Tres años del 17A: los líderes políticos recuerdan a las víctimas del atentado de Barcelona y Cambrils, todavía pendiente de juicio

Se cumplen tres años del doble atentado de Barcelona y Cambrils que el 17 de agosto de 2017 acabó con la vida de 16 personas e hirió a otros cientos. La Rambla, el escenario del ataque en la capital catalana, acogió este lunes un homenaje al que acudieron el presidente de la Generalitat, Quim Torra; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que guardaron un minuto de silencio. También protagonizaron una ofrenda floral, en línea con el de hace un año, pero este año respetando las medidas de seguridad impuestas por la emergencia sanitaria del coronavirus, con todos los asistentes protegidos con mascarillas. También asistieron al homenaje el presidente del Parlament, Roger Torrent; el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; los consellers Meritxell Budó, Miquel Buch y Esther Capella, y la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera.

Por otro lado, los líderes de PSOE, PP y Ciudadanos mandaron un mensaje de recuerdo a las víctimas, con llamadas a la unidad frente al terrorismo y apelaciones a la convivencia pacífica. El líder de los socialistas transmitió a los familiares de las víctimas su "apoyo y solidaridad", enfatizando también que su recuerdo "permanecerá en la memoria". "Frente a la barbarie terrorista, unidad. Seguiremos luchando juntos por la convivencia y la paz", escribió Sánchez en un comentario en Twitter.

El presidente del PP, Pablo Casado, también tuvo un recuerdo para las víctimas y ha asegurado que se tiene que combatir el terrorismo "manteniendo la prisión permanente revisable y la Ley de Seguridad Ciudadana, sin beneficios penitenciarios y persiguiendo el enaltecimiento".

Por su parte, la líder de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, aprovechó su palabras de homenaje a las víctimas para hacer un llamamiento a la unidad "contra la barbarie". "Jamás olvidaremos a las 16 personas asesinadas y a las más de 100 heridas ese día negro. El miedo nunca vencerá", remachó.

Cerca del juicio

El juicio en la Audiencia Nacional contra los tres acusados de formar parte de la célula yihadista que atentó en Cataluña está cada vez más cerca. Pocas semanas antes del tercer aniversario de los atentados, ya se formularon los escritos de acusación tanto de la Fiscalía como de las acusaciones contra Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal y Said Ben Iazza, los detenidos que, si bien no participaron directamente, sí habrían pertenecido al grupo que ideó y llevó a cabo los ataques.

Los seis supuestos autores tanto del atropello masivo en la Rambla de Barcelona como en el paseo marítimo de la localidad tarraconense de Cambrils murieron abatidos por agentes de los Mossos d'Esquadra la misma noche o en días posteriores.

Oukabir, Houli e Iazza van a cumplir tres años en prisión preventiva. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el tribunal encargado de juzgar los hechos quiere acelerar los plazos para que la vista oral se celebre en los próximos meses, ya que si los acusados cumplen cuatro años en esta situación sin una condena –aunque no sea firme–, los tres tendrían que ser puestos en libertad provisional.

Las acusaciones coinciden en que los tres formaban parte de la célula que lideraba el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, y conocían los planes para llevar a cabo un atentado terrorista en Barcelona. Pero disienten en la calificación jurídica que se les debe atribuir en relación con los ataques, según los escritos de conclusiones provisionales consultados por Europa Press.

Mientras que la fiscal del caso, Ana Noé, está de acuerdo con el juez de instrucción en que ninguno de los tres puede ser acusado por los asesinatos cometidos el 17 de agosto de 2017, las acusaciones populares sí creen que se les pueden achacar todas las muertes causadas en Barcelona y Cambrils, aunque ellos no estuvieran en el lugar de los hechos ese día.

De este modo, el Ministerio Público pide penas que van de los 8 a los 41 años de cárcel por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos, conspiración para cometer estragos terroristas y colaboración con la célula yihadista; pero no por asesinatos terroristas.

