72.000 cerdos por macrogranja: la oposición a la ganadería industrial se topa con la laxitud de la ley

La España vaciada está en pie de guerra contra la ganadería industrial o intensiva. España vaciadaUn modelo de explotación animal que contamina el aire, la tierra y las aguas, intensivo en recursos y donde, explican sus detractores, la dignidad de vacas, cerdos, gallinas u ovejas ni se respeta ni se puede respetar. No sirven tampoco para fijar población ni para crear empleo a niveles relevantes. "Todo lo que destruyen es mucho más de lo que crean", explica la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, que agrupa las decenas de pequeñas luchas que cada vez gritan más fuerte. Por ahora, sin respuesta por parte de las instituciones. Solo tres comunidades barajan o aplican una moratoria para nuevas explotaciones. Y se necesitan, apuntan los activistas, medidas a nivel estatal. Las que hay no impiden la avalancha, sobre todo porcina, y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no se le percibe la más mínima intención de limitar la actividad del sector. 

Dos noticias han tenido impacto en estas últimas semanas a nivel nacional, relacionadas con la ganadería industrial, y que han sobrepasado la barrera de lo local. Por un lado, una investigación periodística que demuestra el papel de la contaminación ganadera en la crisis del Mar Menor. Por otro, la entrada de activistas de Greenpeace en una explotación de Castilléjar (Granada), que puede producir hasta 651.000 lechones al año. La empresa al frente es Cefusa, del Grupo Fuertes, dueña de la conocida cárnica El Pozo. Las imágenes pueden ser duras de contemplar. "Los ratones campan a sus anchas por las naves y entre los lechones, las cerdas están tumbadas y pariendo sobre sus propias heces, se ven decenas de lechones muertos en las parideras y pasillos y los lechones están hacinados. Es la imagen del modelo que ha convertido a España en una potencia de la carne de porcino a nivel mundial". Según los cálculos de los activistas, se trata de la instalación porcina que más metano (gas de efecto invernadero) y amoniaco emite del país. 

A pequeña escala, los purines –mezcla de defecaciones de los animales, restos de pienso y agua– son beneficiosos para la agricultura de la zona, dado que abonan la tierra. A gran nivel, con macrogranjas como la de Castilléjar, los purines son un problema medioambiental que contamina la tierra, dejándola yerma, y los recursos hídricos. Los nitratos, las principales sales contenidas en estos restos, aumentaron su presencia en las aguas subterráneas españolas un 51,5% de 2016 a 2019, y los acuíferos más afectados coinciden con las zonas de mayor explotación animal.

España debe atajarlo cuanto antes, no por la opinión de Greenpeace, sino por el ultimátum que el país recibió de la Comisión Europea en julio de 2020. "Nos han vendido como subproducto algo que no lo es", denuncia Inma Lozano, portavoz de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial. Repite mucho una palabra: "mierda". La "mierda" que, explica, dejan las granjas en sus campos, que genera infertilidad, plagas de moscas, malos olores, depreciación del valor de las casas y aún más despoblación en la España rural. 

Los datos muestran que las explotaciones tanto bovinas como porcinas, las dos con más impacto socioambiental, no dejan de crecer y disfrutaron de un gran crecimiento en 2021. Solo en el último año, según el censo del Ministerio de Agricultura, se pasó de 86.190 granjas de cerdos a 88.205, el mayor aumento en cuatro años. Las granjas de vacas crecieron un más modesto 0,41%, pero el aumento de cabezas de ganado fue del 1,22%. La alta demanda por parte de China, afectada durante muchos años por una epidemia de gripe porcina, estimuló la oferta española. Y también la respuesta por parte de las organizaciones. "Nos estamos manifestando fin de semana sí, fin de semana no, en muchos pueblos pequeños de la España vaciada", explica Lozano. La unión hace la fuerza, consideran: el objetivo es dar visibilidad a la lucha a nivel estatal, más allá de los conflictos locales, que cifran en más de 70 en toda España. 

Los activistas están muy descontentos con la respuesta de las administraciones, tanto estatales como autonómicas. Cataluña tiene vigente una moratoria de nuevas explotaciones, que, según demandan los ecologistas, debe ampliarse a todo el país porque, de otra manera, solo se traslada el conflicto de una comunidad a otra. Navarra también aprobó una moratoria pero solo para la ganadería industrial bovina, y Galicia se lo está pensando. El resto de autonomías hace oídos sordos. Y la competencia es autonómica. Pero el Gobierno central, explica Luis Ferreirim, de Greenpeace, puede hacer mucho más. Está en sus manos regular de manera restrictiva la contaminación por nitratos y puede legislar sobre las cabezas de ganado. 

