La Xunta usa una demanda de DomusVi para ocultar datos sobre el impacto del covid en las residencias

Más de dos años después de la llegada de la pandemia a Galicia sigue sin conocerse el número exacto de personas que fallecieron en cada residencia de ancianos. La Xunta se ha negado a facilitarlo al Parlamento y un recurso de DomusVi, el principal grupo del sector, ha paralizado una petición de transparencia al respecto realizada por Praza.gal.

Ahora, apoyándose en este proceso judicial sin resolver, la Consellería de Política Social considera que este periódico tampoco debería tener acceso a la base de datos con la que se elaboró el balance oficial sobre el impacto de la pandemia en las residencias que la Xunta entregó al Parlamento el pasado mes de enero. Un documento que analiza muchos otros elementos más allá de las muertes.

En octubre de 2020, la comisión de estudio de la crisis del covid-19 creada en el Parlamento de Galicia aprobó un plan de trabajo que incluía solicitar a diversas administraciones y entidades varios tipos de informes sectoriales sobre el impacto de la pandemia. Estos documentos incluían un Análisis sobre el impacto del coronavirus en las residencias gallegas, realizado por expertos sanitarios (Consellería de Política Social). Ese documento fue remitido al Parlamento en enero de este año, quince meses después de haber sido solicitado. En él se ampararon la Xunta y el PP para no facilitar a la oposición el detalle de las muertes en cada residencia de mayores, argumentando que un análisis general del sector sería más útil que los datos en bruto de las defunciones.

El documento finalmente presentado al Parlamento por la Xunta ha sido elaborado por el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidade de Santiago (USC) y analiza diversas cuestiones más allá de las muertes, como la incidencia de la enfermedad o la letalidad en función del tamaño de los centros, su titularidad o su personal sanitario. [La incidencia del covid en residencias privadas fue casi el doble que en las públicas].

El propio documento precisa que para su elaboración los autores obtuvieron datos oficiales de diversas fuentes de la administración gallega que "fueron recogidos en una base de datos" diseñada específicamente para analizar la situación en las residencias. Con el fin de comprobar la correspondencia entre las conclusiones a las que llega el informe presentado por la Xunta en el Parlamento y los datos que deben dar lugar a las mismas, así como analizar otros posibles hechos que pudieran tener relevancia pública, Praza.gal solicitó, al amparo de la Ley de Transparencia, acceder a esa base de datos, destacando que si la información provienen de fuentes oficiales, la ley promueve su difusión en formatos abiertos para facilitar su reutilización.

Incumpliendo el plazo legal de un mes para responder, la Xunta terminó por hacerlo rechazando la solicitud de transparencia con el doble argumento de que la solicitud era información de carácter auxiliar o de apoyo para la elaboración del informe y que su entrega requeriría una labor de tratamiento, dos de las excepciones contempladas por la Ley de Transparencia que pueden utilizar las administraciones para no atender una solicitud. Aunque en el propio informe remitido al Parlamento se afirmaba que se había elaborado una base de datos con la información oficial original, la Xunta argumentaba que no podía facilitarlos porque “hacer la base de datos sería una tarea adicional, la obligación es aportar la documentación que ya está elaborada”.

Este periódico ha presentado un recurso ante la Comisión de Transparencia de Galicia, que preside la Valedora do Pobo (el equivalente al Defensor del Pueblo). Su respuesta llega ahora estimando la reclamación pero admitiendo en parte un argumento de la Xunta, que si bien los datos en origen eran públicos, y como tal Valedora considera que están amparados por la Ley de Transparencia, la base de datos fue realizada por la USC y por tanto la Xunta tendrá que remitir la solicitud de transparencia a la universidad. Pero la decisión de la Valedora también refleja otro argumento esgrimido por la Xunta, que el recurso interpuesto por DomusVi contra la petición de transparencia que también hizo Praza.gal para conocer el detalle de las muertes en cada residencia está pendiente de resolución judicial: “Teniendo en cuenta esta situación de litispendencia, la Consellería de Sanidade considera que el presente procedimiento debe suspenderse hasta que haya una sentencia judicial firme”. Es decir, hasta que no se resuelva el proceso judicial, la Xunta no quiere que se conozcan otros datos de su informe oficial sobre residencias, que podrían desagregarse fácilmente porque ya forman parte de una base de datos.

Por otro lado, se da la paradoja de que en el proceso judicial abierto por DomusVi para impedir que Praza.gal conozca el detalle de las muertes en cada residencia, la Xunta se encarga de defender que estos datos deben ser públicos. Un proceso al que se llegó después de que la Consellería de Sanidade se negara inicialmente a facilitar esos datos con el argumento de que tendría que reelaborarlos, que Política Social solo ofreciese el total que ya era público, y que la Xunta respondiese en el Parlamento desviando la responsabilidad al Gobierno de España. De momento, este diario ya ha podido conocer el detalle de las muertes en las residencias propiedad de la propia Xunta, que ha puesto de manifiesto que los centros cuya gestión la Administración entrega a su vez a DomusVi han tenido una incidencia superior a la media. [La mitad de las muertes por covid-19 en las residencias de la Xunta fueron en centros gestionados por DomusVi].

El TSJ de Galicia tienen en realidad dos procesos pendientes de resolución, iniciados ambos por DomusVi para impedir la difusión de los datos de fallecimientos desglosados por residencias, que habían solicitado Praza.gal e infoLibre. Este último está pendiente de que el tribunal se reúna para dictar sentencia.

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