El Defensor del Pueblo, sobre la saturación en Atención Primaria: "Perjudica la seguridad de los pacientes"
La Oficina Defensor del Pueblo recibió un total de 29.015 quejas en 2021, un año "marcado por las secuelas" de la pandemia de covid-19, lo que supone un incremento de un 3,5% con respecto a las 28.020 del año 2020, según el Informe anual de la Institución recogido por Europa Press. Las quejas suben pero lo hacen en menor medida que en el año en el que empezó la pandemia, cuando aumentaron un 26,4% respecto al ejercicio anterior.
"Cuanto ha sucedido ha venido marcado por las secuelas del difícil y complejo año 2020, con consecuencias dolorosas y determinantes en la sociedad española. El impacto del covid-19 se ha hecho evidente en su repercusión social y económica, en definitiva, en todos los sentidos, en 2021", explica el Defensor, Ángel Gabilondo, en el documento, que ha entregado este viernes 18 de marzo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.
Se trata del primer informe que Gabilondo entrega como alto comisionado aunque gran parte de la gestión de la Institución durante el año pasado correspondió al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán. Según el documento, recogido por Europa Press, la Institución inició en 2021 un total de 182 actuaciones de oficio ante distintas administraciones, y atendió personalmente a 33.708 ciudadanos -32.974 de ellos a través de llamadas telefónicas y 734 presencialmente-.
Respecto a las solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional, este año ha recibido un total de 204, lo que supone un descenso de un 77,5% con respecto a las 909 recibidas el año anterior.
Como consecuencia de la tramitación de las quejas y de las actuaciones de oficio, el Defensor del Pueblo formuló en 2021, ante las distintas administraciones, un total de 582 recomendaciones y 1.139 sugerencias.
De las recomendaciones, 189 han sido aceptadas, 60 no aceptadas y 333 están en trámite o todavía sin contestar por parte de la administración concernida (al cierre del presente informe). Respecto a las sugerencias, 324 han sido aceptadas, 125 no aceptadas y 690 están en trámite o sin contestar.
Por temáticas, la mayoría de los expedientes de queja, de actuación de oficio o de solicitudes de recurso están relacionados con el área de la Seguridad social y el empleo (13,4%), seguidos por Administración de Justicia (11,9%), Función y empleo públicos (11,6%), Sanidad (8,2%), Migraciones (6,8%), Asuntos de interior (6,6%) y educación (6%).
Quejas en el ámbito sanitario
El Defensor del Pueblo ha advertido de que la sobrecarga de los profesionales sanitarios en Atención Primaria "perjudica la calidad y hasta la seguridad de la atención que prestan a sus pacientes, además de incrementar el riesgo para su propia salud laboral".
Tras los primeros meses de emergencia sanitaria, después del verano de 2020, durante el que se produjo una situación más generalizada de saturación en los centros de Atención Primaria relacionada con la acumulación de tareas asistenciales y de vigilancia epidemiológica que debían asumir, la institución inició actuaciones para intentar determinar el alcance del problema en algunos centros sanitarios en concreto y conocer las medidas que las administraciones estaban adoptando.
En primer lugar, el Defensor resalta que "es conveniente que las administraciones registren la carga real que soportan los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, más allá de la carga nominal que recoge el cupo de pacientes asignados".
Singularmente, el Defensor del Pueblo destaca que el "número de quejas recibidas en materia sanitaria ha puesto en evidencia en diversos ámbitos la emergencia" que ha representado la pandemia y "el cuestionamiento del alcance de determinadas políticas y medidas administrativas de salud pública o muy singularmente en lo relativo al funcionamiento del Sistema Nacional de Salud". Algunos profesionales se han dirigido al Defensor manifestando su "extrema preocupación por la excesiva carga asistencial que soportan, lo que perjudica la calidad y hasta la seguridad de la atención que prestan a sus pacientes, además de incrementar el riesgo para su propia salud laboral". "La pandemia ha sido la gran razón y en algunos casos un argumento aducido para justificar aspectos que han de ser atendidos más adecuadamente", precisa el Defensor del Pueblo.
En cuanto a las listas de espera en consultas externas y en pruebas diagnósticas, el Defensor reconoce que la "reorganización de los recursos asistenciales y de los profesionales para la atención a los pacientes con covid-19 ha ocasionado la suspensión de procedimientos y la modificación de citas atendiendo a criterios de priorización".
