Así es la política climática con las macrogranjas: el Gobierno prevé reducir su impacto pero no su número

La ganadería intensiva cuenta con varias externalidades negativas, por mucho que la derecha y parte de la izquierda parlamentaria sigan negando en el debate surgido. A nivel de Salud Pública, el modelo industrial fomenta un consumo excesivo de carne en los países desarrollados, contra el que ya alertó el ministro de Consumo, Alberto Garzón, el pasado verano recibiendo la burla incluso del presidente del Gobierno. A nivel de bienestar animal, los altos estándares que vende la industria contrastan con las imágenes de sufrimiento, hacinamiento y suciedad que filtran los que logran entrar en alguna de las instalaciones. A nivel medioambiental, los excrementos de tantas cabezas de ganado concentradas en espacios reducidos contaminan el aire, el agua y la tierra de las zonas donde se ubican; y generan nitratos que pueden ser una sentencia de muerte para ecosistemas frágiles, como el Mar Menor. Y concretamente, a nivel climático, el sector agrario es responsable de un 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las cuales más del 60% se atribuyen a este modelo, según datos del Ministerio de Transición Ecológica.

No es mucho, pero las urgencias climáticas exigen de acción en todos los frentes; y se trata del ámbito, reconoce el mismo Gobierno, en el que más han crecido las emisiones en la última década. Ante el impacto, la estrategia a seguir por el Ejecutivo es reducir el impacto de cada granja, pero sin objetivos, tampoco a largo plazo, para reducir una cabaña ganadera que no ha dejado de crecer. El Ejecutivo pretende que en 2050 el país sea neutral climáticamente; es decir, que lo poco que se emita se compense. Sin embargo, el sector agropecuario tiene una meta, en el caso español, de una reducción de solo un 53% con respecto a los niveles de 1990. Se conseguirá, estima Transición Ecológica en sus planes enviados a Bruselas, mejorando la eficiencia y el tratamiento del metano generado por los animales; pero no hay cifras sobre qué número de instalaciones se esperan o se permitirán.

A grandes rasgos, las competencias de Transición Ecológica sobre las macrogranjas y la ganadería industrial se dividen en dos frentes. Uno, quizá el más urgente, el de los nitratos. La Comisión Europea ha denunciado a España ante los tribunales comunitarios por incumplir la directiva y tomar medidas "insuficientes e insatisfactorias" ante este tipo de contaminación, responsable de ecocidios como el del Mar Menor, que proviene tanto de la agricultura a gran escala y sus fertilizantes como de la ganadería y las montañas de excrementos. El Ejecutivo acaba de cerrar el proceso de participación pública de un decreto que aprieta las tuercas a los agricultores y ganaderos, estableciendo nuevos límites más robustos.

"Teniendo en cuenta la importancia del subsector ganadero español", empieza reconociendo la norma en trámite, "se considera necesario establecer otras medidas para la dosificación y la aplicación de los estiércoles a los suelos que aseguren la protección de la salud humana y el medio ambiente. En este sentido, la adecuada gestión de los estiércoles es crucial, siendo responsables de ello, en el ámbito de sus respectivas obligaciones, tanto los titulares de las explotaciones ganaderas como los de las explotaciones agrarias o mixtas". Para los ecologistas se trata de un parche. "Por el momento, ninguna administración ha querido ponerle freno –declaraba WWF en reacción a la denuncia de Bruselas– pues exige acciones para evitar la contaminación en origen. Entre ellas, establecer un plan de desmantelamiento de macrogranjas, en vez de propuestas enfocadas a la depuración del agua contaminada".

El otro frente es el climático. El sector agrario es responsable de un 12% de las emisiones de GEI. En 2005 era un 8%. ¿Qué ha pasado? Por un lado, la generación de energía ha perdido mucho peso por el práctico fin de la quema de carbón para electricidad, lo que aumenta la carga sobre el resto de ámbitos. Pero por otro lado, reconoce el Ejecutivo en su último informe sobre las emisiones del país, a partir de 2013 "se observa un cambio de tendencia al alza ligado al aumento en el uso de fertilizantes inorgánicos y al incremento de la cabaña ganadera, siendo las emisiones del sector en 2019 un +8,0% más altas que en 1990".

¿Qué se va a hacer? En la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo que el Gobierno español remitió a Bruselas, se fija un objetivo de un 53% de reducción de emisiones con respecto a 1990. En el total de sectores, la reducción es del 90%. La diferencia se explica, según el Ejecutivo, por sus "especiales características que hacen difícil su mitigación". Ese 53% no se pretende conseguir gracias a una apuesta por la ganadería extensiva, que emite menos y absorbe más CO2, o por un cierre planificado de las instalaciones industriales, como se hace con el carbón en base a los postulados de la transición justa. El Gobierno pretende producir biogás (es decir, absorber el metano y utilizarlo en vez de expulsarlo a la atmósfera), mejorar la alimentación del ganado, reducir la carga de nitratos de los fertilizantes, reducir el desperdicio alimentario o tratar mejor el estiércol y los purines que generan los cerdos o las vacas. En definitiva, España aspira a que dentro de 30 años el 50% de las escasas emisiones que produzca el país sean del sector agropecuario.

Si hay muchas más granjas en el futuro que en la actualidad, las mejoras en el impacto individual de cada instalación podrían verse opacadas. Pero no hay estimaciones de cómo evolucionará el sector. La tendencia en los últimos años es de claro crecimiento, como muestran las cifras del Ministerio de Agricultura y saben en la España rural: en 2021 se pasó de 86.190 granjas de cerdos a 88.205, el mayor aumento en cuatro años. Las granjas de vacas crecieron un más modesto 0,41%, pero el aumento de cabezas de ganado fue del 1,22%. Greenpeace pidió, sin éxito, que se planteara un cambio de modelo en la estrategia. "El sector agrícola, y en particular el ganadero, sigue siendo el gran olvidado en las políticas climáticas", declaró la organización.

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En la misma estrategia se habla de un "cambio de dieta" como palanca de ese 52% de reducción, en línea con lo que afirmó en verano el ministro de Consumo: el Norte Global come demasiada carne y es malo para la salud y para el planeta. Sin embargo, el epígrafe no menciona una reducción de la producción de alimentos, aunque en otro apartado se menciona la intención de transitar hacia un consumo "más local", por lo que no queda claro cuáles serán los destinatarios de los chuletones, el queso o la leche producidos.

En la Ley de Cambio Climático, aprobada en mayo de 2021 tras años de debate, tampoco hay ni un límite a las instalaciones ni medidas sobre la ganadería. El Grupo Plural propuso, en la tramitación parlamentaria, una enmienda que pedía fomentar la ganadería extensiva frente a la intensiva. "Las administraciones públicas garantizarán un sistema que permita una alimentación sana, sostenible, más respetuosa con la producción y el clima, poca emisora de GEI y accesible a todos", rezaba la propuesta, que fue rechazada.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha ido modulando a lo largo de esta semana de polémica sus declaraciones sobre la ganadería intensiva. De manifestar simplemente su apoyo al sector ha pasado a reconocer que las explotaciones industriales "tienen un margen de mejora muy notable, tanto desde el punto de vista ambiental, social y de bienestar animal". Es, en esencia pero con palabras amables, lo que dijo Garzón. Para los ecologistas no es suficiente. Reclaman una transición justa para el campo que reduzca el tamaño del sector como única vía posible para reducir su impacto ambiental y climático. Por ahora, el Gobierno hace oídos sordos.