Del Pazo de Meirás a la exclusión bancaria: cinco ejemplos de victorias de la lucha colectiva
Quien no haya pronunciado en algún momento de los últimos dos años la frase "estoy harto", al menos, la habrá escuchado en boca de algún —o algunos— conocido. La pandemia ha traído consigo una mayor desconexión de la información y, también, de la política. En el barómetro de junio del CIS, los "problemas políticos en general" fueron los terceros más citados en primer lugar por los encuestados (11%), sólo por detrás de la crisis económica y el paro. El peligro de esto es que la consecuencia acabe siendo una cada vez mayor desmovilización. Sin embargo, el rechazo a la política institucional no implica necesariamente una desconexión política total. Sigue habiendo quienes, desde abajo, hacen política cotidiana. Y muchas veces consiguen su objetivo.
Suele ser una lucha de David contra Goliat, pero a veces surte efecto. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, a la lucha de los vecinos de Sada que batallaron hasta conseguir que el Pazo de Meirás volviera a ser patrimonio público. O a la de Carlos San Juan, el mayor de 78 años que inició la campaña Soy mayor, no idiota contra la exclusión bancaria. O a la asociación Parque Sí en Chamberí, que batalló durante dos décadas para que su barrio no albergase un innecesario campo de golf.
Los motivos a los que achacan las victorias de sus movilizaciones son diversos. Van desde la perseverancia hasta la simple suerte de haber canalizado un hartazgo en el momento y el lugar adecuados, pero todos hablan con orgullo de lo conseguido.
Carlos Babío: "La lucha de la ciudadanía fue ejemplar"
Si se piensa en una lucha histórica en nuestro país que haya acabado en victoria, es imposible que la que consiguió que el Pazo de Meirás volviera a ser patrimonio público no aparezca en la mente la primera. Fue "complejo", y la batalla se alargó durante "muchos años", como recuerda el historiador Carlos Babío, pero tuvo un ingrediente que fue fundamental: "La lucha por el Pazo estaba enraizada en el sentimiento popular. Se fue materializando y cada vez estaba mejor organizada".
Además, nunca cesó. "Si no hubiera habido un movimiento memorialista permanente no se hubiera conseguido. La lucha de la ciudadanía fue ejemplar. También es verdad que hubo momentos y personas concretas que, desde las administraciones, también colaboraron. Pero la movilización social tiene que ser permanente cuando se quiere conseguir algo. En este caso y en todos", señala. Si no, lamenta, "el Estado tiene tendencia a abandonar las luchas". Por eso continúan batallando para que los bienes muebles que se encuentran dentro del Pazo no acaben en manos de los Franco.
"Las administraciones han abandonado este tema y no han atendido a las reclamaciones de la memoria, por lo que el panorama ahora mismo es malo. No han estado a la altura en la reclamación de los bienes muebles", critica.
Sí lo estuvieron en el de la propiedad del Pazo. Según Babío, porque la presión social y de algunas administraciones como la del Concello de Sada no dejaron otra opción. El Pazo volvió a ser patrimonio público después de 82 años en posesión de la familia del dictador en el mes de diciembre de 2020, aunque todavía en ese momento quedaba pendiente una sentencia definitiva de la Audiencia Provincial de A Coruña, que en febrero de 2021 concluyó que el Pazo de Meirás y las fincas incluidas en el recinto son propiedad del Estado. Ahí llegó una victoria que, según recuerda Babío, quisieron "vampirizar" colectivos culturales ligados a Emilia Pardo Bazán. Pero, según dice Babío, esta "lucha siempre ha estado ligada a la memoria histórica". Y así seguirá siendo.
Carlos San Juan: "Cuando consiga que haya una ley, me retiraré"
La lucha de Carlos San Juan contra la exclusión bancaria que sufren los mayores arrancó el pasado mes de enero. Fue a través de Change.org con la que consiguió 647.902 firmas que acabó entregando en el Ministerio de Economía. "Ahora casi todo es por Internet... y no todos nos entendemos con las máquinas. No nos merecemos esta exclusión", comenzaba su mensaje en la web. Con 78 años, explicó él mismo, ha llegado a sentirse "humillado al pedir ayuda" para realizar alguna operación. "Antes entrabas en la caja y hacías un pago o cualquier otra gestión. Pero cada vez más, para trámites sencillos, te exigen usar tecnologías complejas que muchos no sabemos utilizar", añadió. Lo que pedía, recuerda ahora, era que la digitalización bancaria que discrimina a los más mayores no acabara con la atención presencial.
