PP y Ciudadanos acumulan promesas de rebajas fiscales pero no aclaran su impacto en el Estado del bienestar

Los impuestos, tema electoral donde los haya, están sin embargo muy lejos de acaparar la atención de los debates en la campaña del 28 de abril. Aun así, los programas de los principales partidos no han dejado de incluir sus propuestas fiscales para la próxima legislatura. Y es en ellas donde se muestran con toda su brusquedad las diferencias entre unas formaciones políticas y otras.

Mientras PP, Ciudadanos y Vox se centran en suprimir y rebajar impuestos para dejar el dinero “en el bolsillo de los ciudadanos”, PSOE y Unidas Podemos los sitúan como herramienta indispensable para combatir la desigualdad y distribuir la riquezacombatir la desigualdad y distribuir la riqueza. El Partido Popular critica la “voracidad recaudatoria de los gobiernos de izquierda”, Ciudadanos se compromete a garantizar que los impuestos “no sean confiscatorios” y Vox no duda en asegurar que “provocan costes sociales superiores a la recaudación que generan”. PSOE y Podemos coinciden a la hora de hablar de “justicia fiscal”, repitiendo muchas de las medidas que ambos partidos pactaron para los Presupuestos del Estado de 2019 que finalmente no fueron aprobados en el Congreso.

Sólo Vox cuantifica el presunto impacto que algunas de sus propuestas fiscales tendrá en la recaudación. Podemos ha dado cifras concretas de cuánto espera aumentar los ingresos con las nuevas figuras tributarias que plantea crear sólo en las entrevistas concedidas por sus dirigentes. Pero ni PP ni Ciudadanos ni PSOE precisan en sus programas el coste recaudatorio de sus rebajas fiscales. También es sólo Vox, en una propuesta de 52 páginas apta únicamente para expertos por su lenguaje y profusión de fórmulas, el que menciona la curva de Laffer, base teórica de las políticas fiscales de Ronald Reagan, George Bush y Donald Trump: subir los tipos impositivos recorta la recaudación. Una tesis que múltiples economistas de todo el mundo consideran falsa. Ni PP ni Ciudadanos se atreven con semejante tecnicismo –Daniel Lacalle, gurú económico de Pablo Casado, no deja de repetir que sus rebajas fiscales no están inspiradas en la polémica gráfica–, sino que prefieren subrayar como prioritario el cumplimiento del objetivo de déficit público impuesto por la UE y la necesidad de ajustarse a la regla de gasto.

En definitiva, PP y Ciudadanos acumulan todo tipo de detalladas promesas de rebajas fiscales o supresión de impuestos, pero no aclaran cómo afectarán exactamente a la evolución de la recaudación y, por tanto, a los costes del Estado del Bienestar. La inmensa mayoría de la recaudación de impuestos se dedica al pago de las pensiones, a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales.

Pese a los discursos de la derecha sobre el excesivo pago de impuestos, la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat) demuestra que la presión fiscal en España, medida como los impuestos y contribuciones sociales pagados en relación con el PIB, es del 34,5%, por debajo de la media de la eurozona, el 41,4%, y de la UE, el 40,2%. España se sitúa así como el octavo país de la zona euro y el décimo de la UE con menor presión fiscal.

En 2018, la recaudación tributaria total ha superado las cifras precrisis, con unos ingresos de 207.610 millones de euros –por encima de los 200.676 millones de 2007–. De esa cifra, 24.179 millones corresponden al impuesto sobre sociedades, 82.420 millones al IRPF, 70.126 millones al IVA y 20.615 millones a los impuestos especiales (hidrocarburos, tabaco, alcohol). Tanto los ingresos por el IRPF como por el IVA sobrepasan ya los niveles precrisis. Pero el impuesto sobre sociedades sigue a la mitad de lo que sumaba en 2007sigue a la mitad de lo que sumaba en 2007. Ese año las empresas pagaron a Hacienda por sus beneficios 44.823 millones de euros; 10 años después, y pese a haber superado las ganancias que declaraban entonces, el fisco sólo ha ingresado por este concepto 24.179 millones.

