La pandemia retrasa la creación de SEDA, competencia de SGAE, y fuerza a cientos de autores a permanecer en la entidad

Son más de 200 artistas y 70 editoriales, y tenían un plan. Llevaban años disgustados con la SGAE, que acumula un historial de episodios de corrupción de viejo y nuevo cuño, tirones de orejas del Gobierno y de la comunidad internacional de entidades de gestión de derechos de autor, y una concatenación de tres direcciones distintas en los últimos dos años. Querían marcharse de allí y crear una nueva entidad, SEDA, Sociedad Española de Derechos de Autor, que sería la única competencia estatal de la SGAE en el ámbito musical. Debían comunicar su partida antes del 1 de julio, y se propusieron tener la autorización de licencia para la nueva organización antes de esa fecha. Pero llegó la pandemia y los trámites administrativos se paralizaron, y ahora el Ministerio de Cultura tiene hasta el 1 de septiembre para responder. Si no lo hace antes de fin de mes, defienden los autores, tendrán que mantenerse en la SGAE hasta 2022. 

Algunos músicos de la talla de Sabina o Fito Páez habían amagado ya con pedir la retirada de sus derechos, es decir, con romper su contrato con SGAE. El problema era que el sistema de entidades de gestión de derechos propicia el monopolio y hace que esta entidad no tenga, en la práctica, competencia en el ámbito musical —con las mismas funciones, solo existe EKKI, cuya labor se limita a Euskadi—. Y parte de los derechos de autor se tienen que gestionar de manera colectiva, de forma que para cobrarlos hay que estar, sí o sí, asociado a una entidad. Si los críticos con la entidad, organizados desde hace años en torno a Coalición Autoral, y ahora en SEDA, dejan la SGAE sin tener un plan b, no recibirán estos ingresos. "Hay gente que no va a dar marcha atrás, se apruebe o no a tiempo SEDA", explica el músico Patacho Recio, portavoz de este colectivo, "pero hay otros que si no hay alternativa no van a atreverse. La administración tiene el deber de darnos libertad de elección". 

SEDA presentó la documentación ante el Ministerio de Cultura, que debe otorgar la autorización, el 12 de marzo. La administración tiene tres meses para aprobarla, de forma que el plazo acababa el 12 de junio. Pero la crisis del coronavirus detuvo los trámites administrativos entre el 13 de marzo y el 1 de junio. Ahora, el Ministerio podrá contestar hasta el 1 de septiembre. "La cuestión no es si nos van a dar la autorización", dice Recio, "sino cuándo". Porque las normas de la SGAE establece que los socios que quieran abandonar la entidad lo harán el 31 de diciembre del año en curso, siempre y cuando avisen con seis meses de antelación. Es decir, la marcha tiene que comunicarse antes del 1 de julio. Los críticos con la entidad argumentan que la incertidumbre con respecto a la aprobación hará que muchos no se arriesguen a dar el paso, y forzará a los críticos a permanecer en la entidad contra su voluntad. El Ministerio de Cultura, por su parte, responde que "está tramitando dicho procedimiento administrativo, garantizando los derechos de todos los interesados en el mismo y procederá a su resolución dentro del plazo máximo para resolver".

En SEDA dicen que desconocen el motivo por el que el Gobierno no les ha dado aún una respuesta, pero mirar con cierta suspicacia esa referencia por parte del Ministerio a "todos los interesados". "¿Se refieren a la SGAE?", se pregunta Recio. Asegura que, cuando en mitad de la pandemia, pidieron a Cultura que se levantara la suspensión del plazo, la administración le respondió algo similar: que iban a consultar a los interesados. "Nosotros les replicamos con la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual [LPI], porque si están consultando con la SGAE se la están saltando", critica el portavoz de la entidad. La ley de 1998, recogía que para que se concediera la autorización a una nueva entidad, había que contemplar, entre otros criterios, "el informe de las entidades de gestión ya autorizadas". Esto se eliminó en la ley de 2009. "No tiene sentido que tengamos que contar con el consentimiento de la competencia", denuncia Recio. 

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El Ministerio de Cultura no ha aclarado a este periódico quiénes son, concretamente, estos "interesados" a los que estaría teniendo en cuenta en el procedimiento, e insiste en que el trámite "será resuelto dentro del plazo legal para ello": "Por ley, el Ministerio debe considerar interesados en dicho procedimiento administrativo no sólo a quienes lo han promovido, sino también a quienes, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, y a aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva". La LPI establece varios criterios de autorización: que los estatutos sean correctos, que la entidad tenga capacidad para asegurar la gestión y que la autorización "favorezca los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual". No se hace referencia explícita a quiénes deberán ser tenidos en cuenta para conceder o no la licencia. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha manifestado en varias ocasiones que el funcionamiento de las entidades de gestión de derechos supone una situación monopolística y vulnera la competencia. En un informe de 2010, llegó a recomendar la sustitución del sistema de autorización gubernamental por uno de simple registro. "La Ley de Propiedad Intelectual", decía el informe, "incorpora una serie de condiciones para operar como entidad de gestión que han contribuido decisivamente a configurar el actual régimen de monopolios y que dificultan la aparición de nuevos operadores que compitan con las entidades ya autorizadas". En este documento, la CNMC criticaba asimismo que "los contratos de gestión con los titulares se caracterizan por incluir altos periodos de permanencia y preaviso" y apostaba por una disminución de los plazos, limitando el preaviso a un máximo de tres meses. 

Hasta ahora, las distintas entidades de gestión de derechos de autor se han repartido de facto su campo de actuación, de forma que no son, en general, competencia las unas de las otras. SGAE tenía hasta ahora solo una entidad a la que podía considerar adversaria: DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales), que se encarga de cine y televisión, uno de los ámbitos en los que también trabaja la SGAE. Y la existencia de esta organización ha sido decisiva para la organización: en octubre de 2019, 120 creadores del audiovisual, entre quienes se encontraban Almodóvar, Bayona o Sorogoyen, se dieron de baja en la SGAE para cambiarse a DAMA. Con 270 socios esperando junto a la puerta —"estos son los que lo han dicho por escrito", dice Patacho Recio, "otros muchos nos lo han comunicado informalmente"—, la existencia de otra entidad de gestión estatal dedicada a la música podría resultar decisiva para el futuro de la SGAE. SEDA sigue esperando.