Las iniciativas que buscan borrar la huella franquista 43 años después de la muerte del dictador

Eran las 10 de la mañana del 20 de noviembre de 1975. El entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, apareció en TVE y anunció, visiblemente afectado, lo que en ese momento ya era un secreto a voces. "Españoles, Franco ha muerto", arrancó, entre sollozos, el jefe del Ejecutivo, que finalizó su discurso leyendo el último comunicado escrito por el dictador fascista antes de su muerte: “No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta”, rezaba el documento. El anuncio puso fin a décadas de represión y dio paso a un periodo de gran incertidumbre política. Tres días más tarde, en presencia del rey Juan Carlos I y de altos cargos gubernamentales, institucionales y militares –así como de otros dictadores, entre los que destacó el chileno Augusto Pinochet–, el cadáver de Franco fue enterrado en la Basílica del Valle de los Caídos. El verdugo descansaba junto a sus víctimas. Y su losa, sepultaba la memoria de los miles de represaliados durante uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de España.

Cuarenta y tres años después de la muerte, este 20-N será uno de los aniversarios más agitados que se recuerdan. Por un lado, el Gobierno de Pedro Sánchez se mantiene firme en su intención de exhumar a Franco y sacar sus restos del Valle de los Caídos, a pesar de los intentos de la familia del dictador de embarrar al máximo el procedimiento –desde amenazar con querellarse por profanación hasta plantear una inhumación en pleno centro de Madrid–. Por otro, los nostálgicos tratan de exhibir músculo en la calle a través de fantasmagóricas marchas o fervientes concentraciones brazo en alto en la simbólica Plaza de Oriente con el Cara al sol como banda sonora. Y, mientras tanto, la Iglesia sigue, cuatro décadas después, sin atreverse a romper públicamente su ligazón con un régimen al que respaldó sin fisuras desde sus inicios. De hecho, entre el lunes y el martes se celebrarán por toda España una decena de misas en recuerdo del dictador.

Con la llegada de Sánchez a la Presidencia del Gobierno, la memoria histórica ha vuelto a ocupar un papel destacable en la agenda política española tras siete años de olvido absoluto. Muchas han sido las iniciativas puestas sobre la mesa para intentar cerrar todas aquellas heridas que permanecen abiertas cuarenta y tres años después de la muerte del dictador. El Ejecutivo ha iniciado la tan exigida exhumación de Franco, ha abierto el debate sobre el futuro del Valle de los Caídos y ha quitado el candado a gran parte de la documentación anterior a 1968 que alberga el Archivo General Militar de Ávila. Además, ha anunciado que trabajará codo con codo con las diferentes comunidades autónomas en la localización y exhumación de las víctimas. A todas ellas, hay que sumar otras tantas, planteadas tanto a nivel nacional como autonómico y municipal, que tienen como objetivo borrar de una vez por todas la indeleble huella del franquismo.

Madrid recopila los testimonios de las víctimas

El 31 de octubre de 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid dio luz verde a una moción conjunta de PSOE y Ahora Madrid en la que se instaba al Ejecutivo de Manuela Carmena a interponer una “querella criminal” ante los juzgados de instrucción de la capital para que se investigasen “los delitos cometidos en el contexto de crímenes contra la humanidad por parte de la dictadura franquista”, determinando “las circunstancias en las que fueron perpetrados” y aclarando “quiénes fueron sus responsables directos e indirectos”. “La administración de justicia española ha investigado crímenes contra la humanidad cometidos en distintos lugares del mundo, aunque en todos los casos fueron menos masivos y con menos permanencia en el tiempo de su comisión que los del franquismo. Sin embargo no se ha producido una investigación de estos últimos mediante argumentos insostenibles que contradicen la doctrina establecida al respecto”, recogía el texto.

La moción, que fue aprobada con los votos a favor de Ahora Madrid y PSOE, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP, también contemplaba el respaldo del consistorio a todas aquellas iniciativas ciudadanas “encaminadas a iniciar procedimientos” en los tribunales para “determinar responsabilidades” por estos crímenes. Con el objetivo de cumplir con el acuerdo plenario, el ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha este lunes la Oficina de Atención a Damnificados por Crímenes Franquistas, un organismo que se encargará de elaborar “un censo de víctimas” y de recoger sus “testimonios”, los cuáles servirán “para conformar el relato y parte del material probatorio de las acciones judiciales que eventualmente se ejerciten, así como para la creación del archivo de testimonios audiovisuales de memoria de la ciudad de Madrid”. Además, dará “información y asesoramiento” sobre cuestiones como el acceso a archivos oficiales.