  PP: Rebaja de 5 puntos en el IRPF y de 3 puntos en Sociedades

La prioridad de su política económica y presupuestaria es cumplir el Pacto de Estabilidad y que todas las administraciones públicas se ajusten a la regla de gasto, “frente a la manirrota política de despilfarro”. El PP quiere respetar el objetivo de déficit de la UE rebajando el IRPF “a todos los contribuyentes”, sin dar más detalles que anunciar un recorte del tipo máximo “por debajo del 40%. Ahora el tipo que grava a quienes ingresan más de 60.000 euros al año se encuentra en el 45%. Además, los populares proponen deducciones autonómicas en el IRPF para los menores de 35 años y familias con al menos un hijo, sin detallar en qué cuantía. Igualmente quieren exenciones en el IRPF para los jubilados que sigan trabajando sin cobrar su pensión y beneficios fiscales para los planes de ahorro y vivienda destinados a la jubilación.

En el impuesto de sociedades, el PP plantea también rebajas: un tipo máximo del 20%, en lugar del 25% actual. También ofrece a los parados de larga duración –quienes lleven más de un año sin trabajo– no pagar el impuesto sobre sociedades durante los dos primeros años si abren un negocio.

La lista de figuras tributarias que quiere suprimir es larga: patrimonio, sucesiones y donaciones –entre padres e hijos, al resto de la línea descendiente y entre cónyuges– y actos jurídicos documentados –objeto de polémica por el cambio de criterio del Supremo sobre quién debía pagarlo: el banco o el cliente–. Además, propone eliminar las tasas sobre la actividad turística, reducir hasta el mínimo legal el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en los ayuntamientos donde gobierne el PP y no crear nuevos impuestos en las comunidades autónomas. Igualmente quiere reformar el impuesto de circulación para que se aplique “en función de las emisiones y el consumo energético”.

Otra reducción adicional afectará, aun sin concretar la cuantía, a las cotizaciones sociales que las empresas deben pagar si contratan jóvenes y parados de larga duración. También quieren los populares bonificar los impuestos locales en los ayuntamientos que tengan superávit y carezcan de deuda, y aprobar incentivos fiscales para empresas “altamente innovadoras”. Todas ellas medidas que reducirán la recaudación fiscal.

  PSOE: TASA GOOGLE, IMPUESTO FINANCIERO Y ALZAs a LOS RICOS

Los socialistas se comprometen a sacar adelante las medidas tributarias que incluyeron en sus Presupuestos nonatos para este año. Así, se reafirman en la creación de la tasa Google, que gravará a las empresas que facturen en todo el mundo más de 750 millones de euros y en España más de tres millones, por determinados servicios digitales: el 3% de los servicios de publicidad online y la venta de datos. La tasa, que también iba a ser aprobada por la UE para todo el territorio comunitario en términos idénticos a los planteados por el Gobierno español, quedó finalmente bloqueada en Bruselas el pasado marzo por el rechazo de Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Francia y Reino Unido ya cobran un impuesto a las tecnológicas.

También quiere recuperar el PSOE el impuesto a las transacciones financieras, el aumento de los impuestos a las grandes empresas y a los contribuyentes “de ingresos más altos y con mayores patrimonios”a los contribuyentes “de ingresos más altos y con mayores patrimonios”. No concreta cifras, pero en el Presupuesto que no llegó a aprobarse se incluyó un tipo mínimo efectivo del 15% para las grandes empresas en el impuesto sobre sociedades –18% para banca y petroleras–, así como un alza en el IRPF de dos puntos para quienes ingresen más de 130.000 euros anuales, de cuatro puntos a partir de los 300.000 euros y otros cuatro puntos a las rentas del capital superiores a 140.000 euros.

El programa incluye una reducción de “la carga fiscal soportada por las pymes”, que en el citado Presupuesto se refiere a un recorte del 25% actual al 23% para las empresas que facturen menos de un millón de euros. La creación en la Agencia Tributaria de una unidad para grandes patrimonios, el aumento de su personal y la prohibición de las amnistías son otras propuestas del PSOE, que se queda en una vaga mención a “avanzar a escala internacional” cuando menciona los paraísos fiscales.

