La sentencia del 'caso ERE' sacude al PSOE con Pedro Sánchez en plena búsqueda de apoyos para gobernar

Llegó la hora. Los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía juzgados por el caso ERE, entre ellos los ex jefes de Gobierno autonómico, exministros y expresidentes del PSOE Manuel Chaves y José Antonio Griñán, están citados este martes a las 12.00 horas en la Audiencia de Sevilla, donde recibirán la sentencia en un pen drive de manos de una funcionaria. El tribunal, integrado por los magistrados Juan Antonio Calle Peña (ponente), Pilar Lorente y Encarnación Roca, ya tiene redactado el fallo, que establecerá una primera verdad judicial, a la espera de los recursos ante el Tribunal Supremo. La sentencia acecha al PSOE mientras su secretario general y presidente en funciones, Pedro Sánchez, está inmerso en las negociaciones para la investidura y la formación de gobierno. Un fallo condenatorio, sobre todo si es duro, sería una bomba política. La decisión afectará especialmente al PSOE andaluz, el más poderoso brazo de poder del socialismo en España, donde gobernó casi 37 años.

  ¿Qué se juzga?

El caso ERE es amplísimo. La investigación, iniciada por la juez Mercedes Alaya en 2011, se divide en unas 200 piezas, debido al gran número de ayudas concedidas. El fallo que se conocerá este martes es el más importante por varios motivos. En primer lugar, porque es el primero. Pero, además, porque es la sentencia de la conocida como "pieza política". Este proceso trata de delimitar si el reparto del fondo de ayudas sociolaborales de la Junta durante la primera década de los 2000 fue legal o ilegal. Es decir, el tribunal establecerá si el propio reparto de los fondos constituía un hecho delictivo y delimitará quiénes fueron responsables, tanto por acción –por impulsar el sistema, mantenerlo y dotarlo de fondos– como por omisión –por ignorar las alertas de la Intervención–.

Han quedado fuera de este juicio las posibles irregularidades cometidas en cada una de las ayudas otorgadas con cargo a la partida 440.01 del conocido programa 31L, el que el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero bautizaría en una declaración policial como "fondo de reptiles" (expresión de la que en el juicio se retractó). Este fondo era un cajón del que salieron a lo largo de más de una década fondos para prejubilaciones de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE), así como ayudas directas a empresas y ayuntamientos.

A lo largo del juicio, el reparto en cuestión ha quedado delimitado en 680 millones entre 2000 y 2009. Esa es la cantidad que supuestamente se repartió sin el debido control. El sistema, conocido como "procedimiento específico" y creado en el año 2000, dotaba a la Junta de un método ágil para sofocar fuegos laborales sin perderse en la burocracia. Por ejemplo, ¿que se hundía Santana Motor, en Linares (Jaén)? Pues la Junta acudía presta a destinar fondos para garantizar una prejubilación a los despedidos hasta su edad de jubilación. ¿Que se venía abajo la minería en la Faja Pirítica de Huelva? Pues lo mismo, en este caso con la ayuda también del Ministerio de Empleo. Así con decenas de empresas, desde colosos industriales a restaurantes.

Más de 6.000 trabajadores recibieron ayudas. Ojo, no es que todos estos trabajadores no tuvieran derecho a ayudas. Lo que se cuestiona es si el sistema era legal o no. En las otras piezas se verá si algunos de estos trabajadores eran "intrusos", es decir, que no trabajaron en las empresas por las que se prejubilaron, o no con la responsabilidad que justifique la cuantía recibida. También se verá si hubo empresas intermediadoras, singularmente Vitalia y Uniter, que cobraron comisiones por encima del valor del mercado por intermediar entre las empresas, los sindicatos y la Junta a lo largo de la tramitación de los ERE.

