El "abuso" de los contratos de emergencia en Madrid tensa la relación entre PP y Vox

Que el Pleno de este jueves iba a hacer chocar a derecha y ultraderecha quedó claro desde primera hora de la mañana. De hecho, fue la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la encargada de dar las primeras pistas al dirigirse a la bancada de Vox: "Una y otra vez se suman a la izquierda para intentar desgastar al Gobierno". Sin embargo, la sesión, que tenía como único punto del día el análisis de la contratación de emergencia por parte del Ejecutivo regional durante la pandemia, ha sido todavía más bronca de lo que se esperaba. Tanto, que ha terminado con el abandono en bloque de toda la oposición tras la expulsión de una diputada por aludir al hermano de Ayuso y ha tensado la relación entre los conservadores y la extrema derecha. El PP no dudó en acusar a Vox de hacer de "compañeros de viaje" de las formaciones progresistas. Y los de Monasterio dejaron claro que por más que presten su apoyo al Gobierno de Ayuso no harán la vista gorda: "¿Cree que por haber apoyado tengo que asumir sin rechistar que ustedes lo hagan todo bien?".

Al PP no le ha sentado bien que desde la ultraderecha, a la que ven como socio prioritario y de la que dependen para sacar adelante las cuentas públicas, se haya impulsado un Pleno monográfico centrado en la contratación de emergencia, una figura reservada para situaciones excepcionales y que permite adjudicar licitaciones sin concurso público. Y lo ha dejado bien claro el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, nada más comenzar su primera intervención. "No entendemos que hagan esto. Y, cuando escucho las risas por la izquierda, lo entiendo todavía menos. Bueno, sí lo entiendo. Para eso los comunistas le pusieron un nombre, que es el que hay que aplicar a lo que ustedes están hoy haciendo: compañeros de viaje. Es decir, la posición más deshonrosa que se puede tener", dijo con dureza desde la tribuna de oradores el encargado de dar explicaciones en sede parlamentaria en nombre del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Durante todo el Pleno, desde la bancada conservadora se acusó a la extrema derecha de hacerle con el pleno monográfico un "regalo a la izquierda" para continuar con la "campaña de desprestigio" contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Vox, por supuesto, se defendió. "Me tomo sus amables palabras como un agradecimiento a la oportunidad que les hemos brindado para darnos información", respondió la diputada Ana Cuartero, que no dudó en dejar bien claro a los conservadores que el hecho de dar respaldo parlamentario a los conservadores no implica que vaya a "asumir sin rechistar" que el Gobierno de Díaz Ayuso "lo hace todo bien". Es más, con una sonrisa en la boca, la propia Monasterio se encargó de recordar en el exterior del hemiciclo al PP que son indispensables para la gobernabilidad: "Si otros nos dan bofetadas es su problema porque dependen de nuestros diputados para sacar adelante un presupuesto".

1.109 millones en contratos de emergencia

A lo largo de su primera intervención, el consejero de Economía se encargó, tras cargar contra el partido con el que se encuentran negociando las cuentas públicas, de hacer balance del uso de la emergencia suscritos a lo largo de la pandemia. En total, la Comunidad de Madrid ha suscrito a lo largo de la crisis sanitaria 5.210 contratos de este tipo por un valor total de 1.109,7 millones de euros: 4.526 durante 2020 y 684 en lo que llevamos de 2021. El 85,75% de ellos fueron suscritos por la Consejería de Sanidad, frente al 3,16% de Educación o el 6,1% de Políticas Sociales. "Esto permitió hacer frente, de manera eficaz, al coronavirus", sostuvo Lasquetty. Es más, puso sobre la mesa el anteproyecto de informe elaborado por la Cámara de Cuentas, que aún está pendiente de alegaciones, para defender que todo se hizo de forma correcta: "Con carácter general, la mayoría de contratos fiscalizados se han adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico".

Desde la oposición, sin embargo, se encargaron de recordar al consejero que lo que hizo el órgano fue analizar 249 acuerdos, un 5,5% del total durante el ejercicio estudiado. Y que, de ellos, como desveló El País, cuatro no estaban justificados, en 42 no constaba que pasaran por el Consejo de Gobierno, en 109 la dación de cuentas fue fuera de plazo y en 33 existió una desviación de gasto, casi siempre a la baja. Pero más allá de eso, los grupos de la izquierda y Vox pusieron sobre la mesa ejemplos concretos que poco tenían que ver con la pandemia. Uno de emergencia para la adquisición de cuchillas de máquinas quitanieves, otro para máquinas para la formación de personal en la tala de árboles, otro para adquirir equipos de rescate vertical, otro para básculas de bebés y calienta biberones... "O ustedes creyeron que la pandemia era de parturientas en el Pico de Peñalara o son unos tramposos que hacen lo que quieren con el dinero de los madrileños", dijo el diputado de Más Madrid Alberto Oliver.