  UNIDAS PODEMOS: IMPUESTOs A BANCA Y GRANDES FORTUNAS

El primer punto del programa fiscal de Unidas Podemos es la derogación del artículo 135 de la Constitución que consagró en 2011 el principio de estabilidad presupuestaria y obliga al Estado a cumplir el objetivo de déficit establecido por la UE. Después, propone recuperar las medidas fiscales pactadas con el PSOE para los Presupuestos de 2019 pero reclamando un paso más: el tipo mínimo efectivo del 15% para las grandes empresas –20% para los bancos y empresas petroleras–, rebaja en sociedades para las pymes del 25% al 23%, impuesto a las transacciones financieras –pero gravando también los derivados y las operaciones especulativas– y la tasa Google para las grandes compañías que facturen más de 500 millones de euros.

Además, el partido morado reclama un tipo del 47% en el IRPF para quienes ingresen por encima de los 100.000 euros anuales y del 55% para quienes superen los 300.000. Las rentas del capital, plantea, deberían tributar tanto como las del trabajo, y no menos. Y quiere reducir al 18% el tipo que se aplica al tramo más bajo del IRPF.

Igualmente, el partido de Pablo Iglesias pretende crear un nuevo impuesto para las grandes fortunas: del 2% para quienes posean un patrimonio superior al millón de euros, del 2,5% para quienes superen los 10 millones, del 3% para más de 50 millones y del 3,5% si exceden los 100 millones de euros. “La mayor parte del impuesto recaerá”, asegura Unidas Podemos, “sobre los 1.000 patrimonios más altos del país”. El objetivo es recaudar el equivalente a un 1% del PIB, 11.000 millones de euros, con este nuevo tributo, que sustituirá al “inoperativo” impuesto actual sobre el patrimonio.

La formación morada no renuncia tampoco a crear el impuesto a la banca que el PSOE dejó en el cajón al preparar los Presupuestos de 2019. Debería ser 10 puntos superior al tipo que ahora se aplica a las entidades financieras, del 30%, y se emplearía para recuperar los 60.000 millones de euros que ha costado el rescate a la banca.

Con todo este catálogo de medidas, Unidas Podemos cree que aumentará la recaudación hasta los 40.000 o 45.000 millones de euros.

A diferencia del PSOE, el partido morado concreta qué iniciativas deberían tomarse para luchar contra la elusión tributaria a través de los paraísos fiscales. Pide una reforma de las exenciones a la doble tributación de los beneficios obtenidos en el extranjero, de forma que sólo se permita no pagar a las empresas que ya lo hayan hecho al menos con un tipo efectivo del 15% en otro país. También reclaman la eliminación de los “privilegios fiscales” de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) –no pagan por las rentas procedentes de sus participaciones en entidades extranjeras–, las sicav –tributan al 1% en el impuesto de sociedades–, las socimis –no pagan por sociedades– y el régimen de impatriados –por ejemplo, los futbolistas de élite, que tributarn por el 24% en el IRPF–.

Además, Unidas Podemos pretende prohibir el uso de sociedades pantalla para pagar menos impuestos por una vivienda, la práctica que le costó el cargo a Máxim Huerta y puso en entredicho a Pedro Duque, Pepu Hernández o Begoña Villacís, entre otros.

También a diferencia del PP, Ciudadanos y Vox, el partido de Iglesias plantea que se mantenga el impuesto de sucesiones, pero “armonizado” a partir de un mínimo “para evitar la competencia fiscal entre territorios”. Y eliminar la exención del IBI de la que goza la Iglesia, excepto para los inmuebles dedicados al culto y los utilizados por Cáritas para su obra social.

  CIUDADANOS: DEDUCCIONES A LAS FAMILIAS EN EL IRPF

Para el partido de Albert Rivera, el objetivo de déficit es también una prioridad política, por lo que promete revisar el diseño y aplicación de la regla de gasto “siguiendo las mejores prácticas europeas, para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas”. También anuncia una auditoría integral para “acabar con el gasto superfluo” e invertir en fines “prioritarios para el interés general”.

