya ha sido tomada en consideración, propone que sólo las dos primeras prórrogas puedan ser acordadas por la Mesa a petición de un único grupo parlamentario. El resto, deberán ser solicitadas, al menos, por dos grupos que representen a la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

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“Son doce palabras, no el Código Penal”

El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Emilio Fernández, pide acabar de una vez por todas con el “tapón parlamentario” provocado por PP y Ciudadanos. “Son doce palabras, no es el Código Penal, no son seiscientos artículos”, afirma el portavoz de la UPF, que critica la incoherencia de ambas formaciones respecto a “lo que dicen y luego hacen”: “En la reunión que varias asociaciones de jueces y fiscales mantuvimos con Pablo Casado el pasado mes de septiembre, [el líder del PP] aseguró que estaba a favor de la derogación del artículo 324. Un día después, se acordó una nueva ampliación del plazo de enmiendas”. Lo mismo sucede con Ciudadanos, que este martes, mientras respaldaba una proposición no de ley del PSOE reafirmando la necesidad de tumbar los plazos máximos de instrucción, volvía a facilitar una nueva prórroga de enmiendas. “Por detrás, hacen todo lo contrario a lo que dicen”, reitera.

Fernández pide al Gobierno de Pedro Sánchez que, ante una “situación que es urgente”, facilite la derogación a través de un decreto ley. “Hay una mayoría suficiente en el Congreso para su convalidación”, apunta el portavoz de la UPF, que insiste en que el artículo 324 de la Lecrim causa “muchos problemas” a los fiscales. “Es una norma que le da al fiscal el control sobre unas causas que no tiene. Sin medios, y con unos plazos de instrucción limitados, los asuntos complejos de corrupción, que necesitan una tramitación pausada, pueden terminar impunes y archivándose. (…) No es lo mismo investigar un asunto simple que una macrocausa con muchos investigados. Se necesita tiempo. Hay dictámenes periciales, hay actuaciones, hay escuchas telefónicas… Hay casos complejos en los que no va a dar tiempo”, sentencia Fernández.