La Fiscalía del Tribunal de Cuentas envía a la de Madrid una nueva denuncia a gran escala sobre la financiación de Vox

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, acaba de enviar a la Fiscalía Provincial de Madrid una nueva denuncia a gran escala cuyos autores enumeran distintos episodios para sostener que Vox ha incurrido en el delito de financiación ilegal. Presentada el 13 de mayo ante la Fiscalía del organismo fiscalizador por un partido de nueva creación, Alianza Cívica, la denuncia adjunta documentos internos sobre distintos episodios con el objetivo de demostrar que la formación de extrema derecha mantiene una caja B, recibió pese a estar prohibido donativos en metálico y encubrió “ingresos de procedencia opaca o ilícita disimulados como cuotas de inexistentes afiliados”. A raíz de este escrito, la Fiscalía madrileña ya ha abierto diligencias de investigación, y así lo han confirmado sus portavoces.

Además de derivar el caso a la Fiscalía ordinaria porque el Tribunal de Cuentas “carece de competencia para el conocimiento de ilícitos de naturaleza penal”, Torres comunica a los denunciantes una segunda decisión: la documentación aportada en la denuncia la remite a la presidenta del Tribunal de Cuentas. ¿Para qué? Para que “sea repartida al departamento de partidos políticos, que es el competente para el control externo de la actividad económico-financiera de los partidos políticos”. Y la competencia recae sobre ese departamento, explica el fiscal, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Financiación de Partidos. 

La denuncia de Alianza Cívica narra supuestos hechos delictivos que se localizan en distintos municipios. Uno de ellos es el que en julio de 2020 llevó a una antigua militante de Vox en Valencia a presentar una denuncia ante la Fiscalía valenciana. El ministerio público no vio indicios de delito y lo dejó claro. Pero ordenó remitirla al Tribunal de Cuentas para que analizase si podía haber infracciones de la Ley de Financiación de Partidos. Esa denuncia es la que, como confirmaron el lunes portavoces oficiales del Tribunal de Cuentas a infoLibre, se encuentra en una especie de limbo. Determinadas fuentes del organismo fiscalizador ya habían avanzado al final de la semana pasada que los resultados sobre la fiscalización de los estados contables de Vox se recogerán en los informes sobre las anualidades que coincidan con lo expuesto en la denuncia de Valencia: y el periodo comprendido en esa denuncia comienza en 2018, año para el que no hay todavía fecha en lo que incumbe al control de los partidos políticos. Con esta nueva denuncia ocurrirá lo mismo. 

Cuando en julio de 2020 acudió a la Fiscalía valenciana la antigua afiliada que asegura haber realizado labores administrativas para Vox, el diario El País ya había publicado que el partido que lidera Santiago Abascal se fundó gracias a un millón de euros donado por el exilio iraní. Aquel dinero –desveló el citado rotativo en enero de 2019– acabó en una caja común que sirvió para abonar salarios, fianzas y alquileres desde 2013 para su campaña de las elecciones europeas de 2014.

Antes de la denuncia de Valencia, el Tribunal de Cuentas ya había rehusado investigar desde el punto de vista contable otra denuncia: la formulada en septiembre de 2016 por Juan Jara, entonces todavía vicepresidente de Vox y que acabó convertido en uno de los grandes enemigos de Abascal y su cúpula. Según los portavoces del organismo fiscalizador,  en lo tocante a 2016 se extendió la fiscalización "a las formaciones que, de una u otra manera, habían percibido subvenciones públicas". Y Vox no estaba entre ellas. En su denuncia, Jara había comunicado al tribunal que se estaba negando a los militantes información sobre donaciones en metálico que, según su escrito, habían superado los 460.000 euros en 2015.

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Inscrito en el registro de partidos hace menos de un año y apitaneado por Herennia Trillo, Alianza Cívica asegura que sus miembros no proceden de Vox. Pero en su denuncia ofrece como testigos a dos antiguos altos cargos de la formación de extrema derecha y a un afiliado de Barcelona. Uno de quienes están dispuestos a hablar ante un fiscal o un juez es el ya mencionado Juan Jara.

La panoplia de supuestos delitos cuya comisión atribuye Alianza Cívica a Vox engloba financiación ilegal, blanqueo y pertenencia a organización criminal. La denuncia completa la nómina delictiva con administración desleal y malversación. Y señala a Santiago Abascal como conocedor de algunas supuestas prácticas ilegales. Entre ellas, la "venta encubierta de mercadotecnia". El texto incorpora múltiples anexos, algunos de los cuales contienen información interna que todo indica ha sido aportada por antiguos militantes. A los 12 días de registrar su denuncia ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, Alianza Cívica la amplió. 

Ahora, los denunciantes han recibido con los brazos abiertos la decisión de la Fiscalía. "Aunque este es solo un primer paso, manifestamos nuestra fe en la acción de la justicia y la independencia de los tribunales", se lee en el comunicado que Alianza Cívica acaba de difundir. En su opinión, con el paso dado la Fiscalía del Tribunal Supremo "reconoce la existencia de indicios suficientes tanto de ilícitos penales como de responsabilidad contable alrededor de las cuentas y la financiación del partido político Vox".