El ex número dos de 'Interviú' dice que Villarejo le pidió la información de Iglesias en calidad de comisario

El ex subdirector de Interviú Luis Rendueles ha declarado este jueves como investigado por un presunto delito de revelación de secretos en la Audiendia Nacional, donde ha reconocido ante el juez Manuel García Castellón que entregó en mano al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo la información que le había llegado del móvil de una asesora de Pablo Iglesias porque él lo solicitó en forma de "requerimiento policial", según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Rendueles está imputado en la décima pieza separada del caso Tandem, que investiga las actividades ilícitas de Villarejo, centrada en la información del móvil sustraído en 2015 a la asesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham cuyo contenido, tras pasar por Interviú y no ser publicado, acabó en los archivos del comisarioInterviú. El que fue número dos de la extinta revista ha incidido en que el comisario reclamó ese material por la existencia de una investigación policial en torno a Podemos, situación ante la que Rendueles y su jefe decidieron entregársela, razón que le ha valido a ambos estar investigados por revelación de secretos.

Ha argumentado además que aquel requerimiento de Villarejo fue verbal y se tomó por legítimo, habida cuenta de que en aquella época estaba entre los cinco mandos con más peso dentro de la Policía Nacional. Ninguno de los periodistas le pidió que transmitiese por escrito aquella demanda, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas. La versión del periodista concuerda según estas fuentes con la que facilitó quien entonces era su jefe y con quien hoy comparte asistencia letrada, Alberto Pozas, pues en sede judicial y también como investigado señaló que ambos entregaron la información al policía sin contemplar, dado su estatus de comisario condecorado, que pudiera utilizarla para fines ilícitos.

El modo en que llegó una copia del teléfono sustraído a Bousselham sigue sin esclarecerse, aunque ambos han declarado que entró en la redacción de Interviú de una fuente anónimaInterviú . Tampoco está claro aún de qué modo supo Villarejo que el contenido obraba en poder de la revista, de acuerdo a las fuentes consultadas. Antes de que se produjese ese "requerimiento policial" del que ha hablado Rendueles, el presidente de la editora (el Grupo Zeta), Antonio Asensio, contó al juez que entregó a Pablo Iglesias todo el contenido que obraba en su poder tras descartar publicarlo, cosa que ratificó personado como acusación, el propio líder de la formación morada.

Aquel contenido no fue difundido en Interviú pero, dado que OKDiario publicó en 2016 pantallazos de un chat interno que podrían proceder del teléfono sustraído, el juez, a instancias de Iglesias y Bousselham, ha pedido a la unidad investigadora un informe sobre todos los medios de comunicación que pudieran haber divulgado noticias a partir de ese material sustraído.

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También 'Kitchen' 

Por otra parte, este jueves ha vuelto a la Audiencia Nacional el comisario Ándrés Gómez Gordo, que está imputado por un presunto delito de malversación en el marco de la pieza 'Kitchen' que investiga un espionaje al extesorero del PP sin control judicial y costeado con fondos reservados para sustraerle información sensible del partido a partir del año 2013. Gómez Gordo ya ha prestado declaración en dos ocasiones sobre este asunto y ha regresado ante el juez después de que el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño, dijera al juez que entró en una vivienda de Bárcenas pero no encontró los discos duros que buscaba porque quizá, ya obraban en poder de este otro comisario.

Preguntado por este asunto y en una breve declaración, el policía ha negado haber tenido acceso a aquel material polémico de Bárcenas que habría sido comprometedor para el PP en el marco de las investigaciones sobre presunta financiación irregular. El resto de mandos policiales imputados en esta pieza, como el ex Director Adjunto Operativo Eugenio Pino o el propio García Castaño, han venido defendiendo que se trataba de una operación policial regular destinada a buscar fondos ocultos y testaferros del extesorero.