El total defraudado no serán los 680 millones, sino lo que a lo largo del desarrollo de todos los juicios se demuestre caso por caso. Lo que en este fallo se establecerá es si el reparto fue discrecional –tuvieran o no derecho al dinero sus beneficiarios– y si estaba diseñado para eludir controles. La particularidades –intrusos, sobrecomisiones, ayudas mal justificadas– son la letra pequeña del caso, que se verá más adelante. La sentencia no entrará en el detalle de cada caso. El fallo, que tendrá inevitable influencia sobre el resto de instrucciones, se centrará en el sistema.

La Fiscalía considera que el "procedimiento específico" tenía por objeto eludir los controles, la fiscalización, las bases reguladoras y la convocatoria pública, así como los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia e igualdad. La sentencia deberá aclarar si las ayudas se concedían sin comprobar los requisitos, y si tras su concesión no se vigilaba que se hubiera dado un uso correcto a las mismas. El Ministerio Público cree que el sistema eludía el mecanismo de concesión de ayudas previsto en la ley mediante un ente, que primero se llamó Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y después Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que pagaba las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo. Los fondos de Empleo pasaban IFA-IDEA a través de transferencias de financiación, una figura administrativa legal, pero que según la Fiscalía se usó sin control... Las defensas han sostenido que el sistema era legal y que se basaba en un marco estatal de concesión de ayudas, y tratan de reducir el caso a irregularidades concretas cometidas en el reparto.

  ¿Quiénes son los acusados?

La élite política andaluza de varios lustros se ha sentado en el banquillo de los acusados. Están acusados dos expresidentes: Manuel Chaves, de 74 años, presidente de 1990 a 2009; y José Antonio Griñán, de 73 años, presidente de 2009 a 2013. Ambos, que lo fueron todo en el PSOE, partido que llegaron a presidir, se dieron de baja del PSOE en 2016, tras su procesamiento. Además, hay seis exconsejeros. Gaspar Zarrías, de Presidencia (1988-1990 y 1996-2009), ha sido el miembro del Gobierno andaluz durante la etapa de Chaves de mayor relieve político. Solía decirse que no se movía una hoja en Andalucía sin que él lo supiera. Hay otros miembros de los sucesivos gabinetes de perfil alto, como Magdalena Álvarez (Hacienda, 1994-2004), que luego fue ministra de Fomento. También esperan sentencia dos exconsejeros de Empleo, el principal foco del fraude, José Antonio Viera –que fue secretario general del PSOE de Sevilla de 2004 a 2012– y su sucesor, Antonio Fernández, el único exconsejero que ha pasado por prisión. A ellos se suman la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo (2009-2013), que fue número 2 de Griñán en Economía, y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo (2004-2009), que durante su etapa en primera línea sonaba como posible relevo de Chaves. Buena parte de la plana mayor de Chaves se la juega en esta sentencia.

El resto de acusados, hasta llegar a 21, son de un perfil más técnico y menos político: tres exviceconsejeros, cinco ex directores generales de consejería o agencia pública; un exjefe de gabinete jurídico de la Junta de Andalucía; un ex interventor general de la Administración autonómica; y tres ex secretarios generales técnicos.

  ¿Qué condenas hay en juego?

A pesar de que el responsable político de la creación del sistema es Chaves, el expresidente forma parte del grupo de seis acusados a los que se le pide menor pena: 10 años de inhabilitación por prevaricación. A la misma condena se enfrentan los exconsejeros Zarrías y Álvarez, un exdirector general de Presupuestos (Antonio Lozano) y un exjefe del gabinete jurídico de la Junta (Francisco del Río).

A ninguno de ellos se les acusa de malversación. En cambio, sí a José Antonio Griñán la Fiscalía, en contra del criterio del Supremo. No lo hace por su etapa como presidente, sino como consejero de Economía (2004-2009), al considerar el Ministerio Público que ignoró un informe de auditoría sobre 2003, conocido en 2005, que concluía que el sistema de concesión de subvenciones prescindía del procedimiento legal. Griñán se enfrenta a seis años de prisión por malversación y prevaricación. La Fiscalía pide la misma pena para la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, el ex interventor general Manuel Gómez, el ex director general de la Agencia Idea (Jacinto Cañete) y una ex secretaria general técnica de Empleo (Lourdes Medina).