Una consecuencia de la emergencia sanitaria, como ya se reflejaba en las conclusiones incluidas en el informe de 2020, es la potenciación de la atención prestada por teléfono a los pacientes. El Defensor esgrime que "la atención telefónica reduce, ciertamente, desplazamientos innecesarios al usuario, aumenta en parte su seguridad y agiliza el tiempo de atención". Pero, sin embargo, también alerta de que "ocasiona una limitación del contacto personal entre el paciente y el profesional, para el que resulta más difícil apreciar aspectos importantes del estado de salud del paciente que serían observables a primera vista en una consulta, o el interpretar las propias expresiones del usuario sobre su propia situación clínica, especialmente cuando es atendido en una primera ocasión".
La institución también ha recibido quejas procedentes de poblaciones de menor tamaño y del ámbito rural por la suspensión del servicio en los consultorios locales durante los peores momentos de la pandemia con el objetivo de prevenir contagios, lo que "ha condicionado la prestación de una atención cercana al paciente del medio rural cuando la situación de crisis se encuentra más controlada".
"Dolorosa experiencia" en las residencias de mayores
Gabilondo también se refiere a la "dolorosa experiencia de la asistencia residencial a mayores, a pesar de la respuesta de los profesionales", que "ratifica la urgente necesidad de que se replantee y, en todo caso, se revise el modelo residencial, la necesidad de un incremento de recursos humanos, la mejora de las condiciones laborales y un mayor seguimiento y control por parte de las Administraciones Públicas".
Asimismo, señala que son "reiterados" los escritos ante el Defensor del Pueblo por las "situaciones de mayor desamparo", ya "lamentablemente asentadas en algunos sectores", a lo que ha de añadirse "las penurias sobrevenidas". Estas, según añade, "hacen imprescindible una valoración de las quejas desde una perspectiva que cabe calificar de pobreza o de riesgo de pobreza, en todos los sentidos de esta palabra, en determinados ámbitos de la sociedad".
Menosprecio policial de las víctimas de violencia de género cuando denuncian
El informa del Defensor del Pueblo ha advertido de las quejas que recibe la Institución en relación al trato que las víctimas de violencia de género reciben de los funcionarios de policía que, según apuntan, no les ofrecen un trato respetuoso, no creen sus testimonios, o las toman "por locas o por mujeres despechadas".
En el texto, el Defensor recuerda lo "fundamental" del "acceso a la denuncia" para estas mujeres y el que los recursos humanos y materiales necesarios en las unidades de familia y mujer de la Policía Nacional" estén asegurados para "agilizar" la tramitación de atestados. "Hay que garantizar la aplicación del protocolo de atención a las víctimas en todas las dependencias policiales cuando se las atiende, evitando una doble victimización, que se desaliente a las víctimas de denunciar a sus agresores o que desistan del ejercicio de sus derechos", recoge la Institución en el informe.
A su juicio, las mujeres "no pueden seguir lamentándose porque los policías que las atienden no las creen, porque menosprecian su testimonio o porque los consideran exagerados". De hecho, el texto explica que, "en la mayoría de los casos, las víctimas piden ayuda al Defensor del Pueblo, sin haber llegado siquiera a denunciar, por miedo o por ignorar los sistemas existentes".
Ha recordado que ha registrado también en 2021 quejas por el incumplimiento del Convenio de Estambul en esta materia, así como por "la limitada atención que reciben las víctimas de violencia de género en España" debido a esta única atención a la que se produce en el seno de la pareja o la expareja.
Guerra de Ucrania
En la presentación del informe, Ángel Gabilondo también hace una mención a la guerra en Ucrania para decir que "se hace aún más patente" hasta qué punto se viven "espacios de enorme fragilidad e incertidumbre". "De nuevo, la guerra. Esta vez, en las puertas de Europa, con numerosas víctimas y desplazados, refugiados en ocasiones, y sin otro destino que huir", reflexiona. También ha pedido "coordinación" en la acogida de personas refugiadas que huyen de la guerra en Ucrania porque "no hay que confundir una buena respuesta con la buena intención".
"No voy a poner en cuestión la buena intención de quien cree que puede hacer así una gran labor, pero la gran preocupación por atender a las personas refugiadas puede verse agravada por una descoordinación, esto es responsabilidad pública y de todos los ciudadanos, no debemos confundir sin más la buena respuesta con la buena intención", ha subrayado Gabilondo.
