La batalla política en la derecha
Ciudadanos se resetea por enésima vez: adopta el apellido “progresista” pero apuesta por el PP como aliado
Ciudadanos aprieta por enésima vez el botón de reset para redefinir su identidad. Lo hace ahogado por las encuestas que pronostican su práctica desaparición y por la fortaleza de PSOE, PP y Vox, que según los estudios demoscópicos se están llevando —en distinta proporción— los electores que antes eran de la formación naranja.
La sucesora de Albert Rivera, Inés Arrimadas, se resiste de momento a rendirse y desembarcar en un PP que hace meses puso en marcha una ofensiva de fichajes ofensivacuyo objetivo final es forzar la absorción de los naranjas o, si se siguen negando, su desaparición de las instituciones.
La apuesta de la presidenta por ensayar una vía intermedia que le permitiese reivindicar sus diez diputados en el Congreso llegando a acuerdos con el PSOE no acabó bien. La presión interna de los sectores más afines a Rivera —que fue quien definió en 2019 el cordón sanitario contra Pedro Sánchez que acabó hundiendo a Cs en las últimas generales— y la voluntad del Gobierno de no cegar la vía de la negociación con Esquerra Republicana obligó a Arrimadas a poner fin a aquel intento en plena negociación de los presupuestos y devolvió Ciudadanos al redil de las tres derechas al que llegó cuando Albert Rivera se hizo la foto de Colón.
Cs navega desde entonces a la deriva sin encontrar su sitio. Las elecciones catalanas dieron fe de la huida masiva de electores allí donde hace tres años había alcanzado su mayor éxito. Y la fallida moción de censura de Murcia —que el PP desactivó rápidamente comprando a varios diputados naranjas— acabó de la peor manera para Arrimadas: fuera del gobierno de la Región y fuera también del ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Hace apenas unos días el pulso planteado por el PP en Granada terminó con la pérdida de su principal Alcaldía, que ahora está en manos del PSOE.
A pesar de ello, Arrimadas sigue defendiendo que Cs tiene espacio para movilizar a un electorado propio distinto del PP y que ambas organizaciones deben colaborar para formar “una alternativa” que permita derrotar al PSOE en las próximas elecciones generales. El mismo argumento, por cierto, de Santiago Abascal, el líder de Vox. Con la diferencia de que a los ultras las encuestas les siguen otorgando el papel de tercera fuerza política española y a Ciudadanos le están enseñando la puerta de salida del Congreso.
Para apuntalar ese espacio que Cs dice tener, Arrimadas organizó el pasado fin de semana una convención en la que además de reafirmar la bandera del liberalismo —que también le disputa un PP que quiere volver a ser el de Aznar, en el que cabe todo a la derecha del PSOE— izó nuevas banderas. En primer lugar, el ecologismo. En segundo lugar, el feminismo y la igualdad. A partir de ahora ya no serán dos políticas más de Ciudadanos y pasarán a formar parte del corpus ideológico en que se quieren definir con el objetivo de marcar diferencias con un PP que Arrimadas tacha de conservador y del que ya le separan asuntos como la Ley de Eutanasia. Cs, proclamó Arrimadas este fin de semana tratando de contraponer estas ideas al PP, es un partido “liberal, de centro, de progreso, reformista y limpio”.
La presidenta naranja cree que aún hay tiempo para relanzar su partido. Faltan dos años para las elecciones y la política española ha dado sobrados ejemplos de giros imprevistos de guion. En política las cosas pueden cambiar mucho en poco tiempo, aseguró en la convención del partido de este fin de semana.
En este nuevo intento de reubicarse en el centro, a medio camino del PSOE y PP, lo que no ha hecho Arrimadas es despejar qué piensa hacer si para acabar con Sánchez, como pretende, hace falta la contribución de Vox. Es decir: cómo encaja en el liberalismo progresista que los naranjas acaban de redescubrir la posibilidad de tener que llegar a acuerdos con un partido de derecha extrema como Vox, aliado del homófobo húngaro Viktor Orbán.
“Esto no va de izquierdas y de derechas”, declaró este lunes en una entrevista. Eso es, según Arrimadas, “lo que Sánchez quiere y lo que creo que el PP quiere o está cayendo en la trampa de Sánchez”.
Progresismo, ecologismo y feminismo son, en realidad, las novedades que Arrimadas ha introducido en el discurso con el que quiere reconstruir las opciones de Cs y evitar su cantada desaparición.
No por casualidad Arrimadas se quiere mirar en el ejemplo del histórico FDP alemán. Los liberales germanos, que desaparecieron en 2013 del Bundestag al no conseguir ni el 5% de los votos, regresaron en las elecciones de 2017 con un 10% de la tarta electoral, un porcentaje mucho más en línea con su peso parlamentario desde la Segunda Guerra Mundial.
El ejemplo alemán
El eurodiputado liberal alemán Alexander Lambsdorff le explicó este fin de semana que, tras su debacle electoral, la gente pensó que estaban acabados, pero que ellos siguieron trabajando en el ámbito local reconstruyendo el partido para ser “más fuertes”. “La gente pensó que estábamos muertos, pero estaban equivocados. Seguimos trabajando a nivel regional y nuestros militantes se mantuvieron fieles sin cobrar por su trabajo. Cuatro años después volvimos mucho más fuertes y en las encuestas estamos mejor que cuando empezamos”, se felicitó Lambsdorff.