Peor lo tienen los diez acusados a los que la Fiscalía pide ocho años de prisión por malversación y prevaricación. Entre ellos están los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera (2000-2004) y Antonio Fernández (2004-2010) y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo. Además, entran en este grupo los ex directores generales de Empleo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, los exviceconsejeros de Empleo e Innovación Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez, respectivamente, así como dos ex secretarios generales de Empleo (Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado) y un ex director general de la Agencia Idea (Miguel Ángel Serrano).

  ¿Cuáles han sido las claves del juicio?

Las peticiones de penas más altas se concentran en Empleo, epicentro de las ayudas fraudulentas y de otros casos como Faffe, Umax y la formación. Es lógico. El sistema tenía su centro neurálgico en Empleo, donde repartía las ayudas el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero (1999-2008). En la sentencia será clave si las culpas quedan en la Consejería de Empleo, si llegan hasta la Agencia IDEA (Consejería de Innovación), si alcanzan hasta Hacienda o si incluso manchan al mismísimo Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con su presidente al frente.

La sentencia tendrá que pronunciarse sobre aspectos clave del caso, como el discreto convenio firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA (luego Agencia IDEA), crucial para la comisión de supuestas irregularidades. ¿Quién fue el responsable? Más preguntas que deberán quedar zanjadas: ¿Se hizo un uso ilegal de las transferencias de financiación? ¿Quién sabía de las irregularidades? ¿Quién las promovió? ¿Quién las supo y no hizo nada? ¿Podían darse las ayudas a dedo –sin límites de cuantía ni de años de duración, sin exigencia de publicidad y concurrencia– bajo la cobertura legal de una orden ministerial de 1995, como sostiene un grupo de abogados defensores? Hay muchos frentes jurídicos abiertos. No es casual que la sentencia tenga 1.700 folios.

Será interesante ver cómo se argumenta la malversación, en caso de que haya condenas por ese delito, teniendo en cuenta que no hay acusación de enriquecimiento personal de ninguno de los 21 ex altos cargos. A lo largo de la instrucción, las imputaciones por malversación se justificaron en que se daban las cuatro premisas necesarias, aunque no hubiera lucro personal: que el agente sea un funcionario público; que tenga la posesión de los caudales o una facultad de decisión jurídica sobre los mismos; que los caudales sean públicos; que la conducta consista, con ánimo de lucro, en "sustraer" o "consentir que otro sustraiga" tales caudales, como recoge el Código Penal. El tribunal también deberá decidir qué credibilidad le da a los testimonios de los acusados. Chaves dijo que jamás sospechó que se estaban cometiendo ilegalidades, un argumento compartido por la totalidad de las defensas. Su sucesor en el cargo, Griñán, se desmarcó del reparto de los fondos y situó cualquier responsabilidad en Empleo.

  ¿Qué importancia política tiene la sentencia?

Una sentencia condenatoria por el caso Gürtel precipitó la moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy y aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno el 1 de junio de 2018. Las circunstancias son diferentes. El PSOE ya no gobierna en Andalucía y Pedro Sánchez no ha tenida la menor relación con el caso EREcaso ERE. No obstante, el antecedente está ahí y el resto de partidos aguardan la sentencia con las uñas afiladas.

Aunque es difícil que alguien en el PSOE de hoy asuma responsabilidades por una sentencia que se centrará en hechos ocurridos entre 19 y 10 años atrás, una condena sería un duro golpe para el PSOE, sobre todo si afecta a Chaves y a Griñán, dos símbolos del partido. También sería un golpe a la credibilidad de la gestión socialista en el que ha sido su gran fortín hasta perder el poder, tras las elecciones de diciembre de 2018. Una sentencia dura alimentaría el discurso de PP, Cs y Vox, según el cual el nuevo Gobierno andaluz está "poniendo orden" tras años de desmanes. Por el contrario, una sentencia suave minaría un recurso clásico del PP, que ante cualquier acusación de corrupción ha tenido siempre a mano una respuesta: "Y los ERE, ¿qué?".

