Las políticas de igualdad en la agenda de Irene Montero para dar sentido a un "ministerio feminista"

Irene Montero ha tomado este lunes posesión de su cargo. El Ministerio de Igualdad ha recuperado su autonomía y lo ha hecho bajo el baluarte de la formación morada. También en la Secretaría de Estado de Igualdad (Noelia Vera), en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (Victoria Rosell) o en el Instituto de la Mujer (Beatriz Gimeno). Los retos para las mujeres que impulsarán las políticas de igualdad no son pocos –la mayoría los ha trazado ya el propio movimiento feminista–, aunque gran parte de los objetivos marcados ya cuentan con un amplio consenso previo entre los dos partidos en el poder.

El mismo lunes, la ya ministra de Igualdad definió su departamento como "una herramienta cargada de memoria y que debe servir para escuchar con atención las demandas de nuestro tiempo: un tiempo que es feminista". El Gobierno apuesta, añadió Montero, por "un ministerio feminista para dejar de ser las otras, para conjurarnos en esa lucha colectiva por la libertad y por la autonomía de las mujeres".

Estas son algunas de las políticas que deberá acometer el departamento dirigido por Irene Montero. La gran mayoría requerirán de una coordinación estricta con otras carteras, como Justicia, Sanidad o Trabajo, y deberán ir necesariamente acompañadas por una exigencia irrenunciable: una dotación presupuestaria que garantice su desarrollo efectivo y un impacto real en la vida de las mujeres.

Igualdad laboral y salarial

El Gobierno de coalición está profundamente marcado por un mantra: la puesta en marcha de políticas feministas. La línea que han seguido tradicionalmente socialistas y morados sugiere que, en lo que respecta a esta cuestión, los puntos de encuentro serán mayoría.

El acuerdo rubricado por las dos formaciones deja por escrito toda una serie de compromisos que deberán cumplir en los próximos cuatro años de gobierno. Uno de ellos es el impulso de una Ley de igualdad retributiva que blinde la transparencia salarial o avance en la implantación de los planes de igualdad en las empresas de 50 o más trabajadores. PSOE y Unidas Podemos son, precisamente, los dos partidos que ya en 2018 trabajaron por impulsar normas de igualdad salarial con líneas semejantes en los asuntos clave. Ambas propuestas caducaron en la Cámara Baja y ahora el nuevo Gobierno tiene el reto de recuperarlas.

En el marco de las políticas de igualdad en la esfera laboral tienen gran peso las medidas destinadas a mejorar la conciliación. El Gobierno promete una equiparación por ley de los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, de forma progresiva y hasta alcanzar las dieciséis semanas el año que viene. El pasado mes de abril entró en vigor el Real Decreto-Ley 6/2019 de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. En ese sentido, el departamento de Irene Montero tan solo tendrá que seguir lo dispuesto en el decreto para cumplir con el compromiso.

El Ejecutivo también afrontará el reto de integrar a las empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social y de ratificar el Convenio 189 de la OIT, una reclamación tradicional de las trabajadoras que ha sido escuchada por la formación morada y que ahora consta en el acuerdo firmado para gobernar.

Ocurre a menudo con las políticas de igualdad que el papel dice mucho y la realidad constata una inacción casi sistemática. Para evitar que las medidas acordadas queden en un brindis al sol, el Gobierno reserva un lugar especial a la Inspección de Trabajo. "Se potenciarán las inspecciones laborales y se incrementará el régimen sancionador", remarca el programa.

Lucha contra la violencia machista

El centro de la lucha contra la violencia de género lo ocupa un asunto: el Pacto de Estado firmado en septiembre de 2017. El Gobierno se compromete a cumplir con todas las medidas pendientes, algo que el movimiento feminista lleva reclamando con firmeza desde su puesta en marcha. Cabe recordar que Unidas Podemos fue especialmente crítica con este acuerdo: de hecho se abstuvo al considerar que no era lo suficientemente ambicioso. La izquierda ha reiterado de forma habitual la necesidad de cumplir con todas las medidas del pacto, de manera que será uno de los requisitos básicos para que su política sea realmente feminista.

La aplicación del Convenio de Estambul, el acuerdo internacional firmado por España en el año 2014, es otro de los pilares para ambas formaciones. Aplicarlo de manera transversal y con efectos reales será uno de los principales retos a abordar, aunque los primeros pasos ya se han andado. El pasado miércoles se anunció la intención de comenzar a recabar datos sobre otros tipos de violencia contra la mujer más allá del ámbito de la pareja o expareja, precisamente en aplicación del convenio. En ese sentido, la consideración de víctimas oficiales "con todas las consecuencias legales" será un proceso "posterior que requerirá de las reformas legales pertinentes". La legislatura que se abre será clave para acometer las modificaciones a las que se hace mención.

