¿Qué dice la ley andaluza de memoria que Vox ve "totalitaria" y el PP quiere "mejorar"?

El portavoz del Gobierno andaluz, que también es portavoz del PP y consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, afirma que se trata de una norma con la que no todo el mundo se siente "cómodo" ni "representado". Vox va mucho más lejos. En su programa andaluz recoge su derogación porque la ley "impone de forma totalitaria una 'versión oficial' muy sesgada de la historia andaluza en el periodo 1931-1975, interfiriendo en la libertad de pensamiento, de expresión, de investigación y de cátedra". Atendiendo a estos argumentos, la ley no permite lo que Francisco Serrano, presidente del grupo de Vox en Andalucía, considera "una imagen limpia de nuestra historia, libre de resentimiento sectario". Pero, ¿qué dice esa ley de memoria que a tantos "incomoda" y que el Gobierno andaluz de PP y Cs, determinado por el apoyo externo de Vox, ha puesto en el punto de mira en el arranque de la legislatura? ¿Qué establece esa norma que el PP ha pactado derogar con Vox, para sustituirla por una "ley de concordia", en línea con ese "Comisionado de Concordia" recién creado?

La Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, esa que Bendodo afirma ahora que pretende "mejorar", parte del acuerdo de Gobierno del PSOE e IU alcanzado tras las elecciones de 2012 que ganó Javier Arenas, pero con una mayoría insuficiente para gobernar. Ambos partidos, entonces liderados por José Antonio Griñán y Diego Valderas, alcanzaron un acuerdo que incluía una ley de memoria histórica. Su impulso correspondió al propio Valderas, que fue vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, con competencias en materia histórica. De hecho, fue la norma estrella de Valderas. La legislatura, acortada por el adelanto electoral de Susana Díaz en 2015, tras un progresivo distanciamiento de su socio de Gobierno, concluyó sin que la norma estuviera aprobada por el Parlamento. Se quedó en el tintero.

El PSOE la recuperó la pasada legislatura (2015-2018), con Rosa Aguilar como impulsora desde la Consejería de Cultura. No cambió el texto acordado por el PSOE e IU, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno. La norma cosechó el apoyo del PSOE, Podemos e IU (67 parlamentarios) y la abstención del PP y Ciudadanos (42), que era socio de legislatura de los socialistas. Salió adelante sin votos en contra en marzo de 2017. Tanto el PP como Cs dieron durante su tramitación muestras de disconformidad con algunos aspectos del articulado, especialmente los centrados en el relato histórico. No obstante, en ningún momento convirtieron la norma en casus belli, como prueba su abstención.

La ley, consensuada con asociaciones memorialistas, nace con la declarada vocación de "recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Andalucía", así como "a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales de los que hoy disfrutamos y a quienes lucharon por alcanzar nuestra autonomía". "La memoria del pasado y la pedagogía social cara al futuro son factores de identidad política y de orgullo para Andalucía", señala en su exposición de motivos. La norma, que se declara inspirada por los principios de "verdad, justicia y reparación", supone un "reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo y de la resistencia popular contra la dictadura", a quienes se reconoce su contribución en el "largo camino que ha llevado al establecimiento de un plano de igualdad con los demás pueblos del Estado español". "En este camino quedó el padre de la Patria Andaluza, Blas Infante, asesinado como miles de andaluzas y andaluces", agrega la norma.

La ley destaca "las violaciones de los derechos humanos [...] desde el golpe militar contra la República hasta la finalización del proceso de transición". Este punto, la mención crítica al periodo democrático, en el que según la ley se siguieron produciendo vulneraciones de derechos humanos, fue objeto de enmienda por parte de PP y Cs. Ambos partidos querían dejar la Transición fuera de la norma. No lo lograron, porque todas sus enmiendas fueron rechazadas, como recordó este martes el propio Elías Bendodo (PP) en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Eso sí, la norma andaluza hace en su exposición de motivos un balance positivo de la Transición:"Vista desde la perspectiva del tiempo transcurrido, dio unos resultados políticos positivos, ya que permitió superar la división creada por la Guerra Civil y la dictadura, institucionalizó la vida democrática y creó espacios de convivencia". Lo que hace la norma no es censurar la Transición, sino recordar que durante la misma "el pueblo andaluz, con las organizaciones democráticas, tuvo que seguir luchando para conseguir su derecho a la autonomía dentro del marco constitucional que estaba en proceso de construcción". Y ahí inscribe las grandes manifestaciones autonomistas de 1977. Cabe recordar que Vox es partidario de la supresión de las autonomías.

