La pérdida de renta de los más pobres por culpa de la pandemia multiplicará por 8,5 la de los más ricos

La recesión económica que está causando la pandemia del coronavirus va a dejar una herida social profunda, según vaticinan las principales instituciones internacionales y ya han previsto los gobiernos en sus presupuestos y políticas para, al menos, los dos próximos años. La organización Oxfam ha empezado a medir la intensidad del golpe y calcula que sólo como resultado del aumento del paro pronosticado por el Gobierno –hasta un 19% desde el 13% actual–, España tendrá 700.000 personas más por debajo de la línea de pobreza, por lo que su número alcanzará los 10,8 millones de personas. Pero como ese límite es una medida relativa, que depende del PIB y éste va a sufrir una caída histórica, Oxfam también ha determinado cuánto crecerá la pobreza considerando constante su umbral, lo que llama tasa de pobreza monetaria relativa anclada. Respecto a los 8.200 euros en que se fijó ese límite en 2019, por culpa del covid-19 la pobreza relativa afectará al 25,96% de la población, 12,3 millones de personas, y la pobreza severa, al 10,51%, 4,97 millones.

La extensión del estado de necesidad será asimismo la consecuencia de una pérdida de ingresos medianos que el informe de Oxfam cifra en un 14,8%. Pero que, además, será muy asimétrico. De hecho, los más pobres de la distribución de ingresos perderán 8,5 veces más renta que los más ricos. El cálculo se hace dividiendo la población en deciles, resultado de repartirla en 10 grupos, de los que más renta tienen a los que menos. Los del primer decil, los más pobres, perderán por culpa del desempleo hasta el 20,5% de su renta, mientras que los del último decil, los más ricos, sólo se quedarán con un 2,4% menos. Si se observa la caída de renta de los tres primeros deciles, con un descenso medio del 14,3%, su pérdida de ingresos multiplica por 5,5 veces la que sufrirán los encuadrados en los tres últimos deciles, sólo un 2,6%.

Medido ese recorte dispar en términos de desigualdad de renta neta –el conocido como índice de Gini–, España retrocedería así hasta 2012. Y eso que entre ese año y el siguiente la desigualdad creció menos de lo que se prevé ahora, un punto; este año el alza se elevará a 1,7 puntos. “Ese aumento supone echar por la borda cuatro años consecutivos de tímida reducción de la desigualdad”, lamenta el informe.

El aumento de la pobreza relativa también afectará de forma asimétrica a los territorios. Las comunidades autonómas que más lo sufrirán serán Baleares –un 11,7%–, Castilla y León –un 11%– y Aragón –un 9,7%–. Madrid adelantará a Andalucía, con un alza del 7,9%. En términos de desigualdad de renta, Andalucía, Canarias y Extremadura se llevarán la peor parte. Andalucía, la comunidad más poblada, tendrá 200.000 personas más por debajo del umbral de pobreza como resultado de la pandemia, seguidas de Cataluña y Madrid, con 90.000 y 80.000 pobres más, respectivamente.

Inmigrantes, mujeres y temporales

El impacto del covid-19 lo sufrirá más la población inmigrante, que tiene un 145% más de probabilidades de perder el empleo que los trabajadores españoles. Así, los migrantes representan el 9% de los afiliados a la Seguridad Social, pero sólo durante el comienzo del confinamiento, de enero a marzo, correspondió a cotizantes extranjeros el 20% de las bajas de afiliación, destaca Oxfam.

Más significativo aún: el 80% de la pérdida de cotizantes en la agricultura se debe a bajas de trabajadores extranjeros. En la hostelería, casi llega al 30%. De forma que la tasa de paro de los inmigrantes se situará en el 27,7%, nueve puntos más que antes del coronavirus y 10 puntos por encima de la prevista para los trabajadores españoles. Como resultado, uno de cada tres personas por debajo del umbral de la pobreza será inmigrante, lo que multiplica por 2,5 el porcentaje que representan en la población española, un 13%. En el caso de los inmigrantes extracomunitarios, el aumento será aún mayor, más del doble de la media, hasta el 56,8%.

