Los pagos fuera de contrato de Ayuso: 800 millones desde enero de 2020 y grandes empresas como principales beneficiarios

"La convalidación [de gasto] es aquella adjudicación que se hace directa, a dedo, sin ningún tipo de concurso público como consecuencia de una mala gestión previa por parte del equipo de Gobierno". Quien el 19 de abril de 2018 acuñó la definición que abre este texto fue el ahora alcalde de Madrid y entonces portavoz municipal del PP en la oposición, José Luis Martínez Almeida, de profesión abogado del Estado y que atacaba así las convalidaciones de la entonces alcaldesa, Manuela Carmena. Tres años más tarde, los datos extraídos por infoLibre de los acuerdos oficiales adoptados por el Ejecutivo autonómico que preside su compañera de filas Isabel Díaz Ayuso demuestran que las convalidaciones de gasto han roto el techo en la Comunidad de Madrid: en los 21 meses transcurridos desde enero de 2020 suman 804 millones las convalidaciones, esa casi desconocida figura prevista para que puedan regularizarse pagos por servicios cuya prestación se haya encomendado en circunstancias muy excepcionales a una empresa sin cumplir los trámites obligados. Las convalidaciones buscan, en resumen, dar carta de naturaleza a  adjudicaciones incluso verbales y en cualquier caso ajenas a los procedimientos legales, lo que dificulta su vigilancia y seguimiento. 

Los principales beneficiados por esa política de regularización de la Comunidad de Madrid que ha convertido casi en ordinario lo que debería ser extraordinario han sido grandes empresas: de hecho, ocho se han repartido más de 600 millones. Pero la excepcionalidad por circunstancias sobrevenidas no se hace al menos visible en la mayoría de los casos. Y ello pese a que la doctrina jurídica sostiene que los supuestos de convalidación "deben tener carácter excepcionalísimo, para casos puntuales, no concebirse como un modo habitual de actuación al margen del procedimiento legal contractual". Esta vez, el entrecomillado pertenece a una sentencia dictada por la Audiencia Nacional en abril de 2018.

Del 'hit parade' de las convalidaciones a la distancia sideral respecto a Andalucía

Como ya publicó este periódico el pasado lunes, solo el gigante de la sanidad privada, Quirónsalud, ha logrado mediante esta vía casi 500 millones. Con 64 millones por múltiples y variados servicios, en el ranking de ganadores le sigue aunque a gran distancia Clece, empresa del grupo ACS, presidido por Florentino Pérez. El tándem formado por la multinacional Air Liquide Healthcare y Oximesa, que da servicios de "terapias respiratorias domiciliarias", ha obtenido 46 millones. A BR Salud, del grupo sanitario Ribera Salud, han ido 20 millones. Las convalidaciones de la tecnológica Accenture sumaron 7,89 millones. Ilunion Lavanderías, del grupo ONCE y una de las seleccionadas para contratos por trámite de emergencia para operar durante la pandemia en el hospital Isabel Zendal, recibió mediante convalidaciones 19 millones.

A la empresa de seguridad Alerta y Control se le han convalidado pagos por 27,8 millones, como informó este medio hace dos semanas. Y Aralia, la empresa fundada por José Luis Ulibarri, empresario pendiente de sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio de una de las piezas del caso Gürtel y el investigado clave en la llamada trama Enredadera, ha logrado la convalidación de 6,15 millones. Antes del coronavirus el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), había anunciado que pensaba retirarle a Aralia la concesión de tres de sus residencias por incumplimientos graves. 

¿Obedece el fenómeno de las convalidaciones multimillonarias de Madrid a la pandemia y las zancadillas que su expansión ha ido poniendo a los distintos gobiernos? Los portavoces de la Consejería de Sanidad madrileña, la que más gasto ha efectuado en pagos fuera de contrato, sugieren que sí. Pero de nuevo los datos ponen en solfa esa explicación: porque en el mismo periodo temporal analizado por este periódico la mayor comunidad del país se ha quedado a una distancia sideral de la madrileña.

Y esa comunidad es Andalucía, cuyo presupuesto casi duplica el de la Comunidad de Madrid (36.000 millones frente a los 20.000 del aprobado por el equipo de Ayuso en 2019, último de la serie hasta ahora), con una población de 8,4 millones (la madrileña se acerca a los 6,7) y donde también gobierna el PP. Atendiendo a la información oficial obtenida por este periódico tanto en documentos publicados  –los acuerdos de cada Consejo de Gobierno andaluz– como en otros que no se difunden –los acuerdos de la Comisión de Viceconsejeros, el llamado consejillo– , las convalidaciones resueltas por el gabinete de Juan Manuel Moreno Bonilla en 2020 y 2021 ascienden a 4,18 millones de euros. El número de las aprobadas por el Consejo de Gobierno andaluz desde enero de 2020 se queda en cinco,  por importe total de 2,65 millones. Las que obtuvieron vía libre previo paso por el consejillo –las inferiores en cuantía a 150.253 euros– fueron 70 y sumaron 1,52 millones. En resumen: los acuerdos de convalidación aprobados desde que empezó 2020 y hasta ahora se quedan en 75.

Pero además de la diferencia abismal que muestra la comparativa con Andalucía, hay un segundo dato que impide atribuir al Covid-19 lo sucedido: una parte relevante de las convalidaciones de estos últimos 21 meses ya se venían haciendo en 2019. Entonces se consagraron con una pátina de legalidad a través de esta fórmula pagos por más de 200 millones. Y, además, algunas de las aprobadas en 2020 se refieren a servicios o suministros del año anterior. Por ejemplo, en 2019 también hay convalidaciones que afectan al hospital privado Fundación Jiménez Díaz, buque insignia de Quirón, el grupo que gestiona en la Comunidad de Madrid otros tres hospitales, estos de carácter público. Y a la también mencionada Air Liquide Healthcare. Y a Aralia, la empresa de Ulibarri. Y a Clece. Y a BR Salud. Y también a empresas de menor entidad como las que en una especie de consorcio sin traducción legal –a tenor de la letra de los acuerdos, no forman una UTE– llevan cobrando mediante convalidaciones desde al menos 2018 el suministro de frutas y verduras a 55 centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social. Por ejemplo, solo por el servicio prestado en esa categoría entre los meses de marzo a junio de 2018, nueve empresas ya recibieron 690.323,72 euros. 

