Registro de Mediapart: el tribunal condena al Estado
"Indignos, repugnantes, estalinistas". Así calificó Éric Dupond-Moretti los "métodos" de Mediapart, justificando así, una semana después de que lo ordenara el fiscal de París, el intento de registro de los locales del diario digital francés, socio editorial de infolibre, el 4 de febrero de 2019. Este acto inédito, que provocó la indignación general, excepto en el entorno presidencial, se produjo tras la publicación por nuestro periódico de un artículo que revelaba una grabaciones comprometedoras para Alexandre Benalla. "No me interesa el asunto de Benalla, lo desconozco y no quiero comentarlo", añadió el entonces abogado Dupond-Moretti, sobre el antiguo responsable de seguridad y protegido del presidente de la República.
No se sabe si se debe a este afán cortesano su ascenso al año siguiente, en julio de 2020, al codiciado puesto de ministro de Justicia. Pero lo que ahora se sabe con certeza es que la judicatura cuyo ministerio ocupa no está en absoluto de acuerdo con él. Este es el sentido de la sentencia dictada el 6 de julio de 2022 por la primera sala del tribunal judicial de Nanterre, que condena al Estado, con argumentos tan claros como severos, por haber vulnerado la libertad de prensa y la protección de las fuentes, es decir, derechos democráticos fundamentales, al ordenar registrar Mediapart. Con independencia de lo que piense el ministro de Justicia, esta sentencia excepcional establece la indignidad estatal de la que Mediapart ha sido víctima y establece su ilegalidad (lea el texto completo de la sentencia aquí).
Esta injerencia no tiene una base legal probada. El registro en cuestión no era necesario en una sociedad democrática ni proporcionado al objetivo perseguido
El tribunal de Nanterre escribe: "La medida adoptada el 4 de febrero de 2019, que no produjo efectos por la negativa de Mediapart, debe calificarse de registro. [...] La medida, que es grave en sí misma para cualquier órgano de prensa, no tenía por objeto únicamente obtener las grabaciones, en su caso en copia, sino verificar su autenticidad y la forma en que fueron captadas, investigación que implicaba necesariamente el acceso al soporte y a los metadatos que pudieran permitir identificar la fuente, directamente o no. [...] Este procedimiento constituía, por tanto, una injerencia en la libertad de expresión ejercida por Mediapart, tanto más grave cuanto que el riesgo de violación de la confidencialidad de las fuentes sólo puede concebirse en circunstancias excepcionales. [...] Esta injerencia [...] carece de base jurídica probada, lo que en sí misma la hace desproporcionada y excluye toda justificación de la infracción, por esta sola y grave razón. [...] En consecuencia, el registro en cuestión no era necesario en una sociedad democrática ni proporcionado al objetivo perseguido".
Subrayando la importancia de un poder judicial independiente frente a los abusos del poder ejecutivo, esta sentencia es la culminación de un largo maratón judicial, dirigido por los abogados Emmanuel Tordjman, François de Cambiaire y Lauren Philippe, del bufete parisino Seattle. Su punto de partida es el escrito que emitieron en nombre de Mediapart el 4 de abril de 2019 ante el agente judicial del Estado para que los tribunales reconocieran el "perjuicio anormal, especial y particularmente grave" causado dos meses antes por el intento de registro de Mediapart, "perjudicando gravemente su reputación y la protección del secreto de las fuentes periodísticas".
Ni que decir que este proceso estuvo lleno de escollos, el principal de los cuales es que el Estado se obstinó en negar la realidad, llegando a afirmar que "el intento de registro fue fruto de la imaginación de Mediapart". Incluso se negaron a recibir la comunicación de los documentos relativos al registro, incluido el documento de rechazo a su realización, refrendado, en la sede, por Fabrice Arfi, co-director de la unidad de investigación del periódico.
Todo comenzó el jueves 31 de enero de 2019, cuando una investigación de Mediapart, basada entre otras fuentes y documentos en cortes de sonido, reveló que el antiguo ayudante de Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, y el antiguo jefe de seguridad del partido presidencial, Vincent Crase, ambos condenados después por un caso de violencia en el Primero de Mayo, habían violado el control judicial que les prohibía cualquier contacto. Además de esa consulta ilegal, el artículo de Mediapart reveló sus vínculos comerciales, aunque Benalla trabajaba en el Elíseo, con un oligarca ruso cercano a Vladímir Putin, del que también se sospecha que tiene vínculos con la mafia. Por último, quedó establecido que Benalla seguía reclamando el apoyo personal del jefe de Estado, con mensajes de texto para apoyar sus afirmaciones.
Aunque no fue desmentida ninguna de las informaciones, la fiscalía de París no se ocupó de esos graves delitos descubiertos. El entonces fiscal en funciones en París, Rémy Heitz, dependiente del poder ejecutivo debido a esta especificidad francesa que lo somete jerárquicamente al ministro de Justicia, se apresuró a sospechar del mensajero para ocultar el mensaje. Así, en la mañana del lunes 4 de febrero de 2019, dos fiscales, escoltados por tres policías, entre ellos un comisario de la brigada criminal, se dirigieron a Mediapart, declarando explícitamente a los periodistas que les recibieron, Fabrice Arfi y Michaël Hajdenberg, que "se trata de una visita domiciliaria, es decir, de un registro." Como este registro no había sido autorizado previamente por un juez de libertad y detención (JLD), se opusieron legítimamente.