Fiscalía especial para las desapariciones forzadas

La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de reformar la Ley de la Memoria Histórica de 2007 para exhumar a Franco del Valle de los Caídos y su tramitación como proyecto legislativo, con el que también se pretende evitar que los restos del dictador terminen inhumados en la Catedral de La Almudena,  ha abierto la puerta a que se corrijan todas aquellas cuestiones que la normativa memorialista impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dejó sin resolver. Una oportunidad que Izquierda Unida no quiere desaprovechar. Por eso este lunes, a través del grupo parlamentario de Unidos Podemos, la formación que lidera Alberto Garzón ha presentado una batería de enmiendas con las que, además de impulsar la exhumación de fosas comunes, pretende que se ponga fin al Concordato firmado con el Vaticano en 1957 –un acuerdo ratificado en 1976 y 1979– y se investiguen de una vez por todas los crímenes cometidos durante la dictadura.

Para ello, el grupo confederal plantea una anulación parcial de la Ley de Amnistía de 1977, un muro normativo contra el que se chocan las víctimas cada vez que acuden a los tribunales. “El Derecho Internacional, desde la aprobación de los Principios de Nüremberg en 1946, prohíbe la amnistía de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, al igual que la Convención sobre Genocidio de 1948 obliga a perseguir este crimen en todos los casos”, asevera la enmienda. Además, en materia judicial, Unidos Podemos también propone la creación de una fiscalía especial para las desapariciones forzosas –más de 100.000 en España– y la sustracción forzada de menores, un organismo que, junto con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, pondrá “los medios normativos y materiales” que sean necesarios para que se investigue, esclarezca, persiga y repare a todas las víctimas del franquismo.

Comisión de la Verdad y homenaje a los exiliados

Cinco días después de que el Consejo de Ministros diera luz verde al decreto para sacar a Franco del Valle de los Caídos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a insistir en su intención de poner en marcha una Comisión de la Verdad a imagen y semejanza de las que se levantaron en países como Chile, Argentina o Sudáfrica. “Que sea lo más plural posible y que esté incorporada por todas las perspectivas históricas sobre la Guerra Civil y la dictadura para que de una vez por todas se cierren esas heridas que se siguen sufriendo en el país”, aseveró a finales de agosto el líder del Ejecutivo durante su visita oficial a Bolivia. Con estas palabras, el Gobierno anunciaba su intención de cumplir con una de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas. Tres meses después, este organismo, que para algunos historiadores llega décadas tarde, sigue en fase de construcción.

El Ejecutivo, por otro lado, sí que ha iniciado ya los preparativos para rendir homenaje a los cientos de miles de españoles que se vieron forzados a abandonar su tierra natal durante la Guerra Civil y la posguerra. Así, el Consejo de Ministros dio luz verde el pasado viernes a la creación de la Comisión Interministerial para la Conmemoración del 80º Aniversario del Exilio Republicano Español, un grupo de trabajo en el que se integran varios ministerios y que se encargará de “desarrollar y coordinar el programa de actividades de conmemoración y asegurar la presencia del Gobierno de España en los actos que tengan lugar tanto en nuestro país como en el sur de Francia, México y otros países iberoamericanos”. “Se trata de hacer un reconocimiento oficial a los exiliados y exiliadas españolas y sus lugares de memoria, de rendir tributo a la labor realizada por los países de acogida y de dar a conocer las aportaciones del exilio a la restauración de la democracia española”, señaló el Ejecutivo en un comunicado.

Denuncian una agresión racista de un menor a una militante de Podemos en el bar del 'chino facha'

Ver más

Repatriar los restos del Valle de los Caídos

Durante los últimos meses, se ha hablado largo y tendido sobre la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos y el futuro del complejo monumental, que según Sánchez no pasará por la resignificación y reconversión en un Museo de la Memoria. También se ha abordado la cuestión de trasladar al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, a un lugar no preeminente de Cuelgamuros. Sin embargo, fuera del foco han quedado los restos de las 33.833 personas –21.423 identificados y 12.410 sin identificar– que según los datos del Ministerio de Justicia yacen en las diferentes criptas del Valle de los Caídos. Muchos de ellos, que pertenecen a republicanos represaliados, fueron llevados hasta el mausoleo fascista sin el consentimiento de la familia. Proceden de 491 fosas y cementerios repartidos por toda la geografía española. La mayoría, los trajeron de Aragón –más de 6.000– y Cataluña –más de 5.000–.

Ahora, el Gobierno aragonés tendrá que hacer todo lo que esté en sus manos para repatriar los restos de todas aquellas personas que fueron trasladadas desde su territorio hasta Cuelgamuros. A comienzos de noviembre, las Cortes de Aragón dieron luz verde a la Ley de Memoria Democrática, normativa que incluye una disposición adicional que obliga al Ejecutivo autonómico a respaldar “las iniciativas de exhumación de las víctimas aragonesas que fueron inhumadas clandestina e ilegalmente, sin autorización y en muchos casos sin conocimiento de sus familias, en los columbarios, criptas y mausoleo del Valle de los Caídos”. Siguiendo la estela aragonesa, el pasado mes de septiembre EH Bildu y Podemos también registraron en el Parlamento vasco dos proposiciones no de ley instando al Ejecutivo autonómico a iniciar las gestiones necesarias para localizar y exhumar los restos de aquellas personas de origen vasco enterradas en el mausoleo fascista.