El sello ultra de los Presupuestos de Almeida: subvención directa a los antiabortistas y nada para los principales colectivos LGTBI

José Luis Martínez-Almeida tiene este miércoles una cita clave en el Palacio de Cibeles, donde el Pleno del Ayuntamiento de Madrid deberá pronunciarse de forma definitiva sobre el proyecto de presupuestos elaborado por el equipo de gobierno municipal para 2021. No se esperan sorpresas de última hora. Y menos después de que el pasado viernes las cuentas públicas para el próximo ejercicio, que se han incrementado en un 8,1% respecto al año pasado, superaran el trámite en la Comisión de Hacienda con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox. Todos los grupos, incluidos los de la oposición, dan por hecho que los de Javier Ortega Smith darán su necesario beneplácito a unos presupuestos que, en algunas cuestiones, dejan entrever el sesgo ideológico de los ultras. Por supuesto, no hay memoria histórica. Y se elimina el programa dedicado a la promoción de los derechos humanos, que ya en el pasado ejercicio se recortó a la mitad. Pero donde más se nota el sello de la extrema derecha es en las ayudas directas a los colectivos. De la lista se han sacado a los históricos de la lucha LGTBI y se ha reducido el respaldo a algunas asociaciones que trabajan con migrantes. Y, a cambio, se han colado subvenciones a entidades católicas o antiabortistas.

Para el próximo año el equipo de José Luis Martínez-Almeida ha elaborado un presupuesto de 5.066 millones de euros, lo que supone un incremento de ocho puntos respecto al ejercicio anterior. Unas cuentas que, según explicó en su día el alcalde, son “ajustadas” y “medidas” a la “actual situación” que deja la pandemia. Es decir, que están enfocadas a la “reactivación económica” y a hacer frente a la “crisis social”. El consistorio ha contemplado un volumen de inversiones de 488 millones de euros, 169 millones más que en las anteriores. Los fondos crecen en la práctica totalidad de áreas municipales. La mayor partida será la de Medio Ambiente y Movilidad, con unos 1.500 millones de euros –una subida del 7% respecto al ejercicio anterior–, seguida por Seguridad y Emergencias –760 millones– y Obras y Equipamientos –420 millones–. No obstante, es Economía la que más sube respecto a 2020: un 32%. De todos los departamentos, el único que experimentará una bajada será Hacienda, que está previsto que deje de gastar unos 31 millones de euros.

Son los segundos presupuestos de Martínez-Almeida desde que llegó al Gobierno municipal tras los comicios del 25-M. Las primeras cuentas logró sacarlas adelante gracias a una carambola parlamentaria: si bien Vox se abstuvo en la votación, la renuncia de la concejal de Más Madrid Inés Sabanés y su no sustitución a tiempo provocó un empate a 26 entre los síes de PP y Ciudadanos y los noes de Más Madrid y PSOE, lo que se resolvió con el voto de calidad del regidor. Pero este año, no existe este escollo, por lo que es necesario sí o sí el respaldo de la extrema derecha a las cuentas públicas. Nadie cree que vayan a producirse sobresaltos de última hora. Ni los grandes partidos de la oposición ni tampoco el equipo municipal, que se muestra convencido de que recibirán luz verde en el Pleno. Este miércoles, tras la reunión de la Junta de Gobierno y a pocas horas para la votación, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, aseguró que en el Ejecutivo local están “bastante tranquilos” y con “mucha seguridad” de que el proyecto de presupuestos que han puesto sobre la mesa recibirá el beneplácito del Ayuntamiento.