Ciudadanos plantea una reducción del IRPF para las familias con dos hijos y las monoparentales con un hijo de 1.200 euros al año, que se elevará a 2.400 euros para las que tengan más hijos. Además quiere que el tipo máximo no pase del 44%, un punto por debajo del actual. Y bonificar al 100% el impuesto de sucesiones entre parientes directos, así como reducirlo entre otros parientes.

Pero en el impuesto sobre sociedades su intención es la de “aproximar la recaudación a la media de la zona euro”, cerrando “agujeros y eliminando trampas que facilitan la ingeniería fiscal”, aunque sin precisar cuáles. También se muestra a favor de que las pymes no paguen tipos efectivos superiores a los de las grandes empresas.

Finalmente, quiere aumentar los incentivos fiscales a las startups innovadorasstartups , eximiéndolas de pagar impuestos los dos primeros años y desgravando a quienes compren sus acciones.

  VOX: IRPF del 22% HASTA 60.000 EUROS

El programa fiscal más inusual es el de la formación ultraderechista: 52 páginas de fórmulas y conceptos sólo manejables por expertos en la materia que proponen dar un vuelco al sistema tributario español. Vox plantea sustituir los actuales tramos del IRPF por una “linealización de la tarifa” del impuesto, de forma que quienes ingresen hasta 60.000 euros al año tributarían a un tipo del 22% y, a partir de esa cifra, a un tipo del 30%. El partido de Santiago Abascal asegura que esta modificación reducirá “los costes de eficiencia, cumplimiento y administración del impuesto”, al tiempo que rebajará la recaudación en una cifra que calcula entre 6.436 y 8.648 millones de euros, dependiendo del comportamiento de los contribuyentes. A estas cantidades, Vox resta las ganancias recaudatorias que, a su juicio, provendrán de sus otras propuestas para el IRPF: 1.617 millones por extender la base imponible –considerada en su conjunto como la suma de las rentas del ahorro, las inmobiliarias y otras–, 381 millones por la eliminación de deducciones –se mantienen las que benefician a las aportaciones a planes de pensiones privadas–, 324,4 millones por suprimir la reducción por declaración conjunta y 1.247 millones más por “el efecto multiplicativo del aumento de la renta disponible para el consumo”, que se recuperará en forma de impuestos indirectos.

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Vox también propone eliminar el actual mínimo exento del IRPF –por debajo de 14.000 euros al año no se tributa– por un sistema de mínimos personales y familiares que denomina Necesidades Básicas del Contribuyente (NBC). Según sus cálculos, quedaría establecido en 7.000 euros al año para una persona hasta los 65 años y 18.520 euros para un matrimonio con cinco hijos. Es decir, a partir de esos 7.000 y 18.520 euros –y hasta 60.000–, ambos tipos de contribuyentes deberían tributar por el 22% antes citado.

El impuesto de sociedades debería igualmente reducirse a ese mismo tipo del 22% y aplicarse a todas las empresas, independientemente del tamaño, el sector o la actividad. Es decir, Vox defiende que las pymes paguen el mismo tipo que las grandes empresas y que se eliminen los tipos reducidos de que disfrutan ahora las empresas de nueva creación, las entidades sin ánimo de lucro y las cooperativas, así como los tipos superiores que gravan a bancos y petroleras. En cambio, defiende que las sicav mantengan el tipo del 1% y los fondos de pensiones la exención. Generalizar el tipo nominal del 22% se traducirá, dice el partido ultraderechista, en un descenso de la recaudación de 2.645 millones de euros, que sólo se compensará en parte con un aumento de los ingresos de 1.350 millones por la supresión de las deducciones por inversiones y de la reserva de capitalización.

En el catálogo de las supresiones, Vox pretende eliminar el impuesto de sucesiones y el que grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana o plusvalía municipal, y no quiere ni oír hablar de la tasa Google o sobre las transacciones financieras, figuras tributarias amagadas por el Gobierno socialista. También ofrece revisar el IBI. Finalmente, propone sustituir cotizaciones sociales por aumentos del IVA e impuestos especiales, lo que denomina “devaluación fiscal”. A su juicio, la operación permitirá “abaratar las exportaciones”, aumentar la competitividad de la economía española y reducir el desempleo.