A lo largo de última década, el recurso más común del PSOE a la hora de valorar el caso ERE ha sido circunscribirlo a los manejos de unos pocos espabilados en torno a Guerrero. Según esta perspectiva, el caso ERE es algo que afectaría a Guerrero, al supuesto conseguidor Juan Lanzas y los próximos a los que utilizó –a tenor de la investigación judicial– para blanquear los ingresos por sus comisiones ilícitas, a los empresarios beneficiados por ayudas irregulares o insuficientemente justificadas, a los intrusos metidos con calzador en los listados de prejubilados por proximidad política, sindical o familiar... En fin, a unos pocos aprovechados, que en cualquier caso habrían actuado al margen de directrices llegadas de los altos despachos de la Administración.

En las antípodas de esta interpretación, el PP –apoyado en la instrucción de la juez Alaya y de la Fiscalía– ha venido sosteniendo que el caso es resultado de una maquinación política a gran escala, mantenida durante una década y cuyos máximos responsables ocuparon el despacho noble del Palacio de San Telmo durante 23 años. Según esta interpretación de los hechos, el caso ERE formaría parte de un sistema clientelar sostenido por el PSOE andaluz, que patrimonializó la Administración para tejer mediante la compra de voluntades con dinero público que explica su permanencia en el poder durante casi 40 años. En la medida en que la sentencia abone esta teoría, su aprovechamiento político contra el PSOE será mayor. Durante el juicio, la Fiscalía apuntó en esa dirección, aunque sin concretarlo en "clientelismo". Sería demoledor para el PSOE que la sentencia estableciera una relación directa entre el fraude con las ayudas y la compra de complicidades sociales en beneficio propio.

Desde luego, hay material para sospechar que, en determinados casos, el carné del PSOE fue un aval para conseguir favores de la Administración. La comarca de la Sierra Norte, donde estaban radicados Guerrero y el exconsejero José Antonio Viera, se convirtió en la niña bonita de las ayudas. El importe de las ayudas directas a empresas de esta comarca ascendió a 51,5 millones, siendo de 30 millones para el resto de Andalucía. Un grupo de empresas fue especialmente favorecido, el formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, empresarios de El Pedroso, el pueblo de Guerrero. Entre las empresas del tándem Rosendo-Sayago había una decena, según la instrucción de Alaya, que eran meras pantallas sin actividad para recibir ayudas.

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Bajo la responsabilidad de Fernández y Guerrero se concedieron también, según la investigación judicial, ayudas a concejales y militantes del PSOE en Camas, de donde es el que era el delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, cuyo cuñado también se benefició de fondos públicos que no le correspondían. También se beneficiaron de este reparto vecinos de El Pedroso, el pueblo de Guerrero, al que acudían a pedir ayuda. El propio chófer de Guerrero recibió ayudas. Y también su suegra. También entraron como intrusos el conseguidor Juan Lanzas, que se garantizó –según la instrucción judicial– una prejubilación a sí mismo, a su esposa y a varios allegados. Lanzas, según puso de relieve la investigación, llegó a ingresar 13 millones de euros por sus tareas como conseguidor.

Es poco previsible que la sentencia de este caso entre en estos pormenores, que quedarán para juicios posteriores. No obstante, se trata de hechos conexos con los ahora enjuiciados. El fallo de este martes se prevé muy técnico, centrado en meterle el bisturí al procedimiento de concesión de las ayudas, en su legalidad o no. No son de esperar detalles escabrosos, que alimentarían la indignación por el fallo.

Los partidos conservadores ponen el foco en Susana Díaz, aunque la actual secretaria general del PSOE andaluz no estuvo en el Gobierno durante los años del supuesto fraude. Díaz fue señalada como sucesora por Griñán cuando este dimitió en 2013, con la juez Alaya apuntando ya hacia él. La expresidenta ha defendido la "honradez" de sus dos predecesores. Más cauto en la defensa de Chaves y Griñán ha sido Pedro Sánchez, aunque también ha reivindicado la "honestidad" de los expresidentes.