En la lista de empresas y prestaciones o servicios alineados tras centenares de acuerdos de convalidación –solo en 2020 se contabilizan 349 y las de 2021 van ya por 270– aparece un hospital público pero de carácter estatal: el Gómez Ulla, del Ministerio de Defensa, al que se han adelantado también como "pagos a cuenta" 35 millones. El porqué resulta una incógnita dado el silencio tanto del Gobierno regional como del Ministerio, que no ha accedido a dar explicaciones. No obstante, las similitudes con los acuerdos de pago relativos al Jiménez Díaz apuntan a que las dos administraciones involucradas no se han puesto de acuerdo sobre cuánto ha de desembolsar la Comunidad de Madrid a cambio de utilizar el Gómez Ulla dentro de la red pública sanitaria madrileña. Y que esa discrepancia ha hecho que, al igual que ha ocurrido y sigue ocurriendo con el hospital de Quirón, el centro sanitario militar dé servicios al Sermas, el servicio autonómico de salud, sin que el contrato –o "concierto"– se haya actualizado. O sea, sin que esté jurídicamente en vigor.

A preguntas de infoLibre sobre la enorme cuantía de las convalidaciones de gasto, portavoces de la Consejería de Hacienda de Madrid respondieron que el asunto no compete al departamento que dirige Javier Fernández Lasquetty. Ni le compete, afirmaron sus portavoces, "ni conoce los motivos de las mismas, ya que esto corresponde a cada órgano gestor".

Desde la Consejería de Sanidad, la más involucrada en lo que ofrece los visos de un sistema de producción de convalidaciones en cadena, la respuesta fue otra: "Tras alcanzar control en la transmisión del Covid y recuperar la normalidad asistencial en los centros sanitarios, el Servicio Madrileño de Salud está ya agilizando todo lo posible los trámites administrativos para poder sacar adelante en el menor plazo posible los concursos que han quedado pendientes en la prestación de servicios esenciales del ámbito sanitario". A raíz de esa explicación, este periódico preguntó de nuevo: ¿por qué, si trata del Covid, hubo múltiples y cuantiosas convalidaciones en 2019? Esta vez no hubo respuesta. Entre septiembre de 2018 y el mismo mes de este año la Dirección General de Gestión Económica de la Consejería madrileña de Sanidad ha cambiado cuatro veces de titular.

"Esto no es normal"

En el caso del hospital Fundación Jiménez Díaz, paradigma del terreno pantanoso en que se han adentrado las convalidaciones de pago de la Comunidad de Madrid, las dos partes –Quirón y la Consejería de Sanidad– sabían con gran antelación que la parte del contrato destinada a actualizar las tarifas debe renovarse sin traspasar una fecha. Porque si no se hace, el contrato se transforma en la práctica en un papel sin valor legal. Pero no lo renovaron. Y a día de hoy siguen sin hacerlo. ¿Son las convalidaciones verdaderos contratos a dedo que se saltan la ley? Julio González, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense y experto en contratación pública, responde sin ambages: "¿Contratos a dedo? Es peor porque no hay un contrato. Se ha pedido a alguien a dedo que haga algo. O que siga haciéndolo cuando el contrato ha expirado. Puedo entenderlo en los supuestos en que se está entre dos contratos, eso es un pecadillo, pero que las cifras lleguen a 800 millones en dos años es un problema. Es inaceptable. Las convalidaciones no suelen ser millonarias. Eso no es normal".

El Gobierno de Ayuso presenta sus Presupuestos para 2022, los más altos de la historia al superar los 23.000 millones

Ver más

Autor de un blog especializado en la materia [puedes verlo pinchando aquí], González lanza un aviso ante la pregunta de si un panorama como el detectado en la Comunidad de Madrid entraña riesgo para la limpieza de la contratación pública y de su imagen. "Sí, porque en el fondo puedes estar pagando una prestación que incumple las normas de contratación. Cuando hay voluntad de eliminar las convalidaciones se eliminan". ¿Cómo? "Con planificación y profesionalización". El catedrático acude al ejemplo de los plazos para la resolución de un concurso: se sabe que puede surgir algo que ralentice el proceso. O que lo detenga. Y por eso, argumenta González, no cabe convocarlo tres o cuatro meses antes de que expire la adjudicación porque todavía está vivo.

Pero si cuando expira un contrato –continúa el catedrático– aún no se ha adjudicado el nuevo, hay fórmulas previstas: "Se puede hacer una adjudicación directa hasta que se solucione. Y a la finalización del contrato tienes una prórroga de tres meses. Un colchón por si alguien recurre"

Vigente desde hace décadas y regulada por la normativa administrativa y de contratación pública –"la ley de Haciendas de la Comunidad de Madrid es de los años ochenta", explica González–, la convalidación de pago vale  para lo que comúnmente se conoce como salir de un apuro. No es lo mismo –insiste el profesor– convalidar el pago de un trabajo esencial o ininterrumpible que una administración ha tenido que encargar de forma inesperada que abonar a un hospital 22,6 millones por mes como "pago a cuenta". Esa es la cifra de cada una de las 13 convalidaciones mensuales que se han hecho con destino al Jiménez Díaz.