Por su parte, las dos acusaciones populares que representan la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11M Afectados del Terrorismo sí incluyen los asesinatos en sus respectivos escritos de conclusiones provisionales, de los que consideran autores a Driss Oukabir y Mohamed Houli Chemlal.

Prisión permanente revisable

De ahí que la AVT reclame para los dos acusados la máxima pena prevista, prisión permanente revisable. Es la primera vez que una acusación solicita esta condena en la Audiencia Nacional, ya que desde que se reformó el Código Penal en 2015 no se han producido, salvo el de los atentados de Barcelona y Cambrils, casos en los que se contemplen peticiones de este tipo.

La asociación les reclama además más de 2.800 años a cada uno por delitos de integración en organización terrorista, 150 delitos de asesinato terrorista intentados, depósito de explosivos, estragos terroristas y lesiones. También pide que tengan prohibido acudir a Barcelona y Cambrils en un período de 10 años a iniciar desde su excarcelación.

Para el tercer procesado, Said Ben Iazza –quien fue detenido meses más tarde de los atentados en Castellón–, la AVT solicita en su escrito de conclusiones provisionales una condena de 25 años de cárcel por colaboración con organización terrorista y depósito de explosivos.

También les acusa de asesinatos terroristas la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, colectivo que aparte de ejercer acusación popular también representa a 73 víctimas de los atentados. Como acusación particular, estos afectados piden igualmente para los procesados prisión permanente revisable por los asesinatos cometidos en Barcelona y Cambrils.

Salvo la diferencia en los tipos penales atribuibles a los acusados, el relato de hechos de Fiscalía y acusaciones no difiere en lo fundamental: en 2015 se constituyó una célula yihadista con la finalidad última de perpetrar un atentado terrorista en España y que estaba formada por jóvenes de origen marroquí residentes en la localidad gerundense de Ripoll.

El cabecilla y líder espiritual era Abdelbaki Es Satty, el imán que falleció en la explosión de la vivienda de Alcanar un día antes de los ataques donde la célula hacía acopio de decenas de bombonas de butano para atentar. Esta deflagración, en la que resultó herido Houli, fue el detonante que hizo que los jóvenes cambiaran sus planes y decidieran llevar a cabo el atropello en la Rambla.

Fiscalía y acusaciones sitúan a Oukabir y Houli en la casa de Alcanar y en el traslado hasta allí de sustancias explosivas. Al primero se le relaciona con el alquiler de la furgoneta que luego se utilizó para el atropello en Barcelona.

Mientras, a Said Ben Iazza se le acusa de prestar a Younes Abouyaaqoub una furgoneta que era propiedad de su tío, que utilizaba en su negocio de alimentación, "a sabiendas de que iba a ser usada para la adquisición y transporte de productos químicos".

Reorganización de víctimas y acusaciones

La instrucción de la causa finalizó un año y dos meses después de los atentados, si bien los escritos de conclusiones provisionales de las partes se han hecho esperar debido al recuento real de víctimas –más allá de los 16 fallecidos– y después por la organización de las acusaciones particulares.

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En el primer caso, el instructor solicitó informes médicos de personas que se decían víctimas directas de los atentados de la célula yihadista y rechazó la personación de algunas de ellas argumentando que los forenses no habían podido establecer la relación causa-efecto entre el ataque y las presuntas lesiones de naturaleza psíquica referidas por los recurrentes.

En el segundo caso, fue la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, la que se encargará de juzgar los hechos, la que tuvo que poner orden en las acusaciones particulares y reorganizar para, por ejemplo, acumular a varios afectados en una misma personación, incluir a otros que habían quedado fuera o descartar aquellos que el tribunal no considera como afectados directos porque así lo determinó el juez instructor.

A finales de abril de 2020, tres meses antes de que la Sala emitiera su auto en el que envía a juicio a los tres acusados, la causa acumulaba 14 acusaciones particulares y dos populares. Queda pendiente conocer la fecha en que comenzará este esperado juicio.