Así se manipuló el mercado en otras subidas de la luz: Naturgy, Iberdrola y Endesa ganaron 50 millones inflando precios

El Gobierno ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue para dilucidar si las grandes empresas energéticas han manipulado el mercado eléctrico para inflar los precios. Ya lo hizo durante el subidón del recibo de enero, coincidente con la borrasca Filomena. Fuentes de Transición Ecológica aseguran que se trata de una petición rutinaria, "por defecto", en la que se le pide al regulador que "incremente la supervisión que en realidad ya hace de oficio". El ministerio liderado por Teresa Ribera no tiene ninguna sospecha concreta en este episodio, que se puede explicar por los costes del CO2, del gas natural y de un sistema marginalista que siempre marca el precio de la tecnología más cara, desplomándose cuando las renovables acaparan casi toda la demanda. Pero, por otro lado, tiene motivos para desconfiar. Porque ya ha pasado. 

Tres causas judiciales siguen abiertas por la manipulación de la subasta diaria en la que se fijan los precios de la electricidad, y de la que sale parte del recibo a pagar por los consumidores sujetos al mercado regulado, que son los más vulnerables, los que van a sufrir el sablazo que se espera durante el verano y los que tienen que adaptar sus hábitos para no coincidir con la hora punta. Iberdrola se enfrenta a una multa de 25 millones de euros impuesta por la CNMC, y a una causa penal abierta por la Audiencia Nacional tras la intervención de la Fiscalía Anticorrupción. Endesa, por su parte, ya abonó 5,9 millones de euros, pero recurrió la sanción ante la justicia por considerarla injusta. El mismo tribunal libró a Naturgy de pagar 19,5 millones, pero los tendrá que depositar si el fallo es en su contra. 

¿Cómo manipulan el mercado las eléctricas para subir los precios? Hay diferentes métodos. El de Iberdrola, según el informe que emitió la CNMC a la hora de imponer la multa, es el más descarado y provocó una sanción millonaria, la suspensión de la subasta por parte del Gobierno de Rajoy y la comparecencia del por entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, en la Audiencia Nacional como testigo el pasado enero, tras la reapertura de la causa por parte del juez instructor. Pero para entender el modus operandi hay que profundizar en el funcionamiento del mercado mayorista de la electricidad, llamado pool. 

En las subastas diarias se intenta casar la demanda de electricidad, según las estimaciones de las comercializadoras (las grandes eléctricas y las decenas de empresas independientes) y la oferta, procedente de las generadoras, titulares de las centrales térmicas, combinadas, eólicas, fotovoltaicas, nucleares o hidroeléctricas. Por su funcionamiento, todas las generadoras reciben el precio que marca la tecnología con un precio más alto, porque sus costes de producción son mayores. Si la demanda es baja porque, por ejemplo, el país está confinado por el covid-19, las instalaciones de gas natural o de carbón no entran, porque las renovables llegan a cubrir todas las necesidades de electricidad y sus costes son bajos o nulos. 

Por lo tanto, a las eléctricas les puede interesar, en determinados contextos, que las tecnologías más caras entren porque el resto no llegan. Y lo que hizo Iberdrola, según el Gobierno de Rajoy y la CNMC, es paralizar sus centrales hidroeléctricas para que no entraran en la subasta y meter, por el contrario, a sus centrales de gas natural para que marcaran el precio. El resultado: 25 millones de euros más de beneficio (que es lo que pide el regulador en forma de sanción) y una factura un 10% más cara, también para millones de personas en situación de pobreza energética. 

El mecanismo que acredita la CNMC en el caso de Endesa y Naturgy es distinto, pero también con el protagonismo de las centrales de gas natural. Durante la subasta diaria, y siempre según la versión del regulador, ambas eléctricas se abstuvieron de introducir la oferta de estas instalaciones para posteriormente meterlas en la segunda vuelta, llamada "proceso de restricciones técnicas" a un precio más caro porque se ponía en juego la posible interrupción del suministro. Todas las eléctricas niegan haber cometido infracciones y aseguran que sus maniobras fueron perfectamente legales. 

¿Está pasando ahora?

No hay pruebas, pero hay quien sospecha de la coincidencia en los tiempos. Fuentes de la CNMC insisten, en conversación con este periódico, en que el regulador revisa a diario tanto el mercado mayorista como el minorista (en el que las comercializadoras venden su producto eléctrico a los consumidores) y que, en el momento en el que cuenten con algún indicio claro, abrirán expediente. El analista del mercado eléctrico Jorge Morales de Labra lo dice directamente: "fui uno de los primeros en levantar esa sospecha, hace 11 días".

