Casado admite que sólo se puede renovar el CGPJ de acuerdo con la ley vigente pero mantiene su veto pese al aviso de Bruselas

El nuevo curso político no ha movido ni un milímetro la posición de Pablo Casado en ningún asunto de actualidad. El líder del PP mantiene su bloqueo a la renovación de varios órganos constitucionales,mantiene en especial el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos miembros acumulan más de 1.000 días en funciones. Cuando fueron nombrados no sólo gobernaba el PP con mayoría absoluta: la infanta Cristina había sido imputada por el caso Nóos, Ana Botella era la alcaldesa de Madrid y acababa de pronunciar su icónico “relaxing cup of café con leche” y Barack Obama apenas si había comenzado su segundo mandato.

La evidencia de que la mayoría conservadora lleva gobernando a los jueces casi tres años a pesar de que el país giró a la izquierda en las elecciones de 2016 no es suficiente para que el PP cambie de postura. Su líder ha reiniciado el curso político más rocoso que nunca y ya el lunes advirtió al Gobierno con una de sus expresiones favoritas: Que “abandone toda esperanza” de renovar el CGPJ, proclamó en tono solemne en un acto político en Barcelona. A menos, eso sí, que se renueve de acuerdo con las reglas que el Partido Popular quiere imponer pese a representar apenas a la quinta parte de los electores españoles.

Casado, no obstante, admitió en el mismo acto que lo que él pretende —permitír a los jueces que elijan directamente a 12 de los 20 vocales del Consejo— no se puede hacer de acuerdo con la vigente ley. Tampoco de forma retroactiva, para el caso de que la mayoría del Congreso aceptase reformar la legislación para adaptarla a las exigencias del PP.

Así que su planteamiento, en realidad, se acerca mucho a una extorsión: si el Gobierno quiere renovar el CGPJ del único modo legalmente posible —aplicando la ley actual, que otorga al Congreso y al Senado capacidad para elegir a 12 vocales a partir de las propuestas que jueces y magistrados les hicieron llegar hace ya más de dos años y medio— debe aceptar una modificación de la ley que regula este órgano para que la próxima vez se elija a los vocales como quiere el PP.

Casado ni siquiera está dispuesto a negociar nada con el Gobierno: su posición es definitiva, hasta el punto de estar dispuesto a cruzarse de brazos y dejar pasar el tiempo. Aunque el bloqueo desvirtúe las previsiones constitucionales que vinculan la renovación del CGPJ a las mayorías del Congreso y del Senado.

En esta postura el líder del PP se siente legitimado porque interpreta a su favor los pronunciamientos que, a instancias de su partido, ha hecho sobre este asunto el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders. ha hechoCuando en realidad lo que hizo, hace apenas un mes, fue recordar que independientemente de su composición “la Comisión Europea ha destacado en repetidas ocasiones la importancia de proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial para evitar que pueda ser percibido como vulnerable a la politización”, algo que ya trasladó en el Informe de Estado de Derecho de 2021.

Este informe reflejaba que no ha habido progresos significativos para concluir un acuerdo en las Cortes Españolas para la renovación de varios organismos constitucionales, en particular el CGPJ, a pesar de numerosas peticiones para proceder con dichos nombramientos. Y recordaba que “es importante que los estándares europeos se tengan en consideración y que todas las partes interesadas sean consultadas”.

Reynders también ha apoyado la elección directa del CGPJ por parte de los jueces —hacerlo en su totalidad obligaría reformar la Constitución— pero no es en eso en lo que se fija el informe sobre el Estado de Derecho en España sino en el bloqueo actual.

A pesar de lo inamovible que se ha mostrado Casado, el presidente Pedro Sánchez volvió este miércoles a pedir al PP que cumpla la ley y desbloquee la renovación del CGPJ. “Ninguna formación política tiene derecho a incumplir sus obligaciones constitucionales, a situarse fuera de la Constitución”, porque eso “menoscaba el prestigio de nuestra democracia y nuestra arquitectura constitucional”, advirtió en un acto en Madrid.

Según Sánchez, la lealtad, “no al Gobierno sino al pacto de convivencia con la Constitución”, es una de las grandes lecciones que ha dejado la pandemia y que todos los actores políticos deben aplicar para afrontar la nueva etapa. “En un contexto de crisis, es tarea de todos impulsar la regeneración de nuestras instituciones”, enfatizó.

Fuentes gubernamentales citadas por Europa Press insisten en que es a Casado a quien toca mover ficha porque el Gobierno no aceptará una reforma del sistema de elección con la que no está de acuerdo. El Ejecutivo defiende la necesaria participación del Congreso y el Senado en la elección de 12 vocales a partir de las propuestas de los jueces —el modelo actual— y rechaza que ambas cámaras se limiten a elegir a los ocho vocales previstos en la Constitución.

“No es aceptable que una institución como el CGPJ lleve 1.000 días sin reformarse. No hay precedentes en la historia democrática”, denunció Sánchez.

Hartazgo judicial

A punto de cumplirse tres años de interinidad, la sensación entre los miembros del CGPJ empieza a ser de “hartazgo”, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press. Jueces y Juezas para la Democracia ya solicitó hace meses la dimisión de todos los vocales para forzar al PP a negociar y pactar la nueva composición pero no hay constancia de que esa posibilidad esté encima de la mesa. Las demás asociaciones judiciales, APM, Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente no sólo apoyan la salida que propone el PP sino que van a reclamar a la Comisión Europea que presione al Congreso para modificar la ley.

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El presidente de Consejo, Carlos Lesmes, aludirá con toda probabilidad a esta insólita situación en el discurso que pronunciará el lunes con motivo de la apertura del año judicial. Si la situación se prolonga, el CGPJ se enfrenta a un colapso porque al estar en funciones no puede proceder a ejercer su principal competencia: la realización de nombramientos discrecionales en la cúpula judicial: magistrados del Supremo y cargos de la Audiencia Nacional, así como de los tribunales superiores de justicia autonómicos y las audiencias provinciales.

Lo más preocupante, según las fuentes citadas, es la situación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que debe resolver los recursos presentados por PP, Vox y Ciudadanos contra los indultos concedidos a los condenados por el procés. procésUna baja en cualquiera de sus secciones dejaría inoperante la sala, algo que se producirá en cualquier caso en el primer trimestre de 2022.

Para evitar esta situación y burlar la imposibilidad legal de proceder a nombramientos estando en funciones, el CGPJ está considerando la posibilidad de cubrir las vacantes del Supremo convocando una comisión de servicios y fichar así a un juez que estuviera ejerciendo en otro tribunal para que de forma interina se incorporase a la plaza vacía. Aunque para eso necesitan la autorización del Ministerio de Justicia. Otras voces del órgano de gobierno de los jueces han advertido, sin embargo, que esta artimaña podría suponer un fraude de ley por cuanto la última reforma de la norma que regula el CGPJ se hizo precisamente para impedir que un CGPJ caducado siga designando magistrados en los altos tribunales.