"Cada vez más sucursales cierran la puerta a personas vulnerables, así que me rebelé porque me parecía justo. Lo hice de manera humilde, recogiendo firmas", recuerda. "Change.org empezó a mover mi petición, que llegó a los medios y después al Gobierno", continúa. Al poco de iniciar su recogida de firmas, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, acordó con las principales asociaciones y organizaciones de banca que el Observatorio para la Inclusión Financiera realizará un diagnóstico de la situación, además de que las patronales revisaran sus protocolos y plantearan soluciones.
Más adelante, el 21 de febrero, San Juan pudo ver cómo las tres patronales —la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC)— firmaban la actualización del Protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca —que puedes consultar en este enlace—. Las entidades se comprometieron, entre otras cosas, a ampliar el horario para atender a los más mayores, a ofrecerles cursos de educación financiera y a garantizar una atención telefónica preferente.
Moncloa también anunció entonces que publicaría para audiencia pública el anteproyecto de Ley de creación de la Autoridad de Defensa de los Clientes Financieros, pero todavía no ha salido adelante porque se encuentra en esa fase. Hasta que no esté aprobada, San Juan no cesará su lucha. "Y si no sale, pues exigiremos que se cree una banca pública, puesto que los mayores estamos obligados, para recibir nuestra pensión, a tener una cuenta bancaria", dice. Por eso deben entender cómo manejarla.
Carmen Ochoa: "Lo más importante fue conseguir el apoyo de otras organizaciones"
La lucha de Carmen Ochoa desde la organización Parque sí en Chamberí —de la que es socia fundadora— no acabó tan rápido como la de San Juan. De hecho, comenzó en 2003 y todavía no ha visto culminado su objetivo, aunque está en marcha. Hace 19 años, los vecinos del barrio madrileño contaban con un proyecto por el cual la Comunidad de Madrid, entonces presidida por el conservador Alberto Ruiz-Gallardón, construiría un parque en uno de los depósitos del Canal Isabel II. Pero todo se fue al traste cuando su compañera de partido Esperanza Aguirre le sustituyó en el cargo. El espacio, decidió, se destinaría a la construcción de un campo de golf. Y para asegurarse de que se construía, declaró el proyecto "de interés general".
Esa declaración "fue la mecha", recuerda Ochoa. En ese momento fue cuando comenzaron a moverse, en primer lugar, las asociaciones de padres y madres de los colegios. "Ese primer momento fue muy vivo y muy fuerte y en seguida hicimos reuniones y manifestaciones, que unimos a un proceso judicial", continúa. Así, según dice, consiguieron el éxito. "Buscamos apoyos de otras organizaciones para las movilizaciones", dice, y la protesta no decayó, a pesar del paso del tiempo.
"Para nosotros fue muy importante siempre tener una meta, porque el proceso se dilató mucho en el tiempo. Por el camino mucha gente lo dejó, pero también llegaron personas nuevas con más fuerzas", explica. Y también ayudó que la Justicia siempre les dio la razón. Ya en 2018, hace cuatro años, la Comunidad presidida entonces por Cristina Cifuentes aceptó construir un parque diseñado por los vecinos. Habían ganado definitivamente y, aunque todavía no lo han visto terminado, "está en construcción", dice Ochoa.
Su lucha ha servido de inspiración para los vecinos del barrio de Abando, en Bilbao, que empezaron hace tres años una movilización similar para conseguir que el terreno que se sitúa en frente de un colegio y que pertenece al Obispado no acabe albergando una clínica privada. Pablo Rey, de la plataforma Abando habitable, cuenta que vieron el documental sobre el caso de los vecinos de Chamberí y que, siguiendo sus pasos, comenzaron su protesta con las concentraciones de las asociaciones de padres y madres, que reivindican desde la calle y desde los tribunales para que las obras no lleguen a producirse.