Desde la oposición recuerdan que el plan presupuestario cuenta ya con el sello ultraderechista en algunas cuestiones. Principalmente, en lo que tiene que ver con las denominadas subvenciones nominativas, aquellas que se conceden a determinadas entidades sin concurso previo. Estas ayudas, muy criticadas por Ciudadanos y PP cuando estaban en la oposición, siempre han estado en el punto de mira de Vox desde que consiguió meter la cabeza en el consistorio de la capital. Tanto es así que incluso ocuparon uno de los primeros puntos del acuerdo a tres bandas que permitió a Martínez-Almeida hacerse con el Gobierno municipal: “Suprimiremos todas las subvenciones a entidades cuyo fin sea ideológico y no quede acreditado un interés público y social”. Por eso, en un claro guiño a la extrema derecha, PP y Ciudadanos acordaron el año pasado un tijeretazo de 16 millones de euros a este concepto –pasó de algo más de 47 millones a poco más de 31–. Para el próximo ejercicio, según el proyecto presentado, el total de subvenciones nominativas rondará los 26 millones de euros. Un nuevo recorte de cinco millones.

Entre las entidades que recibirán este tipo de ayudas durante el próximo año, Vox ha colado a algunas de su cuerda. Y lo ha hecho por la vía de las enmiendas. En total, la ultraderecha puso sobre la mesa 43 modificaciones parciales, de las que 23 salieron adelante en la Comisión de Hacienda con el visto bueno de PP y Ciudadanos. Un peaje que incluye tres subvenciones nominativas. Una de 200.000 euros a la Fundación Madrina, un colectivo muy activo en la lucha contra el aborto, que se encarga de asistir a mujeres sin recursos durante el embarazo y con el que lleva colaborando más de dos décadas la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio. Otra de 100.000 euros para que las Hermanitas de los Pobres de la calle Zurbarán puedan reparar el “muro del asilo”. Y una tercera de 90.000 euros dirigida al Arzobispado de Madrid para rehabilitar la parroquia Virgen de la Paloma. La ultraderecha también intentó erradicar las nominativas que reciben los principales sindicatos –UGT y CCOO–, algunas entidades educativas como José María Llanos o aquellas que trabajan con vecinos en riesgo de exclusión social, como La Koma. Pero el intento fue abortado en la comisión.

Fuera los colectivos LGTBI y recorte para los migrantes

No así la enmienda para retirar la ayuda directa de 18.000 euros que el equipo de gobierno había reconocido en su proyecto presupuestario a la Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas de Madrid (Aegal). Unas cuentas de las que ya se había sacado en su elaboración a tres colectivos históricos de la lucha LGTBI: Cogam, Arcópoli y Felgtb. Estas entidades, denuncian desde Más Madrid, “llevaban recibiendo apoyo desde los tiempos de Álvarez del Manzano”. Ya el pasado año, dichos colectivos vieron reducidas estas subvenciones con respecto al ejercicio anterior. Si en 2019 Cogam recibió 107.600 euros, en las cuentas de 2020 se tuvo que conformar con 80.000 euros, mientras que Arcópoli –reconocida por el trabajo que hace con su Observatorio contra la LGTBIfobia– pasó de 96.000 a 81.000 euros. La única que no vio reducido el apoyo fue Felgtb: 50.000 euros en ambos ejercicios. Ahora, ninguna recibirá ayuda de forma directa. No quiere decir que dichas subvenciones se eliminen, sino que saldrán a concurrencia pública para que puedan presentarse otras entidades.

También ha salido de la lista de receptores otro clásico: la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm). Vox siempre ha tenido a este colectivo en el punto de mira. De hecho, hace un año puso como condición para el respaldo de los primeros presupuestos de Almeida que la ayuda a dicha entidad desapareciera de las cuentas que había presentado el equipo de gobierno. “Por mucho que digan PP y Ciudadanos que van a cambiar el sistema de las subvenciones nominativas para ir a una mayor concurrencia, lo que hay que ver es a quién se las dan. No vamos a aceptar unos presupuestos donde se siga financiando a chiringuitos políticos de la izquierda, como es la Fravm, no lo vamos a aceptar”, dijo entonces Ortega Smith. Aquellas cuentas, al final, salieron adelante con cuatro ayudas directas concedidas a la federación por un total de 1,4 millones de euros. Sin embargo, en el proyecto presentado este año la federación no aparece entre los colectivos receptores.