En ese sentido, el Ministerio de Agricultura sacó unos meses a consulta pública un decreto de ordenación de la cabaña bovina en el que se pone límite a las nuevas explotaciones: solo pueden albergar 725 vacas de ordeño y 1.400 terneros de cebo. Para Greenpeace, es un buen paso, pero insuficiente: ni es retroactivo ni las cifras se adecúan "a lo que la Unión Europea marca en la Directiva de Emisiones Contaminantes, que considera granjas potencialmente contaminantes a partir de 300 vacas de ordeño" por el metano que emiten los animales. "Que por lo menos sea congruente. En la situación actual no podemos seguir autorizando explotaciones intensivas. No podemos seguir este ritmo". 

La ganadería porcina ya tiene su propia norma de ordenación. Pero los límites que establece son, a juicio del activista, ridículos. "Las limitaciones que pusieron son un poco... no sé cómo decirlo. Dejan la puerta abierta a que esté ocurriendo lo que está ocurriendo". El máximo son 7.200 cerdos... por explotación, pero un mismo proyecto puede contar con una decena de explotaciones. Es decir, 72.000 cerdos: es lo que permite el tamaño colosal de la macrogranja de Castilléjar. No hay ninguna intención manifestada por el Ministerio de Agricultura de reformar la norma y no han contestado a las preguntas de infoLibre al respecto.

Lozano también lamenta los oídos sordos de las administraciones. "Del porcino no se habla. No creo que vayamos a tener respuesta", admite, pesimista. La activista describe varias de las trampas que denuncian las organizaciones locales: verter los purines directamente en la tierra, sin enterrarlos, y disimular cuando pasa el Seprona; o la principal, pedir una evaluación ambiental que es concedida y, a posteriori, cambiar las condiciones para albergar más cabezas de ganado o aumentar la contaminación, sin pedir permiso ya que se consideran modificaciones no relevantes de la actividad. "Las evaluaciones se deben endurecer y se deben valorar en conjunto. Si en un pueblo hay tres explotaciones, pues ya no caben más. Cada cerdo consume 10 litros de agua cada día. Lo comparas con lo que bebe la población de los pueblos y...", denuncia. 

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No hay rastro en las palabras del ministro de Agricultura, Luis Planas, de que piense abordar el problema. "El patrimonio ganadero de España es uno de los motores claves de nuestro medio rural", aseguró el pasado 28 de septiembre. ¿Cuáles son los principales "retos" que afronta el "sector", en su opinión? "Conseguir más valor, para lo que resultan esenciales la innovación y la digitalización, novedades que, ha dicho, son ya una realidad", recoge el servicio de comunicación de Moncloa.

Por su parte, la patronal del cerdo en España, Interporc, ha criticado duramente a Greenpeace por entrar en la macrogranja de Castilléjar. "Estas exigentes medidas, que prohíben entre otras cuestiones la entrada de personal no autorizado y que no cumpla las estrictas normas de bioseguridad e higiene, son absolutamente necesarias para evitar perjuicios sanitarios al propio ganado, favorecer el bienestar animal y mantener el estatus sanitario de máximo nivel de la cabaña porcina española, pasaporte imprescindible para llevar la carne y los derivados del cerdo de capa blanca español a más de 130 países de todo el mundo". Es decir, culpan a Greenpeace de afectar al bienestar de los cerdos con una campaña que denunciaba condiciones de hacinación y suciedad de los mismos cerdos. 

Interporc insiste en que las granjas cumplen la ley en cuanto al bienestar animal. Muchas de las condiciones en las que se mantienen los cerdos, como la completa ausencia de movilidad o la mutilación de los rabos para que no se los muerdan entre sí por el estrés, son recogidos por la normativa. Además, el sector, defiende la organización, es "referente internacional en sostenibilidad", a pesar de que la contaminación haya sido señalada por la Comisión Europea. "El sector ha conseguido disminuir en la última década un 30% el uso de agua por kilo de carne producido y reducir en más de un 40% sus emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos 15 años". Pero, como suele ocurrir cuando se saca la eficiencia a producir, el aumento descontrolado de la actividad echa por tierra las mejoras.