Vecinos contra una macrogranja: "Si te movilizas una vez no vale, te tienen que oír"
Al sur de la provincia de Cuenca, en Castilla-La Mancha, se encuentra el pueblo de Quintanar del Rey, una pequeña localidad que de 2020 a 2022 saltó a la fama por su lucha contra una macrogranja. "Nos enteramos de que iban a construirla de casualidad, porque los proyectos como este se suelen llevar muy en secreto", recuerda Paciencia Talaya Escribano, presidenta de la Asociación Quintaverde Pueblo Vivo. España estaba inmersa en plena pandemia y manifestarse en la calle era, si no imposible, muy complicado. Pero encontraron una solución. "Empezamos a hacer manifestaciones motorizadas. Cada vecino cogía su coche, una bocina y una pancarta y hacíamos una caravana", cuenta.
Se opusieron desde el primer momento porque el proyecto de la macrogranja tenía previsto ubicarse a 350 metros del pozo de abastecimiento de agua del pueblo. Y eso no les gustó. De pueblo en pueblo explicaron el motivo de su protesta y una gran manifestación frente a la obra consiguió paralizar la construcción a los dos meses de anunciarse. "Estuvimos un tiempo tranquilos, pero empezaron las obras de nuevo", continúa contando Talaya. "Volvimos a movilizarnos de nuevo y de forma más potente porque nos habían engañado. Empezamos a hacer de todo, mandando cartas a periódicos y escribiendo a los consejeros del Gobierno autonómico", recuerda.
No sirvió de mucho. Entonces, explica, pasaron a hacer "manifestaciones más chocantes". Disfrazados de personajes de La casa de papel, de El juego del calamar y hasta con un "macrocalvo" consiguieron llamar la atención de distintas televisiones nacionales. "Nos hicimos muy mediáticos, aparecíamos con pancartas detrás de cada consejero cuando salía por televisión... Yo creo que, a poco para las elecciones, pensaron que no les compensaba, porque no les dejaríamos en paz", celebra. "Nuestro éxito consistió en combinar mucha acción colectiva y una lucha legal paralela para parar la macrogranja. Hemos aprendido que si te movilizas una vez no vale, se te tiene que oír", señala.
De hecho, lo volverán a hacer si hace falta. Aunque el pasado mes de abril se anunció de nuevo una paralización del proyecto, los vecinos siguen sin fiarse. Ya les pasó una vez. "La lucha la seguimos teniendo en la cabeza. Hay mucha motivación, esa macrogranja no la queremos", advierte.
Barcelona contra la ampliación de su aeropuerto: el triunfo de la confluencia de varios movimientos
Fue el gran conflicto del verano de 2021. En el mes de agosto, el Gobierno y la Generalitat alcanzaron un acuerdo para llevar a cabo una ampliación del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, lo que supondría un desembolso de 1.700 millones de euros. Se haría antes del 30 de septiembre, puesto que la hoja de ruta era que las obras se determinaran en un Plan Director posterior a la aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que tenía que estar listo antes del mes de octubre.
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Pero las críticas llegaron desde el primer momento y desde distintos frentes, según recuerda María García, miembro de Ecologistas en Acción y de la plataforma Zeroport, una organización que aglutina cientos de movimientos de distintos ámbitos. Esa fue precisamente una de las claves de su éxito: saber canalizar, en una misma guerra, a varias luchas. Por un lado, la medioambiental, contraria a los planes del Gobierno y la Generalitat por afectar a la laguna protegida de La Ricarda, ubicada en el delta de Llobregat, una zona perteneciente a la red europea Natura 2000 que llegó a defender en ese momento hasta la Comisión Europea. Por otro, las que claman contra el turismo masivo, contra las molestias hacia los vecinos y contra los planes de construcción de más viviendas ligadas al proyecto.
"Había muchas luchas fragmentadas que en ese momento se unieron", recuerda García, que incide en que lo importante para que finalmente el proyecto se paralizara fue la "gran movilización social", además de saber enmarcar el rechazo a la ampliación eroportuaria en un conflicto medioambiental.
Se reflejó por ejemplo en la "gran manifestación" que llevaron a cabo el 19 de septiembre, cuando ya se sabía que los planes se habían cancelado. La protesta, en principio convocada contra la ampliación, acabó siendo una marcha por el clima, por el cierre de aeropuertos deficitarios y contra la turistificación. Ganaron, pero se mantienen alerta. A priori, el debate volverá en 2026.