El distinto efecto de la pandemia se explica en primer lugar por el hecho de que los grupos de cotización más bajos cubren el 75% del empleo en el turismo y el ocio, el 62% si se incluye el comercio, los sectores más perjudicados. También los más precarizados, feminizados y con más jóvenes y menos cualificación profesional: siete de cada 10 despidos durante el confinamiento correspondieron a asalariados con contrato temporal. En el conjunto de la economía, la presencia de los grupos de cotización más bajos desciende al 57% y, en las ramas en las que se espera que crezca el empleo, al 51%, según los datos del Banco de España aportados por Oxfam.

El estudio destaca igualmente que el 53% de la población por debajo del umbral de pobreza serán mujeres. Una parte de esa cifra tiene que ver con otro dato significativo. Una de cada tres empleadas domésticas y de cuidados –hay 600.000 en España– vive ya hoy por debajo del límite de necesidad económica. Es más, de acuerdo con la asociación Territorio Doméstico, más de 200.000 mujeres no van a poder percibir el subsidio extraordinario aprobado por el Gobierno por diferentes obstáculos administrativos, un tercio de la cifra anterior. Y el 60% de estas trabajadoras son inmigrantes. Muchas carecen de contrato o no están dadas de alta en la Seguridad Social. Aunque lo estén, no tienen derecho a recibir la prestación por desempleo ni su trabajo está protegido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, resalta Oxfam.

Regularización de inmigrantes y reforma fiscal progresiva

Por la conjunción de todas estas variables, Oxfam pide una serie de medidas distintas a las que se pusieron en marcha tras la crisis de 2008. Entre ellas, un proceso de regularización administrativa “amplia”, que facilite a los inmigrantes el permiso de trabajo y residencia por “razones extraordinarias”, de forma que puedan acceder a un empleo “formal” y al Ingreso Mínimo VitalIngreso Mínimo Vital si les corresponde. Es más, insta a incluir en esa ayuda recién aprobada a las víctimas de trata, solicitantes de asilo, familias con menores “independientemente de su situación administrativa”.

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Al tiempo, insta al Gobierno a adoptar enseguida “medidas tributarias excepcionales”, así como una reforma fiscal “de mayor calado y más estructural” en el largo plazo. “España recauda hasta cuatro puntos menos del PIB en relación a la media de los 27 países de la UE”, recuerda Oxfam, al tiempo que subraya que la carga impositiva recae en el trabajo y el consumo. “El 83% de la recaudación procede de las familias, frente a una aportación del 12% del impuesto de sociedades”, explica. Este año, además, la caída del PIB se traducirá en una bajada de los ingresos tributarios, mientras el gasto público se disparará para hacer frente a los daños sanitarios y económicos de la pandemia, poniendo el déficit por encima del 10% y la deuda más allá del 120%. “Aunque volvamos a los niveles precovid-19 en unos dos años, la situación de las finanzas públicas no volverá a ser la misma”, advierte.

De ahí que la organización inste a poner en marcha una reforma fiscal que haga posible una recaudación “suficiente, progresiva y justa”. A su juicio, esa reforma debería incluir un impuesto sobre los beneficios extraordinarios, así como las conocidas como Tasa Google y Tasa Tobin, sobre los servicios digitales y sobre las transacciones financieras. Ambas están incluidas en el acuerdo de gobierno firmado por el PSOE y Unidas Podemos. La primera ya se está tramitando en el Congreso y la Unión Europea está dispuesta a aplicarla pese al rechazo de EEUU a seguir negociándola en la OCDE. También reclama un impuesto sobre el patrimonio homogéneo para toda España –ahora cada comunidad autónoma aplica sus propias exenciones y umbrales– que incluya un recargo para las grandes fortunas, así como que se acerquen los tipos con que se gravan las rentas de capital y los de las rentas del trabajo –más altos– en el IRPF. E incluso menciona la aplicación de un tipo efectivo del 15% en el impuesto sobre sociedades para las grandes compañías, otra medida incluida en el acuerdo de gobierno PSOE-UP.

Según los cálculos de Oxfam, ese catálogo de medidas fiscales permitirá recaudar 10.000 millones de euros, que casi cubrirían los 12.000 millones en que cifra la brecha de gasto en protección social que sufre España respecto a la media de la UE.