Desde Vox también fueron especialmente incisivos. Hicieron, por ejemplo, mucho hincapié en la compra de mascarillas a 10,80 euros la unidad a una empresa especializada en software y hardware mientras en Andalucía, en las mismas fechas, las estaban pagando a 0,50 euros la unidad. Y en los aviones con material sanitario que Ayuso trajo de China en los momentos más duros de la pandemia. En total, más de una veintena de contratos que, en la mayor parte de los casos, fueron a parar a una misma empresa, tal y como desveló infoLibre: Sport Logistics, una desconocida empresa de Zaragoza que cobró un millón de euros por viaje, el doble que otras firmas. "No conocemos a cuántas compañías se pidió oferta", aseveró Cuartero, quien deslizó que puede haber "indicios" de una mala utilización de la fórmula de la emergencia y quien pidió al consejero, una y otra vez, que le aclarase si se había pedido presupuesto a Iberia.

La izquierda también fue muy incisiva en este sentido. Más allá de los casos concretos, afeó el uso abusivo de este tipo de tramitación. Y, sobre todo, la falta de transparencia: "De los 5.210 contratos, hay colgados en el Portal de la Contratación 4.878. Es decir, que faltan 362, a pesar de que tienen que ser públicos en el plazo de quince días". "Los contratos de emergencia son un mecanismo pensado para casos muy excepcionales. Y así fue durante el estallido pandemia. En los primeros meses sí que tenían sentido, sobre todo cuando había que comprar material sanitario. Sin embargo, ustedes se han aprovechado de ella para temas que no tienen nada que ver con la urgencia del momento. Su único plan consiste en desviar dinero publico a empresas amigas. Y qué mejor modo que hacerlo que a dedo y sin publicidad", aseveró la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso.

El PSOE pide la dimisión de la presidenta de la Asamblea

La parlamentaria Carmen López fue la encargada de representar al PSOE durante el debate. Durante su primer turno de palabra, la diputada se centró mucho en la opacidad del Ejecutivo regional, que en la mayoría de los casos ni siquiera aporta la memoria justificativa asociada a las adjudicaciones. "Cuelgue la información y sea transparente, como dice la norma", zanjó. Entonces, no se imaginaba que su segunda intervención terminase rompiendo la sesión. Es más, en el arranque de su réplica dejó claro que trataría de rebajar la intensidad de un debate especialmente bronco. "A ver si bajamos un poco el tono, yo voy a intentarlo", comenzó. Y lo hizo. Hasta que salió a colación el hermano de la presidenta madrileña. Ahí, todo se descontroló.

–Dedíquense ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar.

–Está haciendo alusión directa a un familiar de un diputado, y no con palabras amables o neutras, sino con palabras muy graves –la interrumpió la presidenta de la Cámara, María Eugenia Carballedo–. Tenemos el deber de mantener y adecuar nuestra conducta a las reglas de la cortesía parlamentaria.

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Se exigió a la socialista que retirase sus palabras. Pero no lo hizo. Se la expulsó del hemiciclo, pero se negó a abandonarlo. Fue entonces cuando Carballedo pidió a los servicios de la Asamblea que la acompañasen a la salida. Y toda la oposición –incluido Vox– se levantó y salió de la Cámara.

El resto de la jornada trascurrió, fundamentalmente, en el exterior. La ultraderecha registró un escrito en la Mesa pidiendo que "se establezca un criterio claro y uniforme que equilibre el derecho de los diputados, en el uso de su cargo, a manifestar o denunciar hechos o conductas presuntamente irregulares". Y el PSOE exigió la dimisión de la presidenta de la Cámara por su "falta de ecuanimidad". "En caso de que no lo haga, procederemos a registrar una solicitud de reprobación", zanjó el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Lobato. "Todos los días el PP emite juicios de valor y aquí no pasa nada. Esto no se puede permitir ni perdonar", coincidió la portavoz de Más Madrid, Mónica García, en rueda de prensa.

La última vez que sucedió algo similar en la Asamblea de Madrid fue hace ocho años. En aquella ocasión, la protagonista fue otra diputada socialista. Maru Menéndez fue expulsada del Pleno por llamar "corrupto" al expresidente Ignacio González –actualmente salpicado en varios procedimientos judiciales–. La única diferencia es que, en aquella ocasión, se la sancionó con un mes sin sueldo y sin poder ejercer su cargo. El asunto se llevó hasta el Tribunal Constitucional. Y el órgano respaldó a la socialista: hubo una "restricción" de la "libertad de expresión" de la diputada.