Del 'Black Lives Matter' al 'antigitanismo': un viaje por la discriminación social e institucional de este colectivo en España

Ocho minutos con cuarenta y seis largos segundos quejándose a los agentes de policía de que no podía respirar acabaron con la vida de George Floyd. Esos minutos y segundos hicieron que, semanas después, todo el mundo perdiera el aliento y se inundaran las calles de Estados Unidos y Europa con un grito unísono: "I can't breath" y una petición: el fin del racismo institucional.

El siempre polémico Michael Moore escribía en su libro Estúpidos hombres blancos: "No importa en qué ciudad me encuentre, las noticias son siempre las mismas y el sospechoso siempre es el mismo varón negro. Esta noche estoy en Atlanta y les juro que el retrato robot del negro sospechoso que aparece en la pantalla del televisor es igualito al sospechoso que vi anoche en Denver y al que vi la noche anterior en Los Ángeles. En cada uno de esos bocetos aparece frunciendo el ceño, amenazador, siempre con la misma gorra. ¿Puede ser que todos los crímenes del país los cometa el mismo negro?".

Pero hagamos un ejercicio. Si estos informativos televisivos se emitieran en España y añadiéramos las palabras clan o reyerta, ¿qué imagen tendría ese retrato robot? Desde hace 500 años vivimos inmersos en un racismo prácticamente asumido por la mayoría de la sociedad: el antigitanismo.

"La historia del pueblo gitano es la historia del antigitanismo, lamentablemente. Es algo que la población mayoritaria tiene muy arraigado y que probablemente no se reconoce como racismo, cuando también lo es", afirma Cristina de la Serna, directora del Departamento de Igualdad de Trato y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano. Aunque reconoce que la percepción general ha mejorado en los últimos años, aún siguen "arraigados muchos estereotipos tanto en la población como en las instituciones".

La falta de representación cultural e institucional alimenta los estereotipos

La creación cultural tiene mucho que ver con la permanencia de estos estereotipos en el imaginario colectivo. "Hay muy pocos personajes gitanos en las series de televisión y cuando aparecen, aparece únicamente la imagen estereotipada que responde a lo que cree la población mayoritaria que es el pueblo gitano, que está completamente alejado de la realidad", sentencia Cristina de la Serna. Esta falta de representatividad se debe, en parte, a que la mayor parte de la producción audiovisual a nivel internacional se encuentra liderada por hombres blancos, según el último informe de Women's Media Center.

Pero los medios de comunicación no nos quedamos fuera de estos prejuicios, según señala la directora del Departamento de Igualdad de Trato y Lucha contra la Discriminación "expresiones como 'clan' o como 'reyerta'" están muy vinculadas al pueblo gitano. "Clan es una palabra que jamás oirás utilizar a un gitano. Te dirán que es el canal que ven sus hijos", bromea al otro lado del teléfono. "No sé por qué se utilizan esas palabras que son tan propias de la otredad. Vamos de antropólogos y creemos que se mueven en tribus y en clanes. Esto alimenta ese prejuicio de que se organizan para delinquir".

Además en muchas ocasiones se da por hecho que el protagonista de un suceso es gitano por vivir en un determinado barrio o hablar y vestir de determinada manera. Según advierten desde la Fundación Secretariado Gitano, "tenemos una alerta para cuando se menciona en algún medio la etnia y vemos que muchas veces son sucesos que no hablan de gitanos, pero como entran dentro del estereotipo ya se asume que lo son".

Las instituciones tampoco se quedan al margen de esta falta de representatividad, actualmente hay solamente tres diputados gitanos: Beatriz Carrillo (PSOE), Ismael Cortés (Podemos) y Sara Giménez (Ciudadanos). Cristina de la Serna admite que "poco a poco se va mejorando esta representación" aunque considera que sigue siendo "insuficiente. Si hiciésemos una regla de tres entre el número de cargos públicos y el número de personas gitanas, todavía nos quedamos cortos. Las instituciones tienen que reflejar y ser representativas de la sociedad a la que sirven".

Tanto en la creación cultural como en las instituciones "hay que intervenir para que gente que tiene una desigualdad de origen pueda llegar ser un motor del cambio", afirma la directora.

El racismo social salta a las instituciones

"En España no podemos hablar de violencia policial tan clara como en EEUU. El racismo de la policía es allí más violento, entre otras cosas, por cómo es el país y cómo son los poderes policiales. Si juntamos racismo exacerbado con amplios poderes y un país donde puedes comprar un arma en el bazar de la esquina el resultado es el de George Floyd", afirma Cristina de la Serna.

La imagen que tenemos sobre el racismo institucional viene asociada a la violencia policial, pero esta es la expresión más grave de esa discriminación. La arbitrariedad policial a la hora de las identificaciones por perfil étnico desnuda una dura realidad. Según una encuesta elaborada por Metroscopia en 2013 con una muestra de 2.800 individuos, entre las personas payas las identificaciones policiales no superaban el 6%, sin embargo entre la población gitana el porcentaje se multiplica por 10, hasta el 60%. Además, según advertía la encuesta en un porcentaje menor se les encontraba algo ilegal a la población gitana. "La Policía afina más a la hora de identificar a una persona blanca", apuntan desde la Fundación Secretariado Gitano.