Se basa en que el precio del pool español es mayor al de la mayoría de países europeos, pese a que todos cuentan con el mismo sistema marginalista, la misma tasa al CO2 y el mismo incremento en el precio del gas natural. Puede tratarse, asegura, de una venganza por el recorte a los beneficios de hidroeléctricas y nucleares que tramita el Gobierno, que considera que es injusto que cobren lo mismo que el gas habiendo amortizado ya su inversión en infraestructuras (a diferencia de eólica y fotovoltaica). 

Sin embargo, Morales de Labra reconoce que es una mera sospecha: "No puedo acusar directamente", pero "todo apunta a que las eléctricas van a intentar arruinar la medida encareciendo los precios". Señala una nota de Acciona enviada a sus inversores, en la que la empresa reconoce que van a trasladar directamente el consumidor todo lo que dejan de cobrar por el fin de los llamados beneficios caídos del cielo. 

Otros analistas del mercado eléctrico no lo tienen tan claro. Natalia Fabra, que participó en el comité de expertos que asesoró sobre la reforma eléctrica a Sánchez al principio de su primera legislatura, dice que "para hacer esa acusación hay que estudiar bien los datos". Habría que demostrar, y todavía esos números no están disponibles, que las eléctricas están subiendo lo que piden por la generación de sus hidroeléctricas y nucleares de manera artificial. Que hay una relación causa-consecuencia, más allá de la coincidencia. 

Pedro Fresco, exasesor del Ministerio para la Transición Ecológica, cree también que "no hay pruebas". "Teneoms dos nucleares paradas, cuya parada ya estaba programada, y a lo mejor eso está influyendo", aventura. 

Las trampas del mercado minorista

La CNMC no solo estudia las manipulaciones del mercado mayorista, en la que ha impuesto multas de 50 millones. También las del minorista: la relación entre el consumidor, el ciudadano de a pie, y las eléctricas. En términos coloquiales, es un no parar. Constantemente, el regulador comunica sanciones a las empresas por falta de transparencia, por cambios injustificados en el contrato o por, directamente, intentar cambiar de modalidad al cliente: generalmente, del mercado regulado (donde el precio cambia cada día según las fluctuaciones de la subasta, y donde se aplican rebajas a los más vulnerables) al libre. Donde, por lo general, las empresas ganan más al ser más caro y tienen más margen para imponer sus condiciones. 

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En la petición del Gobierno para que Competencia intensifique su vigilancia se hace referencia directa al "nuevo sistema tarifario", por lo que se puede entender que el Ejecutivo no solo busca identificar una manipulación de las subastas, sino jugadas fuera de la ley para que, aprovechando el desconcierto y la subida para los que no cambien de hábitos, las eléctricas lleven a más consumidores a su terreno. La última multa se conoció el pasado 3 de junio y fue de 1,35 millones a Iberdrola por cambiar a 45.000 clientes del mercado regulado al libre, con una tarifa un 15% más cara. Considera la CNMC que la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán fue poco transparente. La compañía ha recurrido. 

Las sanciones en este ámbito son constantes. En su último informe, relativo a las prácticas detectadas durante 2019, la CNMC destaca que se resolvieron once procedimientos sancionadores, "fundamentalmente por malas prácticas en la captación de clientes". Es decir, que las empresas no informan correctamente sobre por qué se van a producir los cambios en las tarifas que proponen. También cobran más caro de lo que deberían el alquiler del contador o reducen la potencia contratada –la capacidad de tener varios aparatos conectados a la vez– sin informar al consumidor, entre otras trampas contra las que lucha Competencia. El Ejecutivo teme que la impopularidad actual del mercado regulado pueda llevar a una intensificación de las malas artes de las eléctricas. 

Sin embargo, el mecanismo por el cual las eléctricas reciben castigo por sus malas prácticas es lento. Competencia no tiene margen legal para sancionar más allá de lo que calcula que la empresa ha ganado de más, por lo que al oligopolio le sale a cuenta jugársela. "Es legítimo estar al borde", consideran fuentes del organismo. Además, las compañías siempre pueden recurrir a la Audiencia Nacional, lo que en muchas ocasiones acaba alargando los procedimientos, aunque en el 70% de las ocasiones la resolución es favorable al regulador.