Gabilondo ha advertido de que, ante una crisis como la provocada por la invasión rusa en Ucrania, si no se da una respuesta "ordenada, vertebrada, coordinada", los efectos "pueden ser contrarios a lo que uno desea". "Nunca pondremos en cuestión la labor de los ciudadanos, pero España, si quiere estar a la altura de este desafío, tendrá que proceder de manera coordinada", ha abundado.
A su vez, destaca que diversas federaciones de Ombudsman, de las que forma parte el Defensor del Pueblo de España, "se han pronunciado condenando la agresión rusa por constituir una violación de la legalidad internacional y del derecho internacional humanitario". La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) ha instado, asimismo, "a fomentar la paz por el bien de la democracia y la humanidad".
El Defensor del Pueblo español, como Institución Nacional de Derechos Humanos, se muestra "expectante y activo ante la situación en la que la guerra afecta a la estabilidad del planeta, a la vida de numerosas personas". "Abordamos las tareas que nos corresponde en este caso, conscientes de que esta situación incide en cuanto hoy pensamos y hacemos", indica.
La situación de la Cañada Real "No puede ser, es insostenible"
El Defensor del Pueblo ha calificado de "insostenible" la situación de "emergencia humanitaria" en la Cañada Real Galiana, en Madrid, donde cerca de 4.000 personas, 1.800 de ellas menores, llevan más de 500 días sin luz, y pide una respuesta al Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real.
"Hay muchas quejas respecto a la Cañada, son más de 500 días sin suministro, es un asunto que nos preocupa, que me preocupa muchísimo, son personas mayores, enfermos crónicos, niños y niñas que pasan el segundo invierno sin suministro eléctrico en sus hogares y les impide una vida digna", ha desgranado. Aunque el Defensor del Pueblo no ha querido poner el foco solo en Madrid, porque considera que también hay otros lugares de España con situaciones similares, ha insistido en que lo que se vive en la Cañada Real es una "emergencia humanitaria".
En este sentido, ha dicho que comparte las recomendaciones que hizo su antecesor en el cargo, Francisco Fernández Marugán, sobre la posibilidad de contratos de suministro individuales y para restablecer con urgencia el suministro eléctrico.
Desde la llegada de Gabilondo a la institución, ha explicado que se ha reunido con el Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana y dice que están "esperando una respuesta por escrito". "Espero que llegue pronto", ha subrayado.
Asimismo, ha recordado que ha iniciado una actuación de oficio a fin de recabar información sobre cómo se está garantizando el derecho a la educación, consagrado en el artículo 27 de la Constitución, a los alumnos que viven en la Cañada Real Galiana, ante las quejas recibidas por un grupo de profesores de un colegio al que asisten cerca de un centenar de alumnos de la Cañada Real. En el escrito, los maestros señalan los problemas académicos a los que se enfrentan esos estudiantes por la falta de suministro eléctrico en sus hogares. "Son demasiados meses en una situación crítica insostenible", ha zanjado el Defensor del Pueblo.
Reclama la "confianza" de la Iglesia para participar en la comisión que investigará los abusos
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Gabilondo ha pedido la "confianza" de la Iglesia católica española para que participe en la comisión de investigación sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia, que liderará el propio Defensor por encargo del Congreso de los Diputados.
"Reclamo esa confianza, porque me parece que es mejor que estén para poder colaborar, para aclarar, si queremos que sea un asunto que se afronte de verdad y evitar que vuelva a suceder y para que las víctimas se sientan reconocidas, esto, a mi juicio, llama a que esté presente un representante de la Iglesia católica en esta comisión", ha declarado Gabilondo este viernes en una rueda de prensa en el Congreso, tras entregar el Informe Anual de 2021 del Defensor del Pueblo.
Para Gabilondo, los perfiles que deben formar parte de la comisión son: asociaciones de víctimas, psicólogos y sociólogos, miembros de la Fiscalía, expertos en Derecho Canónico, criminólogos y algún representante de la Iglesia católica. Aunque el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, dijo la semana pasada que están dispuestos a colaborar con la comisión pero, a priori, su inclinación a participar sería negativa. Si bien, Gabilondo no lo entiende como un "descarte" sino como que están "a la expectativa" de ver cómo se hace, con qué procedimientos y objetivos.
