Madrid ha suscrito contratos por 10 millones con el sector privado para dar cuidados paliativos a pacientes covid
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lleva desde el comienzo de la pandemia tirando del sector privado para atender las necesidades derivadas de la crisis sanitaria. Lo ha hecho con el rastreo de casos o el procedimiento de vacunación. Y también con la atención a pacientes con necesidades paliativas. En los últimos dos años, el Ejecutivo regional ha adjudicado ocho contratos valorados en 10,5 millones de euros con media decena de entidades privadas para que se hagan cargo de positivos que requieren de estos cuidados específicos, según consta en el Portal de la Contratación. Mientras, los colectivos sanitarios denuncian la falta de impulso de la red pública en este ámbito. En el año negro de la pandemia, la región contaba con una cama pública de media estancia para paliativos por cada dos concertadas. La misma proporción que en los cuatro ejercicios previos.
La primera tanda de contratos se adjudicaron en marzo de 2021, justo un año después del estallido de la pandemia y con un proceso de vacunación aún en fase inicial. Fueron, en concreto, tres adjudicaciones valoradas en 4,1 millones de euros. Estas licitaciones permitieron al Gobierno madrileño asegurarse un total de 19 camas de hospitalización para este tipo de pacientes hasta finales de 2021. Ahora, con el plazo concluido, el Ejecutivo de Díaz Ayuso ha decidido tirar de nuevo del sector privado. En esta ocasión, se han adjudicado por la vía de emergencia cinco contratos por otros 6,4 millones de euros. La duración del acuerdo aumenta ligeramente. Y el número de recursos –de 19 a 26–. Sin embargo, el precio que se abona por cada una de las camas se mantiene inamovible: 734 euros diarios.
La Administración madrileña ha recurrido a media docena de entidades diferentes para ofrecer este tipo de servicios. De todas, la que se ha quedado con una mayor parte del pastel ha sido SSR Hestia. Esta firma, que en plena pandemia era la filial más potente de uno de los principales grupos dedicados en España al negocio alrededor de la salud mental –Hestia Alliance–, se ha hecho con dos adjudicaciones por un total de 4,6 millones de euros. Es decir, cuatro de cada diez euros licitados por el Gobierno autonómico.
El resto se lo repartieron varias entidades religiosas. La Fundación Vianorte Laguna, ligada al Opus Dei, ha recibido desde que comenzó la crisis sanitaria dos adjudicaciones para dar cuidados paliativos a pacientes con coronavirus por 2,8 millones de euros. Con un par de contratos valorados en 1,4 millones se ha hecho la Residencia Asistida San Camilo, controlada por la Orden de los Ministros de los Enfermos. Y uno se han llevado tanto el Hospital Fundación Instituto San José como el Hospital Beata María Ana de Jesús: 1,2 y 0,5 millones, respectivamente. El primero pertenece a los Hermanos de San Juan de Dios, cuyo patronato preside el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. El segundo, un centro médico-quirúrgico de "confesionalidad católica y sin ánimo de lucro", está gestionado por las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.
Una red pública estancada ante un aumento de la demanda
"Siempre lo mismo. Se hacen contratos con la privada sin ni siquiera evaluar si ésta ofrece o no mejores servicios que la pública", apunta en conversación con este diario Víctor Jiménez, portavoz de la Asociación Madrileña de Enfermería. En este sentido, lamenta que no haya manera de que la comunidad autónoma refuerce esta última red, cuyo músculo sigue prácticamente igual que hace un lustro. En 2020, último año del que el Servicio Madrileño de Salud ha publicado memoria, había en las unidades de cuidados paliativos agudos de los centros públicos sanitarios 67 camas, exactamente las mismas que constaban en 2016 distribuidas entre el Hospital Gregorio Marañón, La Paz, Clínico San Carlos y Fundación Jiménez Díaz.
Tampoco ha cambiado prácticamente la situación en las unidades de cuidados paliativos de media estancia, dirigidas a pacientes con complejidad media o alta que no precisan hospitalización en las UCPA anteriormente mencionadas y que presentan dificultades para recibir los cuidados en su domicilio. En el año negro de la pandemia había 77 camas públicas de este tipo, solo tres más que en 2016. Una falta de refuerzo incomprensible si se tiene en cuenta el incremento de la demanda. En ese mismo periodo de tiempo, el número de pacientes que necesitan atención paliativa especializada ha pasado de algo más de 11.800 a más de 13.000, según los datos ofrecidos por el Ejecutivo regional.
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La cifra de camas públicas en las unidades de media estancia contrasta con las que tiene concertadas la administración: 160 distribuidas por San Camilo, Beata María, Hestia, Laguna, la Fundación San José o el Hospital de San Rafael. Es decir, que en 2020 había por cada cama pública en las unidades de paliativos de media estancia algo más de dos del mismo tipo concertadas. Esto explica que la mayoría de estos pacientes sean absorbidos por centros controlados por entidades y empresas privadas. En 2015, últimos datos oficiales que se ofrecen desglosados en las memorias anuales del Servicio Madrileño de Salud, los ingresos en unidades de camas concertadas ascendieron a 2.233, mientras que en las públicas fue de 1.377.
Jiménez ejemplifica la falta de interés en esta materia poniendo sobre la mesa el caso del Virgen de la Poveda. El centro, ubicado en el municipio madrileño de Villa del Prado, entró en funcionamiento en 1978 y está especializado en la recuperación funcional, los paliativos y los cuidados continuos. Fue concebido con ocho unidades idénticas –cuatro por cada planta– de forma radial desde un anillo de circulación interior. Sin embargo, no todas ellas estuvieron siempre en funcionamiento. La número seis, de hecho, se tiró casi una década en desuso. Más de 24 habitaciones totalmente abandonadas.
"La Unidad 6 se encuentra actualmente sin uso desde hace más de ocho años", señalaba en 2019 el centro, que añadía que dicha área hospitalaria se hallaba "totalmente desmantelada de instalaciones y hasta de parte de la albañilería". Lo hacía en un informe en el que justificaba la contratación del servicio de redacción de un proyecto para la reforma de la unidad. Sobre todo, decía, teniendo en cuenta que las "necesidades asistenciales y demandas" para las patologías atendidas en el centro "van cada vez en aumento". Meses después de aquel aviso, el Ejecutivo regional dio por fin luz verde al inicio de las obras. Lo hizo con una inversión de algo más de 1,4 millones.