En cuanto a la violencia sexual, los consensos entre Unidas Podemos y PSOE son bien conocidos. En febrero de 2019, el Gobierno anunciaba un anteproyecto de ley que buscaba eliminar el delito de abuso sexual y suprimir las penas de multa para los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. En cuanto a la formación morada, en julio de 2018 propuso una ley que también dejaba fuera el delito de abuso y llamaba a la creación de juzgados especializados en violencia sexual. El compromiso del nuevo Gobierno pasa por "blindar que solo sí es sí", a través de una ley integral que garantice "la sensibilización, prevención, detección, atención, protección y reparación". Quedaría, entre otros, un interrogante respecto al acoso callejero, que el partido morado sí aspiraba a sancionar.

Trata, prostitución, vientres de alquiler

El acuerdo programático menciona la puesta en marcha de una Ley Integral contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual que, si bien habla de "las mujeres y niñas que son obligadas a ejercer la prostitución", no menciona la abolición de la misma como sí hace el PSOE en su programa electoral. Lo cierto es que Podemos lleva tiempo sin resolver su postura respecto a la prostitución, que levanta disensos en las filas del partido a la hora de decantarse por la regulación o la abolición. En su primer discurso de investidura, Pedro Sánchez sí habló, no obstante, de "erradicar la prostitución". Habrá que esperar para ver cuál es la posición exacta del nuevo Ejecutivo.

En cuanto a los vientres de alquiler, el documento se posiciona rotundamente en contra. "La explotación reproductiva está prohibida en nuestra legislación, en coherencia con las recomendaciones del Parlamento Europeo. Los vientres de alquiler socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas. Y por eso, actuaremos frente a las agencias que ofrecen esta práctica a sabiendas de que está prohibida en nuestro país", relata el texto acordado.

Interrupción voluntaria del embarazo

Aunque la interrupción voluntaria del embarazo es una de las principales conquistas del movimiento feminista, la Comisión 8M de Madrid ya recordaba en su argumentario hacia la huelga de marzo la necesidad de abordar modificaciones urgentes. "El aborto sigue en el Código Penal, sin estar reconocido como un derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, para decidir sobre su cuerpo y su maternidad", decían las activistas. Las mujeres, añadían, se continúan enfrentando a quienes las "criminalizan y culpabilizan por abortar", pero además tampoco "se respeta la autonomía de las mujeres jóvenes de 16 y 17 años (que siguen necesitando el permiso de sus padres/madres o tutores legales) y siguen existiendo muchos obstáculos para hacer efectivo este derecho, incluyendo que en la práctica no se realiza en la red sanitaria pública".

En esta materia, el acuerdo suscrito por los dos partidos garantiza "los derechos sexuales y reproductivos para asegurar una maternidad libremente decidida". Menciona, entre sus líneas, medidas como la reproducción asistida para todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual y estado civil, o la accesibilidad a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres en el Sistema Nacional de Salud, en el marco de la Ley de 2010. Del mismo modo, apela a la intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, sometidas habitualmente al acoso de grupos ultra.

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Las políticas LGTBI tendrán su lugar en el Gobierno. Tal y como se conoció el mismo lunes, la expresidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) Boti García Rodrigo encabezará la Dirección General de Diversidad Sexual y LGTBI, una sección específica que se encargará de impulsar las medidas dirigidas al colectivo. Sobre la mesa, el mayor de los retos apunta a una Ley de Igualdad LGTBI.

En septiembre de 2017, el Congreso ya dio luz verde a la tramitación de una proposición de ley de igualdad confeccionada por Unidas Podemos, que sin embargo quedó en un cajón debido a la convocatoria de elecciones. En noviembre de 2017 y con los votos en contra del PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN), el Congreso aprobó el inicio de la tramitación de una proposición de ley del PSOE para reformar la Ley de Igualdad con el fin de que la transexualidad dejase de ser una patología. También esta pretensión quedó lastrada por la disolución de las Cortes Generales.

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos menciona al colectivo LGTBI en el epígrafe bautizado como "un país orgulloso de su diversidad", que promete la creación de una ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, otra norma contra la discriminación de las personas LGTBI, incluyendo las llamadas "terapias de reversión", una ley trans y otra específica para combatir la discriminación de las personas LGTBI en el deporte.