La Fiscalía pide a Defensa que identifique a los miembros del chat y aclare si están en activo

La Fiscalía Superior de Madrid ha solicitado al Ministerio de Defensa que, antes de tomar una decisión sobre si abre diligencias sobre el contenido del chat de militares retirados del Ejército del Aire en el que hablaban de un golpe de Estado contra el Gobierno o incluso mostraban su deseo de "fusilar a 26 millones" de personas, que identifique a las personas que formaban parte de ese grupo de Whatsapp y aclare si continúan en activo dentro de las Fuerzas Armadas. También, en el caso de que fueran cargos públicos, conocer dónde ejercen para dirimir la competencia jurisdiccional, según han informado fuentes jurídicas.

Estas son las concreciones que el Ministerio Público solicitó el jueves al departamento que dirige Margarita Robles en respuesta al oficio que remitió para que estudie si los hechos reflejados en la información publicada en exclusiva por infoLibre "fueran constitutivos de delito, cometido por personas que además pudieran atribuirse la condición de militares en activo, sin serlo". La conversación de Whatsapp pertenece a miembros de la XIX promoción del Ejército del Aire, todos ya retirados, e incluye mensajes contra el Ejecutivo de coalición, habla de "pronunciamientos" militares y de la "muerte" de los miembros del Gobierno. 

"Su conducta ejemplar nada tiene que ver con manifestaciones que repugnan al respeto debido en una sociedad democrática, pluralista y basada en la libertad política e ideológica", dice el oficio de Robles sobre las Fuerzas Armadas. En el documento, la ministra defiende que, además de investigar el contenido del chat, la Fiscalía debe "salvaguardar la honorabilidad y la pública estimación de las Fuerzas Armadas y de los hombres y mujeres que las integran, volcados en el cumplimiento de las funciones que establece el artículo 8 de la Constitución".

En declaraciones posteriores, la responsable de Defensa avisó de que "nadie tiene el derecho a patrimonializar las Fuerzas Armadas" y que éstas "actúan defendiendo la Constitución". También recordó que los integrantes del chat son personas que ya no tienen ninguna vinculación con los Ejércitos y que "se aprovechan" de su antiguo uniforme "con gran nivel de cobardía" para hacer esas declaraciones, tratar de "implicar" al jefe del Estado o "dejar en mal lugar" a las Fuerzas Armadas.

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El chat de los exmilitares y la carta que algunos de ellos enviaron recientemente al rey Felipe VI, en la que advertían de que "el Gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos, apoyados por filoetarras e independentistas, amenaza con la descomposición de la Unidad Nacional", también ha obtenido respuesta del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general Miguel Ángel Villarroya, quien ha subrayado el compromiso de las Fuerzas Armadas con las misiones que les otorga la Constitución frente a las palabras de esos militares retirados, a los que ha acusado de arrogarse un derecho de representatividad "que no poseen", de "dañar" la imagen de los Ejércitos y la Armada y "confundir" a la opinión pública.

Villarroya insiste en que la Constitución es la norma que todos los miembros de las Fuerzas Armadas han prometido defender y que "inspira todas sus actuaciones". "Nuestro compromiso con España y con la Constitución no ofrece ninguna duda y así lo venimos demostrando en nuestra actuación día a día", asevera. Pero además, recuerda que una de las consecuencias de ese compromiso es su neutralidad política. "La condición de militar trae consigo la limitación de ciertos derechos fundamentales como son la participación en manifestaciones o actividades de tipo político, sindical o reivindicativo, la afiliación o colaboración en organizaciones políticas o sindicales o la expresión pública de opiniones sobre ellas (Artículos 180, 181 y 182 de las Reales Ordenanzas de las FFAA)", apunta.

No obstante, señala que los militares retirados ya no están sujetos a estas normas y hace hincapié en que las opiniones conocidas durante los últimos días "no pueden considerarse representativas del colectivo del que formaban parte con anterioridad", por lo que pide que estas manifestaciones solo sean vistas "como opiniones de ciudadanos particulares".