Siria

La ofensiva en el noreste de Siria provoca una nueva crisis de desplazados y pone en riesgo suministros clave

Combatientes del Ejército Nacional Sirio, respaldado por Turquía, hablan con habitantes locales.

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La ofensiva iniciada por las fuerzas turcas el 9 de octubre ha derivado en una crisis de desplazamiento que amenaza con forzar a 300.000 personas a abandonar sus hogares en las principales localidades de Hasaka y Raqqa. Más de 2.000 han llegado a la frontera con Irak e incluso han cruzado a territorio iraquí, según las organizaciones humanitarias.

Naciones Unidas elevó el lunes a 160.000 la cifra provisional de desplazados por la ofensiva turca en el noreste de Siria, de los cuales unos 70.000 serían menores de edad. "El impacto humanitario completo de la actual operación militar sigue siendo difícil de determinar dado lo volátil de la situación", ha reconocido la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha advertido en un comunicado del posible desplazamiento de 300.000 civiles, mientras que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha confirmado las primeras llegadas a territorio iraquí. El lunes llegaron 184 personas procedentes de Siria, a las que se sumarían otras 200 que han cruzado durante la noche del martes.

"Muchos de los refugiados han huido de sus casas en la zona de Kobani, algunos de ellos después de caminar tres o cuatro días", ha asegurado la portavoz de ACNUR, Liz Throssell, que ha confirmado que hay "otras 2.000 personas" en zonas sirias cercanas a la frontera.

ACNUR ha atendido ya a 31.800 personas por la última escalada de tensiones, de las cuales 21.500 viven en campos para desplazados internos y otras 11.550 residen en refugios comunitarios. También el CICR ha redoblado sus trabajos para ayudar a 515 familias –más de 2.500 personas– alojadas en escuelas de Hasaka.

"Acabábamos de comer cuando oímos una fuerte explosión cerca de nuestra casa. Mis hijos pequeños comenzaron a llorar. Mi marido y yo los cogimos, salimos de casa y caminamos durante horas", cuenta Um Ali, una mujer de 38 años residente en Ain Issa. La familia no tenía dinero para alquilar un coche, por lo que tardó dos días en llegar a Hasaka, donde se sienten "un poco más seguros" en una escuela.

"No hemos traído comida, ni agua, ni colchones", explica. El CICR ha subrayado que el perfil de estas familias corresponde en su mayoría a mujeres y niños y ha recordado que la ocupación de las escuelas ha provocado como daño colateral que "miles" de estudiantes se hayan quedado sin poder ir a clase.

Principales necesidades 

Las organizaciones coinciden en que la ofensiva lanzada por Turquía contra las milicias kurdas está teniendo consecuencias palpables sobre la población civil, que corre el riesgo de quedarse sin suministros básicos. El CICR teme que la ciudad de Hasaka, donde viven unas 400.000 personas, se quede sin agua por los efectos de los combates sobre una estación cercana.

ACNUR también ha citado entre las "necesidades inmediatas" la falta de documentos de los desplazados, en la medida en que la mayoría de ellos han huido prácticamente con lo puesto y "las familias se han separado". Asimismo, ha abogado por incrementar el apoyo psicológico a estas personas, muchas de las cuales arrastran ya traumas de la larga guerra.

La agencia de la ONU calcula que necesita 31,5 millones de dólares (28,5 millones de euros) adicionales para atender las nuevas necesidades surgidas en Siria, aunque tanto esta agencia como otras organizaciones reconocen que ni siquiera se conoce a día de hoy la magnitud de la crisis humanitaria en la zona noreste.

La ONU advierte a Turquía

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha advertido a Turquía de que puede ser penalmente "responsable" de los abusos que cometan los rebeldes sirios que apoyan su ofensiva militar en el noreste de Siria y le ha instado a investigar posibles ejecuciones extrajudiciales.

La oficina de Michelle Bachelet verifica "cada día" las víctimas civiles que estaría dejando esta ofensiva, que comenzó el 9 de octubre por orden del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "El peor incidente" en suelo sirio habría tenido lugar el domingo en la carretera que conecta Tel Tamor con Ras al Ain y se cobró la vida de al menos cuatro civiles que viajaban en un convoy alcanzado por la aviación de Turquía.

Las autoridades turcas también han informado de la muerte de 18 civiles en su lado de la frontera, entre ellos un bebé de nueve meses, desde el inicio de los enfrentamientos, según un comunicado del portavoz del Alto Comisionado, Rupert Colville.

La ONU examina dos vídeos que supuestamente muestran ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el grupo armado Ahrar al Sharqiya, aliado de Turquía. Uno de ellos mostraría la muerte de tres prisioneros kurdos y en otro se aprecia la ejecución de una política kurda, en ambos casos en una carretera entre Hasaka y Manbij.

Colville ha recordado que tanto los civiles como los combatientes que ya no representan peligro, por ejemplo los que ya están capturados, están protegidos por el Derecho Internacional y las ejecuciones extrajudiciales "podrían equivaler a un crimen de guerra".

"Turquía podría ser considerada responsable por las violaciones cometidas por sus grupos armados afines, en la medida en que ejerza un control efectivo sobre estos grupos o sobre las operaciones en que tienen lugar estas violaciones", ha añadido el portavoz.

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El Alto Comisionado recaba datos sobre los posibles abusos, pero ha instado a las autoridades turcas a adelantarse con una investigación "imparcial, transparente e independiente" de los dos incidentes señalados, así como a detener y juzgar a sus responsables, "fácilmente identificables" por los vídeos divulgados en redes sociales.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos examina, además, ataques contra infraestructuras civiles como el servicio eléctrico, el suministro de agua o instalaciones médicas, que amenazan con llevar aún más al límite a la población residente en el noreste de Siria. La oficina de Bachelet tenía constancia hasta el lunes de cinco ataques contra instalaciones médicas.

 

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