No desaparecen de la lista de subvenciones nominativas las dos principales asociaciones que trabajan con migrantes. Pero sí que ven reducido el respaldo económico. Para Accem se han previsto 1,29 millones de euros, que irán destinados a su programa de intervención sociocomunitaria con familias migrantes del municipio, frente a los 1,93 millones de euros consignados para este mismo plan en las cuentas del año pasado y en las últimas elaboradas por el equipo de Carmena. En aquellos presupuestos, los de 2019, a esta ONG también se le concedieron 1,5 millones del programa de acogida temporal para personas migrantes en situación de emergencia, una ayuda que desapareció en 2020. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), por su parte, percibirá 335.000 euros por su programa de acogida para la población de origen subsahariano y de otros países de África y Oriente Medio. Es la misma cantidad que se le concedió por este concepto en 2020. Sin embargo, aquellas cuentas también incluían otra ayuda directa de un millón por un programa de acogida en el albergue municipal Mejía Lejerica, que se venía concediendo desde 2017. Ahora, ha desaparecido.

La memoria histórica sigue desaparecida

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Como era de esperar, la memoria histórica seguirá, por segundo año consecutivo, fuera de las cuentas públicas. El presupuesto planteado recoge exclusivamente una inversión de 300.000 euros para un memorial en reconocimiento y homenaje a las víctimas que sufrieron el horror de los campos de concentración y, en particular, a los madrileños y madrileñas. Este era un monumento que ya se contemplaba en los presupuestos del año pasado. En concreto, en el programa 232.70, para la promoción del plan de derechos humanos. Una partida orientada a fomentar la convivencia y la conciencia contra las discriminaciones que en aquellas cuentas ya sufrió un duro recorte: pasó de estar dotado con 928.000 euros en los últimos presupuestos de Más Madrid a quedarse en los 484.467 euros, un tijeretazo de casi el 50%. Para el próximo ejercicio, sin embargo, será uno de los dos programas que desaparezcan de las cuentas, según consta en la Memoria e informe económico-financiero.

Las víctimas de la guerra civil y la dictadura dejaron de preocupar mínimamente al consistorio en cuanto los conservadores se hicieron con el Gobierno. En lo que va de legislatura, varios han sido los ejemplos. Primero fue el memorial del Cementerio del Este, un espacio de recuerdo a las personas fusiladas en el camposanto entre 1939 y 1941 que el Ayuntamiento decidió paralizar y desmantelar, quitando las placas con los nombres de las víctimas, con el objetivo de “unificar el reconocimiento” a los que perdieron la vida en ambos bandos. Algo similar ocurrió con el memorial que durante la legislatura anterior el Ayuntamiento de Madrid se comprometió a instalar frente a la antigua cárcel de Carabanchel, un proyecto del que el gobierno de Almeida terminó por desentenderse, dejando el asunto sobre las espaldas de los colectivos vecinales. Pero el ataque más mediático se produjo el pasado mes de octubre, cuando el consistorio retiró la placa de Largo Caballero tras una moción impulsada por Vox en el Pleno que salió adelante con el respaldo de PP y Ciudadanos.

En el proceso de enmiendas, el grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid trató de incluir algunas modificaciones presupuestarias en este sentido. Propuso un desembolso de 300.000 euros para construir un monumento en memoria de los exiliados antifranquistas de la educación y la cultura; 150.000 euros para reponer los nombres de los asesinados en el Cementerio del Este; 5.000 euros para reconstruir y volver a colocar la placa del expresidente de la Segunda República en la Plaza de Chamberí; 300.000 euros para levantar en los terrenos del antiguo penal de Carabanchel un monumento para homenajear a los que combatieron contra la dictadura franquista y fueron encarcelados; 100.000 euros para construir el Museo y Centro Cultural de la Memoria Histórica y Democrática de Madrid; y 10.000 euros para instalar placas de reconocimiento público a personas, colectivos e instituciones madrileñas por razones de memoria histórica. Unas enmiendas por casi 900.000 euros que no consiguieron superar el muro levantado por PP, Ciudadanos y Vox y que este miércoles en el Pleno volverán a ser sometidas a votación.