La norma ahora cuestionada recoge el "carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas, de género y de orientación sexual o de creencia religiosa durante la Guerra Civil, así como las sufridas durante la dictadura". Y hace un relato histórico sucinto pero contundente, que arranca "el 18 de julio de 1936" con el "golpe militar contra el Gobierno de la República". "En defensa de la legalidad constitucional de la Segunda República Española, se desencadenó la Guerra Civil, que acabó destruyendo el Estado Republicano que pretendía llevar a cabo la necesaria reforma agraria y que estaba culminando nuestro primer reconocimiento como autonomía. Para Andalucía, la República supuso el empeño de modernizar y hacer más justas sus arcaicas estructuras económicas, junto con el intento de superación del secular dominio ejercido por la oligarquía agraria, con el beneplácito de la jerarquía eclesiástica", señala la norma. Un relato incompatible con el de Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, culpa al PSOE del inicio de la Guerra Civil y se dice "voz de aquellos que tuvieron padres en el bando nacional".

"Es imprescindible que no quede en el olvido el legado histórico de la Segunda República Española, como el antecedente más importante de nuestra actual experiencia democrática", señala la norma andaluza, que considera "necesario recordar con toda su complejidad y su trágico desenlace los valores y principios políticos y sociales que presidieron ese período". "La Guerra Civil de 1936-1939", añade la ley, "fue la culminación de un proceso que puso fin a la democracia, al programa de reformas impulsado por la Segunda República y a la cultura democrática que había arraigado en la ciudadanía andaluza. Constituyó una enorme sangría para el pueblo andaluz". También alude a "la represión represión y la violación de los derechos humanos durante el periodo bélico y en la posguerra [...], siendo los trabajadores, las trabajadoras y las fuerzas de la cultura, junto con las organizaciones políticas y sindicales que los representaban, las principales víctimas de la misma". La narración que precede al articulado señala que "las décadas de los sesenta y setenta supusieron una modificación de las formas de dominación de la dictadura, aunque la violencia siguió presente como forma última de imposición".

La ley señala que los crímenes del franquismo fueron "contra la humanidad o de lesa humanidad", aunque la norma carece del alcance suficiente para perseguir con ella penalmente a los responsables de dichos crímenes. Es decir, la norma andaluza no deroga en ningún caso –no puede de ningún modo– la Ley de Amnistía, una de las piedras angulares de la Transición. Es, en esta parte, meramente declarativa.

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Memoria en las aulas

Entre otras novedades, la ley amplía la consideración de víctima a colectivos como los familiares, los niños robados, a los que estuvieron en campos nazis y especialmente a los que sufrieron ensañamientos como las mujeres rapadas y los homosexuales; refuerza el régimen de protección legal de los lugares vinculados a la memoria democrática; y faculta a la Junta para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal. Es decir, otorga a la Administración un papel más activo en la denuncia de hechos penalmente relevantes, como por ejemplo hallazgos de posibles fosas. La norma también incluye el estudio de la memoria democrática en los currículos educativos. El PP se oponía a que se diera en Primaria, pero no en Secundaria y Bachillerato. E intentó que se recogiera que la docencia debía sujetarse a la "libertad de cátedra". Cs, por su parte, también puso objeciones. Pretendía ligar la docencia de esta materia a su inclusión en un Plan Andaluz de Educación. Las enmiendas de ambos partidos fueron rechazadas (ver aquí las enmiendas a la ley a partir de la página 92). La norma también establece la prohibición de exhibir de simbología fascista y obliga a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido.

La ley que Vox y el PP se han comprometido a sustituir por una norma "de concordia" se estructura en seis títulos, dedicados a las víctimas de la represión, las medidas de reparación, los documentos sobre memoria, el fomento del movimiento asociativo, la actuación administrativa y el régimen sancionador. Respecto a las víctimas, el articulado extiende esta consideración (ya vigente para fusilados, guerrilleros, condenados y exiliados) a los familiares, a los niños robados, a quienes padecieron los campos de exterminio nazis y a colectivos que sufrieron especial persecución, como homosexuales o mujeres vejadas. La ley contempla la creación de una comisión de carácter independiente o grupo de trabajo para elaborar un informe sobre lo sucedido en la guerra, dictadura y años posteriores en Andalucía.