Tras marcharse, amenazando con volver con la autorización de un JLD, el fiscal que dirigía la expedición no dio más noticias. Mientras tanto, la protesta era unánime entre los periodistas, retransmitida por los defensores de derechos y compartida por muchos políticos. Desde entonces, la fiscalía de París ha venido afirmando que no se trataba de un registro, sino simplemente de una visita para recuperar las grabaciones que habíamos revelado y que eran desconocidas por la justicia. Se trata de una versión que realmente escapa a la imaginación de la fiscalía, ya que se contradice con todos los hechos, como señala la sentencia de Nanterre.
La prueba de que esta violenta intromisión no tenía otra finalidad que intentar intimidar a Mediapart y tratar de averiguar sus fuentes es que, al día siguiente de la publicación de la investigación, es decir, el viernes 1 de febrero de 2019, un agente de policía se puso en contacto con la redacción a petición de los jueces de instrucción encargados del caso Benalla, y les pidió que entregasen las grabaciones del artículo. Aceptaron inmediatamente la petición y, como habían prometido, organizaron la entrega en la mañana del lunes 4 de febrero, solo dos horas antes del intento de registro. A las 9.40 horas, según la resolución del tribunal de Nanterre, mientras que la brigada de magistrados y policías encargada del registro se presentó a las 11.10 horas en las oficinas.
Subrayando el "efecto intimidatorio" pretendido por el gran número de personas "pertenecientes a la jerarquía intermedia de la fiscalía de París, entre ellas la policía", la sentencia contrasta esta "coacción propia de un registro" con el hecho de que "las autoridades judiciales, enfrentadas a un órgano de prensa que goza de una mayor protección jurídica, tenían a su disposición un medio simple, poco intrusivo y no coercitivo, consistente en el envío de una requisitoria". En cambio, según el tribunal, el fiscal optó por "el uso inmediato de una medida que es intrínsecamente coercitiva, o que puede llegar a serlo en caso de negativa, y significativamente más intimidatoria".
Muy pronto quedó claro que este frenesí de la fiscalía, hasta el punto de cometer una ilegalidad, procedía del propio poder ejecutivo, cuyo celoso ejecutor era el fiscal de París. Una operación provocada directamente por el gabinete del primer ministro para investigar las fuentes de Mediapart a partir de un simple rumor mediático. A partir de ahí, había que negar lo evidente hasta el absurdo. Así, además de negarse a revelar los documentos judiciales relativos al registro y de negar su existencia misma, el agente judicial del Estado, a través de su abogado, alegó que Mediapart era el único responsable de los daños que denunciaba por la publicidad que había dado a este hecho. Este argumento improbable, en cuanto al deber de información de un periódico, llevó a los jueces de Nanterre a recordar el papel esencial de una prensa que avisa, prefiriendo dar la voz de alarma antes que callar.
“La publicidad que le dio Mediapart", dice la sentencia, "es consustancial al ejercicio de su libertad de informar, ya que las circunstancias particulares ya analizadas podían hacer creer, con razón o sin ella, que era objeto de una forma de presión destinada a obstaculizar su actividad periodística, cuestión que justificó su rueda de prensa y que, además, fue la base del apoyo de muchos otros medios de comunicación. Y, dado que en las noticias a veces se producen violaciones del secreto de la investigación, Mediapart podía preferir legítimamente asumir la divulgación de la información, una actitud capaz de limitar el daño a su reputación que una divulgación imprevista podría haber agravado”.
Al sancionar el abuso de poder del Estado, esta sentencia nos recuerda la necesidad vital, en una democracia, de un poder judicial independiente y una prensa libre. Pero también pone de manifiesto su fragilidad
El último obstáculo antes de que esta sentencia del 6 de julio hiciera justicia fue un acontecimiento tan insólito como misterioso, que sin duda atestigua el carácter sensible de un caso que pone a prueba la independencia de los jueces respecto a las autoridades. Aunque la sentencia estaba inicialmente prevista para el 30 de mayo, ha sorprendido saber que el presidente del tribunal, Daniel Barlow, antiguo secretario general del Consejo Superior de la Magistratura, había considerado que debía "en conciencia" abstenerse de juzgar este caso.
Así pues, los debates se reabrieron en una vista celebrada el 22 de junio, ante un tribunal que había cambiado de presidencia, esta vez por Marie-Odile Devillers, asistida por los mismos jueces de la anterior composición, Julien Richaud y Julia Vanoni. Estos tres jueces condenan al Estado a pagar a Mediapart la suma de un euro "en concepto de reparación íntegra de sus daños" más 10.000 euros en virtud del artículo 700 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con ejecución provisional de la sentencia.
La catástrofe está en marcha
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No se puede por menos que estar satisfecho con esta sentencia. Al sancionar el abuso de poder del Estado, se recuerda la necesidad vital, en una democracia, de un poder judicial independiente y una prensa libre. Pero al hacerlo, también se subraya la fragilidad de esta independencia y de esta libertad, que dependen de la integridad y del valor de los jueces y de los periodistas que les sirven. Esta es una buena razón, si es que faltaba alguna, para apoyarlos.
La conferencia de prensa de Mediapart, en la tarde del 4 de febrero de 2019:
Leer texto en francés:
