La polarización marca la campaña del 4M y oculta los datos clave del desprecio de la derecha a los servicios públicos

Y lo abstracto, al final, acabó devorando a lo concreto. El clima de polarización absoluto ha terminado propiciando que las dos semanas de campaña electoral en la Comunidad de Madrid se hayan caracterizado, al menos en el plano mediático, por una concatenación de mensajes e ideas simplistas con las que activar, en la medida de lo posible, un voto visceral de cara a la cita con las urnas del próximo 4M. Una espiral de exaltación continua de los sentimientos que ha terminado arrastrando a las seis principales candidaturas y ha bloqueado cualquier intento de presentar al electorado propuestas concretas y análisis pormenorizados de gestión en la región más rica del país. Los eslóganes políticos y las falsas dicotomías repetidas hasta la saciedad –"comunismo o libertad", entre otras– han acabado convirtiendo a la política madrileña en una suerte de espeso bosque que ha impedido a los votantes ver más allá de las ramas que se han ido cruzando por el camino. Poca relevancia han tenido los datos, que son los que nunca engañan. Las cosas del comer, lo realmente tangible, quizá para 2023.

"Por lo que de verdad importa" fue el mensaje elegido por Más Madrid para los comicios del próximo martes. Sin embargo, ni la situación de la sanidad, la educación o la economía en un territorio que lleva dos años paralizado a nivel legislativo han sido capaces de marcar la campaña. Igual sí que tuvieron importancia al comienzo, con un debate electoral en Telemadrid en el que las tres formaciones del bloque progresista hicieron especial hincapié en los datos de la región en todas estas cuestiones frente a una presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que se agarraba como un clavo ardiendo a ese relato construido sobre la base de que la izquierda pretende acabar con una supuesta singularidad madrileña. Un marco que, sin embargo, saltó por los aires pocas horas después. Las amenazas de muerte a diferentes personalidades, entre ellas la propia candidata conservadora y su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, han terminado marcando el resto de la agenda política. Y el espacio para confrontar, con las cifras en la mano, modelos de gestión y propuestas desapareció totalmente.

UNA PANDEMIA DESCONTROLADA PARA UN SISTEMA SANITARIO MERMADO

La gestión de la crisis sanitaria en la Comunidad de Madrid era, probablemente, el principal talón de Aquiles de la presidenta regional en el enfrentamiento previo a la cita con las urnas. De hecho, uno de los momentos en los que más incómoda se la vio en el único debate en el que ha participado fue cuando se pusieron sobre su mesa todos los datos relativos a la pandemia en la región. "Si se compara de manera mezquina con otras comunidades, con otras densidades y otras situaciones, puede dar esas cifras, pero es absolutamente falso", se limitó a responder. El problema es que los datos oficiales son los que son. Incluso si se ajustan a la población. Desde el comienzo de la crisis sanitaria, Madrid es el territorio que ha acumulado un mayor número de positivos –9.756 por cada 100.000 habitantes, frente a los 7.200 de media a nivel nacional– y la peor ratio de hospitalizaciones –1.388 ingresos por cada 100.000 habitantes–.

También tiene una de las mayores tasas de mortalidad por coronavirus: han fallecido 219 personas de cada 100.000, una cifra solo superada por Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y La Rioja. Y las cifras más negras sobre el zarpazo de la pandemia en las residencias, con la ratio más alta de muertos respecto al número de plazas ofertadas. Solo durante la primera ola, perdieron la vida el 12% de los residentes, por delante de Castilla-La Mancha, donde ese dato se situó ligeramente por encima del 8%. En el debate, la presidenta se defendió asegurando que el 70% de los mayores habían fallecido en un hospital (consulta aquí el análisis más pormenorizado). Algo que, sin embargo, los datos oficiales también desmienten. Solo en los 20 días posteriores a la aprobación del famoso Protocolo de la Vergüenza, murieron en los centros sin ser trasladados el 84% del total.

El impacto de la pandemia se ha tenido que afrontar, además, con una sanidad pública diezmada. Los últimos datos oficiales, relativos a 2019, ponen de manifiesto que Madrid es la comunidad con menor gasto sanitario público en relación con su PIB: un 3,7%, frente al 5,6% del conjunto de autonomías. Dedica, por habitante, 1.340 euros, sólo por delante de Andalucía (1.262 euros) y a mucha distancia de Euskadi, quien lidera la clasificación (1.873 euros). ¿Y cuánto de la inversión total va a parar a atención primaria, una de las piezas claves en la lucha contra el virus? El 11,2%. De nuevo, a la cola. 

Y mientras la pública se ha ido vaciando, la privada no ha parado de impulsarse. Porque en este sector, Madrid sí que se encuentra a la cabeza. Es, según los datos del Ministerio de Sanidad, la segunda región que más dinero público dedica a conciertos. En concreto, el 10,5% del presupuesto sanitario global, solo por detrás de Cataluña (24,5%). En 2019, destinó a esta partida nada menos que 947,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 55,7% en la última década y del 321,1% respecto a 2002. Líder absoluta es, sin embargo, en aseguramiento privado: 2,47 millones de clientes.

LA "LIBERTAD" DE LA CONCERTADA

Ayuso ha articulado una campaña circunscrita a una palabra: "libertad". Libertad para irte a tomar unas cañas y unas patatas bravas a la hora que te dé la gana a pesar de la pandemia o para elegir, "si se tiene oportunidad", el tipo de colegio al que quieres que vayan tus hijos. Una fórmula que ha terminado situando a Madrid como la región española que más segrega a su alumnado por nivel socioeconómico y que se ha traducido, como en materia sanitaria, en un impulso continuo a los conciertos educativos. En 2019, desembolsó en este sentido 1.104 millones de euros, solo por detrás de Cataluña (1.248 millones). Un incremento del 26,6% en la última década.

Frente a los datos de la privada y la concertada, los de la pública. Ahí Madrid deja, otra vez, de estar a la cabeza para situarse a la cola. A pesar de su músculo económico, la región es la que menos invierte por estudiante en los centros públicos. Según los últimos datos oficiales, dedica 4.727 euros por alumno, mil por debajo de la media nacional. En el último lustro, es la comunidad que menos ha incrementado esta inversión en una enseñanza pública que aglutina en la comunidad a solo el 53,8% del alumnado, frente al 67,1% de estudiantes que, de media a nivel nacional, apuesta por este tipo de educación frente a la privada o la concertada.

POLO CULTURAL Y DE INVESTIGACIÓN CON POCO RESPALDO ECONÓMICO

La pandemia, entre otras cosas, ha puesto de manifiesto la importancia de la investigación. En este caso, la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso es un polo a nivel estatal. Y lo es, sobre todo, gracias a la elevada concentración de grandes empresas y de centros de investigación estatales, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Porque si se presta atención al respaldo económico, la fotografía es bien diferente. Madrid es el tercer territorio que menos apuesta en sus cuentas públicas por potenciar el I+D+i. En 2019, según la información extraída de la herramienta de comparación de presupuestos autonómicos del Ministerio de Hacienda, puso sobre la mesa para esta materia 148 millones de euros, lo que equivale a 22 euros por habitante, solo por delante de Murcia y Castilla-La Mancha y a una enorme distancia de La Rioja, con una inversión de 258,5 euros per cápita, casi doce veces más que la capital.

Exactamente lo mismo sucede en el ámbito de la cultura. Madrid es, junto a Cataluña, el principal centro de producción y consumo cultural del país: en 2019 acogía a 163.600 trabajadores y 27.715 empresas de la industria. Sin embargo, se sitúa a la cola en inversión en esta materia. Dedica el 0,075% de su PIB, frente al 0,3% de Extremadura.

¿UN "MILAGRO ECONÓMICO"?

Más allá de la tan cacareada "libertad", uno de los ejes sobre los que ha girado la campaña de Ayuso para el 4M ha sido el de la gestión económica. "En Madrid hemos salvado 300.000 empleos y hemos evitado que España se situara en la antesala de una nueva recuperación económica", decía hace una semana la presidenta madrileña en un discurso en el Nueva Economía Forum. Una suerte de "milagro económico" que, sin embargo, choca de frente con la realidad del mercado de trabajo. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2020, el paro creció en España un 16,54% respecto al mismo periodo del año anterior. Un incremento que en la Comunidad de Madrid fue del 36,24%, más del doble que a nivel nacional y solo por debajo de Baleares, que aumentó un espeluznante 75,22%.

Al mismo tiempo, es la segunda región con el sueldo medio bruto más elevado del país –27.010 euros–, únicamente por detrás de Euskadi. Y, a la vez, la que tiene los alquileres medios más prohibitivos de todo el país –780 euros– y la segunda provincia con los precios de compraventa más elevados: 2.610,3 euros por metro cuadrado, sólo por debajo de Gipuzkoa. El impulso del ladrillo ha sido una de las recetas puestas sobre la mesa por el Ejecutivo de Ayuso para tratar de dar un empujón a la economía de una comunidad que no destaca, precisamente, por una apuesta decidida por la vivienda social. De hecho, es la décima región con mayor porcentaje de casas protegidas sobre el total de hogares. De hecho, en los dos años de legislatura no se ha entregado ni una sola vivienda de este tipo, si bien se han anunciado planes en este sentido.

Durante la pandemia, el grueso de las ayudas a empresas impulsadas por el Gobierno madrileño ha tomado la forma de avales. Es más, el anuncio de su primera gran convocatoria de respaldo económico directo ha llegado en plena campaña electoral: 220 millones para unas 75.000 compañías. Y eso que es la comunidad autónoma con mejores cifras de deuda y déficit público de todo el país, lo que sirvió a su consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, para presumir de unas "cuentas saneadas" que permiten "costear unos servicios públicos de la máxima calidad" –algo que no reflejan los datos de inversión– y hacer frente al covid-19 bajando, al mismo tiempo, los impuestos. Una disminución de los tributos en la región de la que se benefician, fundamentalmente, las grandes fortunas. A modo de ejemplo, en 2018 las grandes fortunas se ahorraron 905 millones de euros solo en Impuesto de Patrimonio en la región.

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PARALIZADA A NIVEL LEGISLATIVO

Continuar la senda de las rebajas impositivas es una de las principales promesas electorales de las tres principales formaciones que integran el bloque de la derecha y la extrema derecha: PP, Ciudadanos y Vox. De hecho, la introducción de retoques en el tramo autonómico del IRPF ha sido una de las pocas iniciativas legislativas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Durante estos dos años de legislatura, el Ejecutivo conservador únicamente ha puesto sobre la mesa de la Asamblea de Madrid cuatro proyectos de Ley –ninguno de ellos de presupuestos–, de los que solo ha conseguido aprobar por lectura única dos, la cifra más baja de entre todas las comunidades autónomas que, como Madrid, celebraron elecciones en mayo de 2019. Uno de los textos es el de la reforma de la ley del suelo, recurrida ante el Tribunal Constitucional. El otro, el que da el visto bueno a una nueva universidad privada en la región.

El adelanto electoral ha metido en un cajón el proyecto de deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Un tributo en el que se ha centrado buena parte de la oposición al PP que se ha hecho desde Vox, que ha exigido una y otra vez a los conservadores que cumplan con su promesa de llevar a cabo una rebaja del tramo autonómico del IRPF. Una ultraderecha que también ha intentado imponer su propio marco de discusión en plena campaña. Lo hizo con el famoso cartel instalado en la céntrica estación de cercanías de Sol con el que trataba de poner el foco en los menores no acompañados, que realmente solo representan el 7,2% del total de chavales acogidos por el Ejecutivo regional, y en las ayudas públicas recibidas por la población extranjera. Un respaldo económico que, realmente, va a parar mayoritariamente a ciudadanos españoles. En concreto, los migrantes reciben en suelo madrileño solo tres de cada diez euros que el Gobierno autonómico destina a la renta mínima de inserción.