Lo cierto es que, más allá de la larga historia de siete décadas del FDP alemán, la de Ciudadanos es una sucesión de contradicciones consecuencia de su deseo de definir la oferta política más rentable para hacerse hueco en las preferencias de los electores. Una historia que ahora, con el apellido “progresista”, parece mirar a los orígenes de la formación, en el verano de 2005, cuando los naranjas se autodefinían como “socialdemócratas”. Y que parece corregir el rumbo fijado hace dos años por Rivera, en mayo de 2019, que promovía lo que algunos analistas llamaban el primer partido nacionalista español desde la aprobación de la Constitución —si no el primero, sí el que por primera vez tiene opciones de alcanzar el Gobierno—. Era, en palabras de sus promotores, “una plataforma de la sociedad civil” para conformar un proyecto de país que traspasase “el ámbito de los partidos políticos” y fomentase “la unidad de la sociedad en torno a los valores constitucionales”.
Entonces, según todas las encuestas, Cs no paraba de crecer a costa del PP —y de otros partidos— y estaba a las puertas de convertirse en la primera fuerza política española en intención de voto. Ahora, no consigue detener la tendencia a la baja.
La apuesta de Cs por el nacionalismo español ya le había dado buenos réditos en las elecciones que siguieron al 1 de octubre, en las que Cs se convirtió en primera fuerza en Cataluña. Entonces Vox ni siquiera asomaba en los sondeos. Así que la formación naranja, con Mariano Rajoy en la Moncloa, optó por marcar perfil propio contra el independentismo con el objetivo de mostrar una imagen de mayor dureza que el PP. Reclamó una aplicación estricta del artículo 155 de la Constitución, criticó que el Gobierno y el PSOE renunciasen a intervenir también la radio y la televisión públicas catalanas, planteó una ofensiva sin contemplaciones contra el cupo vasco —piedra angular del autogobierno en Euskadi—, denunció en absoluta soledad el adoctrinamiento al que supuestamente somete la escuela a los niños catalanes y se puso a la cabeza de la manifestación —literalmente— para reclamar la equiparación salarial de policías y guardias civiles con los Mossos d’Esquadra.
Entonces Rivera trataba de hacer ver que el PP estaba sometido a la voluntad del PNV e incluso del independentismo catalán al tiempo que reivindicaba como propia la herencia de Adolfo Suárez. Esa doble identidad —el cultivo de una imagen centrista y moderada y el abrazo a algunos de los mensajes más a la derecha del espectro político— no es la única contradicción en la que incurre o ha incurrido Ciudadanos en los últimos años.
Los estatutos originales de Cs proclamaban su carácter socialdemócrata, pero la asamblea del partido decidió en febrero de 2017 reescribir su identidad y abrazar el liberalismo. Después de perder cientos de miles de votos en las elecciones generales de 2015 —en comparación con las europeas de 2014— y de retroceder en las de 2016, Rivera optó por cambiar la identidad del partido y definir a Ciudadanos como “un partido constitucionalista, liberal, demócrata y progresista”.
En 2015, cuando Ciudadanos estaba en plena expansión territorial, defendía abiertamente acabar con las penas específicas por violencia machista porque, en opinión de Rivera y sus compañeros de viaje, discriminaban a los hombres por razón de sexo. Exactamente lo mismo que hoy defiende Vox. Las críticas que despertó este enfoque obligaron al partido naranja a abandonarlas en mayo de 2016.
Los titubeos de los naranjas se manifestaron también en relación con la prisión permanente revisable —la versión española de la cadena perpetua— impulsada por el PP como parte del pacto de Gobierno que ambas fuerzas políticas trataron de impulsar en 2016 y que Rivera se comprometió a derogar cuando intentó formar gobierno con el PSOE.
En estos momentos, en cambio, Cs no sólo quiere mantenerla sino que propone endurecer el Código Penal para hacer más difícil el acceso de los condenados al tercer grado penitenciario —la salida de prisión bajo determinadas condiciones—. Rivera decidió subirse a la ola de alarma social causada por algunos crímenes especialmente graves y pasó a oponerse a la derogación. ¿Su argumento? Prefiere esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su adecuación al ordenamiento jurídico español, tal y como solicitó hace años el PSOE.
Un cambio que ha obligado a Cs a enterrar sus argumentos, como cuando sostenía que “la dureza de la medida no previene los delitos ni sirve para mejorar la seguridad ciudadana real y efectiva”.
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Las idas y venidas de Cs se hicieron patentes en su corta historia en asuntos tales como el llamado impuesto al sol —en agosto de 2016 quería su derogación, pero en febrero de 2017, apenas siete meses después, apoyó su continuidad— o el modelo de primarias —Rivera apostó en numerosas ocasiones por los fichajes estrella y el modelo de elección quedó en entredicho después de que saliese a la luz un pucherazo en Castilla y León—.
También en la defensa del supuesto derecho a gobernar de la lista más votada, que saltó por aires en 2015 cuando Rivera intentó gobernar mediante un acuerdo con el PSOE. O, ya en 2018, cuando pactó con el PP hacerse con la Junta de Andalucía con ayuda de Vox.
Otro ejemplo revelador: antes de las elecciones de 2016, Rivera llegó a afirmar por activa y por pasiva que nunca facilitaría un Gobierno del PP. En un acto público, uno de los participantes le preguntó expresamente si descartaba abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy. Su respuesta no dejó lugar a dudas: “Sí, nosotros no queremos que Rajoy gobierne. Más claro no lo puedo decir”. Rajoy, sin embargo, se convirtió en presidente del Gobierno gracias al apoyo parlamentario que le prestó Ciudadanos y la abstención del PSOE.