Autónomos y empresas recibirán ayudas directas de 3.000 a 200.000 euros en un plan que reserva 2.000 millones para Canarias y Baleares

Empresas y autónomos dispondrán este año de 7.000 millones de euros en ayudas directas para evitar que la falta de solvencia les aboque al cierre. Las comunidades autónomas serán finalmente las que hagan el reparto de esa cantidad, una vez que el Estado se la transfiera en un plazo que no debe superar los 40 días, según ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. De esa cantidad, 2.000 millones serán sólo para Canarias y Baleares, las dos comunidades autónomas que más están sufriendo las restricciones a la actividad económica impuestas por el covid-19, con caídas del PIB que duplican las del resto de los territorios. Cada autónomo que tribute por el régimen de estimación objetiva podrá recibir un máximo de 3.000 euros, mientras que el resto de los trabajadores por cuenta propia y las empresas percibirán entre 4.000 y 200.000 euros.

El real decreto-ley que ha aprobado el Consejo de Ministros se complementará con una orden que, en un plazo de “un mes y 10 días”, precisó la ministra, fijará el reparto de los fondos a las comunidades autónomas y permitirá a éstas empezar a conceder las ayudas. La “batería de medidas”, como la calificó la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, suma 11.000 millones de euros, lo que eleva a un importe que equivale al 2% del PIB los mecanismos contra la crisis aprobados para este año. Los puestos en marcha en 2020 ya sumaron un 20% del PIB, recordó la ministra.

“El objetivo de este paquete es estructural”, explicó Calviño, “conseguir que la economía española tenga músculo para cuando llegue la recuperación en la segunda parte del año”. Se trata de apoyar a las empresas viables, subrayó varias veces, que tengan problemas de solvencia, a fin de que puedan mantener la actividad y el empleo, “utilizando sus fondos para contratar trabajadores en lugar de para pagar sus deudas”.

En esa misma dirección se ha aprobado también la extensión hasta fin de año de las moratorias concursales –para solicitar el concurso de acreedores– y se amplía hasta abril el periodo para retrasar los ingresos tributarios sin intereses.

Mantener la actividad hasta junio de 2022

El plan del Gobierno se compone de un primer paquete de ayudas directas de 7.000 millones de euros, que podrán solicitar empresas y autónomos cuyos ingresos hayan caído entre un 20% las primeras y hasta un 40% los segundos y las micropymes –menos de 10 empleados– respecto a 2019. Son ayudas no reembolsables y finalistas, que podrán destinarse a cubrir las deudas contraídas a partir de marzo de 2020, ya sea por pagos a proveedores, suministros, salarios, alquileres o con los bancos. Están destinadas a empresas y autónomos de más de un centenar de sectores, incluidos la hostelería y el comercio, el transporte, la cultura y el deporte. A cambio, los beneficiarios deberán mantener la actividad hasta junio de 2022, no podrán repartir dividendos ni subir los sueldos a sus directivos, ni pueden estar domiciliadas en un paraíso fiscal.

De esa cantidad, 2.000 millones de euros las recibirán Canarias y Baleares, y los 5.000 millones restantes se distribuirán entre las otras 15 comunidades autónomas según los criterios recogidos en la normativa europea: la caída del PIB, el desempleo general y el desempleo juvenil en diciembre de 2020. Hasta ahora, las comunidades autónomas habían recibido del Estado 27.000 millones de euros. Apoyado en esa experiencia previa, Montero y Calviño expresaron su confianza en que las comunidades autónomas “gestionen con agilidad” las nuevas ayudas. Para ello, dijo Calviño cuando los periodistas le preguntaron por la moción de censura en Murcia y el posible adelanto electoral en Madrid, la “estabilidad política es fundamental”. “Espero que la Comunidad de Madrid no sufra ningún despiste respecto a cuál es la prioridad: luchar contra la pandemia y proteger el tejido productivo”, apuntó.

Las discrepancias en el seno del Gobierno sobre el diseño de estas ayudas se han saldado con una cantidad ligeramente inferior a la que Unidas Podemos defendía –8.000 millones– y con un reparto que finalmente ejecutarán las comunidades autónomas, y no la Administración central como pedía la formación morada.

Código de Buenas Prácticas voluntario

El segundo instrumento incluido en el real decreto-ley es una línea de 3.000 millones de euros para reestructurar los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Según las cifras que facilitó Nadia Calviño, hasta el momento se han movilizado más de 121.000 millones de euros en este tipo de préstamos, creados el año pasado para atender a los problemas de liquidez de las empresas. Ahora se extiende hasta el 31 de diciembre el plazo para solicitarlos.

La renegociación de la deuda la llevarán a cabo los bancos con las empresas que recibieron los préstamos del ICO, que podrán convertirlos en préstamos participativos, cuyos intereses suelen ir vinculados a los beneficios y tener periodos de amortización y carencia superiores a los normales. También podrán conseguir una extensión del plazo de vencimiento. Y sólo “como último recurso”, señaló la ministra de Asuntos Económicos, que no utilizó la palabra “quita”, se podrán “conceder ayudas directas para reducir la financiación”. Esas quitas han sido precisamente el caballo de batalla de las negociaciones que durante los últimos meses ha mantenido el Gobierno con los bancos. Las entidades financieras rechazaban de plano las quitas generalizadas. Así que el Ejecutivo se ha limitado a redactar un Código de Buenas Prácticas, voluntario para los bancos, a fin de “coordinarlos” y garantizar “el buen uso de los recursos públicos”, precisó Nadia Calviño.

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Empresas medianas

El tercer elemento es un fondo de recapitalización para empresas medianas, de 1.000 millones de euros, que gestionará Cofides, una empresa semipública en cuyo capital participan, además del ICO y el ICEX (Instituto de Comercio Exterior), Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell. A estas ayudas podrán acceder las empresas que no tienen tamaño suficiente para solicitar las del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, administrado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), dotado de 10.000 millones de euros y que sólo puede conceder financiación por encima de los 25 millones. En este caso, Cofides negociará préstamos, ordinarios o participativos o incluso entrará en el capital de las empresas.

La ministra de Asuntos Económicos rechazó que estas ayudas directas lleguen tarde a las empresas, una de las críticas que más se han lanzado desde las patronales, según iba prolongándose la pandemia; por el contrario, repitió que el Gobierno se está “anticipando” a los problemas de solvencia empresarial que pueden surgir este año y amenazan con causar un “impacto macroeconómico”.