Durante el estado de alarma y el confinamiento parece que este tipo de problemas se ha visto acrecentado. "Todavía es prematuro para saber los datos concretos, pero un estudio más detallado sobre el sesgo por nacionalidad, raza o etnia de las sanciones impuestas sería interesante. Nuestra intuición es que el colectivo estaría sobrerrepresentado", indican desde la Federación SOS Racismo.

Las instituciones actúan como "espejos de esos prejuicios que tiene la sociedad", apuntan desde SOS Racismo. En estos meses críticos de crisis sanitaria, social y económica no solo observamos esa discriminación desde el ámbito policial, también desde algunos cargos políticos. Como es el caso del alcalde socialista de Santoña (Cantabria), Sergio Abascal.

Un foco de infección por coronavirus en el pueblo cántabro correspondía con una familia gitana y, según explican desde la Fundación Secretariado Gitano, cuando el alcalde hacía recuento de positivos y fallecidos a causa del covid-19 segregaba las cifras de la población gitana. El socialista pidió "perdón si alguien se había sentido ofendido" y recalcó que habló "de gitanos como habría hablado de pescadores si fueran ellos los afectados". Aunque no fuera intencionadamente esto generó que "se empezaran a difundir mensajes de odio por WhatsApp de vecinos y vecinas del pueblo pidiendo la 'erradicación de la raza gitana' y culpándolos 'de haber traído el coronavirus'", tal y como denuncia la Fundación.

"Imagínate que has tenido que enterrar a varios abuelos, que no los has podido ni velar, ni llorar. Tampoco abrazar a tus familiares y tienes a tu alcalde señalándote, a tus vecinos diciendo que habría que erradicarte y a la Guardia Civil vigilando tu casa", dice al otro lado del teléfono la directora del Departamento de Igualdad de Trato y Lucha contra la Discriminación.

El carácter interseccional de la discriminación: las mujeres gitanas y la persecución en supermercados

No es lo mismo ser gitano y rico que ser gitano y pobre. El factor de clase agrava la situación de la población gitana, con índices de más del 80% de pobreza severa y el 90% de pobreza infantil, se genera una retroalimentación de exclusión por la dificultad al acceso laboral del pueblo gitano. "El pobre payo enfrenta unas discriminaciones distintas que el pobre gitano. Del mismo modo que no es lo mismo el rico gitano que el que vive en Cañada Real y la clase social es un elemento muy importante, pero no el único, es la intersección entre varios", señala Cristina de la Serna.

Del mismo modo ocurre con el factor de género. "Hay una forma de discriminación tremenda que atraviesan las mujeres gitanas día a día que es la persecución en centros comerciales y supermercados", indican desde la Fundación. Es el caso de Jennifer Muñoz. Una joven madre de 21 años que una simple compra de potitos para su hijo de año y medio desembocó en un juicio por hurto, según denuncian.

El 11 de diciembre de 2019 en un supermercado "el hijo de Jennifer iba en el carrito jugando con un juguete que le habían regalado cuatro días antes en la juguetería de enfrente por una promoción –relata Cristina de la Serna–. El agente de seguridad del Carrefour le dice que eso es robado, ella le contesta que no, que puede preguntar al dependiente. Al día siguiente tuvo un juicio, se presentó con la tarjeta de la tienda con un escrito del dependiente de puño y letra con su nombre y teléfono. Finalmente la condenaron a una multa de 26 euros sin ni siquiera ver las cámaras de seguridad".

En la sentencia a la que ha tenido acceso infoLibre, no se tiene en cuenta en ningún momento la declaración de la acusada y se consideran como hechos probados que "cogió efectos por importe de 6,90 euros y trató de llevárselos sin pagar, siendo sorprendida por el vigilante, quien recuperó los referidos efectos, que quedaron en depósito en el establecimiento", únicamente con el testimonio del agente de seguridad.

Desde la Fundación Secretariado Gitano están recurriendo la sentencia. En este tipo de acciones "se ve ese racismo interseccional, desde el vigilante de seguridad que la para, a los policías cuando llegan, hasta el juez y la fiscal", sentencia la directora del Departamento de Igualdad de Trato y Lucha contra la Discriminación.

El fiscal general de EEUU compara las órdenes de confinamiento por la pandemia con la esclavitud

Ver más

La ausencia de una ley específica y mecanismos de control

Las instituciones y el ejercicio de la ley están ejecutadas por personas que como todos y todas tienen prejuicios, "no podemos confiar solo en el buen hacer" individual. "En España tenemos una laguna fundamental, que es no disponer de una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, es una ley que lleva redactándose desde el año 2009 y se acaba quedando en el cajón", señalan desde la Fundación, que ven insuficiente el artículo 14 de la Constitución Española, que contempla la igualdad ante la ley sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión. "Es como si las mujeres solo tuviéramos el artículo 14, necesitamos una ley de igualdad de trato y una ley de violencia de género", argumenta Cristina de la Serna.

Asimismo, también ven necesario mecanismos de control de manera independiente y con capacidad sancionadora para supervisar el ejercicio profesional de la Policía y a los que se pueda dirigir cualquier ciudadano si tiene alguna queja. "Cuando hemos sido capaces de introducir mecanismos de control, como tienen algunas Policías Locales, para preguntar a los agentes qué criterios objetivos hay para parar a determinada persona, vemos que la policía discrimina menos y al mismo tiempo es más eficaz", sentencian desde la Fundación Secretariado Gitano.