Sánchez tampoco explicará en el Congreso la crisis del 'Open Arms' tras medio año sin comparecer

La última vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció ante el Congreso para someterse al control de su actividad fue el pasado 28 de febrero, apenas unos días antes de que disolviera oficialmente las Cortes y convocase elecciones generales. Este miércoles se cumple medio año exacto de esa comparecencia, pero Sánchez estará al menos una semana más sin acudir al Congreso. La Diputación Permanente aprobó –con los votos a favor de Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos y PNV– que sea la vicepresidenta Carmen Calvo quien comparezca en la Cámara Baja para explicar la actuación del Gobierno en funciones ante la crisis del Open Arms. Y el PSOE, así, ha logrado evitar la exigencia de que fuera el propio Sánchez quien diera explicaciones sobre el tema esta misma semana al unir sus votos a los de Unidas Podemos.

El presidente del Gobierno tampoco tendrá que acudir a un pleno extraordinario en el Congreso esta misma semana para explicar lo ocurrido en las dos últimas cumbres europeas a las que ha acudido, los Consejos Europeos de finales de junio donde se negoció el nuevo reparto de cargos de la UE. En este caso ha sido la unión de los votos de PSOE, Unidas Podemos y PNV la que ha servido para rechazar esta iniciativa, apoyada por PP, Ciudadanos y Vox. La coalición morada, no obstante, ha votado en contra solo porque Sánchez se ha comprometido a través del Grupo Socialista a comparecer en sesión ordinaria ante el pleno del Congreso a partir de la apertura del nuevo periodo de sesiones, que comienza el próximo lunes.

La comparecencia de Calvo se ha fijado para este jueves ante la Diputación Permanente, pero aún no hay fecha para que Sánchez comparezca en la Cámara Baja, aunque en todo caso será a partir de la semana que viene. De esta forma, el presidente del Gobierno sobrepasa este miércoles la barrera de los seis meses sin rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados de su gestión, una situación que este martes le reprocharon los principales partidos: el PP aseguró que Sánchez "se esconde vergonzantemente", Ciudadanos le exigió que "dé la cara ante los españoles" y Unidas Podemos le dejó caer –con mucha mayor suavidad– que "un Gobierno tiene que gobernar, y eso implica necesariamente que se tiene que someter al control de la Cámara". 

El PSOE, por su parte, afirmó que Sánchez tiene "la voluntad" de poner fin en los próximos días a su silencio parlamentario. Y, para ello, el Ejecutivo ha prometido que tanto el presidente como cinco de sus ministros –Josep Borrell (Exteriores), Luis Planas (Agricultura), María Luisa Carcedo (Sanidad), José Luis Ábalos (Fomento) y Teresa Ribera (Transición Ecológica)– comparecerán en septiembre para informar de asuntos como el acuerdo de la UE con Mercosur, la crisis de la listeriosis, las huelgas de Renfe o el aeropuerto de El Prat o los incendios forestales, tal y como exigía la oposición.

Los retrasos a la hora de poner el Congreso en marcha

Son varias las causas que han conducido a este medio año de ausencia de control del Congreso al Gobierno. Tras su disolución a principios de marzo, las nuevas Cortes Generales no se constituyeron hasta el 21 de mayo, lo que explica los tres primeros meses (aproximadamente) que Sánchez estuvo sin rendir cuentas. No obstante, una vez constituido el Congreso, la formación de la Diputación Permanente –el órgano que pilota la Cámara Baja cuando no está en periodo de sesiones– también se retrasó: se produjo el 23 de julio, cuando tenía que haber estado lista para el 1 de ese mes. La constitución de las comisiones parlamentarias no se produjo hasta una semana más tarde. Y, durante todo ese periodo, ni se convocaron plenos –salvo el de la investidura fallida– ni se controló, por ende, al Gobierno.

Este martes, el PP recordó que, cuando estaba en la oposición "el señor Sánchez vociferaba contra un Gobierno en funciones y ahora ese mismo Sánchez se esconde vergonzantemente para no tener que presentarse en el parlamento". Lo cierto es que, en esta ocasión, ningún ministro ni el propio Sánchez se han negado a acudir al Congreso ante una petición expresa, como sí hizo el anterior Ejecutivo. Pero, no obstante, sí se han visto favorecidos por la lentitud de su presidenta, Meritxell Batet, a la hora de volver a poner en marcha la Cámara Baja tras las elecciones. Y ello a pesar de que el PSOE, en la anterior legislatura, fue muy crítico con la decisión el entonces presidente, Mariano Rajoy, de que ni él ni su gabinete se sometieran al control del Congreso mientras estuvieran en funciones.

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De hecho, en 2016 el PSOE promovió un recurso ante el Tribunal Constitucional que apoyaron todos los grupos salvo el PP. El Congreso lo presentó después de que los entonces ministros de Defensa y Fomento en funciones, Pedro Morenés y Ana Pastor, se negasen a comparecer al entender que no tenían obligación de rendir cuentas. El entonces portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, aseguró en sede parlamentaria que los diputados tienen "el derecho y la obligación de controlar al Gobierno sean cuáles sean sus funciones", ya que "cuando el Gobierno se niega a comparecer desprecia el principio de soberanía popular y priva a los ciudadanos de la capacidad de participar y controlar los asuntos públicos".

En el recurso de 2016 presentado contra el Gobierno de Rajoy, el Congreso planteó que se estaban vulnerando hasta ocho artículos de la Constitución, entre ellos los que garantizan el derecho de participación política de los ciudadanos o la propia capacidad y el deber de las Cortes de controlar al Gobierno. Y el Tribunal Constitucional, en noviembre de 2018, sentenció que el Ejecutivo tiene la obligación de someterse al control de las Cámaras esté o no esté en funciones.

"La función de control que corresponde a las Cortes Generales está implícita en su carácter representativo", y que el Gobierno la niegue "afectaría al equilibrio de poderes previsto en la Constitución", señaló entonces el Constitucional, que insistió en que el hecho de que el Gobierno esté en funciones no impide la función de control de las Cámaras, ya que en la medida en que el Gobierno sigue desarrollando actividad, esta no puede quedar exenta del control de las Cortes".